Tema central

Una breve revisión histórica

En su origen, el socialismo estaba estrechamente ligado a la democracia. Fue, en sus comienzos, un intento de radicalización de la democracia sobre la base de un proyecto de «democracia social» que pretendía articular libertad política con bienestar económico. El artículo argumenta que esto comenzó a cambiar con el auge del marxismo y la Revolución Rusa, cuando el socialismo pasó a ser visto como algo diferente de –e incluso opuesto a– la democracia. La cara más dramática de esta mutación fueron los socialismos nacionales de tipo fascista y estalinista. Aunque en buena parte de América Latina la democracia social ha ganado terreno, hoy se enfrenta al socialismo del siglo xxi, un tardío intento de regreso a las ideas del socialismo antidemocrático del siglo pasado.

Una breve revisión histórica

En la América Latina actual asistimos a una confrontación tácita, dentro de la mayoría de los países así como entre los diversos gobiernos de cada uno de esos países, entre aquellos que defienden los principios derivados de la democracia social y aquellos que postulan un regreso a los principios del socialismo antidemocrático que fracasó en el siglo XX. La reedición de ese socialismo fracasado ha recibido el pomposo pero también insustancial título de «socialismo del siglo XXI».En este artículo se defiende la tesis de que esa contradicción no es nueva. Por el contrario: es la misma que marcó, bajo otras formas, la historia de las ideas socialistas en la Europa de los siglos XIX y XX. A fin de comprobar esta tesis, se realizará un rápido recorrido a través de los momentos más decisivos en el desarrollo de la idea democrática social en Europa. Finalmente, se intentará extraer algunas deducciones que tienen que ver con las perspectivas políticas que asoman tendencialmente en América Latina.

Democracia social

Hubo un tiempo en que la palabra alemana Sozialdemokratie –que en español, por una mala traducción, llamamos «socialdemocracia», aunque la verdadera traducción es «democracia social»– no estaba separada de la idea del socialismo, del mismo modo en que este último no estaba separado de la idea de democracia. El socialismo de los primeros socialistas no era un estadio «superior» de la historia, sino una práctica política democrática y contingente. Eso quiere decir simplemente que el socialismo en su forma originaria no fue concebido como un nuevo modo de producción, sino como la profundización permanente de la democracia de origen liberal. Gracias al avance político de las organizaciones obreras en las naciones europeas de más alto desarrollo industrial –que desde fines del siglo XIX eran Alemania, Inglaterra y Francia–, las reivindicaciones sociales y la radicalización de la democracia política se convirtieron en una indisoluble unidad.

Desde un punto de vista económico, la idea de democracia social proviene de la Revolución Industrial europea o, mejor dicho, del interés mancomunado de una coalición formada por agrupaciones democráticas y sociales y los trabajadores industriales sindicalmente organizados, cuyo objetivo era dar forma política a una economía capitalista que en ese tiempo contaba con límites políticos muy precarios. Se trataba de un capitalismo sin política –hoy conocido como «capitalismo salvaje»–, cuyos estragos entre la población obrera europea llegarían a ser dramáticos y que fue descrito, entre otros, por Friedrich Engels.

Desde una perspectiva ideológica, la idea de democracia social proviene de las revoluciones democráticas de la modernidad, como la norteamericana y la francesa. En cierto modo, desde los primeros socialistas, pasando por los primeros anarquistas, hasta llegar a los bolcheviques rusos (que en la clandestinidad usaban como seudónimos los nombres de los grandes revolucionarios franceses), la idea del socialismo fue entendida en general como la continuación –y, en cierto modo, como la radicalización– de los ideales proclamados por las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX. En ese contexto se explica ese verdadero canto de amor de Marx a las conquistas «revolucionarias» de la burguesía europea, dentro de las cuales incluyó el propio colonialismo, canto que aparece en todo su esplendor en esa alegoría ideológica que es el Manifiesto comunista.

