A 124 años de la fundación de la República de Cuba, bajo un esquema de soberanía incompleta, Estados Unidos vuelve a imponer sus términos en la experiencia histórica de la isla. Lo que se ha anunciado en las últimas semanas, que en Miami se celebra como una liberación y en La Habana se denuncia como una agresión, se parece al rudo tanteo de una fusión empresarial.

El consorcio militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) —holding creado en los años 90 bajo control del ejército y hoy extendido al turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas— es, en la práctica, el núcleo económico del Estado cubano. Por eso las sanciones más recientes de Washington lo han tenido por objetivo. Estas abarcan también a once funcionarios del gobierno cubano y a la familia del presidente Miguel Díaz-Canel, y a ellas se suma la imputación de Raúl Castro por la fiscalía federal del sur de Florida, acusado por el derribo, hace 30 años, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Se trata de cargos cuya instrumentalización política es evidente, con un efecto coercitivo muy real sobre La Habana, sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro en la propia residencia presidencial.

Sin embargo, esa batería de medidas no busca tanto la aniquilación de esa elite —que no es pequeña ni fácilmente reemplazable— como la absorción o integración de al menos una parte de ella en un esquema de inversiones y créditos provenientes de Estados Unidos con un fuerte peso del capital cubanoestadounidense. Lo sugieren las herméticas e inconclusas conversaciones entre ambos gobiernos: en ellas, la parte cubana ha mostrado interés en inversiones directas, de capital 100% privado, en puertos, minería, turismo, energía y banca. La presión punitiva y la negociación son, en ese sentido, dos caras del mismo proceso.

La embestida sobre las áreas que controla Gaesa, unida a la paralización energética del país, han ido produciendo un desgajamiento sucesivo de empresas asociadas al conglomerado. Luego de la minera canadiense Sherritt, han anunciado su salida las cadenas hoteleras Iberostar, Meliá, Blue Diamond, así como las multinacionales Visa y Mastercard, con lo cual más de la mitad del emporio turístico de Gaviota, uno de los tentáculos de Gaesa, queda inmovilizada. El turismo, principal fuente de ingresos de la economía cubana, que en 2025 ya había caído 55%, podría descender en más de 70% al final de este año.   

La neutralización del turismo y de las remesas completan el cerco petrolero contra una economía cada vez más dependiente e improductiva. Estados Unidos está ejerciendo, de facto, desde hace cinco meses, un control energético sobre Cuba. Tras la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, Washington ha logrado impedir el ingreso regular de petróleo a la isla proveniente de México o Rusia. A su vez, Estados Unidos habilitó una suerte de canal energético paralelo: la autorización de ciertas exportaciones de petróleo y gas a Cuba exclusivamente para empresas y personas privadas, bajo la llamada Excepción de Licencia SCP, que excluye expresamente cualquier transacción que involucre al gobierno cubano o sus instituciones. Es decir, el gobierno de Trump diseñó una estrategia que bypasea al Estado cubano y alimenta directamente al sector privado. En la práctica, Estados Unidos podría así convertirse en el principal obstructor y en abastecedor de la poca energía que llega a la agotada población cubana. También es, de hecho, el principal vendedor de medicinas y alimentos, y sobrepasa con ventaja las dotaciones de ayuda humanitaria que llegan desde China, Rusia, España, México, Brasil, Colombia o Uruguay.

Raúl Castro tiene 95 años y desde que se completó la sucesión que dejó en la presidencia a Miguel Díaz-Canel, no ocupa cargos formales en el Estado, el gobierno o el partido. Su sucesor es un político nacido después de la Revolución de 1959 que se estrenó en el poder junto con la nueva Constitución de 2019. Sin embargo, aquella sucesión nunca ha sido plenamente creíble dentro y fuera de la isla.

La tensión se vincula a la ideología conservadora del poder cubano. La sucesión se produjo, pero la mayor capacidad de decisión quedó concentrada en una nueva elite militar, empresarial y burocrática que emergió de dos instituciones controladas durante décadas por Raúl Castro: el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Esa reproducción cupular se vio reforzada por el discurso continuista –«somos continuidad», repetía orgullosamente Díaz-Canel– del propio sucesor.

