Coyuntura

Tendencias socioelectorales en la Bolivia del caudillismo

La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia de avalar la reelección indefinida del presidente y del resto de los cargos electivos marca un punto de inflexión en un país tradicionalmente reacio a la «perpetuación en el poder». Además, esa posibilidad había sido rechazada en referéndum en febrero de 2016. Frente al nuevo escenario, la mayor parte de la oposición se ha lanzado a denunciar la «dictadura» e incluso el «totalitarismo» del gobierno, exageración que puede constituir un serio error de lectura de cara al futuro próximo. Evo Morales, aunque menos popular que antaño, sigue siendo una figura política con arraigo social y electoral y se mantienen abiertos espacios para la acción política.

Tendencias socioelectorales en la Bolivia del caudillismo

El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia falló en favor de un recurso presentado por un grupo de legisladores del Movimiento al Socialismo (mas) para declarar improcedentes las restricciones a la reelección de las autoridades bolivianas que figuran en la Constitución, lo que habilita la repostulación sin limitaciones del presidente Evo Morales. El hecho marcó una inflexión histórica por varios motivos: por primera vez en la historia boliviana, se autorizó la reelección indefinida, en contra de una tradición jurídica muy antigua; por primera vez se usó el Tribunal Constitucional (que solo existe desde 1999) para alterar un aspecto de la Constitución, lo que los juristas de oposición consideran «aberrante», ya que por su naturaleza el Tribunal debiera limitarse a compatibilizar las leyes con la Constitución; por primera vez, finalmente, el mas ha recurrido al poder de las instituciones estatales en contra de las expresiones de masas en las que había confiado prioritariamente durante su existencia. En efecto, el trámite realizado por el oficialismo para habilitar a su candidato contradice directamente el resultado del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016: entonces, 51% de los votantes rechazó la reforma de la Carta Magna aprobada en 2009 para levantar las limitaciones a la reelección de Morales, las mismas que ahora el Tribunal Constitucional ha levantado mediante una «interpretación» del texto constitucional.

Solía decirse que la democracia boliviana era «plebiscitaria», ya que apelaba directamente a los electores para definir las disputas de poder1. Y así fue hasta que el mas perdió la mayoría, por lo menos en lo concerniente a la cuestión –para este partido, crucial– de la reelección, que en las encuestas es rechazada por más de 60% de la población2. Por esta razón, Morales no pensó en organizar un nuevo referéndum para «enmendar» los resultados adversos de 2016 y acudió en cambio a un expediente de mucha menor legitimidad, pero más seguro: la consulta a unos magistrados a punto de terminar su mandato y en su momento elegidos, entre otras razones, por su proximidad al partido de gobierno. Ante estos jueces, el mas argumentó que el derecho de un ciudadano a elegir y ser elegido, consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto de San José de Costa Rica), no puede ser menoscabado por las restricciones establecidas por la Constitución que en su momento el oficialismo no objetó. El Tribunal aceptó este alegato.

Ulteriormente, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, planteó ciertas dudas sobre la salida preparada por el oficialismo, pero lo cierto es que nadie posee la fuerza institucional o política para impedir que Morales sea candidato en las elecciones de 2019. La oposición tradicional, es decir, la de los partidos políticos, se ha limitado a condenar la evolución de los acontecimientos en los tonos más agudos posibles. Un fenómeno más nuevo e interesante fue el estallido de protestas callejeras, protagonizadas especialmente por jóvenes de clase media de la región más rica y menos izquierdista del país, Santa Cruz. Uno de los objetivos de estas acciones no muy numerosas (de varios cientos de participantes), pero sí fervorosas, fue presionar a los dirigentes tradicionales de la región, llamados dirigentes «cívicos», para que actuaran, dejando la pasividad frente al gobierno que los ha caracterizado desde que, en 2008-2009, Morales se impusiera a la resistencia de las clases dominantes y los sectores políticos desplazados por la revolución política que conducía. Desde entonces, los líderes cruceños han mostrado un perfil poco aguerrido, condicionado por el acuerdo que poco después los empresarios de la región alcanzaron con el gobierno y que garantizó la abstención política de los primeros a cambio de la colaboración económica del segundo3.