Si uno se toma el trabajo de leer los documentos fundacionales de las primeras organizaciones socialistas alemanas, organizaciones en las cuales Marx y Engels hacían ocasionales incursiones políticas, la continuidad entre las ideas de democracia social y de revolución democrática es perfectamente perceptible. Por ejemplo, en el Programa del Partido de los Trabajadores escrito en Eisenbach en 1869 se lee, ya en el primer párrafo, que uno de los objetivos será «la creación de un verdadero Estado del Pueblo» (Volkstaat). Vale decir, un Estado que, de acuerdo con el legado revolucionario francés, sea la máxima expresión de la soberanía popular (la palabra «pueblo» no estaba todavía en descrédito en Alemania). El punto 4 era aún más explícito: «La libertad política es la precondición ineludible de la liberación económica de la clase trabajadora. La cuestión social es, por lo tanto, absolutamente inseparable de la política, y su solución está determinada, y solamente será posible, en un Estado democrático». Esa, según mi opinión, era y es la noción central de la idea de democracia social.

La libertad política es, de acuerdo con la declaración de los líderes obreros en Eisenbach, la condición básica de la liberación económica de la clase obrera. Eso significa que, en la formulación programática de Eisenbach, hubo un intento para confederar el reino de la libertad con el reino de la necesidad, nociones que se convirtieron en antagónicas cuando los académicos marxistas se apoderaron de los partidos obreros. Se trata de una frase iluminada en la historia de la revolución democrática de nuestro tiempo. Como suele ocurrir, las grandes ideas hay que buscarlas en el origen de las transformaciones históricas.

En 1875, en Gotha, el Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania alteró el proyecto originario de «democracia social» proclamado en Eisenbach acentuando su «carácter de clase». Una de sus premisas no podía ser más excluyente: «La liberación de los trabajadores debe ser obra de la clase trabajadora, frente a la cual todas las demás clases son solo una masa reaccionaria». No obstante, los objetivos principales del Programa de Gotha eran esencialmente políticos. Ellos se referían a la ampliación del derecho electoral y a la constitución del pueblo (ojo: del pueblo, no de la clase) como sujeto soberano de la política, al introducirse (creo que por primera vez en un programa político) el mecanismo plebiscitario en asuntos de vital importancia para una nación (como por ejemplo la declaración de guerra).

En comparación con la declaración de 1869, la de 1875 acentuaba la radicalidad política del programa democrático de los trabajadores alemanes. Pero cabe subrayar que en ninguno de los dos programas se establecía una separación entre objetivos tácticos (actuales) y objetivos estratégicos (metarreales), característica central de los socialismos antidemocráticos posteriores a Gotha. Karl Marx criticó, por cierto, el realismo del Programa de Gotha. Todavía no tenía lugar la alianza que iba a dar origen al marxismo (Marx, obviamente, no era marxista) entre fracciones académicas provenientes de la tradición hegeliana (hegelianos de izquierda) y determinadas organizaciones obreras. Los trabajadores no eran todavía «El Proletariado», la historia de la lucha de clases no era todavía «científica» y a la historia no la aguardaba todavía un final preestablecido. La conversión de la programática democrática de los trabajadores en un programa de la historia universal comienza recién con el Programa de Erfurt, en 1891.

El proletariado

En Erfurt apareció por primera vez el proletariado como categoría histórica. A partir de ese momento, el objetivo de los trabajadores ya no debería ser luchar solo por sus intereses, sino por los de la historia universal. Poco a poco, los obreros se convirtieron en el objeto de un nuevo sujeto constituido por los portadores del «pensamiento científico»: los intelectuales políticamente organizados dentro de los partidos obreros. La idea original de la democracia social cedió paulatinamente su lugar a las nociones socialistas orientadas más hacia el futuro que hacia el presente.

