Opinión

El robo de combustible: otra amenaza al futuro de México

El robo de combustible por parte de las organizaciones criminales se ha convertido en un verdadero problema para México.

El robo de combustible: otra amenaza al futuro de México

En muchas ocasiones, hablar de México supone establecer una relación directa con el narcotráfico. La opinión más extendida en la sociedad mexicana y en la de otros países es que esta actividad es la que más dinero le genera al crimen organizado. Si bien esto es verdad, la realidad es más compleja, dado que los cárteles actuales se parecen más a multinacionales del crimen que a los históricos cárteles colombianos de los 80-90. Dicho sea de otra forma, desarrollan muchas otras actividades, más allá del narcotráfico.

En el presente el robo de combustible se está llevando todas las portadas, lo que pone de manifiesto que tiene más importancia de la que muchos piensan. Esta actividad ilícita ha ido creciendo de forma imparable en los últimos años debido a tres factores. En primer lugar, porque la práctica del narcotráfico requiere que los cárteles cuenten con una importante capacidad operativa y logística a escala nacional e internacional. Por ende, aquellas organizaciones criminales que se han visto debilitadas en los últimos años, tales como los Zetas o el Cártel del Golfo, han visto en el robo de combustible una alternativa para generar dinero fácil, rápido y seguro. Otro factor es el intento de dinamizar las actividades generadoras de dinero, algo que organizaciones fuertes, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), están tratando de implementar. El último factor que explicaría el incremento de tomas clandestinas es la corrupción existente en la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y en las corporaciones policiales. La institución ha llevado a cabo la implementación de medidas de seguridad para evitar estos robos, pero hasta ahora tales medidas no han hecho efecto, dado que la delincuencia organizada siempre ha superado esos obstáculos. Esto solo se puede explicar por la participación de trabajadores de Pemex y de algunos elementos policiales en las actividades de la delincuencia organizada.

La problemática del robo de combustible no afecta por igual a todos los estados de la República Mexicana. En aquellos que registran una mayor actividad logística e industrial es donde más tomas clandestinas se han localizado. Si pudiéramos ver los estados implicados en un mapa, estos formarían una especie de «Y», comenzando por Tabasco y Veracruz y abriéndose un ramal formado por Tamaulipas y Nuevo León, mientras que el otro lo compondrían Puebla, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.

Los responsables de esta actividad ilícita suelen ser, en la mayor parte de los casos, células del crimen organizado, salvo en el caso específico de Puebla, donde además existen numerosas bandas denominadas «huachicoleros», compuestas por pobladores locales. Guanajuato encabeza el ranking con 968 tomas en 2015. El CJNG es el responsable de 85% del combustible robado. A ello se une que esta organización criminal ha ido implementando mejoras en la extracción del producto, como por ejemplo túneles subterráneos con acceso a los ductos. Le sigue de cerca el estado de Tamaulipas, con 926 tomas clandestinas. Este estado es escenario de cruentos enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y los Zetas, y los primeros son responsables de la sustracción de hasta 90% del combustible, en gran medida petróleo crudo. En tercer lugar está el estado de Puebla, que ha estado en el foco de la atención pública en lo que llevamos de 2017 debido a los constantes enfrentamientos entre el ejército y las bandas de huachicoleros. En el estado poblano se identifica una zona denominada «Triángulo Rojo», que comprende municipios como Puebla de Zaragoza, Palmar de Bravo, Acatzingo, Tecamachalco, Amozoc, Quecholac y Tepeaca. En los últimos años los enfrentamientos entre el Cártel de los Zetas y los huachicoleros han sido constantes, y la balanza se ha decantado en favor de los primeros, que capitalizan casi todo el combustible robado.

Según el Reporte de Robo de Hidrocarburos de 2016 de la consultora Etellekt, el Cártel de los Zetas es el que más se está beneficiando de esta lucrativa actividad, ya que ha llegado a acaparar 38,88% del combustible robado. Le siguen el CJNG, con 21,39%; el Cártel del Golfo, con 16,34%; los Beltrán Leyva, con 7,57%, y el Cártel de Sinaloa con 6,29%, entre otros. Los Zetas concentran sus tomas clandestinas en estados como Puebla y Tabasco y, en menor medida, Guanajuato. El CJNG domina en estados como el último mencionado, Jalisco y Veracruz. Las ganancias de ambos cárteles están en 7.000 millones y 4.000 millones de pesos respectivamente. La otra cara de la moneda son las pérdidas que esto genera para la República Mexicana. Fuentes gubernamentales afirman que las pérdidas por año ascienden a 1.000 millones de dólares. A ello se sumarían costos extras, tales como los generados por el despliegue de efectivos policiales y militares para custodiar las redes de ductos que transitan por el país y la incorporación de tecnología enfocada a la detección de tomas clandestinas.

En el caso de Puebla y de otros estados donde la población civil tiene una participación directa o indirecta, las autoridades se enfrentan a un grave problema, que es la conformación de alianzas entre los grupos criminales que sustraen el combustible y la población civil. Este hecho responde a una realidad socioeconómica muy extendida en México. El salario mínimo es de 2.400 al mes (unos 132 dólares), cifra insuficiente para tener una vida digna. En cambio, la colaboración con los grupos criminales o la participación directa en el robo puede conllevar ganancias de hasta 14.000 pesos al mes (alrededor de 770 dólares), siete veces el salario mínimo.

En relación con los métodos de sustracción del combustible, cabe resaltar dos grandes modalidades. Por un lado, el robo de camiones cisterna de Pemex que transportan el combustible destinado a la provisión de las gasolineras. Por otro lado, el método favorito para los grupos criminales, es decir, pinchar los ductos. Por lo general, suelen elegir zonas rurales donde la vigilancia es menor y donde la manipulación de los ductos puede realizarse con mayor tranquilidad y precisión. En líneas generales, el robo de combustible en los ductos se realiza de la siguiente manera: primero se pincha el ducto y seguidamente se acoplan unas válvulas y se realiza lo que coloquialmente se conoce como «ordeña». Las zonas preferidas para sustraer el combustible suelen ser accesibles para camiones, los cuales son cargados por la noche con el producto. El producto robado normalmente es vendido al mayoreo y menudeo, y se llega a vender a seis pesos (0,33 dólares) el litro, diez menos que el precio oficial.

Ante este problema, las autoridades del nivel federal y la compañía Pemex han puesto en marcha una serie de medidas que, hasta el día de hoy, no han dado resultado. Una de las anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto fue el despliegue de agentes federales y miembros del Ejército en distintos puntos de la red de ductos. Por otra parte, se han instalado medidores de presión, con el fin de detectar variaciones que pudieran significar una sustracción ilícita. Ante esto, los grupos criminales contestaron con un sistema de extracción por el cual, mientras extraen el combustible, inyectan agua en el ducto, con el objetivo de cegar a esos medidores de presión. Se apostó también por transportar por los ductos el combustible a ciertas horas o sin estar preparado para su uso, pero nada de esto ha dado resultado.

Las consecuencias del robo de combustibles se traducen, por ejemplo, en un costo extra que el ciudadano tiene que pagar por las pérdidas generadas, eventos puntuales de desabasto en ciertas regiones del país e incertidumbre de los inversores internacionales atraídos por la reforma energética promulgada por el gobierno federal.

Sin duda la corrupción es el elemento clave que permite a los grupos criminales explotar esta vía de financiación. Pero no es menos importante la precaria situación socioeconómica que vive parte de la sociedad, que ve en el robo de combustible una posibilidad de tener una vida mejor.

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