La ideología oficial cubana no solo preservó intacto el relato de la vigencia de la Revolución, sino que lo ha reforzado hasta la saciedad en los últimos años. Por encima de una realidad que se cae a pedazos, se tejió una trama simbólica que intentaba revivir a Fidel Castro y presentar a su hermano Raúl como un político distinto del que fue en funciones. Sus intentos de reforma entre 2011 y 2013 y su normalización diplomática con Barack Obama entre 2014 y 2016 se vieron ensombrecidos por aquella narrativa continuista.

Mientras la depresión irreversible de todos los indicadores económicos y sociales a partir de 2018 pasaba factura al gobierno de Díaz-Canel, este se mostraba cada vez más represivo e intolerante con las protestas populares, la disidencia artística e intelectual, el activismo de las mujeres, las comunidades LGTBI+ o los afrodescendientes y las voces en favor de cierta apertura en el interior del poder, en un giro contrarreformista que coincidió con la emergencia del trumpismo en Estados Unidos.

La imputación penal de Raúl Castro en Estados Unidos se produce en el marco del colapso de la isla, su cerco energético, su dependencia fáctica de Estados Unidos y el rearme del intervencionismo hemisférico en Washington, a partir de la reactualización de la Doctrina Monroe (o Donroe, por Donald Trump). Tras la captura de Nicolás Maduro y su procesamiento judicial en Nueva York, la desarticulación del bloque bolivariano solo dejaba en pie a Cuba, que carecía de un proyecto de transición.

La parálisis de la isla, reconocida por el propio gobierno de Díaz-Canel, abrió la posibilidad de una negociación entre Washington y La Habana. Por lo menos tres veces se han reunido representantes de ambos gobiernos entre febrero y mayo de 2026. Con las sanciones a Gaesa y la causa abierta contra Raúl Castro se llega al punto de máxima presión, previo a la consumación del pacto o a una escalada mayor e irremediable en el Caribe.

La apuesta de Estados Unidos no es otra que inscribir a Cuba en una gran red de extractivismos caribeños. Trump lo deja en claro al alentar la venta de los activos de la minera canadiense Sherritt -que explota níquel y cobalto en Cuba desde los años 90- a Gillon Capital, fondo de inversión vinculado a Ray Washburne, ex-funcionario de su propia administración. Si la operación se concreta y Sherritt pasa a tener capital mayoritario estadounidense, la empresa podría solicitar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros un permiso especial para operar en la isla, algo viable tratándose de minerales estratégicos como el níquel y el cobalto. El bloqueo no se derogaría: simplemente dejaría de aplicarse a los nuevos propietarios. Lo que durante décadas fue un instrumento de presión política se convertiría, por la vía de los hechos, en una palanca de acceso preferencial para el capital estadounidense.

Del lado cubano, la presencia del nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido popularmente como «El Cangrejo», en varios de los intentos de diálogo entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba en los últimos meses deja clara la tendencia dinástica del régimen. Durante años, el gobierno de la isla ha negado la existencia de un clan familiar y ha insistido en el peso de sus instituciones. Pero el protagonismo de Rodríguez Castro en todo este proceso pareciera funcionar como una confirmación del poder familiar. Habrá que ver si estas negociaciones constituyen un recurso distractor, que le permita al gobierno de la isla ganar tiempo sin hacer concesiones decisivas, o el punto de partida de un verdadero compromiso, cuyo desenlace podría ser el acoplamiento gerencial que se insinúa en las negociaciones. 

Por el momento, nada parece poder frenar una recolonización estadounidense de Cuba, después de los largos periodos de dependencia histórica de la isla de la Unión Soviética y del bloque bolivariano. Lo único que podría contener las tendencias oligárquicas actuales sería lo que ningún actor involucrado contempla como desenlace: una verdadera ciudadanización de la República, un rescate de la soberanía originaria del pueblo cubano o una transición pacífica a un sistema democrático. Algo que requiere una participación activa de una sociedad desarticulada por seis décadas de estatización de la vida social, agotada por una crisis interminable y sin confianza en el futuro.