¿Participan las multilatinas en el denominado “proceso de captura del Estado”? La respuesta a esta pregunta trascendental no es para nada sencilla pero la discusión no solo es inevitable sino crucial para el actual contexto de América Latina.
Los especialistas en estas empresas abordan sus orígenes y su desarrollo, en particular durante el periodo de la bonanza que se extendió entre 2002 y 2013. En ese tiempo, las multilatinas aparecieron como actores “emergentes” del mundo global. Javier Santiso afirma entusiasmado que en el 2000 ingresamos a un nuevo mundo empresarial marcado por la presencia de las multilatinas, empresas que se proyectaron a otros mercados comprando o instalando plantas1. La literatura especializada producida por los expertos (sin mayor sentido crítico y vinculados a las corporaciones) difundió la buena nueva: América Latina generaba empresas globales competitivas dispuestas a asumir grandes retos.
Más que un movimiento global, las multilatinas expresaban un movimiento de capitales Sur-Sur con poca presencia en el Norte globalizado. Su proyección hacia el exterior se concentra en países vecinos y enfrenta crecientes problemas financieros y tecnológicos, además del posible desplazamiento de empresas más agresivas. A pesar de ello, no hay duda de que su presencia en las estructuras del poder económico –acompañando a viejas y nuevas multinacionales y a los grupos de poder económico locales–, tiene fuerza e importancia tanto en términos económicos como políticos.
Datos de las 500 multilatinas más grandes al 2010 muestran que 223 provienen de Brasil, 117 de México, 65 de Chile, 32 de Argentina, 26 de Colombia y 22 de Perú. Luego siguen países como Venezuela con tres (habiendo tenido 11 en 2005), y otras siete de países de menor tamaño que oscilan entre tres y una. Resulta evidente que los mercados y países con dimensiones geográficas más importantes generan una mayor cantidad de multilatinas que, a la vez, son las más fuertes y poderosas. Pero también debemos considerar la política económica. A pesar de ser de menor tamaño, Chile está en tercer lugar seguido de Argentina. La razón es simple: su política pro-mercado inaugurada en 1973. Por su parte, Venezuela se ha achicado, perdiendo posiciones por razones de política y crisis interna.
Las 500 multilatinas más grandes se concentran en el sector extractivo-exportador con un 58% de las ventas totales (28% en minería, 12% en petróleo y gas, 12% en agroindustria:, y otras), seguido por el de bienes de consumo (alimentos 10% y bebidas 7%), teniendo menor presencia en otras manufacturas como papel, siderurgia, electrónica y petroquímica.
Datos elaborados por el autor a partir del ranking de AméricaEconomía revelan otros aspectos de las 60 multilatinas de mayor importancia y dimensión2. En el año 2016, seguían predominando las de países más grandes y globalizados: Brasil y México con 15 cada uno, Chile con 12, Argentina con cinco, Colombia con siete, Perú con tres, y Panamá y Venezuela con una cada uno. No contamos con información sobre el peso que tienen en el conjunto de cada economía nacional, pero es probable que su importancia sea mayor en los países donde han concentrado sus operaciones y que aumente mientras más pequeño sea el país. Las 60 multilatinas más grandes tienen en promedio un valor de ventas de U$ 10,275 millones, y una concentración de ventas fuera de su país de origen de 54%, lo que corrobora que los mercados externos son un factor clave de sus ganancias. El promedio de países donde operan es de trece, y el promedio de empleados que contratan en todos los países donde actúan es de 44.640. Por ende, las más grandes están proyectadas a muchos países de la región y constituyen importantes empleadores.
Mientras se desarrollaba la discusión sobre el poder estructural de las multilatinas, diversos politólogos y economistas comenzaron a discutir (sin hacer referencia explícita a estas empresas) la manera en la que las grandes corporaciones se proyectaron a la política y lograban “capturar el Estado”. Estas discusiones fueron iniciadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), preocupados por las “desviaciones” de los países de la ex Unión Soviética que particpan del modelo de market democracies3. A inicios del 2000 sostenían que las empresas “compraban leyes”, habiendo desarrollado formas de “influencia indebida” contrarias a las políticas de mercado. Esta corriente fue luego cuestionada por especialistas centroeuropeos y latinoamericanos que señalaron a las corporaciones como los principales “actores captores” pero indicando que la captura se realizaba también por medios lícitos para “dictar leyes”, lo que no descartaba el soborno.
