Coyuntura

¿Paz para Colombia? Algunos avances en un camino sinuoso

Contra casi todos los pronósticos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está lejos de ser una pura continuidad del de Álvaro Uribe. Aunque ya se distanció de su antecesor en temas sensibles como las relaciones con Hugo Chávez y, más en general, con la región sudamericana, su apuesta de mayor calado es el inicio de negociaciones de paz con unas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muy debilitadas pero aún con capacidad de acción. Todos parecen tener algo que ganar con un acuerdo: la guerrilla busca renacer como fuerza política civil; Santos, por su lado, ansía un segundo mandato presidencial. Y eso hace que esta vez haya un moderado optimismo sobre la posibilidad de que termine el larguísimo conflicto armado colombiano.

¿Paz para Colombia? Algunos avances en un camino sinuoso

A finales de agosto, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo para iniciar negociaciones de paz en octubre de 2012 en Oslo y La Habana. Se trata de una hoja de ruta realista desde lo conceptual y desde lo formal. Ya en la antesala de las tratativas propiamente dichas, ambas partes realizan concesiones. Las negociaciones se establecen sin que exista un armisticio previo. Todos parecen tener algo que ganar: las FARC buscan renacer como fuerza política civil, Santos busca un segundo mandato presidencial. Si antes de finales de 2013 se llega a un entendimiento con un cese efectivo de los combates, Santos habrá garantizado su reelección en mayo de 2014. Para las FARC, el calendario parece ser aún más ajustado: en caso de alcanzar un acuerdo, necesitarán –durante su implementación y, sobre todo, tras el abandono de las armas y el regreso a la vida civil– un presidente que les inspire confianza tanto en el discurso como en las garantías de seguridad. Por lo tanto, la reelección de Santos también les sería favorable.

Sin embargo, los riesgos son altos: no está claro si las FARC podrán desmovilizar a la amplia mayoría de sus tropas y abandonar su participación en el negocio de las drogas, y tampoco se puede descartar que una parte de la organización se convierta en grupos criminales y narcomercenarios. Además, el gobierno debe garantizar la implementación de un acuerdo adecuado y evitar lo ocurrido en la segunda mitad de la década de 1980, cuando los paramilitares de derecha ejecutaron una verdadera masacre contra la Unión Patriótica, agrupación política formada por las FARC y sus aliados.

Acuerdo para las negociaciones de paz

Después de los primeros contactos mantenidos a comienzos de 2011 y de seis meses de conversaciones desarrolladas en La Habana a partir de febrero de 2012, el gobierno de Colombia y las FARC, la mayor organización guerrillera de ese país, firmaron un acuerdo el 26 de agosto de 2012 para iniciar las negociaciones de paz. El proceso se puso en marcha durante octubre en Oslo y, tras la ronda de diálogo inaugural en Noruega, seguirá su curso en la capital cubana. El «Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» es una hoja de ruta que abarca los correspondientes temas, procedimientos y perspectivas temporales estimados.

En la agenda hay seis temas (ver cuadro 2). No se fijan plazos, sino que se prevé la realización de «conversaciones directas e ininterrumpidas» para «concluir el trabajo sobre los puntos de la Agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible». Cuba y Noruega actúan como garantes, Chile y Venezuela son acompañantes, y se puede invitar a otros países de común acuerdo. Las reglas de funcionamiento determinan el tamaño de cada delegación (hasta 30 representantes, pero solo diez de ellos están habilitados para intervenir en la mesa de sesiones y hasta cinco serán plenipotenciarios), las consultas a expertos y la posibilidad de ampliar las formas de participación para las organizaciones y los ciudadanos interesados, siempre que haya acuerdo. Del mismo modo, el documento establece que habrá un mecanismo para dar a conocer el estado y los resultados de las negociaciones, aunque aclara explícitamente que las discusiones de la mesa no se harán públicas. Las conversaciones se darán bajo el principio de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».­

El acuerdo fue firmado no solo por los signatarios de las FARC y del gobierno colombiano, sino también por los representantes de los países garantes: Cuba y Noruega.

Concesiones mutuas

A la hora de fijar las condiciones previas y la agenda, ambas partes hicieron importantes concesiones. Hasta ahora, las FARC impulsaban un proceso similar a los fallidos diálogos del Caguán (1999-2002), es decir, un marco de conversaciones llevadas a cabo en una zona de tregua en Colombia, sin presencia de las fuerzas nacionales de seguridad y con negociaciones públicas sobre numerosos temas sociales, políticos y económicos. En gran medida, estas condiciones no se aplican: las conversaciones se desarrollarán fuera del país, sin que en su territorio se haya resuelto una tregua ni se hayan definido líneas de cese de fuego. Además, por primera vez en la larga historia de negociaciones frustradas entre la guerrilla y el gobierno, las FARC aceptan explícitamente que el objetivo es terminar el conflicto y lograr una paz duradera, para lo cual deben dejar las armas y reincorporarse a la vida civil. En otras palabras, la meta es el fin de la lucha armada y de las FARC como organización militar.­­­­­ Como contrapartida, en primer lugar, el gobierno acepta iniciar las negociaciones sin que se hayan cumplido previamente todas las condiciones exigidas. Si bien las FARC pusieron fin de manera oficial a la metodología de los secuestros y los últimos rehenes uniformados fueron liberados en abril y mayo de 2012, aún no se sabe si quedan civiles capturados (ni cuántos podría haber). Además, la organización no ha abandonado los atentados como método de lucha ni sus vínculos con el narcotráfico. En segundo término, el gobierno revisó lo que hasta ahora era un rechazo categórico y accedió a tratar otras temáticas en el marco de las negociaciones de paz. Esto implica que se debatirán algunas políticas que no guardan relación directa con el cese de los combates, el abandono de las armas y el regreso a la vida civil. Se trata sobre todo del primer punto de la agenda, el desarrollo agrario integral, pero también de la democracia y del problema de las drogas. Aunque el proceso de paz incluye diversos aspectos como las garantías políticas, la futura participación electoral de las FARC y, por supuesto, sus actividades de narcotráfico, existe la posibilidad de que la organización presente nuevas reivindicaciones a lo largo de las conversaciones. Si se compara con las demandas públicas realizadas anteriormente, las FARC ofrecen concesiones significativas; el gobierno, por su parte, incorpora a la agenda solo aquellos temas cuyos resultados, de acuerdo con lo previsto, serán políticamente aceptables.­