Coyuntura

Indignación y crisis política en Honduras

Las recientes elecciones hondureñas introdujeron muchas dudas acerca de la seguridad del sistema de procesamiento de datos, hecho que fue denunciado tanto por la oposición como por organizaciones internacionales. Los opositores a la reelección de Juan Orlando Hernández han hecho valer su derecho constitucional a la desobediencia civil y han salido a las calles a denunciar fraude electoral y violaciones de la Constitución, en el contexto represivo abierto con el golpe de Estado de 2009 y continuado desde entonces. La corrupción, la impunidad y la violencia constituyen el combustible para una intensa indignación popular.

Indignación y crisis política en Honduras

El domingo 26 de noviembre de 2017, la ciudadanía hondureña acudió a ejercer el sufragio para las elecciones generales que definirían nuevos ocupantes del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, las corporaciones municipales y el Parlamento Centroamericano. El proceso electoral de ese día se desarrolló con gran afluencia a los centros de votación y sin mayores signos de violencia, por lo cual los observadores nacionales e internacionales coincidieron en que la elección había sido una verdadera fiesta cívica. Pero el panorama se volvió sombrío cuando, al cierre del proceso, se prolongó el anuncio del ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral (tse), pese a que las autoridades se habían comprometido a difundir los datos a primeras horas de la noche.

Pasada la una de la mañana, el tse, obligado por la presión nacional e internacional, anunció oficialmente que con 57,19% de las actas recibidas por transmisión directa se ubicaba a la cabeza Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que reunía al partido Libertad y Refundación (Libre) –nacido como brazo político de la resistencia nacional contra el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya Rosales en 2009–, al pequeño grupo socialdemócrata Partido Innovación Nacional y Unidad (pinu) y a los seguidores de Salvador Nasralla, un periodista deportivo que fundó el Partido Anti Corrupción (pac), participante en las elecciones de 2013.

Pero la suspensión de la energía eléctrica y las caídas del sistema informático por varias horas provocaron la desconfianza e indignación de la ciudadanía, especialmente cuando el propio Tribunal anunció que la tendencia se había revertido y que el ganador era entonces el presidente, Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección por el Partido Nacional. Los seguidores de la Alianza de Oposición salieron a las calles a denunciar el fraude que se realizaba en el tse y recibieron como respuesta oficial el establecimiento de un toque de queda desde las seis de la tarde a las seis de la mañana y el despliegue de las fuerzas armadas, la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional con órdenes de reprimir a los manifestantes. El saldo fue la muerte de 34 civiles que ejercían el derecho constitucional a la desobediencia civil.

El contexto nacional

En Honduras existe la prohibición constitucional de la reelección presidencial, con penas muy severas para quienes la promuevan. La única posibilidad de impulsarla es mediante una consulta popular y con previa aprobación de la reforma constitucional por el Congreso Nacional en una legislatura y ratificación en la siguiente. Nada de esto se hizo para que el actual presidente pudiera participar en las elecciones del 26 de noviembre y de hecho, cuando en 2009 el presidente Zelaya Rosales (2006-2010) intentó impulsar ese proceso, lo castigaron con un golpe de Estado que lo sacó del poder y del país, acusado de querer violentar la Constitución de la República y de intentar reelegirse para un nuevo periodo presidencial.

No obstante, Hernández logró, desde la Presidencia de la República, que la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados eran y son controlados directamente por él, «interpretara» la Constitución y avalara un fallo que permite la reelección1. Esto fue ratificado por el tse, que selló de esa manera la violación de la Constitución de la República, frente al silencio de las mismas fuerzas que habían avalado el golpe de Estado de 2009 en circunstancias similares: fuerzas armadas, cúpulas religiosas, dueños de medios de comunicación, líderes de gremios empresariales y Congreso Nacional (controlado también por el partido de gobierno).

El control de los magistrados del tse, y particularmente de su presidente, ha sido fundamental en este proceso electoral, al igual que en los anteriores: el tse está conformado por un representante de cada uno de los dos partidos tradicionales de Honduras, el Liberal y el Nacional, que se disputaron las elecciones desde 1980, más un representante de la Democracia Cristiana, un minúsculo partido que saca una cantidad reducida de votos, pero que siempre es el aliado incondicional del partido mayoritario en el Congreso Nacional. Por otro lado, la situación de la representación en el tse no se modificó pese a la aparición de dos partidos nuevos que en las elecciones de 2013 quedaron en segundo lugar (Libre) y en cuarto lugar (pac). De esta manera se evidenció, una vez más, el «pacto de gobernabilidad» entre los partidos tradicionales que hizo que el presidente del tse fuera un incondicional del presidente de la República, al igual que sus otros dos integrantes, dispuestos siempre a negociar.

