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Más poder para las corporaciones. Democracia y financiamiento electoral

El financiamiento electoral en Estados Unidos es actualmente una de las grandes limitantes de la democracia y, pese a las restricciones legales, las corporaciones logran financiar a candidatos afines a sus intereses. No se trata solo de los republicanos: en 2008, Obama demostró ser un recaudador de fondos particularmente eficaz al reunir cerca de 750 millones de dólares provenientes de individuos y grupos contribuyentes. Aunque las encuestas muestran que la reforma política cuenta con el apoyo de la mayoría, los grupos de interés vienen ganando la partida.

Más poder para las corporaciones. Democracia y financiamiento electoral

Cansados de diez años de guerras que cada vez parecen tener menos sentido y preocupados por una economía estancada que ha dejado a millones sin trabajo, los estadounidenses están enojados y profundamente divididos mientras se acercan las elecciones presidenciales de 2012. La brillante promesa que acompañó la elección de Barack Obama en 2008, al igual que el orgullo que millones de personas sintieron con la asunción del primer presidente afroamericano de la Nación, han desaparecido. Desde la derecha, Obama es visto como un derrochador y un partidario de las regulaciones gubernamentales que frenan el crecimiento económico y la libertad personal. Desde la izquierda, los progresistas lo ven como un líder dudoso que se alejó demasiado rápido del tipo de programa de estímulo económico masivo necesario para reactivar la achatada economía de la nación, que renunció con demasiada facilidad a su plan de concretar un programa de seguridad social administrado por el gobierno para los millones de estadounidenses que no pueden pagar un seguro de salud privado, y que se dejó convencer para continuar, e incluso profundizar, el compromiso estadounidense con la guerra en Afganistán.

Desde mi punto de vista, como líder de un grupo militante progresista, tal vez el hecho más inquietante de la presidencia de Obama haya sido su incapacidad para detener o incluso disminuir el crecimiento del formidable poder político de las corporaciones más grandes de EEUU y de un puñado de ciudadanos súper ricos. Estas fuerzas están invirtiendo millones de dólares en intentos de desmantelar la red de seguridad social que los progresistas crearon en las décadas de 1960 y 1970, hacer retroceder o eliminar las leyes de aire y agua limpios, proteger a los bancos y al sector financiero de una regulación sensata y reducir los impuestos que recaen sobre las corporaciones y los ricos. Y, al menos por ahora, están ganando. Con la ayuda de la Corte Suprema, las grandes empresas y los ricos han obtenido permiso para invertir millones de dólares adicionales en las campañas políticas, lo que aumenta su capacidad de sofocar las voces de los candidatos progresistas. En 2010, ese dinero ayudó a elegir a decenas de nuevos congresistas, senadores y representantes de los estados dedicados a socavar la agenda progresista.

Los grandes intereses económicos también han logrado rechazar los intentos llevados a cabo en el Congreso y por el propio Obama de limitar su poder a través de la divulgación pública de los gastos políticos. Ahora están en medio de una campaña nacional para dejar fuera de los derechos electorales a millones de jóvenes, inmigrantes recientes y ancianos, grupos que suelen apoyar a los candidatos progresistas1.En este marco, puede ser instructivo hacer un poco de historia y ver cómo EEUU llegó a esta situación. Puesto que los medios de comunicación están en manos privadas y los candidatos y los grupos con mensajes políticos deben comprar publicidad para promover sus puntos de vista y sus campañas, la recaudación de fondos y el apoyo de determinados intereses económicos se vuelven fundamentales para el éxito político. En la década de 1970, tras el escándalo del Watergate y el abuso del dinero de campaña que acompañó el caso, EEUU adoptó un sistema de uso de fondos públicos para pagar las elecciones presidenciales. Y, al aceptar ese dinero, los candidatos acordaron acatar límites en sus gastos.

El sistema funcionó relativamente bien durante un tiempo. Pero hacia 2008 estaba claro que los candidatos presidenciales podían obtener más dinero de contribuyentes privados que el disponible de los fondos públicos. En ese año, Obama demostró ser un recaudador de fondos particularmente eficaz, al reunir cerca de US$ 750 millones provenientes de individuos y grupos contribuyentes. Se convirtió en el primer candidato en rechazar los fondos públicos, pero se considera seguro que ya no será el único y que tanto él como su eventual oponente republicano harán lo propio en 2012.

