Opinión

Por qué Paraguay retrocedió 60 años en solo 30 horas

El 22 de junio de 2012, antes de que 39 senadores votaran por derrocar al presidente electo mediante voto popular en abril de 2008, ya estaba todo dicho en Paraguay. Las élites políticas de cinco partidos políticos representados en el parlamento nacional tumbarían a Fernando Lugo, que en agosto de 2008 había asumido la presidencia del país, dando fin a más de 60 años de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana, el partido que había sustentando la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por qué Paraguay retrocedió 60 años en solo 30 horas

El 22 de junio de 2012, antes de que 39 senadores votaran por derrocar al presidente electo mediante voto popular en abril de 2008, ya estaba todo dicho en Paraguay. Las élites políticas de cinco partidos políticos representados en el parlamento nacional tumbarían a Fernando Lugo, que en agosto de 2008 había asumido la presidencia del país, dando fin a más de 60 años de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido que había sustentando la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por diferentes razones, pero confluyendo todas en su decisión de deshacerse del presidente y su gobierno, las élites de los partidos ANR, el PLRA, el UNACE, Patria Querida y el PDPi (1) decidieron quebrar definitivamente la frágil gobernabilidad paraguaya. Así, en poco más de 30 horas, asestaron un golpe mortal a la aún incipiente democracia del Paraguay con un juicio político amañado, basado en un libelo acusatorio con ambigüedades y generalidades, con plazos de ejecución sumaria que no permitieron defensa ni producción de pruebas, y sin que la misma acusación presentara evidencias que sustentaran las imputaciones de supuesto mal desempeño.

De hecho, no habría sido fácil probar las afirmaciones de que el gobierno encabezado por Lugo fuese un mal gobierno con los resultados a la vista del país y del mundo. Como ejemplos bastan los datos económicos recopilados por el periodista brasileño Paulo Daniel, basados en informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2), indicando la buena salud de la economía paraguaya, que pasaba por uno de sus mejores momentos en varias décadas. O los que exhibió Federico Franco, que era vicepresidente de Lugo y asumió el cargo tras el golpe, en una parodia de rendición de cuentas al Congreso el 1 de julio --diez días después de consumada la destitución--, donde se evidencian con claridad las mejorías en las políticas de protección social (3). O aquellos que figuran en las periódicas rendiciones de cuentas que realizaban las instituciones públicas (4).

Aun es difícil establecer en qué momento terminaron de confabularse quienes desde el día en que asumió Lugo quisieron deshacerse de un presidente que molestaba con su sola presencia, por una tímida identificación con la izquierda. El mandatario incomodaba a la cavernaria derecha criolla pese a que ni siquiera tuvo un discurso socialista radical en su campaña ni demostró, durante los casi cuatro años que estuvo en el poder, suficiente firmeza para producir transformaciones sustanciales del modelo económico productivo del país.

Lo más probable es que los pequeños pasos que se estaban dando en tal sentido fueran colmando la paciencia de los poderes fácticos del país. El incipiente análisis de la situación legal de las tierras, la inversión en agricultura familiar, la reticencia a aprobar el uso indiscriminado de transgénicos o el timorato control al uso de agrotóxicos que empezaban a ejercer las instituciones estatales, así como la libertad de debatir sobre los procesos de acumulación de la tierra como principal medio de producción en manos de una pequeña élite, no eran temas que la oligarquía paraguaya estuviera dispuesta a soportar de forma impasible.

Con la representación parlamentaria que estos sectores tienen en los partidos complotados (5), más la dirigencia política que se sumó de manera oportunista en su apetencia de cargos o por vendetta política tras haber sido apartados del entorno de Lugo (6), se logró cerrar el círculo del golpe. El escenario lo venían construyendo varios sectores, desde las dirigencias de los autodenominados sectores de la producción, agrupados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) hasta los medios de comunicación comerciales como el diario ABC Color, con sus claros llamados a deponer al gobierno que había asumido en agosto de 2008 (7).

El último acto se inició a partir de lo sucedido en una localidad de Curuguaty del departamento de Canindeyú, ubicado al norte del país, donde el 15 de junio, en un episodio que hasta hoy continúa confuso, fueron asesinados 6 policías y 11 campesinos.

El final de la obra tan anhelada por la derecha paraguaya se desarrolló con una velocidad inimaginable. El 19 de junio, la ANR decidió impulsar el juicio político. El 21 de junio a primera hora, el PLRA --en Comité Político y violando la decisión de su Convención partidaria-- decidió apoyar el juicio político. Dos horas después se reunió la Cámara de Diputados, y con el voto a favor de 76 parlamentarios y 1 en contra se aprobó la acusación, con un libelo acusatorio insostenible. Al mediodía del mismo día sesionó el Senado y en tiempo récord aprobó un reglamento que no existía para el procedimiento del juicio político, estableciendo plazos de ejecución sumaria.

Al día siguiente, a las 12 horas, asistieron los abogados del presidente Lugo a la sesión del Senado e indicaron que los plazos no correspondían a un juicio. Sus exposiciones evidenciaron claramente la inexistencia de fundamentos para el denominado juicio político. A las 16 horas se votó por la condena: 39 senadores de un total de 45 decidieron separar del cargo al presidente Lugo y de inmediato pusieron en funciones a Federico Franco.

Afuera, frente al Congreso, se había conglomerado una multitud llegada desde diferentes puntos del país, superando el clima de temor instalado por los medios de comunicación comerciales, que sutil o explícitamente llamaban a la no movilización ante las supuestas amenazas de violencia. En realidad, el único acto de violencia lo cometió el recién instalado gobierno de facto al lanzar gases lacrimógenos, chorros de agua y balines a una multitud de alrededor de 10.000 personas, que fue dispersada mientras los conspiradores y los ejecutores del golpe se abrazaban en el recinto parlamentario celebrando el éxito de su complot.

El resultado de estas aciagas 30 horas es la ruptura de un sistema de convivencia que, a duras penas, estaba forjando la sociedad paraguaya y cuya lenta construcción había empezado en febrero de 1989, después de los 35 largos años de dictadura estronista. Pero el retroceso no se limita a estos 20 años. El salto va muchos más atrás pues se han roto los supuestos básicos de las formas del pacto social.