Más recientemente, a partir del escándalo de corrupción brasileño conocido como “Lava Jato” – en el que participan Odebrecht y otras constructoras multilatinas— y las revelaciones sobre guaridas tributarias del caso Panama Papers, la discusión ha comenzado a girar más en torno a la corrupción y la evasión tributaria. Los dos casos revelan que estas empresas han combinado mecanismos de influencia política tanto lícitos como ilícitos y que, como parte de su proyección hacia el exterior, también han formado empresas en guaridas fiscales, ya sea para erosionar la base tributaria o facilitar el pago de sobornos.
En paralelo, comienza a discutirse a nivel global la cuestión de la captura del Estado por parte de las corporaciones, lo que incluye a los países desarrollados4. Esta línea de análisis tiene como trasfondo las preocupaciones por el incremento de la desigualdad y la erosión de las bases tributarias. Sabemos que la globalización concentra poderes en corporaciones que tributan menos, siendo al mismo tiempo más difícil su fiscalización. Esta tendencia preocupa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a su destacado Plan sobre la Erosión de la Base imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Asimismo, ONGs globales como Oxfam y Center of Concern sostienen que existen mecanismos políticos que generan y reproducen esta concentración de poder, provocando una asimetría creciente de influencias que lleva a la captura del Estado. Tanto el mercado monopolizado como la política de influencias y privilegios están detrás del fenómeno de la reducción de las clases medias y el aumento de la desigualdad en Estados Unidos y Europa.
Es posible argumentar que la captura del Estado es más pronunciada en países que mantuvieron el modelo económico de libre mercado (Alianza del Pacífico) y en países que han vuelto a retomar esta senda, como se evidencia en algunas naciones del Cono Sur. Sin embargo, no se descarta que el fenómeno de altos niveles de influencia corporativa sobre el Estado para generar rentas, disminuir el pago de impuestos y desorganizar a la clase trabajadora, asuma formas más sutiles en países como Bolivia o Ecuador, donde las corporaciones y las multilatinas no dejan de tener influencia5. Operan en un contexto de mayor autonomía del Estado y pérdida relativa de poder político de las corporaciones pero mantienen su poder estructural pudiendo generar a futuro condiciones de captura cuando ocurra un desplazamiento del poder, como ya sucede en Brasil y Argentina. Esta es otra razón por la cual es importante seguir el rastro a las multilatinas y entender mejor su accionar político como parte de un bloque mayor de fuerzas corporativas.
La participación de las multilatinas en procesos de captura política que han dado lugar a una influencia directa que las beneficia es un tema importante, pero poco investigado. Sin embargo, las revelaciones del caso Lava Jato en Brasil, en particular de las multilatinas constructoras como Odebrecht, Camargo Correa y otras, revelan que combinan no solo mecanismos legales (en particular la financiación de partidos, que ha condicionado el proceso de toma de decisiones para ser favorecidos con contratos de obras públicas), sino que en paralelo han recurrido de modo sistemático, organizado y “creativo” al soborno de funcionarios públicos y la financiación de campañas, utilizando tanto empresas off shore (por ejemplo, Odebrecht en Panamá) como mensajeros (doleiros) que llevaban dinero en efectivo. Gracias a la delación premiada, el caso Odebrecht demuestra que al proyectarse al exterior (América Latina y África, 26 países en total) han desarrollado un modelo de influencias ilícitas como parte de su modelo de negocios, llegando a institucionalizarlo. Este es un caso interesante de captura corporativa que comprueba que estos favores del Estado para ganar contratos tuvieron como consecuencia un aumento considerable de los costos de las obras públicas. De acuerdo al periódico Folha de Sao Paulo, esta cifra de sobrecosto llega a los U$6.000 millones.
La conclusión es evidente: hay que seguir investigando a este nuevo actor para identificarlo mejor pero sin caer en la trampa laudatoria. Es preciso atar cabos viendo tanto los casos de éxito como los de fracaso para comprobar hipótesis e identificar tendencias, avanzando con estudios más sistemáticos de los distintos países para luego discutir el peso y los roles de las multilatinas en el continente. Asimismo, es preciso entender mejor cómo se proyectan a la política, qué mecanismos de captura usan, qué tanto recurren a los ilícitos, qué clase de regímenes son más propensos a la captura corporativa y cuáles son los costos institucionales y materiales de este fenómeno. Debemos relacionar las discusiones y comprobaciones empíricas más recientes sobre el peso las multilatinas con la discusión de captura corporativa del Estado. Este es un reto para las generaciones actuales de investigadores con sentido crítico y visión de futuro.