Las protestas fueron interrumpidas por las fiestas de fin de año y por un conflicto sectorial entre el gobierno y los médicos, pero su espontaneidad mostró que el malestar de las clases medias, principales adversarias del dominio de Morales, había llegado a un punto en el que superaba el «intelectualismo» que normalmente las inviste, aunque como «fuerza física» de movilización siguieran siendo muy inferiores a los campesinos y los sectores populares de «clase baja» –para usar la estratificación propia de las estadísticas electorales–, que en gran medida siguen apoyando al mas y a los que este partido puede poner rápidamente y con gran efectividad en las calles.

No hay, pues, fuerza política suficiente para impedir que la maniobra reeleccionaria del oficialismo se lleve adelante, por lo menos en las condiciones actuales, que son de estabilidad social y crecimiento económico moderado. Por eso la proclamación de Evo Morales como candidato, escenificada en Cochabamba el 16 de diciembre pasado frente a una multitud de decenas de miles de adherentes, inició una campaña electoral a la que la oposición tendrá que sumarse, a pesar de los «peros» estratégicos e ideológicos que pueda oponer a una participación que terminaría por avalar esa alteración constitucional.

¿Gobierno totalitario? ¿Dictadura?

Los políticos bolivianos vienen discutiendo la caracterización del gobierno de Morales desde su inauguración. Al comienzo, la confusión era mayor, inducida por críticas como la de Gabriel Dabdoub, el principal líder empresarial durante el primer periodo del mas (2006-2009), quien deploró la anticuada y peligrosa ideología «socialista» de los adherentes de Morales cuando estos se oponían a la libertad de comercio4.

A la incertidumbre de los observadores contribuyeron las afirmaciones contradictorias de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera sobre el objetivo del proceso que dirigían. En 2006 Morales desautorizó una de las primeras definiciones realizadas por el vicepresidente como teórico del proceso. Este planteó que, si bien el socialismo constituía el norte de la revolución, en una primera etapa esta se abocaría a la construcción del «capitalismo andino-amazónico», una plataforma nacionalista de posteriores y más avanzadas transformaciones5. Es probable que esta nomenclatura molestara a Morales por la tradición «anticapitalista» del mas y la suya propia, aunque sin duda era la que mejor representaba lo que quería hacer el gobierno.

Capitalismo nacional, sí, pero «de Estado», pues se basaría en la nacionalización de la principal industria del país, la del gas, y la de varias empresas importantes que fueron estatales antes de su privatización de los años 90. En verdad se trataría, como en ese momento señalamos6, de un regreso al modelo económico y al método polarizador de hacer política que habían inventado los movimientos nacional-populares latinoamericanos, en concreto, al «nacionalismo revolucionario» que había irrumpido a fines de los años 30 e imperado sobre el país hasta 1985. Como ya hemos dicho, entre 2006 y 2008 este proyecto fue resistido por las clases dominantes, que apoyaban a la antigua y desplazada elite política neoliberal. Pero, en 2008, el mas finalmente se impuso y al año siguiente celebró un acuerdo con el empresariado, en particular el cruceño, que le concedió la completa gobernabilidad del país.

El 22 de enero de 2010 se produjo la ceremonia de arranque de la segunda gestión de gobierno del mas y, en otra salida algo desconcertante, García Linera dijo que el «horizonte» de la revolución boliviana era «el socialismo». Frente a lo cual el ya mencionado Dabdoub, quien entonces ya se había convertido en aliado del oficialismo, declaró que el sector que representaba no temía al socialismo gubernamental, pues «el empresario no tiene ideología (…) Si (…) el socialismo que se nos plantea (…) reconoce a la propiedad privada [y] facilita la generación de empleo»7. Al final, la ideología oficial se estabilizó en una orientación sintetizada por dos fórmulas: la «economía plural» o coexistencia de la gran propiedad con los emprendimientos populares y las formas productivas colectivistas que se dan en el campo, y el «socialismo comunitario», que con su apelación a un crecimiento más armónico e igualitario tiene un valor ético y retórico antes que económico.

El contraste entre las teorías revolucionarias sobre la democracia de García Linera y el grupo Comuna (1998-2005), por un lado, y la práctica representativa que el mas realizaba desde su fundación en los años 90, por el otro, dio pábulo también a debates sobre la calidad de la adhesión del mas a la democracia8. Y finalmente, la ideología oficial en este campo se estabilizó en la aprobación, en 2009, de una Constitución con elementos liberales, «aliberales» e innovaciones «posliberales», que si bien complementaba la democracia representativa con derechos y modos de organización colectivos, la mantenía como columna vertebral del sistema político.