El poder político de las empresas y los ricos también ha aumentado debido a las acciones de la Corte Suprema. En 2010, el tribunal falló en favor del grupo Citizens United, que afirmaba que las compañías y los sindicatos tienen derecho, bajo la Constitución estadounidense, a gastar fondos en la política. La decisión levantó las restricciones sobre el gasto político corporativo que habían estado en vigor durante décadas y llevó a que asociaciones de negocios como la Cámara de Comercio de EEUU y compañías multimillonarias como Exxon Mobil, la procesadora de tabaco y alimentos Altria y las gigantes Koch Industries (energía y manufactura) vertieran cientos de millones de dólares en las campañas parlamentarias de 2010.

Aproximadamente la mitad de esas contribuciones fueron hechas a través de comités políticos de creación reciente, que no forman parte de ningún partido político y a los que se les permite ocultar la identidad de sus contribuyentes. La ley de EEUU sigue prohibiendo las contribuciones directas de las empresas a los candidatos, pero permite donaciones ilimitadas a estos nuevos grupos. El dinero ayudó, así, a elegir a decenas de nuevos congresistas y senadores hostiles a Obama y a su agenda política.Las grandes empresas y los ricos siempre han tenido un poder enorme en EEUU. Emplean a miles de lobbystas, incluyendo a muchos que anteriormente se desempeñaron como miembros del Congreso o como altos oficiales en el Ejército, para argumentar y operar en su favor en Washington y en las capitales de los estados. También dedican millones de dólares a las campañas políticas. Pero el caso de Citizens United expandió de manera espectacular la influencia empresarial. Abrir los fondos corporativos a los gastos de campaña dio acceso a los actores políticos a una nueva fuente de dinero y otorgó a las empresas una nueva herramienta con la que ejercer influencia. Cientos de estos grupos están surgiendo a medida que se acerca la campaña de 2012. Algunos se han iniciado en nombre del presidente Obama y otros candidatos demócratas, pero se espera que la mayoría apoye y provea de dinero en apoyo de los republicanos proempresariales.

Al tiempo que amplió las oportunidades para que las empresas y los grupos de interés especial inviertan en la política, la Corte Suprema también ha limitado los intentos de algunos estados de crear una manera diferente y mejor de pagar las campañas políticas. En Maine, Arizona y Connecticut, entre otros estados, las leyes de «elecciones justas» (fair elections) o «elecciones limpias» (clean elections) fueron aprobadas durante la década de 1990 y más tarde permitieron a los candidatos recibir dinero público para sus campañas a cambio de la promesa de renunciar a otras fuentes de financiamiento. La Corte Suprema invalidó muchas de esas leyes este año, argumentando que limitaban el discurso de los candidatos que optan por no participar en el sistema de financiación pública.

En el ámbito nacional, se ha redactado una propuesta de «Ley de Elecciones Justas Ahora», de manera tal de sortear las restricciones impuestas por la Corte. Sin embargo, sus perspectivas de promulgación son prácticamente nulas. No obstante, los progresistas están explorando otras vías para contrarrestar el poder político corporativo. Las legislaturas de varios estados están considerando proyectos de ley que obligarían a las empresas a –por lo menos– informar a los accionistas sobre sus gastos políticos. Los partidarios de esta idea creen que un número importante de accionistas rehusará que su dinero sea utilizado para apoyar a candidatos a los que se oponen personalmente. Y una serie de grupos de interés público están presionando a los líderes empresariales a renunciar al uso de dinero corporativo para fines políticos.Si bien las perspectivas para la aprobación de nuevas leyes de financiamiento de campaña no son prometedoras, los progresistas pueden entusiasmarse con los resultados de repetidas encuestas de opinión pública que muestran un fuerte apoyo a los cambios que limitarían el poder de las empresas y del dinero corporativo en la política estadounidense. El desafío es traducir ese apoyo en votos y en la elección de representantes que estén comprometidos con la reforma y que no abandonen tal compromiso cuando los intereses económicos se pongan en su contra.

  • 1. Las medidas que varias legislaturas estaduales ya aprobaron o están discutiendo tienen por objeto limitar la participación electoral a través de requisitos de identificación con foto, la restricción del voto anticipado y en ausencia, e incluso la eliminación de la posibilidad de registrarse el mismo día de votación.