Por todos es conocida la escasa legitimidad del tse, tanto en las elecciones primarias de los partidos como en las elecciones generales. Siempre ha existido manipulación de resultados electorales, de común acuerdo entre los dos partidos tradicionales y el tse: ahí se ha decidido cuándo se deja de contar las actas; cuándo se «aumenta» la cantidad de personas que acuden a votar, para minimizar el abstencionismo –como ocurrió en las elecciones de 2009, en pleno golpe de Estado, cuando la resistencia hizo un llamado a no votar–; en cuánto se reducen los votos nulos; cómo se concede una mayor cantidad de votos a candidatos claves de ambos partidos e, inclusive, se negocian los números de diputados o alcaldes de uno u otro partido. Un aspecto central en estos procesos es el control del sistema electrónico de procesamiento de actas electorales: es allí donde se produce la manipulación técnica de resultados que ya contienen vicios de las etapas previas. Es en el control manipulador del sistema de procesamiento donde está la clave y es eso, precisamente, lo que por primera vez adquirió visibilidad internacional y obligó a los observadores a concentrarse en lo que no suele mirarse cuando se producen elecciones en Honduras (y en muchos otros países).

El otro elemento que jugó un papel clave en estas elecciones fue la existencia de un nuevo actor político, la Alianza de Oposición, que no estaba en el circuito negociador del tse, con el agravante de que constituía una de las dos fuerzas políticas de mayor beligerancia, porque el Partido Liberal sigue relegado y pagando el costo político de haberle hecho un golpe de Estado a un presidente surgido de sus propias filas y de haber sido un aliado incondicional del Partido Nacional en la toma de decisiones en el Poder Legislativo.

El contexto internacional

Como suele suceder, las elecciones hondureñas fueron observadas por misiones internacionales entre las que se destacaron la de la Organización de Estados Americanos (oea) y la de la Unión Europea, invitadas por el propio gobierno con la intención de conseguir legitimación internacional. Pero esta vez las condiciones poselectorales y las acciones poco convencionales tomadas por el tse forzaron a las misiones a adoptar un papel más beligerante a favor de la transparencia de los resultados, presionadas por la oposición. Ante las denuncias y demostraciones de la manipulación técnica de los datos, la oea, por ejemplo, se vio obligada a traer a un experto de la Universidad de Georgetown para analizar la confiabilidad de los resultados, al que se sumó un equipo de profesores de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ambos equipos concluyeron, por separado, que «sobre la base de este análisis, se rechaza la proposición de que el Partido Nacional ganara legítimamente las elecciones»2 y que la tendencia no había cambiado luego de contabilizar 57,19% y 73,8% de los datos3. Esto se suma a la afirmación pública del magistrado suplente del tse, Ramiro Lobo, en el sentido de que la tendencia mostrada por el tse en la madrugada del 27 de diciembre, que le daba una ventaja de casi cinco puntos al candidato opositor Nasralla, «era irreversible»4. La Misión de Observación Electoral (moe) de la oea concluyó, por su parte, que «la Misión (…) puede afirmar que [el sistema] no contó con las robustas medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad (…) la moe considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas»5.

Lo anterior llevó al secretario general de la oea, Luis Almagro, a plantear la necesidad de realizar nuevas elecciones, a lo cual se opuso el gobierno hondureño, y el tse declaró finalmente ganador al presidente/candidato para evitar mayores contratiempos que afectaran la toma de posesión del 27 de enero de 2018. Almagro señaló: «Creemos muy importante la aprobación de este informe para evitar la lumpenización [deterioro] de la política, en el sentido de que en un proceso electoral vale todo, y que no importa la dimensión de las irregularidades o malas prácticas que incluso puede afectar al resultado»6.

Así, por primera vez se despierta el interés en unos y la curiosidad en otros organismos internacionales por el cinismo y la desfachatez con que el tse revirtió tendencias estadísticas irreversibles, provocó la caída del sistema informático, al igual que del fluido eléctrico, en repetidas ocasiones, y habilitó que se contaran votos en papeles impecablemente lisos cuando el votante estaba obligado a doblarlos para depositarlos en las urnas. Lo ocurrido en Honduras atrajo la atención de matemáticos especialistas en procesamiento de datos de varias partes del mundo, de periodistas y comentaristas de cadenas internacionales, de políticos con auténtica vocación democrática y de grupos solidarios que, con fuerza similar o superior a 2009, alzan sus voces para protestar contra el fraude electoral producido en el país.

