Coyuntura

Nicaragua: actores nacionales y fuerzas externas en las elecciones de 2006.

A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en Nicaragua cada una de las elecciones realizadas desde el fin de la etapa revolucionaria marcó el comienzo de cambios impredecibles y abruptos. Hoy, la política gira en torno del pacto bipartidista entre liberales y sandinistas, aunque las conducciones de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega están siendo amenazadas por nuevos liderazgos que denuncian la corrupción y la impunidad. La situación es aún más compleja debido a la influencia de actores externos, como Estados Unidos y Venezuela, que están adquiriendo un peligroso protagonismo con vistas a las elecciones del 5 de noviembre.

Nicaragua: actores nacionales y fuerzas externas en las elecciones de 2006.

La institucionalización de un sistema democrático requiere de un consenso social sobre las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad que sirva de marco a la competencia político-partidaria. En condiciones democráticas, ese consenso debe reflejar las obligaciones y los derechos de los diferentes sectores sociales. Si no existe, los resultados electorales no necesariamente gozan de legitimidad y, lo que es aún peor, la democracia electoral puede convertirse en un mecanismo para formalizar divisiones sociales expresadas a través de opciones partidarias.

Desde las elecciones de 1990, cuando se puso fin al experimento revolucionario sandinista, Nicaragua ha vivido una democracia electoral sin consenso social que ha mantenido al país en una situación de crisis institucional permanente. Cada una de las elecciones que se han realizado durante la llamada «transición democrática» ha abierto un horizonte político impredecible.

En ese sentido, todo indica que las elecciones del 5 de noviembre de 2006 no serán diferentes, ya que tampoco contarán con un consenso social que contribuya a afianzar la gestión gubernamental de quien resulte ganador. En Nicaragua, muchos de los factores que determinan el orden social se mantienen indefinidos: la prioridad que debe tener el tema de la pobreza en un país que hoy ocupa el segundo lugar en la escala de desnutrición en América Latina; las relaciones entre los poderes del Estado; el modelo de inserción internacional de la economía; las relaciones entre Iglesia y Estado; la puja entre presidencialismo y parlamentarismo y entre democracia representativa y democracia participativa, entre otras cuestiones.

Democracia electoral sin consenso social

El cambio de régimen iniciado en 1990 con el fin del experimento sandinista y la victoria de Violeta Barrios de Chamorro no se produjo en el contexto de un consenso sobre la manera de organizar la sociedad en la nueva etapa. El marco normativo de la reforma económica neoliberal impulsada por el gobierno fue prácticamente impuesto por los organismos financieros internacionales que apoyaban la transición. Ese marco, a su vez, impuso fuertes condicionamientos al modelo democrático y dificultó la articulación de un consenso que reflejara las necesidades y aspiraciones de una sociedad políticamente polarizada entre sandinistas y antisandinistas.

En las elecciones de 1996, la alianza liderada por Arnoldo Alemán y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo una clara victoria sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su candidato, Daniel Ortega. El liberalismo contó con el abierto apoyo de Estados Unidos y la Iglesia Católica. Entre 1997 y 2002, Alemán continuó el modelo económico del gobierno de Barrios de Chamorro e inició uno de los periodos más corruptos de la historia de Nicaragua. El reporte de Transparencia Internacional correspondiente al año 2001 colocó al país entre los quince más corruptos del mundo, y como el tercero más corrupto de América Latina.

Durante la presidencia de Alemán, además, ocurrieron varias quiebras de bancos privados que le costaron al Estado 7.000 millones de córdobas, lo que equivale a cinco veces el presupuesto anual de educación o 25 veces el presupuesto para la compra de medicinas (Gobierno de Nicaragua). Solo las pérdidas ocasionadas por la quiebra fraudulenta del Interbank costaron 300 millones de dólares. Ese banco funcionaba como el «centro del accionar empresarial del capital sandinista surgido de la piñata de los años 90». «La piñata» es la expresión con que los nicaragüenses hacen referencia a la adquisición ilegítima, por parte de políticos sandinistas, de propiedades públicas durante los meses posteriores a su derrota electoral en 1990.

La corrupción administrativa tuvo como contraparte el desmoronamiento doctrinario de los dos principales partidos políticos, que empezaron a funcionar como «pandillas» organizadas para defender sus propios intereses. El liberalismo del PLC se convirtió en una etiqueta para el mercadeo electoral. El FSLN, por su parte, abandonó sus principios revolucionarios para convertirse en una organización ultrapragmática que trabaja para mantener y ampliar su poder de cualquier forma. Ricardo Coronel Kautz, uno de sus principales dirigentes, defendía esta conducta argumentando: «la ética no es más que un prejuicio burgués».

Desprovisto de principios ideológicos, éticos o doctrinarios, el FSLN empezó a colaborar con el PLC. Utilizando su aplastante mayoría en la Asamblea Nacional, liberales y sandinistas terminaron repartiéndose el poder en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El pacto, además, hizo posible la aprobación de una ley que legalizó la «piñata» y abrió las puertas a una reforma constitucional que perpetuaría el poder de los dos grandes partidos.

Por otro lado, el acuerdo estableció un sistema de protección personal. Ortega hizo uso de esa protección cuando, amparado en su inmunidad parlamentaria y con el apoyo de liberales y sandinistas en la Asamblea Nacional, evadió las consecuencias legales de las acusaciones de abuso sexual formuladas en su contra por su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez. Arnoldo Alemán, por su parte, utilizó la inmunidad parlamentaria para tratar de evadir las acusaciones de corrupción que enfrentó al concluir su mandato presidencial.

Finalmente, el pacto obstaculizó la formación de agrupaciones políticas alternativas, y solo la independencia que mantenían las Fuerzas Armadas impedía la consolidación de una nueva dictadura en Nicaragua.

En 2001, Enrique Bolaños Geyer, vicepresidente de Alemán y coordinador de un inoperante comité creado para velar por la transparencia administrativa del Estado, fue elegido por el PLC, con apoyo del presidente, como candidato liberal. Al igual que su antecesor, Bolaños contó con el respaldo de la Iglesia y de EEUU.

En la campaña electoral, reflejando una vez más el espíritu fundacional e impredecible que han tenido las elecciones en Nicaragua durante la transición posrevolucionaria, Bolaños adoptó una consigna grandilocuente: «La nueva era». Por su parte, los sandinistas y su candidato, Daniel Ortega, ofrecían a los electores «la tierra prometida». Ambos partidos, en otras palabras, proponían crear una «nueva Nicaragua», mostrando, de esa manera, la ausencia de un consenso nacional institucionalizado sobre la naturaleza básica del orden social en el país.