Tema central

¿Qué pueden hacer los gobiernos locales?

La inseguridad es uno de los ejes del debate político latinoamericano. Su incremento se vincula a la pérdida de espacios públicos, un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia y temor. En este contexto, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla. Aunque la función de control de la seguridad está a cargo de los gobiernos nacionales o estaduales, en cuya órbita se encuentran las fuerzas policiales, las gestiones locales son, sin duda, las más adecuadas para trabajar en la prevención del delito. Para ello deben dejar de lado los planteos simplificadores y desarrollar políticas de largo plazo que impliquen el compromiso de la comunidad.

¿Qué pueden hacer los gobiernos locales?

Introducción

En América Latina, la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación ciudadana y en el objeto de debates políticos sobre los mecanismos e iniciativas más adecuados para enfrentar su incremento. Por ende, se instaló en el centro de las campañas presidenciales de todos los procesos eleccionarios ocurridos en los últimos años, cuya principal característica fue la ausencia de propuestas alternativas o innovadoras frente a la problemática. De hecho, las divergencias son mínimas y los candidatos apuestan a la «mano dura» o la «tolerancia cero», propuestas a veces acompañadas de apelaciones a la «mano amigable» o la «prevención». La situación es similar en la agenda local: en este nivel de gobierno, la oposición cuestiona a la administración nacional por no haber logrado disminuir la delincuencia, mientras que el partido oficialista se limita a defenderse. Las iniciativas de seguridad ciudadana se centran en el patrullaje vecinal, la organización comunitaria y el trabajo con la policía como ejes de las propuestas de los programas de coaliciones de diverso color político.

Esta similitud en las propuestas indicaría una desideologización. Pero ¿es realmente un tema que no admite diferencias ideológicas? Y aún más: ¿el progresismo presenta alternativas de política a la conocida «mano dura»? Las respuestas no son sencillas. El juego político y mediático generado alrededor de la delincuencia lleva a un debate «en y para los medios», en el cual el aumento de los castigos, la mayor presencia policial e incluso la limitación de las garantías para los infractores parecen sintonizar con el estado de ánimo de la población. La prevención, aunque asumida como una necesidad y un elemento del correcto debate político, juega siempre un rol secundario. De hecho, son limitados los casos en los que las coaliciones llamadas «progresistas» han desarrollado perspectivas que pongan énfasis en los problemas sociales, ya sea el incremento de la desigualdad o el desempleo juvenil, como base del fenómeno criminal. Estas perspectivas son entendidas, en el debate político-mediático, como «garantistas» o favorables a los delincuentes, por lo que el proceso de inhibición por parte de las coaliciones progresistas es evidente.

Ahora bien, a la hora de gobernar las cosas son diferentes. Aunque hay diversos contrastes entre los gobiernos locales progresistas y los de derecha, en la mayoría de los casos se torna imposible definir una clara línea divisoria entre una y otra perspectiva. Los temas valóricos y de tolerancia a la diferencia o al uso alternativo de los espacios públicos a veces evidencian posiciones encontradas, sobre todo en cuestiones delicadas como la inclusión de grupos sociales alternativos o la regulación del comercio sexual. De igual manera, los gobiernos progresistas son más reacios al uso indiscriminado de la fuerza pública y reconocen que la delincuencia no es una opción racional sino más bien consecuencia de diversos factores socioeconómicos. Por ende, no se proponen medidas para aumentar los costos de delinquir, sino para limitar el ingreso de las personas en la ruta delictiva.

Tomando en cuenta esta situación, el presente artículo analiza las potencialidades y problemáticas que enfrenta el gobierno local (sea progresista o de derecha) para disminuir la violencia y la criminalidad. Las experiencias son múltiples y los aprendizajes, valiosos. Para lograr buenos resultados, es necesario avanzar en el reconocimiento de los elementos que permiten implementar políticas justas y efectivas para mejorar la calidad de vida en las ciudades de América Latina.

Algunas definiciones previas

La violencia urbana es uno de los problemas sociales más importantes y, sin embargo, es también uno de los menos entendidos. Tal vez uno de los motivos de esta falta de correspondencia sea el hecho de que la comprensión de la violencia se genera a través de los medios de comunicación masiva, que generalmente instalan una imagen distorsionada de la realidad y proponen soluciones poco útiles para la reducción de las tasas de criminalidad. De esta manera, se tiende a confundir conflicto con violencia, violencia con criminalidad y criminalidad con sensación de inseguridad. Esta falta de claridad en la utilización de los términos origina serias consecuencias en el análisis social y tiene implicancias relevantes en la formulación e implementación de políticas públicas.

El primer paso en este sentido es reconocer que las ciudades son un campo de relaciones y conflicto social permanente debido a la diversidad de personas e intereses que conviven en ellas. El conflicto es consustancial con la ciudad y, por ende, proponer su desaparición solo puede plantearse desde un enfoque autoritario que pretenda establecer una única mirada e interpretación de la realidad. Ahora bien, que la ciudad sea un territorio donde se potencian los conflictos no implica que sea también un espacio donde la violencia deba reproducirse, ya que los conflictos no siempre tienen como consecuencia respuestas violentas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos la respuesta frente al conflicto es la violencia, simbólica o efectiva. Sin duda, la clausura o el ingreso definido de acuerdo con ciertas características individuales a algunos espacios públicos, junto con la aparición de guardias privadas, constituyen muestras de la violencia simbólica que se vive diariamente en la ciudad. Pero también se observa violencia efectiva, con linchamientos de aquellos a los que se considera violentos, peligrosos o presuntamente involucrados en algún acto delictivo. En muchos casos también hay evidencia de violencia institucional ejercida por la policía: el incremento de los casos de violencia innecesaria, e incluso de muertos civiles en «enfrentamientos» con la policía, son indicadores trágicos de esta realidad.

En los países de América Latina el fenómeno de la violencia urbana reviste algunas características comunes: es relativamente nuevo desde el punto de vista de su magnitud; se ha diversificado mediante la inclusión de nuevas modalidades, como el narcotráfico, el secuestro callejero y el pandillaje; incluye la emergencia de nuevos actores que van más allá de la delincuencia común, como los sicarios en Colombia; y penetra todos los dominios de la vida urbana. El sentimiento generalizado de inseguridad trae consigo cambios en el crecimiento fragmentado de las ciudades, las formas de interacción social, el uso de los espacios públicos y la utilización de la seguridad privada. De esta forma, las ciudades se caracterizan por la pérdida de espacios públicos y cívicos, el desarrollo de un comportamiento social más individualista y una creciente sensación de angustia, marginación y temor, junto a la generalización de la urbanización privada, como en el caso de los barrios cerrados, que profundiza la segregación social y espacial (Caldeira). Así, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora para convertirse en un campo de batalla.