Coyuntura

¿Fin de fiesta en Brasil?

Las protestas en las calles de Brasil han acompañado el escándalo de corrupción en Petrobras y debilitaron la imagen de Dilma Rousseff, a solo unos meses de su reelección. A diferencia de las movilizaciones de junio de 2013, las actuales son mayoritariamente de sectores medios y altos, blancos y de mediana edad. Hoy, una vez conseguido el objetivo de limitar el poder de Dilma, las centrales empresariales llaman a la responsabilidad y a la calma, en tanto que el pt perdió la mística de antaño y pocos lo ven como vector de cambios profundos.

¿Fin de fiesta en Brasil?

Tragedia

Aquel lunes 20 de octubre, en la última semana de campaña, ocurrió el giro decisivo en la elección presidencial brasileña de 2014. Viejos y nuevos militantes, junto con activistas, se movilizaron para el empujón final que garantizó la reelección de Dilma Rousseff con más de 54 millones de votos. De acuerdo con el discurso de campaña, veríamos la continuidad de una inédita secuencia «progresista» en Brasil, a pesar de un nítido y generalizado enfriamiento durante el último de los tres periodos de gobierno del Partido de los Trabajadores (pt) y el primero de Rousseff como sucesora de Luiz Inácio Lula da Silva. Pero, por el contrario, el país viene recorriendo un camino de desesperanza para muchos brasileños. En lugar de «Cambia más» (lema del primer turno electoral), tenemos «Un gobierno nuevo, ideas nuevas» (eslogan de la segunda vuelta), solo que en el mal sentido de lo que podría significar el término «nuevo».Dos días después de la victoria electoral, el Banco Central decretó un aumento de las tasas de interés, algo que se repitió seis veces más hasta hoy. Recordemos que la política monetaria y el papel del Banco Central activaron una de las polémicas más encendidas de la disputa electoral (en duros embates con los rivales Marina Silva y Aécio Neves) y que Rousseff, en su primer mandato, había impulsado una reducción significativa de las tasas de interés. Las ganancias de los bancos, ya extremadamente altas, se dispararon: las principales instituciones privadas (Itaú, Bradesco y Santander) ganaron 12.000 millones de reales (3.300 millones de dólares) en el último trimestre, cifra casi 18% mayor que la del año anterior. Todo ello, sumado a un ajuste fiscal violento y que lanzó la economía hacia una espiral recesiva. Dos errores de Dilma: durante la campaña se negó con vehemencia la necesidad de un ajuste, y cuando este se ejecutó, pareció olvidarse el patrón básico de la izquierda: hacer que los ricos paguen más, especialmente en un país de extrema injusticia tributaria, donde, por ejemplo, no se cobran impuestos a la renta a las personas físicas por los ingresos percibidos por lucros y dividendos de las empresas de las cuales son dueñas o socias; se trata de un universo de poco más de 70.000 personas que han ganado, en 2013, unos 55.000 millones de dólares y que no son sometidas a tributación (desde 1995, cuando esa tasa se eliminó durante el primer año del gobierno de Fernando Henrique Cardoso). Brasil vive ahora una situación de creciente desempleo, conjugado con varios aumentos de las tarifas de servicios públicos, una alta inflación de alimentos, una disminución del ingreso real de los trabajadores y la desaceleración de la redistribución progresiva de la renta que había marcado los años anteriores de los gobiernos del pt.

Las clases populares –base social del lulismo– reaccionaron, y la popularidad de Dilma se desplomó y es hoy bajísima en todos los sectores de la población brasileña, independientemente de la región, la edad o el nivel de ingresos. Eso se produce incluso en el norte y el nordeste (un bastión lulista donde hoy el apoyo a la presidenta se derrumbó a 10%) y entre quienes ganan hasta dos salarios mínimos (el apoyo a la jefa del Estado en este sector alcanza proporciones similares). Ambos grupos eran considerados como una suerte de «reserva de popularidad» para el gobierno petista. Como es evidente, cualquier mandatario en un país democrático con un dígito de opiniones positivas se vuelve extremadamente frágil. Si al final del segundo gobierno de Lula nueve de cada diez brasileños aprobaban su gestión, hoy se manifiesta un fenómeno inverso: solamente uno de cada diez confía en su sucesora en el Planalto.

