El 22 de junio de 2012, antes de que 39 senadores votaran por derrocar al presidente electo mediante voto popular en abril de 2008, ya estaba todo dicho en Paraguay. Las élites políticas de cinco partidos políticos representados en el parlamento nacional tumbarían a Fernando Lugo, que en agosto de 2008 había asumido la presidencia del país, dando fin a más de 60 años de hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el partido que había sustentando la dictadura de Alfredo Stroessner.

Por diferentes razones, pero confluyendo todas en su decisión de deshacerse del presidente y su gobierno, las élites de los partidos ANR, el PLRA, el UNACE, Patria Querida y el PDPi (1) decidieron quebrar definitivamente la frágil gobernabilidad paraguaya. Así, en poco más de 30 horas, asestaron un golpe mortal a la aún incipiente democracia del Paraguay con un juicio político amañado, basado en un libelo acusatorio con ambigüedades y generalidades, con plazos de ejecución sumaria que no permitieron defensa ni producción de pruebas, y sin que la misma acusación presentara evidencias que sustentaran las imputaciones de supuesto mal desempeño.

De hecho, no habría sido fácil probar las afirmaciones de que el gobierno encabezado por Lugo fuese un mal gobierno con los resultados a la vista del país y del mundo. Como ejemplos bastan los datos económicos recopilados por el periodista brasileño Paulo Daniel, basados en informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2), indicando la buena salud de la economía paraguaya, que pasaba por uno de sus mejores momentos en varias décadas. O los que exhibió Federico Franco, que era vicepresidente de Lugo y asumió el cargo tras el golpe, en una parodia de rendición de cuentas al Congreso el 1 de julio --diez días después de consumada la destitución--, donde se evidencian con claridad las mejorías en las políticas de protección social (3). O aquellos que figuran en las periódicas rendiciones de cuentas que realizaban las instituciones públicas (4).

Aun es difícil establecer en qué momento terminaron de confabularse quienes desde el día en que asumió Lugo quisieron deshacerse de un presidente que molestaba con su sola presencia, por una tímida identificación con la izquierda. El mandatario incomodaba a la cavernaria derecha criolla pese a que ni siquiera tuvo un discurso socialista radical en su campaña ni demostró, durante los casi cuatro años que estuvo en el poder, suficiente firmeza para producir transformaciones sustanciales del modelo económico productivo del país.

Lo más probable es que los pequeños pasos que se estaban dando en tal sentido fueran colmando la paciencia de los poderes fácticos del país. El incipiente análisis de la situación legal de las tierras, la inversión en agricultura familiar, la reticencia a aprobar el uso indiscriminado de transgénicos o el timorato control al uso de agrotóxicos que empezaban a ejercer las instituciones estatales, así como la libertad de debatir sobre los procesos de acumulación de la tierra como principal medio de producción en manos de una pequeña élite, no eran temas que la oligarquía paraguaya estuviera dispuesta a soportar de forma impasible.

Con la representación parlamentaria que estos sectores tienen en los partidos complotados (5), más la dirigencia política que se sumó de manera oportunista en su apetencia de cargos o por vendetta política tras haber sido apartados del entorno de Lugo (6), se logró cerrar el círculo del golpe. El escenario lo venían construyendo varios sectores, desde las dirigencias de los autodenominados sectores de la producción, agrupados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) hasta los medios de comunicación comerciales como el diario ABC Color, con sus claros llamados a deponer al gobierno que había asumido en agosto de 2008 (7).

El último acto se inició a partir de lo sucedido en una localidad de Curuguaty del departamento de Canindeyú, ubicado al norte del país, donde el 15 de junio, en un episodio que hasta hoy continúa confuso, fueron asesinados 6 policías y 11 campesinos.

El final de la obra tan anhelada por la derecha paraguaya se desarrolló con una velocidad inimaginable. El 19 de junio, la ANR decidió impulsar el juicio político. El 21 de junio a primera hora, el PLRA --en Comité Político y violando la decisión de su Convención partidaria-- decidió apoyar el juicio político. Dos horas después se reunió la Cámara de Diputados, y con el voto a favor de 76 parlamentarios y 1 en contra se aprobó la acusación, con un libelo acusatorio insostenible. Al mediodía del mismo día sesionó el Senado y en tiempo récord aprobó un reglamento que no existía para el procedimiento del juicio político, estableciendo plazos de ejecución sumaria.