Pero no toda la reacción ha sido «técnica». Hay otros que colocan una mirada ideológica sobre lo que ha ocurrido con la manipulación de los resultados electorales y observan que el coordinador de la Alianza Opositora es el ex-presidente Zelaya Rosales, hacia el cual existe una animadversión expresa por su simpatía con el gobierno venezolano. Y la reflexión es rápida: «No importa que haya habido fraude en contra del candidato de la Alianza de Oposición, mejor que quede quien ha demostrado ser un conservador, un baluarte del orden y un luchador frontal contra la violencia». La situación va más allá cuando se valora que el presidente/candidato es un verdadero «amigo de Estados Unidos», como lo ha demostrado al permitir la lucha estadounidense contra el narcotráfico en tierra hondureña y el apoyo incondicional a ese país en decisiones internacionales que reciben el rechazo de la mayoría de los países del mundo. Se valora también la lucha contra la violencia de maras y pandillas y de delincuentes comunes, para lo cual se invierten cantidades enormes de recursos estatales y se deforma el papel de los militares, todo ello como propaganda hacia afuera. Hacia adentro, la ciudadanía siente que la situación empeora porque no se combaten las causas de esta violencia ni se coloca al ser humano en el centro de la acción estatal.

La sombra de la corrupción

El aspecto central de la crisis político-electoral hondureña radica en que nunca se imaginaron que Hernández podría perder las elecciones teniendo el control de todos los mecanismos legítimos o ilegítimos, legales o ilegales, que garantizarían su triunfo en las elecciones del 26 de noviembre. Menospreciaron el hartazgo de la ciudadanía, su frustración y su impotencia ante lo que estaba ocurriendo. A la frustración de no haber podido revertir el golpe de Estado de 2009, pese a la enorme movilización social a que dio lugar, siguieron las constantes y masivas manifestaciones en contra de la corrupción que azota el país. En particular, generó rechazo el saqueo a los recursos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, buena parte de los cuales, según denuncias, fueron transferidos a la campaña electoral de Hernández en 2013, hecho que el mismo candidato debió reconocer para luego anunciar que esos recursos serían devueltos al Estado7.

Esas manifestaciones, que se mantuvieron durante varios meses con antorchas y bajo el lema «Fuera joh», concentraron a varias generaciones indignadas y a una diversidad social y política que se rebelaba ante la corrupción e impunidad que parecían haberse adueñado de la institucionalidad del Estado. Pero de nada sirvieron las denuncias, los señalamientos y los detalles del escandaloso saqueo, ya que nunca fueron capaces de llegar hasta altas figuras del mundo político y empresarial ni lograron castigar debidamente a los responsables de actos criminales, como la venta dolosa de medicinas adulteradas o vencidas que provocaron la muerte de muchos hondureños que no encontraban las medicinas necesarias ni el tratamiento adecuado para sus diversas afecciones de salud8.

La lucha contra la corrupción y la impunidad fue asumida por el gobierno, que promovió la creación de una entidad similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig) pero con menos funciones y mayores esperanzas de controlarla en sus procesos investigativos. Mientras la de Guatemala fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (onu), la de Honduras lo fue por la oea y fue denominada Misión de Apoyo en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (maccih). Rápidamente, ha tenido que enfrentar presiones del gobierno y cuestionamientos de la ciudadanía ante la necesidad de ver a los corruptos procesados y purgando alguna pena. Pero la corrupción está asociada directamente al gobierno y no se encuentra investigado ni castigado ningún funcionario, empleado de alta categoría o político de larga data.

El grito «Fuera joh» se aplacó con el tiempo pero no desapareció de la conciencia colectiva. La propuesta de Nasralla de combatir la corrupción se convirtió en una consigna movilizadora que prometía restaurar la fe en el sistema electoral, en la democracia y en el derecho a que el voto realmente contara al momento de elegir a los nuevos conductores del país.

La debilidad institucional

La experiencia acumulada en los últimos años hizo que la ciudadanía, indefensa ante las instituciones del Estado –en particular, ante una Corte Suprema de Justicia subordinada y controlada por los intereses político-partidarios–, intentara por la vía electoral un cambio de grandes dimensiones que fuera capaz de restaurar la esperanza de vencer el fraude que se gestaba. El gran desafío era desmontar el fraude electoral, desafiar a la maquinaria del Estado y poner en evidencia su incondicionalidad ante un partido y, específicamente, ante un candidato de ese partido.

