Coyuntura

Las castañas siguen en el fuego

La disputa entre Argentina y Uruguay revela la fragilidad del Mercosur, que no ha encontrado mecanismos adecuados para resolver el conflicto y ha generado un clima de «guerra fría» diplomática entre dos países hermanos. El artículo refleja la complejidad de la situación –que incluye puentes internacionales cortados, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y el deterioro visible de las relaciones bilaterales– y analiza el rol de los distintos actores involucrados. Solo si se construye un escenario que no sea de suma cero, en el que ambos países salgan ganando, será posible superar un conflicto que ha escalado hasta el absurdo.

Las castañas siguen en el fuego

El conflicto, hoy

La disputa entre Argentina y Uruguay por las papeleras comenzó cuando un grupo de vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú, ubicada en la provincia de Entre Ríos, cortó el puente que une esa localidad con la uruguaya de Fray Bentos. Ambas ciudades se sitúan a una y otra orilla del río Uruguay, límite entre ambos países. El argumento de los asambleístas que bloquearon el puente internacional fue que las dos plantas de procesamiento de celulosa que se construirían en Fray Bentos deteriorarían el medio ambiente y pondrían en riesgo el turismo sobre el río Uruguay, principal actividad económica de Gualeguaychú. El conflicto, que incluyó una demanda presentada ante la Corte de La Haya, hizo que ENCE, una de las dos empresas, anunciara su decisión de relocalizar su planta, mientras que la otra compañía, Botnia, se negó a paralizar las obras y sigue adelante con la construcción de la suya.

En febrero de 2007, tras casi dos años de iniciado, el exasperante conflicto lleva la impronta de algunos acontecimientos recientes. En primer lugar, la negativa de la Corte de La Haya, bastante inesperada (aunque en línea con prácticas conocidas del tribunal), a conceder la medida cautelar solicitada por el gobierno uruguayo para que el gobierno argentino abra el paso en los puentes bloqueados. En segundo lugar, la recepción, por parte del gobierno argentino, en tono «paternalista», de la decisión (de por sí positiva) de la empresa ENCE de relocalizarse lejos de Fray Bentos (y de Gualeguaychú). A esto se suma un nuevo impulso, de resultados por ahora completamente inciertos, a la tarea de Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, el «facilitador» designado por España en acuerdo con los gobiernos de Argentina y Uruguay para destrabar el conflicto. En este contexto, el gobierno argentino emitió algunas señales de distensión. Antes del reciente pronunciamiento de La Haya se había distanciado críticamente –¡por fin!– de quienes bloqueaban los puentes, condenando su obstinación en emplear la fuerza. Además, adoptó medidas preventivas ante la amenaza de algunos activistas de obstaculizar las comunicaciones fluviales entre Buenos Aires y Montevideo. Entre estas señales positivas se encuentra también la iniciativa de reimpulsar la acción del «facilitador» español y la admisión oficiosa de que la decisión de la empresa Botnia, dueña de una de las dos plantas de celulosa, de instalarse en Fray Bentos es irreversible. Lamentablemente, hubo también señales negativas: conocido el dictamen de La Haya, el presidente Néstor Kirchner declaró la cuestión como «una causa de la patria toda». El gobierno uruguayo, por su parte, también emitió algunas señales de distensión: el «compromiso» de no instalar más pasteras sobre el río Uruguay (criticado por la oposición uruguaya) y la distinción formulada por el canciller oriental, Reinaldo Gargano, entre «diálogo» y «negociación»: el gobierno uruguayo –explicó el funcionario– no está dispuesto a negociar, pero sí a dialogar, mientras continúen los cortes y bloqueos.

Pese a las señales positivas de parte de ambos gobiernos, hubo una escalada de medidas de fuerza y otras acciones públicas por parte de los vecinos de Gualeguaychú, además de una multiplicación de la frecuencia y la coordinación de los bloqueos en los otros dos puentes que unen a Argentina con Uruguay. A esto se añade la presión sobre Buquebus, la empresa que monopoliza el tránsito de pasajeros entre ambos países por el Río de la Plata, y la breve «visita concientizadora» a Montevideo de un puñado de activistas de Gualeguaychú.

Por otro lado, se comprobó un endurecimiento de la posición política de la provincia de Entre Ríos, donde se ubica la ciudad de Gualeguaychú, contra las papeleras: la iniciativa debatida en la Legislatura provincial (ridícula, carente de viabilidad político-legal y destinada a la agitación interna) de prohibir la exportación de madera a Uruguay y un nuevo giro del gobernador, Jorge Busti, quien, muy consecuente en su cinismo, ha resuelto, tras el pronunciamiento de La Haya que negara la medida cautelar solicitada por Uruguay, respaldar nuevamente las medidas de fuerza (había dejado de respaldarlas porque, explicaba, «perjudican nuestra estrategia en los foros jurídicos internacionales»). Finalmente, la relación entre Uruguay y los restantes miembros del Mercosur ha continuado deteriorándose. Uruguay se queja especialmente de que Argentina y Brasil lo excluyen de la toma de decisiones. Y, aunque no hay un consenso interno sobre el rumbo a seguir, sí hay señales de mayor apertura hacia las ofertas estadounidenses. El conflicto de las papeleras envenena el proceso de integración y Uruguay se siente decepcionado ante lo que entiende como una postura omisa por parte de Brasil. La crisis pone de manifiesto las debilidades y los vacíos institucionales del Mercosur.

El mejor escenario

Hechas las cuentas, hay muy pocos motivos para el optimismo. En mi opinión, los principales daños que la persistencia del conflicto pueden ocasionar no son los de corto plazo, ya de por sí relevantes: impacto económico y social de los cortes y bloqueos, que infligen perjuicios tanto a uruguayos como a argentinos; persistencia de un clima absurdamente enardecido en las relaciones bilaterales; desgaste estéril de la imagen pública de unos cuantos políticos y diplomáticos y pérdida de oportunidades de emprendimientos conjuntos que podrían ser muy convenientes. Los principales daños potenciales residen en los peligros de largo plazo: desaprovechamiento definitivo de las ganancias de escala que acarrearía la cooperación ambiental, económica y comercial en el sector productivo forestal-papelero; creación de un diferendo político-diplomático crónico que afecte por muchos años las relaciones argentino-uruguayas, marcadas por la mutua desconfianza; incidencia del conflicto en un eventual proceso de disgregación del Mercosur. Y el peor de todos: que por primera vez una disputa entre uruguayos y argentinos adquiera encarnadura social y cultural y se convierta en una «causa nacional» que intoxique a jóvenes generaciones y proporcione alimentos nuevos a los sempiternos nacionalismos.Pese a mi escepticismo, vale la pena imaginar un escenario óptimo en el corto plazo. El propósito de este ejercicio no es (únicamente) disfrutar del ocio creativo. Tampoco incurrir en una ingenua tarea normativa, instando a los actores involucrados al buen comportamiento. Esos juegos pueden ser muy placenteros, pero fallan seriamente al no interrogarse por la viabilidad (política, institucional, social, cultural) de sus propuestas (dixit et salvat anima mea). El propósito del ejercicio es, precisamente, identificar más claramente las brechas de viabilidad que puede presentar una propuesta constructiva y explícitamente comprometida con ciertos valores. No se trata de un análisis despojado de compromisos valorativos sino sujeto, por cierto, a la polémica política y cultural. Pero sí se procura que ese análisis encare francamente la identificación de los obstáculos como punto de partida realista para una búsqueda de soluciones.