Desde el principio, la oposición liberal asignó al gobierno una condición «autoritaria», ya que este usaba su mayoría de más de dos tercios en la Asamblea Legislativa y sus grandes números electorales para saltarse las salvaguardas que hasta entonces se habían considerado imprescindibles para la preservación del pluralismo, tales como enjuiciar lo menos posible a los líderes opositores, no acosar a la prensa privada, no monopolizar la comunicación pública, no usar con descaro los recursos estatales en las campañas oficialistas, no esconder o tergiversar la información estatal, etc. La suposición de que la poliarquía boliviana no era pluralista9 respondía entonces, en particular, a la tendencia del mas a redactar o interpretar las leyes de manera que favorecieran su propio poder. Por ejemplo, el oficialismo impuso normas electorales que valoran más el voto rural que el urbano, que es lo que le convenía; por la misma razón se prohibió el financiamiento estatal a los partidos; se pusieron obstáculos legales a la crítica a los candidatos oficiales en el periodo de campaña electoral, etc. Al mismo tiempo, los medios de comunicación críticos del gobierno perdieron la publicidad oficial, que en cambio favoreció abundantemente a los medios que sí mostraron voluntad de acercamiento al oficialismo.

Intelectuales vinculados al gobierno han defendido estas y otras medidas como propias de una democracia no procedimental sino sustantiva, una democracia con proyecto que, mirándose en el espejo del jacobinismo, dejaba de lado las limitaciones legales formalistas (Estado de derecho) y desplegaba su genuina fuerza motora, que no era otra que el logro de la igualdad socioeconómica. Para esta visión, lo importante no es el cumplimiento de reglas, sino que accedan al escenario público y la toma de decisiones sobre la suerte colectiva unas masas indígenas y trabajadoras que hasta ahora han sido simple «carne de cañón electoral» de los partidos oligárquicos.

«No hay democracia por seguir unos procedimientos establecidos sino, precisamente, porque cualesquiera que sean esos procedimientos (…) hay personas y colectividades que ahora buscan participar en la dirección de esos procedimientos, buscan responsabilizarse de la producción de dirección de la sociedad, modificando las normas y procedimientos de la práctica política legítima». Por tanto, «[los] procedimientos e instituciones [democráticas] son medios transitorios, simples efectos revocables del hecho democrático». De esta forma,

Las normas, reglas, instituciones, saberes y legitimidades que regulan la vida política de una sociedad democrática son circunstanciales, cristalizaciones provisionales de la estructura de resolución del desacuerdo anterior, que habrán de dar paso a una nueva estructura de poderes resultante de los nuevos desacuerdos que dan inicio a la acción democrática de una sociedad. La democracia no es la ausencia de reglas, sino la contingencia necesaria de esas reglas y el consenso acordado de esa contingencia (...).10

Aunque la apelación a la épica de la participación democrática ha ido menguando con el tiempo, conforme los movimientos sociales que se insurreccionaron en 2003 y 2005 se fueron retirando de la escena política y fueron dejando la gestión de la transformación exclusivamente en manos del Estado11, nunca hasta ahora la hegemonía política había dejado de legitimarse con una mayoría electoral indisputable. Por ejemplo, la última vez que el mandato de Morales fue testeado en las urnas, en las elecciones del 12 octubre de 2014, recibió un respaldo de 62% de los votos y obtuvo una mayoría legislativa de más de dos tercios. Sin embargo, el referéndum de 2016 terminó con la posibilidad del mas de apelar al poder mayoritario. Con su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para «voltear» la voluntad de la mayoría (por más que esa mayoría fuera estrecha12), impuso su hegemonía de una manera legal, pero ilegítima.

¿Cómo ha afectado esto a la crítica de la oposición liberal al «autoritarismo» del régimen boliviano? Como es lógico, ha habido una general percepción de «ruptura» del consenso político que en los años 80 y 90 había dado fundamento al periodo democrático más prolongado de la historia de Bolivia, y que consistía sobre todo en cierta resignación democrática de los actores políticos que permitía la alternancia en el poder. En un tuit, el dirigente opositor Samuel Doria Medina comparó el fallo con un «golpe de Estado», enfoque que luego han repetido otros. Por otro lado, algunos líderes de la oposición, el más estridente de los cuales fue el derechista Jorge Quiroga, comenzaron a considerar al gobierno boliviano como una «tiranía totalitaria». El ex-presidente e historiador Carlos Mesa escribió que Morales se internó por la senda del «totalitarismo, basado, no en el imperio de la ley, sino en el imperio del poder total»13. Y analistas internacionales conservadores, como Álvaro Vargas Llosa, también consideraron «dictatorial» a Evo14.