De ahí la articulación de una Alianza de Oposición a la que luego se denominó Alianza de Oposición contra la Dictadura, que apostó por un cambio tendiente a recomponer el Estado de derecho y rescatar la institucionalidad aprisionada por los los partidos tradicionales y los grandes intereses económicos que giraban en torno de estos. También se intentaba frenar la escalada acaparadora de Hernández, quien hizo de la compra de conciencias de funcionarios claves, medios de comunicación y líderes políticos y religiosos un hecho normal y cotidiano. Por ello no es casual que sean estos mismos sectores los que salieron a aplaudir la decisión del tse de declarar ganador al presidente/candidato y los que asociaron la desobediencia civil ante el fraude electoral con violencia callejera, delincuencia y actividades pandilleriles, con el propósito de justificar la escalada represiva que se desató cuando el gobierno sacó a militares y policías a las calles para sofocar la ola de protestas que se extendía por todo el país. Son ellos quienes invocan la paz y tranquilidad para acallar las voces cuestionadoras y sofocar las marchas incómodas, y quienes proclaman el orden frente a la anarquía y la resignación espiritual ante la perturbadora demanda social.

Perspectivas

La certeza ciudadana de la existencia de un gran fraude electoral, tal como lo habían anunciado desde la articulación de la Alianza de Oposición, y la constatación de que nuevamente el gobierno se saldría con la suya, burlando la voluntad de los electores que acudieron a votar de forma masiva, pacífica y esperanzada, motivaron la salida a las calles para ejercer el derecho constitucional a la «desobediencia civil a un gobierno usurpador». La interrupción momentánea de las protestas por las festividades de Navidad y Año Nuevo solo dio un momento para la articulación de una estrategia de lucha que no presagia nada alentador para el país. La comunidad internacional ha ido reconociendo de forma cautelosa a Hernández. Desde Honduras, con gran parte de la ciudadanía indignada por la corrupción, la impunidad, la violencia y el fraude electoral, se sigue acumulando ese sentimiento de indefensión que se arrastra desde hace mucho tiempo, a la espera del momento propicio para estallar en un contexto nacional e internacional plagado de cinismo, pragmatismo y servilismo. Mientras la situación social se perfila grave para el primer año de gobierno ilegal, por los antecedentes expuestos, la situación política en el Congreso se perfila igualmente difícil, en tanto el partido de gobierno está cerca de la mayoría simple. A esto se suma la puesta a prueba del Partido Liberal, que tendrá que definirse entre su integración a la verdadera oposición o su anulación política en caso de aliarse –como siempre lo ha hecho en aras de asegurar una supuesta gobernabilidad– con el partido de gobierno, con lo cual terminaría de hundir sus posibilidades de recuperación político-electoral. Así está el panorama en Honduras: sombrío y confuso para unos, pero profundamente esperanzador para otros. La gran pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde llegará la capacidad de soportar de una ciudadanía cada vez más indignada?

  • 1.

    Para ello, se declaró la inaplicabilidad del artículo 239 (que prohíbe la reelección y castiga a quienes la impulsen) y del quinto numeral del artículo 42 de la Constitución de la República y, en consecuencia, la inconstitucionalidad del artículo 330 del Código Penal, porque estas normativas estarían en contradicción con otros artículos de la propia Constitución, además de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

  • 2.

    Irfan Nooruddin: «Analysis for the Organization of American States», 17/12/2017, disponible en http://www.oas.org/fpdb/press/Nooruddin-Analysis-f...

  • 3.

    Jorge Destephen, Iván Enríquez, Cristian Cruz y Marvin Guifarro: «Análisis del cambio de tendencia nivel electivo presidencial, Elecciones Generales, Honduras 2017», 16/12/2017.

  • 4.

    Rudy Mejía: «Magistrado del TSE: La tendencia es irreversible» en Tiempo Digital, 27/11/2017.

  • 5.

    «Informe Final de la MOE-Honduras sobre las Elecciones Generales del 26 de noviembre de 2017», 27/12/2017.

  • 6.

    «Almagro busca que OEA apruebe informe electoral sobre Honduras» en El Heraldo, 4/1/2018.

  • 7.

    «El presidente de Honduras reconoce financiación fraudulenta» en BBC Mundo, 4/6/2015.

  • 8.

    V. Thelma Mejía: «La MACCIH en Honduras: conformación, temas centrales, fortalezas y debilidades» en Víctor Meza (coord.): El control de la corrupción y la impunidad en Honduras, 2014-2018, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Tegucigalpa, 2017.