El resto de la historia es conocido. Los «socialistas científicos», los hacedores de la revolución, usurparían los intereses de los obreros organizados para convertirlos en los objetivos históricos de «El Proletariado». No obstante, todavía en 1891 la política democrática seguía manteniendo la hegemonía sobre la metafísica revolucionaria. En un lugar más bien secundario del Programa de Erfurt se puede leer, por ejemplo: «La clase trabajadora no puede llevar a cabo su lucha económica, ni desarrollar su organización económica, sin derechos políticos».

La ruptura definitiva entre el proyecto de la democracia social y el del socialismo histórico tendría lugar en Alemania, y en general en Europa, a partir del quiebre interno de la democracia social rusa provocado por el socialdemócrata Lenin y los suyos cuando tomaron el poder. Pero Lenin fue más lejos. No solo rompió la relación entre democracia y socialismo, tan cara a los primeros socialistas, sino que, además, rompió radicalmente con la tesis de Marx de que la revolución socialista debía comenzar en aquellos países de desarrollo capitalista más avanzado. Los representantes de la idea de la democracia social serían, después de la Revolución Rusa, calificados de traidores y renegados, entre otros poco amables epítetos. El concepto de reformismo, que hasta entonces había tenido una connotación positiva, se convirtió de pronto, por la influencia leninista, en el peor de los estigmas. Así, el estalinismo comenzó a nacer antes que Stalin, y sus orígenes hay que buscarlos dentro de la tradición socialista alemana, en la escisión entre la idea de la democracia social y el socialismo histórico de los (pos)hegelianos de izquierda. Sin embargo, mientras en Rusia se impondrían los principios metahistóricos, en Alemania prevalecerían los de la democracia social, subsumidos bajo el estigma del reformismo. Pero, a la hora de la verdad, habrá que reconocer que tanto Eduard Bernstein y Karl Kautsky como los austromarxistas dirigidos por Rudolf Hilferding, e incluso Rosa Luxemburgo, eran los auténticos marxistas de su tiempo, y en ningún caso renegados y traidores como enseñaban aquellos manuales de marxismo-estalinismo que precedieron a los catecismos de Marta Harnecker.Pero también hay que reconocer que los llamados socialdemócratas reformistas habían pisado su propia trampa. De una u otra manera, habían aceptado la tesis fatal del hegelianismo de izquierda de que el desarrollo histórico avanzaba de modo orgánico hacia una sociedad futura llamada socialismo. Ellos ya no luchaban por una democracia social, como la mayoría de los trabajadores de comienzos del siglo XX, sino por la aplicación de las supuestas leyes de la historia. En torno de Marx y Engels se fue construyendo, paulatinamente, una visión del mundo, la «marxista», que surgía, entre otras, de las siguientes fuentes: el darwinismo sociológico, de acuerdo con el cual la sociedad avanza de lo inferior hacia lo superior siguiendo supuestas leyes objetivas que la preexisten; el protestantismo luterano y calvinista, que al exaltar el trabajo como medio de absolución derivó en la construcción del trabajador, encarnado en un ideal platónico (y hegeliano) llamado «proletariado», Mesías portador de la razón histórica; y el historicismo hegeliano, de acuerdo con el cual la historia reconoce la materialización del Espíritu Absoluto de Hegel en El Capital de Marx.

De acuerdo con las tesis darwinistas que hizo suyas Marx, el cambio cualitativo que lleva a la mutación (revolución) de capitalismo en socialismo debía tener lugar en las economías capitalistas más desarrolladas, cuando estas entraran en contradicción con las que el mismo Marx llamaba «relaciones sociales de producción». Dicha tesis –casi está de más decirlo– dividió a los socialdemócratas rusos en dos fracciones. Los mencheviques, que esperaban que las fuerzas productivas tuvieran un mayor desarrollo en Rusia para intentar la revolución, y los leninistas o bolcheviques (y después también los trotskistas), que suponían que la cadena capitalista-imperialista debía cortarse por sus eslabones más débiles, pero bajo la condición de que ese corte fuera el inicio de la desintegración total. El leninismo apostó, en su aventura putschista de 1917, a la revolución mundial, que, según sus erradas predicciones, iba a comenzar en la Rusia zarista para continuar después en el resto de Europa.

