Tema central

Los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil y Uruguay frente a las privatizaciones

Las privatizaciones ponen a los gobiernos progresistas ante un dilema. En Brasil, la gestión del Partido de los Trabajadores no ha intentado ninguna alteración de la estructura de propiedad de las empresas privatizadas e incluso ha avanzado en nuevas modalidades de «asociación público-privada». En Argentina, donde las privatizaciones fueron más radicales, el gobierno de Néstor Kirchner reestatizó empresas de correo, aeropuertos y agua y creó una nueva compañía pública en el sector de la energía. En Uruguay, la gestión del Frente Amplio tuvo que responder a una opinión pública que se manifestó masivamente en contra de las privatizaciones. Estas medidas, aunque adoptadas en el marco de programas macroeconómicos ortodoxos, generan dudas acerca del futuro de la inversión pública y privada y de las capacidad para sostener el crecimiento económico.

Los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil y Uruguay frente a las privatizaciones

Un problema que se manifiesta al intentar el análisis de las políticas económicas y sociales de los actuales gobiernos progresistas de América Latina es su caracterización ideológica, ya que en la literatura académica y política se utilizan diversos adjetivos, no siempre análogos o de sentido único. Mientras algunos analistas se refieren a administraciones de «izquierda» o de «centroizquierda», otros aluden a gobiernos «progresistas» o a regímenes «populistas». El problema se agudiza al considerar que ninguna de estas calificaciones es asumida por al menos un líder de los gobiernos incluidos en este grupo. En el caso de Argentina, el sustrato ideológico de la presidencia de Néstor Kirchner remite al peronismo, fenómeno político y social muy complejo y de difícil definición conceptual.

Sin optar en forma rígida por una u otra caracterización –y más allá del debate no siempre teóricamente relevante o políticamente útil sobre la existencia de una, dos o varias izquierdas en la región– es válido identificar a algunos gobiernos latinoamericanos actuales como integrantes de un conjunto que, aunque no es homogéneo en términos ideológicos, parece convergente en la promoción de opciones superadoras de la visión centrada en el mercado. Pese a ello, es preciso destacar que ninguno de los tres gobiernos considerados en este artículo ha desarrollado alternativas reales al paradigma neoliberal.

El presente artículo tiene por objetivo presentar un panorama comparativo de las diversas posiciones asumidas por los gobiernos de izquierda ante la disyuntiva Estado versus mercado y de las perspectivas de gestión de las empresas públicas, especialmente en la provisión de servicios. El análisis estará centrado en tres casos concretos: Brasil bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT), desde enero de 2003 al presente; Argentina durante la gestión neoperonista de Néstor Kirchner, desde mayo de 2003 hasta hoy; y Uruguay bajo la presidencia frenteamplista de Tabaré Vázquez, iniciada en marzo de 2005.

El legado neoliberal

A lo largo de la década del 90, los gobiernos latinoamericanos implementaron ambiciosos procesos de privatización de las empresas públicas y del parque productivo hasta entonces bajo control del Estado. Las privatizaciones alcanzaron a diversos sectores de infraestructura y de servicios públicos y a una porción significativa del sistema financiero.

En Brasil, el proceso de privatización se inició –sin considerar las medidas implementadas desde los 70 por el régimen militar– en 1990, bajo el gobierno fallido de Fernando Collor de Mello. Sin embargo, el desmantelamiento de la intervención estatal en las áreas de servicios públicos e infraestructura tuvo que esperar hasta la llegada a la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. Durante sus dos mandatos, entre 1995 y 2003, el gobierno privatizó una importante cantidad de empresas públicas: corporaciones mineras, ferrocarriles, puertos, carreteras, telecomunicaciones, bancos y servicios de agua y saneamiento. En el sector de servicios, las privatizaciones más espectaculares –y más resistidas por la población– se realizaron en las áreas de electricidad y telefonía, incluyendo a las grandes empresas Light, en 1996, y Telebrás, en 1998. El resultado final tras una década de privatizaciones fue la venta de 115 empresas públicas por un total de 69.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, el gobierno impulsó la construcción de un nuevo marco regulatorio con la creación de diversas agencias públicas de monitoreo y contralor de la gestión de las empresas privatizadas. Los entes reguladores surgieron con el objetivo declarado de fijar reglas claras y fiscalizar la actuación de las compañías prestadoras de servicios. Pese a haber sido concebidos como organismos autónomos, supuestamente libres de interferencias gubernamentales y corporativas, desde su creación han sido objeto de múltiples cuestionamientos por su frágil independencia institucional y su rol en la formulación de políticas públicas.

Según muchos analistas, a diferencia de lo observado en otros países de la región, las privatizaciones en Brasil habrían dado lugar a significativos avances sociales, evidentes por ejemplo en el hecho de que hoy casi 100 millones de personas cuentan con teléfonos celulares. Desde una perspectiva más crítica, se ha argumentado que hay otros factores que explican los avances de los últimos años. Por ejemplo, se afirma que el desarrollo de la telefonía celular tendría más que ver con la revolución tecnológica mundial que con la política de privatizaciones.

Otras voces críticas argumentan que en demasiados casos la inversión y el mantenimiento de los servicios privatizados fueron posibles con financiamiento del propio Estado. En el caso específico de las telecomunicaciones, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) invirtió 6.000 millones de dólares entre 1998 y 2001. Además de aumentar el gasto público y el endeudamiento del país, los costos fueron transferidos a los usuarios a través de aumentos abusivos en las tarifas telefónicas. De acuerdo con datos del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), el costo del servicio telefónico entre 1998 y 2006 aumentó 156%, frente a un índice inflacionario de 56% para el mismo periodo. En un reciente comunicado, el Idec sostuvo que «buena parte de los problemas se originan por haber copiado un modelo externo, con una lógica que no se adapta a nuestra realidad. El aspecto de la inclusión social, que es el más terrible en nuestro caso, fue en general considerado en forma negligente». El IDEC analizó el registro de aumentos de tarifas no solo en el sector de la telefonía, sino también en el sector eléctrico y los servicios de agua y saneamiento, y afirmó que «la ampliación del acceso a servicios ofrecidos por el poder público no se produjo tal como habían previsto los defensores de las privatizaciones: las metas fijadas en el contrato no fueron cumplidas y los pobres fueron dejados de lado».