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Las encrucijadas de la política migratoria cubana

La migración constituye hoy una pieza clave de la realidad cubana. Buena parte del consumo familiar depende de las remesas, mientras que el Estado compensa sus crónicos déficits financieros exigiendo una serie de pagos leoninos por servicios diversos. Al mismo tiempo, los migrantes han sido despojados de todos sus derechos ciudadanos, incluyendo el de volver a vivir en el país en que nacieron. Hace más de un año, Raúl Castro anunció una «actualización» migratoria que levantó numerosas expectativas. Cuando finalmente se dio a conocer el contenido de la reforma, todo indica que se trata de pasos muy parciales, ciertamente positivos, pero que no dan solución a un problema que la sociedad cubana, eminentemente transnacional, debe resolver.

Las encrucijadas de la política migratoria cubana

Si consideramos que el general Raúl Castro lleva seis años al frente del gobierno cubano y evaluamos lo que ha logrado hacer, no hay más remedio que pensar que su llamada «actualización del modelo» solo ha estado arañando la superficie de lo que supuestamente quiere cambiar. Ni siquiera nos queda claro qué significa «actualización», mucho menos las implicaciones de la palabra «modelo» en un país donde la asistematicidad ha sido la cualidad principal de la gestión pública. Y luego, todo se hace, dice el general/presidente, «sin prisa pero sin pausa», lo que en realidad significa un ritmo lento y cansón, fatal para una sociedad que se empobrece, se aburre y decrece demográficamente. Le sucede con todo lo que toca y le ha sucedido de manera muy particular con lo que ha denominado la «actualización migratoria».

Durante 14 meses –desde agosto de 2011 hasta octubre de 2012– los cubanos vivieron pendientes de la anunciada reforma, un tema vital para una sociedad que es eminentemente transnacional1. Catorce meses en que la población sospechaba que algo se movía, pero no conocía qué temas, ni los timings acordados, ni si finalmente iban a ser consultados sobre un asunto tan delicado que a todos concernía.

Por fin, el 16 de octubre de 2012 fueron publicados en la Gaceta Oficial tres decretos leyes y una decena de resoluciones que modifican la ley 1.312 de 1976, una ley que nadie tomaba en cuenta pues el tema migratorio estaba regido por reglamentos y prácticas solapados y dictados de acuerdo con las coyunturas, y que tenían como denominador común un concepto restrictivo de la migración y una ambición expoliadora de su uso.

Cuando se contrastan los contenidos de las modificaciones con el tiempo empleado en la elaboración de la propuesta legal, y a ello se adiciona el impenetrable secretismo que moldeó todo el proceso, no queda más remedio que reconocer que ha sido un asunto arduo y complejo para la elite política posrevolucionaria. Los resultados obtenidos –aunque positivos– dejan los problemas fundamentales en el mismo lugar en que estaban y la mayoría de los vítores granjeados tiene tres fuentes: la lealtad política, la diplomacia o la ignorancia. En ningún caso, un ejercicio crítico bien informado.

En mi opinión, la dilación y lo magro de las decisiones han estado ligados a tres tipos de problemas. El primero de ellos se refiere a la dificultad para satisfacer los requerimientos del deber ser de cara a las exigencias de la gobernabilidad. Inobjetablemente, Cuba –a pesar de que es signataria de todos los acuerdos internacionales al respecto– muestra uno de los regímenes migratorios más excluyentes y arcaicos a escala planetaria, y su mantenimiento sin variaciones tiene costos morales y políticos inevitables. Pero, al mismo tiempo, no puede perderse de vista que todos los candados migratorios existentes –muchos y muy onerosos– son parte de un sistema de control político autoritario que no puede ser afectado más allá de muy escuetos límites.

La segunda cuestión se refiere a los usos de la emigración. Durante muchos años, los migrantes han sido tratados como bestias pardas y presentados a la población como la negación misma de la dignidad patria, antítesis de la realización nacional. Este uso político ha sido matizado desde fines de la década de 1970, cuando se inició un uso económico de los migrantes como remesadores, y sobre todo desde los años 90, cuando las remesas pasaron a ser un componente vital de la economía insular, del consumo popular y de la propia gobernabilidad de un sistema marcado por recurrentes crisis económicas. El dilema que viene enfrentando la clase política cubana reside en decidir qué usos son más provechosos y pertinentes a la luz del esfuerzo del gobierno por remontar la presente situación de debacle económica sin alterar el régimen político. Esto coloca el asunto justo en el centro de una relación muy tensa entre la política y la economía.

Y, finalmente, los temas cruzan a la propia elite política posrevolucionaria y separan a sus dos fracciones: la burocracia rentista afincada en el Partido Comunista (PCC) y la tecnocracia empresarial incubada en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Ambas coinciden, por mero instinto de conservación, en que el asunto de la migración no debe ligarse al otro tema, siempre espinoso, de los derechos civiles y políticos de los cubanos, y por tanto concuerdan en reservarse a sí mismas la potestad para otorgar permisos y retirar anuencias. Pero las diferencias afloran en el tema económico. Mientras la primera apuesta por el mantenimiento, en lo fundamental, del actual régimen migratorio y la exacción económica de la diáspora por las vías fiscal y de precios, la segunda estaría dispuesta a un uso más intensivo de los ahorros de los migrantes (por el momento, la inversión a mayor escala es dificultada por la Ley Helms-Burton) y de su fuerza política en un lobby antiembargo/bloqueo más efectivo. Y estas discrepancias, aun cuando existan poderosos consensos políticos, son siempre incómodas en un sistema que, como el hielo, no solo es duro y frío, sino también sorprendentemente frágil.Por supuesto que el resultado alcanzado con la «actualización migratoria», a la que me referiré más adelante, tiene una historia y un contexto que vale la pena recordar.

Un poco de historia

La emigración cubana es fundamentalmente un hecho posrevolucionario. El triunfo insurreccional de 1959, con sus políticas redistributivas y nacionalistas, provocó varios flujos clasistas que Silvia Pedraza, en un libro apasionante, define en cinco olas2. Inicialmente se trató de los funcionarios y las familias burguesas más comprometidas con la dictadura batistiana; luego, del resto de la burguesía, y más adelante, de la clase media asustada por la radicalidad revolucionaria que –adornada con los inevitables alardes de «austeridad plebeya»– fue identificada como comunismo. En toda esta primera etapa, la emigración fue un instrumento de presión que EEUU y la contrarrevolución local usaron contra la entonces joven revolución popular.

  • 1. Alejandro Portes: «El estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de investigación emergente» en A. Portes et al.: La globalización desde abajo. Transnacionalismo inmigrante y desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina, Flacso, México, df, 2003.
  • 2. Political Disaffection in Cuba’s Revolution, Cambridge University Press, Nueva York, 2007.