Cuando la revolución mundial (es decir, europea) no tuvo lugar, apareció con fuerza una tercera fracción: el socialismo nacional.

Socialismo nacional

El proyecto del socialismo nacional tuvo dos variantes: el socialismo nacional fascista y el socialismo nacional estalinista. Los representantes del primero fueron Benito Mussolini y Adolf Hitler. El representante máximo del segundo fue, naturalmente, Josef Stalin. La lectura estalinista –por la cual todavía se dejan llevar los incautos izquierdistas de nuestro tiempo– impuso la opinión de que entre el socialismo nacional fascista y el estalinista había contradicciones insalvables. La contradicción básica, sin embargo, era una sola: el socialismo nacional fascista no reconocía la hegemonía internacional de la Unión Soviética. En todos los demás puntos, las equivalencias entre fascismo y estalinismo son más que asombrosas. Tanto en uno como en otro caso, el socialismo debía ser el resultado de revoluciones nacionales y nacionalistas. El Partido Revolucionario debería fundirse con el Estado hasta convertirse en una unidad inseparable. La sociedad debería organizarse de modo corporativo y vertical, desde arriba hacia abajo, hasta conformar una plena unidad con el Estado (antiguo ideal hegeliano). Esta es la esencia del Estado total (o totalitario).

A la cabeza del Estado debería situarse el líder mesiánico, conductor de la historia y de sus pueblos. El «Napoleón a caballo» de Hegel sería reemplazado por el «Hitler en automóvil» de Goebbels o, de acuerdo con la literatura del «realismo socialista» soviético, por el «Stalin en tractor». Los socialismos nacionales de tipo «macro» fueron los de la Alemania nazi y la URSS; los de tipo «micro» aparecerían después en diversas zonas de la tierra: el titoísmo yugoeslavo, el nasserismo egipcio, el castrismo cubano, la dictadura de Nicolae Ceausescu en Rumania, así como la mayoría de las llamadas «democracias populares» que adscribían al imperio soviético.

Cuando las revoluciones populares y democráticas de 1989 y 1990 pusieron fin al campo soviético, continuarían subsistiendo diversos socialismos nacionales disgregados en diferentes lugares del planeta, átomos de un pasado imperial devenido en ruinas. Entre ellos, podemos mencionar los regímenes posnasseristas de Sadam Hussein en Iraq, Bashar al-Assad en Siria, Muammar al-Gaddafi en Libia y la república socialista de Yemen. En Europa, la Serbia de Slobodan Milosevic y, actualmente, el Belarús de Aleksandr Lukashenko. En América Latina, Cuba. Todos estos restos conforman el verdadero rostro del socialismo del siglo XXI, rostro que, por cierto, no es el de la utopía sino el de una espantosa realidad. En todos esos socialismos nacionales (hay otros) pueden observarse microscópicamente rasgos propios del estalinismo y del fascismo, a tal punto que los unos se confunden con los otros. Se advierte claramente que los límites que separaban al socialismo histórico del fascismo, si es que existieron alguna vez, fueron muy tenues.

Es que la idea de que existen diferencias antagónicas entre el socialismo nacional de tipo soviético y el nacionalismo social de origen italiano-alemán es –quiero afirmarlo con todas las letras– una creencia ideológica y antihistórica. Desde la perspectiva de las masas empobrecidas de Italia y Alemania, las promesas de Mussolini y Hitler aparecieron en su momento, efectivamente, como promesas socialistas. Y lo eran. Mussolini no solo venía del socialismo, sino que, además, entendió el fascismo como una forma nacional de imponer los principios marxistas, de los cuales era un gran conocedor.