Al día siguiente, a las 12 horas, asistieron los abogados del presidente Lugo a la sesión del Senado e indicaron que los plazos no correspondían a un juicio. Sus exposiciones evidenciaron claramente la inexistencia de fundamentos para el denominado juicio político. A las 16 horas se votó por la condena: 39 senadores de un total de 45 decidieron separar del cargo al presidente Lugo y de inmediato pusieron en funciones a Federico Franco.

Afuera, frente al Congreso, se había conglomerado una multitud llegada desde diferentes puntos del país, superando el clima de temor instalado por los medios de comunicación comerciales, que sutil o explícitamente llamaban a la no movilización ante las supuestas amenazas de violencia. En realidad, el único acto de violencia lo cometió el recién instalado gobierno de facto al lanzar gases lacrimógenos, chorros de agua y balines a una multitud de alrededor de 10.000 personas, que fue dispersada mientras los conspiradores y los ejecutores del golpe se abrazaban en el recinto parlamentario celebrando el éxito de su complot.

El resultado de estas aciagas 30 horas es la ruptura de un sistema de convivencia que, a duras penas, estaba forjando la sociedad paraguaya y cuya lenta construcción había empezado en febrero de 1989, después de los 35 largos años de dictadura estronista. Pero el retroceso no se limita a estos 20 años. El salto va muchos más atrás pues se han roto los supuestos básicos de las formas del pacto social.

El Paraguay vuelve a ese momento en el que no había postulados comunes y que dio paso a la larga noche de cercenamiento de libertades y derechos. Paraguay retrocedió 60 años en 30 horas. La resistencia a un gobierno usurpador, a las arbitrariedades, a la persecución ideológica y al totalitarismo tuvo que volver también al Paraguay, y mucho esfuerzo tendrá que ponerse nuevamente para que el sistema democrático se recupere.

* Ex ministra de la Función Pública entre agosto de 2008 y marzo de 2012. Renunció a su cargo al ser designada candidata a la Presidencia de la República por el Movimiento Político Kuña Pyrenda.

Notas

(1) ANR (Asociación nacional republicana o Partido Colorado), PLRA (Partido Liberal radical Auténtico, UNACE (Unión Nacional de Colorados Eticos), PDP (Partido Democrático Popular).

(2) Los datos indican que de 2007 a 2011, las inversiones líquidas pasaron de 199 a 566 millones de dólares. De 2010 a 2011 la inflación se redujo de 7,2% a 4,9% y las exportaciones e importaciones crecieron más de 20%.

(3) En su discurso ante el Congreso Nacional, Franco tuvo que admitir datos como los siguientes: el gobierno proveyó asistencia técnica a unas 150.040 familias campesinas (de las cuales 9.286 son familias indígenas provenientes de 273 comunidades), triplicando el número registrado de familias asistidas en 2008; en 2008 se registraba la construcción de 650 soluciones habitacionales, en tanto para 2011 el número había ascendido a 5.700; en 2008 había 86 camas de terapia intensiva, y en 2011 había aumentado a 273 camas; el almuerzo escolar llega a unos 37.000 alumnos en escuelas públicas de la capital y unas 1.677 instituciones educativas fueron reparadas.

(4) Los datos de los informes de rendición de cuentas de la Secretaría de la Función Pública dan cuenta de que durante el periodo de agosto 2008 a 2012 ingresaron a la función pública 16.500 personas a través de concurso público de oposición en cumplimiento de la ley 1626 del año 2000, que hasta agosto del 2008 no se aplicaba. Los informes del ministerio de Salud reflejan que desde septiembre de 2008 a 2011 se conformaron 704 equipos de salud de la familia, lo que significó la inclusión de al menos dos millones de personas al sistema público de salud.

(5) Varios parlamentarios han sido denunciados públicamente por sus vinculaciones con grupos delincuenciales asociados al narcotráfico o a al contrabando, así como por haber sido beneficiados con tierras estatales destinadas a la reforma agraria.

(6) Es el caso de los ex ministros de Obras Públicas, Efraín Alegre, y del Interior, Rafael Filizzola, destituidos por Lugo en junio de 2011.

(7) El diario ABC Color convocó en varias editoriales a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente, como puede verse en este párrafo de la editorial del 21 de septiembre de 2010: “Así como en el inicio de la Guerra del Chaco el Mariscal Estigarribia tuvo el coraje y la rectitud de conciencia para desobedecer la orden del presidente Eusebio Ayala de abandonar el fortín Boquerón --tan costosamente conquistado-- y retroceder hasta su cuartel general de Isla Po i, de modo semejante los comandantes militares ahora nombrados no se deben dejar manipular por el Comandante en Jefe para atentar contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, socavando su honor y tradición.”

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