En la medida en que no sean solo una expresión de la rabia por lo ocurrido, estas categorías pueden conducir a los estrategas de la oposición a callejones sin salida. Por ejemplo, uno de los estrategas de campañas electorales bolivianos, Ricardo Paz, llamó a no entrar en la campaña electoral a la que el mas está invitando a la oposición –a fin de «pasar la página»– y a concentrarse en organizar manifestaciones pacíficas que logren que Morales desista de ser candidato en 201915, un propósito que hoy aparece como muy superior a las fuerzas con que cuenta la oposición. En general, podemos decir que las definiciones extremistas pueden darle a la oposición boliviana una orientación maximalista similar a la que ha tenido la oposición venezolana en diferentes momentos de su lucha contra el chavismo y que ha conducido a esta repetidamente al fracaso.

Los partidos de Doria Medina y del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que se habían inclinado hasta ahora, con matices, hacia el centro político, parecen dudar al enfrentarse a un reiterativo argumento de los radicales, que puede formularse de la siguiente manera: «Ahora que el oficialismo ha torcido la justicia y ha desoído los resultados de la votación en el referéndum, ¿qué nos garantiza que respetará los resultados de la elección de 2019, que no hará fraude o que no inventará alguna trampa para desconocer su (hipotética) derrota?». Este argumento, si se siguiera hasta el fin, podría sacar a los actores políticos del escenario electoral y llevarlos a adoptar métodos extraparlamentarios.

Sin embargo, la oposición tendrá que llegar hasta ese puente antes de cruzarlo. Que el régimen político haya dejado de ser «democrático» en el sentido de las definiciones minimalistas de democracia16 –según las cuales un requisito fundamental es que no sea imposible que quienes están en el gobierno pierdan las elecciones– es algo que todavía no se ha probado, que solo se verá en 2019 (aunque se admiten dudas razonables dada la actual conformación del Tribunal Electoral).

Además, que un régimen no sea democrático de acuerdo con las definiciones antedichas no lo convierte automáticamente en dictatorial y mucho menos en totalitario, al menos si usamos estas definiciones en su sentido politológico habitual. Con las limitaciones ya anotadas, Bolivia sigue gozando de las libertades civiles y políticas que diferencian una democracia de una dictadura, como muestra el hecho de que las acusaciones de la oposición en contra de un gobierno «dictatorial» se enuncien desde dentro del país, por los medios masivos de comunicación, etc., y que no haya habido serias represalias en contra de los manifestantes espontáneos de los que hemos hablado. Sin embargo, no cabe duda de que la «democracia plebeya» que instauró el «gobierno de los movimientos sociales» ya no existe en Bolivia, como muestran tantas cosas, entre ellas que últimamente este lema ya no sea usado por los voceros oficialistas. En lugar de la democracia igualitarista del pasado, se ha instaurado, como «retorno» de un fenómeno muy antiguo, lo que podemos llamar «caudillismo», que subordina el conjunto de la institucionalidad y la práctica política democráticas al poder y la voluntad de un líder carismático. El caudillismo vuelve al gobierno aristocrático allí donde nunca ha existido otra aristocracia que la que vence en la lucha política diaria.

Lo más probable es que en los próximos dos años las fuerzas que se desaten en torno de «lo electoral» terminen por arrastrar a la oposición y, con ella, a todo el país. En este tiempo la oposición deberá resolver cuestiones claves, como la definición (o no) de un candidato único y la sustitución de Mesa –quien posee el mejor puntaje en las encuestas, pero ha rechazado postularse– como baza contra el evismo. En este camino, una mala caracterización del gobierno puede resultar un obstáculo. Al exagerar sus rasgos autoritarios, la oposición podría mostrarse incapaz de distinguir las fuentes de legitimidad con que el mas todavía cuenta y sentirse tentada de plantear la lucha en un terreno solo en apariencia más realista, que sería el de la movilización y la denuncia de la «dictadura» de cara al público extranjero, en lugar de emplearse en una acumulación política en todos los escenarios posibles, proceso que se ha revelado complicado y larguísimo, y que por eso la desanima y exaspera.