Por su parte, el nazismo alemán nunca fue fascista en sentido estricto, aunque hoy decirlo parezca raro. No hay, en efecto, un solo discurso de los nacionalsocialistas alemanes en el que se autodesignen como fascistas, término esencialmente italiano (fascio quiere decir «fracción»). En rigor, el fascismo alemán fue un invento tipológico de posguerra, resultado de un acuerdo entre nacionalistas-conservadores y socialistas. Baste saber que, hasta 1945, nadie hablaba en Alemania de fascismo. Todo el mundo se refería a Hitler como representante del nacionalsocialismo, que era efectivamente el nombre real del régimen, nombre que incomodaba tanto a nacionalistas como a socialistas. El inadecuado término «fascismo alemán» fue resultado –hay que repetirlo– de un turbio compromiso político que tenía como objetivo fundamental desvincular a Hitler de la idea del socialismo, algo que convenía tanto a los socialistas estalinistas como a los socialdemócratas. Hoy, sin embargo, desde las ruinas del socialismo nacional estalinista es posible afirmar que los de Mussolini y Hitler fueron, efectivamente, proyectos socialistas y nacionalistas a la vez; así como lo fueron, también, los gobiernos de Stalin y Tito.

En América Latina, donde no somos demasiado originales (tenemos una predilección tortuosa por copiar los fracasos de los demás), la idea del socialismo nacional cobró forma y fuerza. En cambio, la Internacional Comunista, con excepción de países como Chile o Uruguay, nunca logró echar raíces profundas en nuestro continente. En estos países, encontramos en los orígenes de los partidos comunistas muchos aspectos relacionados más con la idea de democracia social que con la de socialismo nacional. Los escritos y discursos de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile, confirman, entre otros documentos, esa afirmación. El socialismo nacional, en cambio, fue la ideología central de diversos movimientos llamados nacionalistas y populistas; en algunos casos, sus ambiciosos tribunos usaron a esos movimientos como cobertura para alcanzar el poder.

Muchos partidos de tendencias ideológicas socialistas y nacionales, fundados en diversos países latinoamericanos, estaban directamente influidos por el socialismo nacional de tipo fascista europeo. En la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Perú esa influencia fue más implícita; en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Bolivia fue más explícita. En el peronismo argentino, las tentaciones fascistas eran tan evidentes que ni Eva Perón intentó ocultarlas. En el Partido de la Revolución Institucional (PRI) mexicano ocurrió algo parecido. En muchas ocasiones, la idea de socialismo nacional fue encarnada por regímenes militares. De ellos, quizás el más representativo fue el de Juan Velasco Alvarado en Perú, glorificado hoy por el inefable Hugo Chávez. El régimen cubano, en cambio, ha atravesado diversas fases. En sus orígenes, a través del Movimiento 26 de Julio, se postuló como un representante de la idea de democracia social. Más tarde, a partir de su inclusión en la órbita del imperio soviético, adoptó las formas de un socialismo nacional de corte estalinista. Después del fin de la URSS, el socialismo nacional cubano se acerca más al tipo de socialismo nacional de corte fascista. En fin, podríamos seguir mencionando ejemplos. Lo cierto es que la idea del socialismo nacional, en sus diversas formas, ha sido una constante en la historia moderna de América Latina. Hoy, el proyecto de socialismo nacional está representado por el militarismo chavista, por la dictadura militar cubana y, en su periferia, por el resto de los pobres países que forman parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

El regreso de la democracia social europea

En Europa, en cambio, ha tenido lugar, no sabemos si definitivamente, la ruptura entre el proyecto de la democracia social –que defienden ya no solo los partidos socialdemócratas sino también partidos de tipo socialcristiano e, incluso, conservadores– con el proyecto del socialismo internacional, que nunca cristalizó, y con el proyecto del socialismo nacional. Los laboristas británicos –al fin, habitantes de una isla– nunca abandonaron la idea de la democracia social. Lo mismo puede decirse de los partidos socialistas escandinavos. La socialdemocracia alemana, cuna del proyecto del socialismo nacional, tuvo mayores dificultades.

