Entrevista

Silencio, OMC Entrevista a Roberto Bissio

El gobierno argentino decidió no autorizar la entrada al país de 63 expertos de organizaciones no gubernamentales acreditados para participar en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Las organizaciones (entre las que se encuentran Global Justice Now, Amigos de la Tierra y el Transnational Institute) han participado en las cumbres anteriores sin ningún inconveniente y están lejos de defender actos violentos como afirma el gobierno argentino. En esta entrevista, Roberto Bissio -director de Social Watch- afirma que se silencian voces críticas de la llamada «globalización corporativa», mientras se recibe con alfombra roja a los lobbistas de las grandes empresas.

Silencio, OMC / Entrevista a Roberto Bissio

Hace solo unos días una serie de organizaciones sindicales, observadores políticos y diversas ONGs denunciaron que el gobierno Argentino había bloqueado su participación en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que se celebra en Buenos Aires. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué considera que se estableció esa política que incluye a organizaciones tan diversas como Global Justice Now, Amigos de la Tierra y el Transnational Institute?

Lo que sucedió es que el gobierno argentino decidió no autorizar la entrada al país de 63 expertos de organizaciones no gubernamentales que ya habían sido acreditados por la Organización Mundial de Comercio para participar en la Conferencia Ministerial. Este es un gesto inaudito. No tiene precedentes en las diez conferencias ministeriales anteriores, y constituye una clara violación de los acuerdos de país sede que rigen la diplomacia internacional. Imaginemos que fuera el país sede y no la FIFA quien decide qué países participan en la copa del mundo, o que a Rusia se le ocurriera que no le va a dar visa a Messi o que no va a permitir la entrada de los argentinos que quieran hinchar por su equipo.

El país sede no puede vetar la participación de personas aceptadas por la organización de un evento internacional salvo en situaciones de amenaza a su seguridad nacional. Basta ver la lista de los expertos vetados para darse cuenta que no constituyen amenaza de ningún tipo y ni siquiera se los puede equiparar con los hooligans. La acusación según la cual estas personas estarían utilizando las redes sociales para promover episodios violentos no está fundada. No hay un solo tweet o comentario de facebook que avale esta postura.

Como el motivo de la resolución, obviamente, no puede ser la alegada defensa de la seguridad nacional, se han generado especulaciones sobre quién la tomó, por qué motivos y por qué no se ha intentado rápidamente reparar el daño si todo fue un equívoco lamentable. Lo único que se sabe, por ahora, es el resultado: se silencian voces críticas de la llamada «globalización corporativa», mientras se recibe con alfombra roja a los lobbistas de las grandes empresas.

¿Qué opinión tiene del pedido de varias de las organizaciones que sufrieron el bloqueo del gobierno argentino de que se reconside la sede de la próxima cumbre del G20, teniendo en cuenta que la ciudad elegida a tales efectos es Buenos Aires?

El G20, al igual que el G7, es un «club de amigos» sin secretariado ni estatuto legal alguno. A lo largo de los años se ha construido trabajosamente una cierta legitimidad social, con reuniones paralelas de empresarios («Business 20» o B20), la sociedad civil (C20) y think thanks (T20), cada una de ellas con su autonomía y sus propias conclusiones que proveen insumos a la reunión de los jefes de Estado. Si el gobierno argentino no ofrece garantías (y muchos de los vetados para la conferencia de la OMC aspiraban legítimamente a participar del C20 u otras actividades vinculadas), es natural que la sociedad civil quiera obtenerlas o considere que otra sede sería necesaria para no retroceder en las precarias prácticas democráticas del G20.

Angela Merkel ya sostuvo que el G20 debería funcionar en la sede de Naciones Unidas para evitar estos problemas y es una sugerencia atendible si se quiere rescatar y formalizar un mecanismo informal que ya ha sobrepasado su vida útil.

Si la Organización Mundial de Comercio tuviera mayor aprecio por sus propios fueros ya debería estar considerando realizar la conferencia ministerial en otra sede, ante la violación argentina de las normas de país anfitrión. No se trata solo de un muy atendible requisito formal que el país anfitrión debe cumplir. Sucede que la Argentina no sólo hospeda la conferencia ministerial de la OMC, sino que también preside las negociaciones. Un gesto de parcialidad evidente de la presidencia compromete la buena fe que siempre debe postularse como base de la diplomacia. Si no hay buena fe es como si el árbitro fuera contratado por uno de los equipos. El clima entero de la conferencia sufre y la posibilidad de llegar a acuerdos bajo esta presidencia se esfuma.

