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Estado y violencia criminal en América Latina. Reflexiones a partir del golpe en Honduras

Honduras no es resultado del golpe de Estado. Sin embargo, la asonada militar reveló que asociadas a las fuerzas de seguridad se encuentran personas que en muchos casos fueron denunciadas como responsables de las desapariciones y persecuciones en los años 80. El argumento central del artículo es que, en muchos países latinoamericanos, el Estado juega un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal. No solo por la ineficiencia y negligencia de sus instituciones, sino porque en muchos casos es el Estado mismo, a través de sus instituciones y agentes,el responsable directo de los crímenes y actos de violencia que sufre la población. La crisis de Honduras confirma la necesidad de una reforma amplia y democrática de las instituciones estatales basada en el respeto a la legalidad y los derechos humanos.

Estado y violencia criminal en América Latina. Reflexiones a partir del golpe en Honduras

El 2009 fue un mal año para Honduras. No solo fue el año en que se consumó el primer golpe de Estado en más de tres décadas; también los asesinatos en general crecieron 30%. Con un total de 5.253 homicidios durante 2009 y una tasa que supera las 58 muertes por cada 100.000 habitantes1, sería fácil atribuir el aumento de la violencia a la inestabilidad política fruto del golpe. Pero lo cierto es que el número de homicidios se incrementó en proporciones parecidas en los otros países de la región, en El Salvador y Guatemala, durante el mismo año. Hay, sin embargo, un detalle ilustrativo en el caso hondureño: el golpe supuso la recomposición de las fuerzas policiales bajo la dirección de personas responsables de las desapariciones y persecuciones políticas de los años 80, según las denuncias de los activistas de derechos humanos2.

Se ha convertido en un cliché decir que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, incluso la más violenta en términos de violencia criminal, y si no fuera por la gravedad que la problemática del crimen alcanza en algunos países, la repetición de las cifras no ilustraría nada nuevo. Pero lo cierto es que, año tras año, las estadísticas muestran indicios de empeoramiento.

Los últimos reportes consolidados de las tasas de homicidio basados en datos de 2005 sugerían que el promedio en la región superaba los 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes3. Para 2008, siete países presentaban tasas por encima de esta cifra. En los países del triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), la violencia homicida parece estar fuera de control, con tasas que oscilan entre 50 y 70 homicidios por cada 100.000 habitantes4. Venezuela, Jamaica, Colombia y Belice registran tasas por encima de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Brasil, el país más poblado de América Latina, se encuentra apenas por encima del promedio regional, aunque en términos absolutos la violencia supera ampliamente la de cualquier otro5. Los países latinoamericanos más afectados por la violencia criminal registran muchas más muertes por asesinato que los países que se encuentran oficialmente en situación de conflicto. Por ejemplo, los 5.253 homicidios registrados en Honduras durante 2009 superan los 4.645 que hubo en Iraq en el mismo año6.

Las explicaciones se han concentrado en cuatro grandes factores. Por el lado económico, varios estudios han apuntado al impacto de la desigualdad y la exclusión socioeconómica como los factores fundamentales que motivan la violencia criminal7. Variables de orden cultural también han sido frecuentemente mencionadas. Estas variables van desde el legado de la colonización hispánica hasta la existencia en la actualidad de normas y valores que promueven la violencia en cualquier circunstancia y el debilitamiento del capital social. En tercer lugar, los estudios identifican causas de orden más coyuntural: el crecimiento del narcotráfico y las redes del crimen organizado, la elevada circulación y disponibilidad de armas y el impacto de la migración de pandillas, maras y grupos delincuenciales8.

Hay, además, otro grupo de factores, relacionados con la corrupción y la ineficiencia de las instituciones del Estado9. La mayor parte de los análisis sobre la capacidad del Estado y su relación con la violencia criminal se reduce a la ineficiencia, la corrupción y la poca confianza pública en los sistemas de justicia criminal. Y aunque estos factores contribuyen, sin duda, a la prevalencia de la criminalidad en la región, es importante mencionar también otro factor que contribuye a explicar la situación: el Estado como actor fundamental de la violencia.