Pero finalmente, después de muchas discusiones, disidencias y expulsiones, logró en 1959 aprobar el Programa de Bad Godesberg. Se trató de un hito histórico, que marcó la reconciliación definitiva de los socialistas alemanes con la idea premarxista de democracia social, truncada por la aparición de los dos socialismos nacionales más poderosos del siglo XX: el alemán y el ruso. Con ello, la socialdemocracia alemana recuperaba el espíritu democrático de las revoluciones democráticas clásicas como la norteamericana y la francesa.

A diferencia de todos los demás programas socialdemócratas, el de Bad Godesberg puso en su centro ya no a una clase sino al ser humano como sujeto creador de su propia historia. El concepto de socialismo fue arrancado del puro reino de la necesidad para ubicarlo, además, en el reino de la libertad. «Los socialistas luchan por una sociedad en la cual cada ser humano pueda desarrollar su personalidad en libertad». Más todavía, se suscribía en el preámbulo la siguiente frase: «El Partido Socialdemócrata es el partido de la libertad del espíritu. Es una comunidad de seres humanos que provienen de las más diversas creencias y corrientes de pensamiento.» En Bad Godesberg, en fin, los socialistas alemanes sacaban conclusiones de la experiencia que había vivido la nación durante el nacionalsocialismo y de los peligros que todavía emanaban del socialismo nacional ruso-soviético, al mismo tiempo que reconocían la democracia parlamentaria como forma preferencial de gobierno y adscribían a los valores filosóficos y morales que dieron y dan forma al Occidente político.

La idea de la democracia social, violada por dos totalitarismos socialnacionalistas, fue recuperada en Europa. La declaración de Bad Godesberg tendría mucha influencia en el futuro socialismo español y en el socialismo francés. Sus principios, además, son los mismos que, poco después, proclamaría el eurocomunismo italiano de Enrico Berlinguer, un importante adalid de la democracia occidental a quien los historiadores tienden extrañamente a olvidar. Lo mismo sucedió con organizaciones socialcristianas que asumirían, al menos en parte, el legado de Bad Godesberg. Por último, es necesario mencionar que, aunque los disidentes revolucionarios que pusieron fin al imperio soviético en diferentes países de la Europa del centro y del este no conocían la declaración de Bad Godesberg, estaban sin duda impregnados de ese mismo espíritu libertario.

Después de la caída del Muro de Berlín, los principios que dimanan de la idea de la democracia social han conquistado los corazones y las mentes de la mayoría de la población europea, tanto del este como del centro y del oeste. Por cierto, los peligros antidemocráticos continúan presentes. Emergentes populismos socialistas de «izquierda» y neofascistas de «derecha» amenazan la estabilidad democrática europea. La democracia nunca será irreversible (palabra que debería ser borrada de todo diccionario). Esa es la razón por la cual la democracia social no es un estado ideal sino más bien un ideal de lucha.