¿Cómo ve la cumbre de la OMC más allá de la lamentable situación que tuvo como protagonistas a las organizaciones no gubernamentales? ¿Qué consideraciones tiene sobre esta cumbre en la que se ponen en debate las políticas de liberalización y desrregulación económicas, que hoy han vuelto a estar en auge en diversos países de América Latina?

Las ONGs no han protagonizado nada aquí, más allá de protestar por su exclusión injustificada.

El sistema comercial mundial creado por la Ronda Uruguay y que tiene a la OMC en su centro esta en crisis por la proliferación de tratados de comercio e inversión bilaterales y plurilaterales (como el propuesto TISA o el acuerdo Mercosur-Unión Europea), la incapacidad de culminar con éxito la «Ronda de Desarrollo» iniciada en Doha que debía tomar en cuenta los problemas de los países en desarrollo y el surgimiento de tendencias aislacionistas y proteccionistas en países desarrollados como las representadas por el Brexit y, sobre todo, la política de «America First» del presidente Donald Trump.

En este contexto, las negociaciones se traban por el intento de algunas partes de lograr mayor liberalización en las áreas donde tienen ventajas (por ejemplo a través de las propuestas sobre comercio electrónico) y mantener su proteccionismo en agricultura, donde los países en desarrollo pueden competir favorablemente. La falta de concesiones del Norte con relación a sus subsidios agrícolas, al mismo tiempo que niegan a la India y otros países la posibilidad de apoyar a sus propios agricultores pobres, es una clara muestra de injusticia en las reglas comerciales.

La OMC no discute ideologías sino que negocia intereses. Hace algunos años, un negociador brasileño enojado tiró sobre la mesa un libro de Adam Smith y le preguntó al representante de Estados Unidos «¿Dónde dice aquí que el libre comercio es bueno para todo menos para el jugo de naranja?» Como es sabido, por presión de los agricultores de Florida los Estados Unidos ponen trabas al jugo de naranja brasileño, así como al algodón africano.

Usted es uno de los directivos de Social Watch, una de las organizaciones más importantes del mundo en la lucha por el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de una agenda social que favorezca políticas efectivas contra la pobreza. ¿Cree que el marco de debate de la OMC propicia estas políticas? ¿Qué está pasando con el desarrollo y la erradicación de la pobreza teniendo en cuenta que las posiciones hegemónicas en la OMC se fundamentan en una concepción del «libre comercio» que, a la postre, parece estar favoreciendo al capital concentrado y a los grupos de mayor poder de presión económica a nivel internacional?

El problema no es el comercio de bienes sino su liberalización selectiva según los intereses de los más poderosos. Hasta hace unos años suponíamos que los «poderosos» eran los países del Norte que utilizaban la OMC para proteger su agricultura o sus patentes mientras forzaban aperturas de mercados para sus manufacturas. En las últimas décadas, con la liberalización financiera (que no es impuesta por la OMC sino por el FMI y el Banco Mundial) y la protección exagerada de las inversiones (mediante tratados bilaterales) y la proliferación de la banca offshore, las grandes corporaciones aparecen como los mayores beneficiarios y la mayoría de la población en países ricos ve su estabilidad laboral amenazada.

El aislacionismo no es la solución, pero las reglas comerciales y el sistema financiero deben cambiar porque la exclusión de las mayorías no es sustentable ni social ni ambientalmente. Es cierto que China ha resultado favorecida con la liberalización comercial y ello ha hecho posible una histórica reducción de la pobreza en este país, pero también se paga por este resultado un alto precio en pérdida de sustentabilidad ambiental y crecimiento de las desigualdades. Para debatir estos temas y para lograr alguna transparencia en negociaciones que afectan a millones de personas es que las organizaciones de la sociedad civil quieren participar en estas conferencias.


Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo, una organización sin fines de lucro de investigación y defensa con sede en Montevideo, Uruguay. También coordina la Secretaría de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas que elaboran informes anuales sobre la implementación de compromisos por parte de organizaciones gubernamentales e internacionales para la erradicación de pobreza y la equidad de género. Es miembro del Comité Asesor de la Sociedad Civil para el administrador del Programa de Desarrollo de la ONU y ha cubierto temas de desarrollo como periodista desde 1973.

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