Tendencias socioelectorales

El 3 de diciembre, inmediatamente después del fallo que habilitó a Morales para intentar su cuarta reelección en 2019, se produjeron las elecciones judiciales. Desde 2011, los altos magistrados se eligen por voto popular en Bolivia, un método que no ha cuajado hasta ahora. En esta ocasión, más de la mitad de los electores expresó su rechazo al gobierno y sus medidas, tal como le pidiera la oposición, mediante el gesto de anular el voto. El voto nulo fue abrumador en los barrios más acomodados de las ciudades y se fue debilitando conforme estos barrios se hacían más populares o el conteo llegaba a las áreas rurales. También fue más fuerte en Santa Cruz de la Sierra (alrededor de 67%) que en el resto de las ciudades. Y fue más débil en El Alto, alrededor de 47%. Lo inverso pasó con el voto válido (es decir, a favor de alguno de los candidatos en liza, sin importar cuál fuera), que es al que llamó el mas y que en promedio estuvo alrededor de 35%. Este resultado ratificó casi con exactitud el del referéndum constitucional de 2016 en cuanto al rechazo a Evo (o voto por el «No»). Este también fue más intenso en Santa Cruz que en el resto del país y más fuerte en los sectores acomodados que en los populares.

Para estudiar la composición de un determinado resultado electoral, el método más preciso es el de la «encuesta autopsia», que desgraciadamente se practica muy poco en Bolivia. Sin embargo, en 2016, excepcionalmente, el Tribunal Supremo Electoral realizó una de estas encuestas después del referéndum constitucional y llegó, entre otras conclusiones, a la siguiente, que es fundamental para el análisis sociológico del proceso político-electoral boliviano: mientras más jóvenes son y más ingresos tienen los electores, más tienden al «No», es decir, a rechazar a Evo, y mientras más edad y menos ingresos tienen, más votan «», es decir, más apoyan a Morales.

Esta conclusión se ha confirmado en las elecciones judiciales del 3 de diciembre pasado, por lo menos en la variable que podemos observar, que es la socioeconómica. Mientras más acomodados eran los electores, más negativos respecto del gobierno, y a la inversa. De ahí que en algunos recintos electorales de La Paz, por ejemplo en el del Colegio Franco Boliviano en el barrio de Achumani, que es uno de los más ricos de la ciudad, alrededor de 85% de los votos fuera nulo. Las elecciones judiciales también mostraron que el mas puede contar con un voto fiel de 35%, incluso en un proceso tan complicado como este (en el que la actitud de los electores era contraria al acto de votar por alguien a quien no conocían ni querían conocer). Ahora bien, el 21 de febrero de 2016, en el referendo constitucional –una elección muy difícil porque su deseo reeleccionario iba en contrasentido de la tradición política del país–, el mas obtuvo un respaldo de 49% de los electores. ¿Qué pasó entonces con el 14% con el que ya no contó en las judiciales?

El sociólogo experto en opinión pública Julio Córdova tiene la hipótesis de que ese grupo de votantes pertenece mayoritariamente a la «clase media baja»; es un electorado espontáneamente favorable a las medidas básicas tomadas por el mas, pero que duda cada vez más de Morales sin por eso simpatizar con la oposición. Y dice que es probable que este grupo explique una buena parte del voto en blanco en las judiciales, que coincidentemente fue de 15%. Así, Córdova establece la siguiente demografía electoral: dos polos enfrentados de alrededor de 35% cada uno: el 35% de los antievistas convencidos, que se confunde con la «clase media típica» o más acomodada, frente al 35% de los evistas convencidos, que proviene casi íntegramente de la «clase baja». Junto a ellos, el 30% de la «clase media baja», que se divide en dos grupos iguales: 15% de ex-votantes por Morales que lo abandonaron en las urnas en 2016 y 2017, pero que no son «propiedad» (es decir, no son voto duro) de la oposición, especialmente si tomamos en cuenta que esta probablemente se presentará en 2019 en varias versiones; y 15% que votó por Morales en 2016 pero que no es «patrimonio» del mas, como lo muestra que lo abandonara el 3 de diciembre pasado. Algo que, por supuesto, el carácter de la elección hacía más fácil: no debe olvidarse que los candidatos a jueces eran desconocidos para los votantes y la ley no les permite hacer campaña proselitista. En una elección similar en 2011 también se impuso el voto nulo y en blanco, sin consecuencias para la reelección de Morales.

