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La crisis de seguridad en México

La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México. Se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento de los delitos, y el auge del narcotráfico, que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia, concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que, aunque no puede hablarse de México como un «Estado fallido», las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas, y es necesario encarar prontamente su reforma si se quiere enfrentar el problema.

La crisis de seguridad en México

El crimen organizado busca el control territorial, será una guerra sin cuartel porque ya no hay posibilidad de convivir con el narco. No hay regreso; son ellos o nosotros.

Presidente Felipe Calderón, 27 de febrero de 2009

¿Estado fallido?

Desde fines de 2008, han comenzado a difundirse afirmaciones de académicos, militares estadounidenses e incluso de la CIA indicando que México es un «Estado fallido», fracasado, al borde del caos. En todos los casos, se da a entender que el gobierno pierde el control de la situación, las mafias del crimen organizado se apoderan del Estado a través de la corrupción y la población se siente cada vez más desprotegida, pierde la confianza en la justicia, la policía y los gobernantes y recurre a la autoprotección.

En realidad, estas percepciones se explican por el incremento desmesurado de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes, que superaron las 6.000 en 2008, así como por la reaparición trágica de los secuestros de alto impacto, dos de las cuales afectaron profundamente el sentimiento de los mexicanos: el de Fernando Martí, un joven de 14 años secuestrado y asesinado cuyo padre, el empresario Alejandro Martí, creó una organización civil de lucha contra la inseguridad; y el de Silvia Vargas, de 18 años, también secuestrada y asesinada, hija del empresario Nelson Vargas. A esto se suman los escándalos provocados por las capturas por narcocorrupción de algunos de los máximos responsables de combatir el crimen organizado de la Procuraduría General de la República (PGR), la Interpol México y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de los asesinatos de ciudadanos extranjeros para robarles el dinero tras su ingreso al país.

En general, los analistas mexicanos coinciden en que México no es un Estado fracasado, aunque algunas de sus instituciones sí lo son. Básicamente, las encargadas de la seguridad pública y del combate contra el crimen organizado. El último recurso de un Estado ante una situación de esta gravedad, recurrir a las fuerzas militares, ya comenzó a llevarse a la práctica. Se podría afirmar, entonces, que se trata de un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico.

La inseguridad contra la democracia

Una de las razones que explican esta grave situación es que la transición a la democracia en México, desde fines de los 80 hasta inicios de los 90, no contempló como parte de la reforma del Estado la transformación de los sistemas de seguridad pública, justicia, defensa e inteligencia. Hoy ese déficit se refleja en la crisis de seguridad, que afecta a la democracia en la medida en que ya golpea la gobernabilidad y estabilidad social y política. El crimen organizado, que antes era un poder paralelo y oculto, ha ampliado su radio de acción, con una descarnada lucha de poder entre los carteles, y se ha lanzado a la ofensiva contra el Estado y la sociedad.

La inseguridad se vive con distinta intensidad según el estado y el grupo social al que se pertenezca. Los graves problemas socioeconómicos que arrastra el país repercuten en la seguridad y la gobernabilidad: por ejemplo, la emigración masiva de población hacia Estados Unidos incluye la trata de personas, una actividad de crimen organizado que, a su vez, repercute en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. Al mismo tiempo, crece la transnacionalización del crimen, por ejemplo el tráfico de armas desde EEUU o la emergencia del fenómeno de las maras, que provienen de América Central y California.

La transición a la democracia generó cambios de distinta profundidad en las estructuras del Estado. En el caso de la seguridad, la defensa y la justicia, hay notables inconsistencias, contradicciones e incluso elementos que impiden la reforma de ciertas estructuras. No es posible, por ejemplo, guardar en la gaveta de pendientes la reforma de los sistemas de justicia, más allá de las reformas legales implementadas. Tampoco se ha avanzado en la reforma de las estructuras de defensa (ninguna fuerza política ha incluido este tema en su agenda) ni en la profesionalización de los servicios de inteligencia (se afirma que no están adoctrinados y entrenados para combatir el crimen organizado). Asimismo, persiste la herencia de un pasado caciquil y semifeudal de muchas estructuras de poder, principalmente en las zonas rurales, pero también, por ejemplo, en los sindicatos. Finalmente, hay que mencionar la reforma de las estructuras policiales. Hoy coexisten en México más de 1.600 corporaciones policiales (federales, estatales y municipales) bajo un sistema legal que genera atomización, falta de profesionalidad y corrupción. Todo esto, por supuesto, facilita su penetración por parte de las fuerzas del crimen organizado. En otras palabras, hay democracia, pero su calidad es precaria.

Por ello, la gobernabilidad democrática en México es débil y el crimen organizado tiene una alta capacidad de penetración en las estructuras gubernamentales a través de la corrupción. Este fenómeno se produce en el poder político –federal, estatal y local– y, en menor medida, en las Fuerzas Armadas y en los servicios de inteligencia. La pregunta clave en esta etapa de transición es: ¿cómo construir instituciones para garantizar el Estado de derecho, fortalecer y profesionalizar a los organismos de seguridad y lograr una gobernabilidad sustentable?

El rol de EEUU en la seguridad mexicana

Uno de los principales elementos que define la política de seguridad de México es la situación creada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En la década de 1990, la relación México-EEUU pasó sin grandes tensiones del esquema de la Guerra Fría al de la Posguerra Fría, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el motor de ese ajuste. A partir de los atentados, la tensión en las relaciones internacionales afectó a México en forma directa. En la confusión reinante en los momentos posteriores a los ataques, se especuló con que los terroristas habían ingresado por las fronteras terrestres de Canadá o de México. En forma abrupta, México, al igual que la gran mayoría de los países del mundo, se vio obligado a responder a las demandas estadounidenses de seguridad. Sin embargo, por su condición de vecino, fue, junto con Canadá, uno de los primeros países en ser requeridos para cooperar contra el terrorismo.