Eso lleva a serias dificultades de gobernabilidad y a situaciones de inestabilidad política. En el Congreso, las alianzas hacen agua. Partidos «aliados» que cuentan con ministerios votan contra el gobierno en el Parlamento. La articulación política se puso en manos del vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (pmdb), que acaba de abandonar esa tarea. El pmdb es al mismo tiempo el principal aliado del pt a nivel federal y casi un partido opositor. Se trata de un partido sin programa claro, pero clave para conseguir mayorías gubernamentales desde la redemocratización, y desde hace mucho tiempo opera como un bloqueo para cambios progresistas. En ese sentido, el pemedebismo sería «la verdadera fuerza hegemónica de la política [institucional] brasileña». El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –también del pmdb–, rompió con el Poder Ejecutivo después de ser acusado ante la justicia de haber recibido millonarios sobornos en el marco del escándalo de corrupción que involucra al gigante Petrobras y la operación de la Policía Federal llamada «Lava Jato» [Lavado de autos]. El titular del Senado, Renan Calheiros –del mismo partido–, amenazó con seguirlo. Pero luego cambió de rumbo y propuso un apoyo parlamentario al go-bierno a cambio de una «Agenda Brasil» cuyos objetivos serían mejorar el ambiente de los negocios y la infraestructura, el equilibrio fiscal y la protección social. Sin embargo, se trata sobre todo de viejas propuestas de reducción de derechos, sea de los pueblos indígenas o de los trabajadores, retrocesos en las políticas ambientales, privatizaciones y ataque al sistema público de salud o al Mercado Común del Sur (Mercosur) (aunque esos dos últimos puntos fueran posteriormente retirados). Esa agenda fue acogida por la presidenta en un momento de particular fragilidad, pero queda por ver en qué medida e intensidad será aprobada en el Congreso e implementada por el Ejecutivo.

Además, el principal partido de la oposición –el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (psdb, de centroderecha)– llegó a pedir elecciones anticipadas, un recurso no previsto en la Constitución, antes de sugerir la renuncia de Rousseff. Varios analistas decretaron incluso el fin del gobierno. Otros hablan de una posible renuncia. El 16 de agosto se organizó el tercer domingo de multitudinarias manifestaciones con centenas de miles de personas en todo el país, después del 15 de marzo y el 12 de abril. Esos actos, que reclaman la salida de Rousseff y el combate contra la corrupción, están protagonizados en su mayoría por sectores sociales altos, blancos y de mediana o avanzada edad, lo que representa un cambio significativo respecto de la composición de las grandes protestas de 2013. Concentran también a electores de la derecha, pero es un fenómeno más diverso que la simple caricatura que algunos sectores progresistas hacen acerca del «tradicional fascismo» de las capas altas brasileñas. Hay, por supuesto, mucho de eso en su virulento «anticomunismo» (comparaciones entre Brasil y Cuba), en las selfies con policías vinculados al «gatillo fácil» y en el hecho de que la personalidad más popular de esas manifestaciones sea el diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro (junto con el juez Sergio Moro, responsable por las investigaciones de la operación «Lava Jato»). Las encuestas indican el (previsible) profundo rechazo hacia el pt, pero también hacia el pmdb (aun hacia el opositor Cunha) e incluso, en parte, hacia el psdb (que por primera vez se sumó a la convocatoria de la movilización). ¿Cómo caracterizar entonces a esa derecha que vuelve a la calle por primera vez desde el golpe de 1964? ¿Se trataría de una nueva derecha? Existen señales contradictorias, en la medida en que quienes convocan esos actos asumen un discurso ultraliberal al estilo estadounidense –«Menos Marx, más Mises»– o contra el sistema público de salud, pero al mismo tiempo, una mayoría de los presentes en San Pablo dice defender precisamente los derechos a la educación, la salud y el transporte públicos.