Es obvio decir que los resultados de los comicios de 2019 dependerán enteramente de este 30% del padrón; en otras palabras, de la clase media baja. El resultado dependerá de: a) si algún grupo de la oposición sabe atraer al 15% de los antievistas «blandos» y b) si el mas logra reconquistar al 15% de los evistas soft, como dice la jerga del marketing político. Este hecho, es decir, la correlación entre alineamiento político y pertenencia social, que es casi totalmente favorable al oficialismo en el tercio inferior y casi completamente favorable a la oposición en el tercio superior, es quizá el más característico de la situación política boliviana. Y se debe a un conjunto de factores de corto y largo plazo:

- indica que la política gubernamental, su énfasis redistributivo y su simbología reivindicativa han sido finalmente propobre, como por otra parte correspondía con la extracción social del mas. Pero también muestra algo distinto: que la clase media alta es la que, por conveniencia, educación o ideología, posee una mayor sensibilidad respecto a los quiebres de la institucionalidad democrática, que probablemente no son tan importantes para los sectores populares;

- la polarización social deja ver también lo que es evidente: quiénes han ganado y quiénes han perdido (material pero también simbólicamente) durante el proceso político dirigido por Morales en estos 12 años;

- y, en el amplio escenario histórico, es una de las consecuencias de la sempiterna heterogeneidad, de la desigualdad de ingresos y derechos, de grupos sociales y étnicos; una fractura que convierte a algunos partidos en oligárquicos y torna a otros, más allá de sus merecimientos históricos y sus resultados concretos, en portavoces de la identidad oprimida. Solo esta polaridad entre un «nosotros» y un «ellos» puede explicar fenómenos como que el chavismo continúe en el poder, pese a sus múltiples falencias y su indudable autoritarismo, o que la oposición boliviana tienda a encerrarse en un discurso autorreferencial, para ser ovacionada en los salones, lo que le genera graves dificultades para convertir su mayor legitimidad democrática actual en una mayoría operativa como la que necesita para llegar al poder.

  • 1.

    Simón Pachano: «Democracias plebiscitarias» en El Universo, 25/11/2011.

  • 2.

    Según una investigación de la encuestadora Ipsos (24/10/2017), en las capitales de departamentos el rechazo a una nueva habilitación de Morales asciende a 68%. No obstante, ese porcentaje baja en encuestas en el área rural.

  • 3.

    Gustavo Pedraza: «Los cambios políticos que reconfiguraron Santa Cruz» en Página 7, 23/7/2017.

  • 4.

    ANF: «IBCE: Caudillos socialistas desplazados evitan tratar ingreso al TLC», 24/3/2005.

  • 5.

    A. García Linera: «El ‘capitalismo andinoamazónico’» en Le Monde diplomatique, edición
    chilena, 1/2006.

  • 6.

    F. Molina: Evo Morales y el retorno de la izquierda nacionalista. Trayectoria de las ideologías antiliberales a través de la historia contemporánea de Bolivia, Eureka, La Paz, 2006. V. tb. Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto: La revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007.

  • 7.

    «Patronal boliviana no teme al socialismo planteado por Gobierno de Morales» en Hoy Bolivia.com, 1/2/2010

  • 8.

    F. Molina: Conversión sin fe. El mas y la democracia, Eureka, La Paz, 2007.

  • 9.

    Robert Dahl: La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona, 1992.

  • 10.

    A. García Linera: Democracia, Estado, Nación, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 2013.

  • 11.

    A. García Linera: «Las clases altas no tragan que gobierne un indígena», entrevista de F. Molina en El País, 16/11/2016.

  • 12.

    El «No» obtuvo 51,3%, frente a 48,7% del«Sí»

  • 13.

    C. Mesa: «Gases, canicas y descomposición» en blog personal, <https://carlosdmesa.com/2017/12/25/gases-canicas-y-descomposicion/>, 24/12/2017.

  • 14.

    A. Vargas Llosa: «El derecho a ser dictador» en La Tercera, 3/12/2017.

  • 15.

    R. Paz: «¿Qué hacer?» en Página 7, 13/12/2017.

  • 16.

    Guillermo O’Donnell: Disonancias. Críticas democráticas, Prometeo, Buenos Aires, 2007.