El argumento de este artículo es que, en muchos países latinoamericanos, el Estado juega un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal. No solo porque la ineficiencia y negligencia de sus instituciones contribuyen a reproducir y mantener sistemas de impunidad, sino también, y sobre todo, porque en muchos casos es el Estado mismo, a través de sus instituciones y agentes, el responsable directo de los crímenes y actos de violencia que sufre la población. Puede parecer una afirmación exagerada por dos razones. En primer lugar, porque la mayor parte de los regímenes en América Latina se consideran democráticos o semidemocráticos10. Desde luego, el reciente golpe de Estado en Honduras y los signos de autoritarismo en varios países hacen dudar de la calidad y robustez de las instituciones políticas, pero lo cierto es que la escalada de violencia de las últimas dos décadas comenzó en simultáneo con las transiciones a la democracia. En segundo lugar, porque, después de todo, existe suficiente evidencia en el sentido de que buena parte de la violencia criminal es causada por narcotraficantes, pandilleros, bandas de crimen organizado y ciudadanos comunes: aun cuando aceptemos la participación de agentes estatales en ella, la proporción atribuible a ellos no es más grande que la que corresponde a otros actores.

Sin embargo, el Estado y sus instituciones no son actores corrientes en la dinámica de la violencia. No es lo mismo un asesinato cometido por un ciudadano común que uno perpetrado por un policía; no es lo mismo una red de extorsión conducida por una banda de pandilleros que una formada por un grupo de fiscales y policías; y no es lo mismo una operación de narcotráfico encubierta por un empresario que una protegida por un jefe policial o un comandante militar. La participación de agentes estatales en actividades delincuenciales amplía las repercusiones del delito, convierte a las instituciones en cómplices de la violencia, reproduce la impunidad y afecta la legitimidad del régimen, especialmente si es democrático.

En este artículo se exploran algunas de las formas en las cuales el Estado participa de la violencia criminal en América Latina. Se parte de la noción de que, para comprender los elevados índices de violencia en la región, es necesario volver nuestra mirada hacia el papel del Estado y sus instituciones. Esto implica ir más allá de las consideraciones sobre las leyes, los programas, las reformas de profesionalización de las policías y las instituciones de justicia. El problema no tiene que ver solo con políticas públicas mal diseñadas o con policías poco profesionales y mal entrenadas, sino con gobiernos que, a pesar de las reformas de las transiciones democráticas, han seguido marcados por las prácticas autoritarias del pasado y que, en algunos casos, han mantenido o restablecido a los viejos responsables de la violencia política al frente de la seguridad pública del presente. En Honduras, la recomposición de las fuerzas de seguridad tras el golpe de Estado no parece haber incidido en la escalada de violencia, pero sí hizo evidente el control de las instituciones de seguridad por parte de los protagonistas del ciclo autoritario del pasado. El golpe de Estado fue respaldado e impuesto en las calles por policías que durante años han sido señalados como responsables de ejecuciones extrajudiciales y abusos a los derechos humanos.

  • 1. Norma Pineda: «Honduras: Homicidios diarios son ahora 14» en La Prensa, 20/1/2010, www.laprensa.hn/Sucesos/Ediciones/2010/01/20/Noticias.
  • 2. Juan Carlos Rivera Torres: «Micheletti purga la policía de los mandos aún leales a Zelaya» en El Público, 21/7/2009, www.publico.es/internacional/240159.
  • 3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud): Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, pnud, San José de Costa Rica, 2009.
  • 4. Ibíd.
  • 5. «Brazil. Events of 2009» en Human Rights Watch, www.hrw.org/en/node/87511.
  • 6. Iraq tiene una población de casi 29 millones de habitantes mientras que Honduras tiene solo siete millones. Ver www.iraqbodycount.org/database/.
  • 7. Alexandra Heinemann y Dorte Verner: «Crime and Violence in Development. A Literature Review of Latin America and the Caribbean», World Bank Policy Research Working Paper, Banco Mundial, Washington, dc, 2006.
  • 8. Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (unodc): Crime and Development in Central America. Caught in the Crossfire, Naciones Unidas, Nueva York, 2007.
  • 9. Juan E. Méndez: «Problems of Lawless Violence: Introduction» en J.E. Méndez, Guillermo O’Donnell y Paulo S. Pinheiro (eds.): The (Un)Rule of Law and the Underprivileged in Latin America, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1999.
  • 10. Scott P. Mainwaring y Frances Hagopian: «The Third Wave of Democratization in Latin America» en S.P. Mainwaring y F. Hagopian (eds.): The Third Wave of Democratization in Latin America. Advances and Setbacks, Cambridge University Press, Nueva York, 2005.