El socialismo del siglo XXI

La idea de democracia social, aunque no siempre representada por partidos socialdemócratas, ha logrado también notorios avances en América Latina. Desde fines del siglo XX hasta el presente, la región se ha embarcado en la corriente democratizadora occidental. Después de haber pasado por el túnel siniestro de dictaduras como la de los generales argentinos o la del monstruoso Augusto Pinochet, observamos hoy que de ese pasado dictatorial solo queda Cuba, donde ya se observan signos de salida de la larga noche del socialismo real. La idea de democracia social parece guiar los pasos de los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay e incluso Argentina, donde tanto tributo se le rinde a un pasado cada vez más mítico. Liberada de dictadores militares, resta a la democracia latinoamericana sortear el último de sus peligros: el del llamado «socialismo del siglo XXI», intento postrero –y en esencia profundamente reaccionario– de imponer los socialismos nacionales en algunos países de la región. Nadie debería dedicar un gran esfuerzo intelectual a intentar entender la teoría del socialismo del siglo XXI, pues dicha teoría nunca ha existido. Pero que no exista no es razón para no tomarla en serio. «Socialismo del siglo XXI» es la denominación que unifica a regímenes estatistas con tendencias nítidamente autoritarias, incluso militaristas, cuyos personeros alcanzan el poder maniobrando internamente a movimientos sociales de innegable contenido popular. Dichos regímenes tienen en común el ser resultado de profundas crisis institucionales en los países de más bajo desarrollo económico y político de la región. De una manera u otra, los países del socialismo del siglo XXI, agrupados en el ALBA, reivindican el proyecto de socialismo nacional de neto origen estalinista. Ninguno tiene un programa de gobierno demasiado coherente, pero todos tienen un proyecto de toma de poder. De ahí que mantengan una relación puramente instrumental con la democracia. La vía democrática para ellos no es más que la táctica de una estrategia destinada a crear condiciones para la perpetuación en el poder. No obstante, sus perspectivas de éxito son dudosas. La razón es evidente: el socialismo del siglo XXI ya ha alcanzado su fase terminal en el país motor, la Venezuela de Chávez. El 2 de diciembre de 2007, la mayoría del pueblo venezolano rechazó en un referéndum la ambición de perpetuación en el poder del caudillo militar. No fue solo la derrota de una persona. Ese día tuvo lugar la debacle de un proyecto de poder.

La clave del fracaso del socialismo del siglo XXI reside no solo en la voluntad popular que lo contradice, y probablemente lo seguirá contradiciendo, sino también en el hecho de que busca imponerse sobre la base de dos irrealidades ostensibles (digo irrealidades para no decir mentiras).

La primera es la idea de que estos países se encuentran en una lucha contra el «imperio», es decir Estados Unidos. Sin embargo, ningún país del ALBA tiene conflicto real alguno con EEUU. Ni territorial, ni económico, ni político. En Venezuela, donde bajo el gobierno de Chávez se ha incrementado más que nunca la dependencia económica respecto de ese país, ya ni siquiera los propios chavistas creen que está teniendo lugar algo parecido a una lucha de liberación nacional. La lucha contra el imperio es solo un lema televisivo que nada tiene que ver con la realidad política de la nación.

La segunda irrealidad es todavía más irreal. Se basa en la idea de que los gobiernos del ALBA se encuentran en lucha contra las oligarquías. Dejando aparte el caso de Evo Morales en Bolivia –enfrentado a movimientos regionalistas muy peculiares que, por otra parte, poseen una innegable connotación popular–, ninguno de los gobiernos socialnacionalistas enfrenta a una oligarquía, ni política ni social. Todo lo contrario. En Nicaragua, el enemigo principal del gobierno es el sandinismo disidente, que no es precisamente oligárquico. En Venezuela, el carácter no oligárquico de la oposición es aún más evidente. En ese país ha tenido lugar una recomposición de la sociedad civil a través de la acción organizada de los estudiantes de todas las universidades del país. Y, por otra parte, se ha registrado una muy interesante renovación de la estructura política, cuyos principales partidos son tres: Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Podemos, que viene del chavismo originario (los dos últimos reconocidos por la Internacional Socialista).

El gran mérito de Chávez es haber creado las condiciones para el resurgimiento de una estructura política de recambio gubernamental. Pero en contra de él mismo y del militarismo estatal que representa. De esa centroizquierda partidaria (y no de alguna oligarquía) emergerá, sin dudas, el futuro gobierno democrático que tanto se merece Venezuela. Bajo esas condiciones, el gobierno de Ecuador se verá obligado a buscar –si es que no lo está haciendo ya– otras coaliciones internacionales, menos peregrinas, más realistas y, por cierto, más estables, que las que le ofrece el desquiciado socialismo del siglo XXI.

Enhorabuena. América Latina –lo he dicho ya otras veces– pertenece de hecho y por derecho a aquel Occidente no geográfico, pero sí político y democrático, del que no puede desertar, entre otras cosas porque, si lo hace, no tendrá ningún lugar adonde ir.

O ningún otro lugar que no sea el abismo.