Coyuntura

El regreso del sandinismo al poder y la cristalización del «Estado-mara»

El debilitamiento político-institucional sufrido por Nicaragua a partir del fracaso del experimento revolucionario de los 80 generó las condiciones para la materialización de lo que aquí se identifica como el «Estado-mara». Se trata de un tipo de Estado que asume una serie de comportamientos, expresiones simbólicas y formas de organización propias de las pandillas centroamericanas conocidas como «maras»: una identidad negativa, un sentido de lealtad familiar y una visión personalizada y territorial del poder.

El regreso del sandinismo al poder y la cristalización del «Estado-mara»

Después de su independencia, los países de América Latina iniciaron procesos de construcción de Estados nacionales. Los avances logrados en esa dirección varían de país en país. En términos generales, la mayoría se encuentra hoy en diferentes puntos de desarrollo entre lo que definimos como el «Estado conquistador» –el modelo de organización social heredado de la experiencia conquistadora y colonizadora– y el Estado-nación –la expresión más avanzada del Estado nacional, adoptada como modelo normativo por los líderes de la América Latina independiente–.

El Estado conquistador asume una serie de características estructurales, entre las que se destacan la escasa capacidad de regulación social, la fragmentación social y territorial de su base espacial, la alta dependencia externa y la autonomía en relación con la sociedad.

La incapacidad de regulación social del Estado alude a su dificultad para organizar e institucionalizar las condiciones del orden social. Esto complica el establecimiento de un sistema nacional de normas legales y facilita la fragmentación territorial del poder y su personalización. Al mismo tiempo, la alta dependencia externa del Estado y su autonomía en relación con la sociedad les otorgan a los gobernantes del Estado conquistador la posibilidad de actuar a espaldas de esta y por encima de la ley. Esta caracterización se aplica claramente al caso de Nicaragua.

Durante las dos últimas décadas, la capacidad del Estado nicaragüense para crear las bases de un consenso nacional democrático que facilite la integración social y territorial se ha deteriorado significativamente. Este deterioro, a su vez, ha generado las condiciones para el surgimiento de un modelo de Estado cuya conceptuación rebasa el vocabulario convencional de las ciencias sociales.

En este trabajo se desarrolla el concepto de «Estado-mara» para hacer referencia al modelo de Estado que se ha materializado en Nicaragua desde el retorno al poder, en enero de 2007, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Se trata de una forma de Estado que asume una serie de comportamientos, expresiones simbólicas y formas de organización propias de las pandillas centroamericanas conocidas como maras: la esencia negativa de su identidad, el sentido de lealtad familiar que domina su cultura organizativa y la visión personalizada y territorial del poder.

Anagénesis institucional

El concepto de anagénesis se utiliza en biología para hacer referencia a un cambio evolutivo gradual que conduce al desarrollo de una nueva especie. Este concepto puede ayudar a aclarar el argumento central de este trabajo.

En determinados momentos de la historia, los cambios que experimenta la sociedad forman nuevas realidades sociales en las que se sintetizan y materializan las consecuencias acumuladas de su desarrollo. Esos procesos de cristalización –anagénesis institucional– se manifiestan claramente en el Estado.

La historia política e institucional de Nicaragua puede dividirse en tres momentos de anagénesis institucional. El primero corresponde al surgimiento del «Estado filibustero», nacido en 1856 bajo la insólita presidencia del estadounidense William Walker. Ese Estado esclavista que hablaba en inglés reveló, a pesar de su corta duración, la incapacidad de las elites liberales y conservadoras para articular un consenso nacional después de la independencia.

El segundo momento de anagénesis institucional corresponde al surgimiento del «Estado somocista». En ese modelo de Estado se materializó, nuevamente, la incapacidad de las elites para construir un consenso hegemónico sobre la base del cual articular un orden social. Entre 1857 y 1893, los conservadores gobernaron el país contra los liberales. Las elites liberales, por su parte, gobernaron contra los conservadores entre 1893 y 1909.

La intervención estadounidense que se inició en 1909 puso fin a las interminables guerras partidarias. Antes de retirarse de Nicaragua, en 1933, las fuerzas de intervención crearon las condiciones para el surgimiento de un Estado dictatorial que se extendió desde el ascenso al poder de Anastasio Somoza García, en 1936, hasta el triunfo revolucionario del FSLN, en 1979.

El surgimiento del Estado-mara representa un tercer momento de anagénesis institucional. En este nuevo tipo de Estado se sintetizan y cristalizan las tensiones, los fracasos y las contradicciones, políticas e institucionales, del periodo que abarca desde el triunfo de la Revolución Sandinista hasta nuestros días.

La génesis del Estado-mara: 1979-2009

El triunfo sandinista de 1979 abrió un breve momento de esperanza en la historia política nicaragüense. Sin embargo, el experimento revolucionario, como es bien conocido, desembocó en la polarización del país, la desarticulación de la economía y la guerra. La insostenible situación de fines de los 80 forzó a las partes en conflicto a aceptar la paz y los sandinistas accedieron a celebrar elecciones bajo la supervisión de observadores internacionales. En 1990, Violeta Barrios de Chamorro, al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO), ganó los comicios.

Antes del traspaso del poder al nuevo gobierno electo, la desgastada institucionalidad del Estado nicaragüense recibiría un nuevo golpe. Entre el 25 de febrero de 1990, día de las elecciones, y el 25 de abril de ese mismo año, cuando asumió el poder Barrios de Chamorro, se registró una masiva transferencia de bienes estatales a miembros de la dirigencia sandinista. En sus memorias, Ernesto Cardenal explica en estos términos la dinámica de la masiva apropiación privada de bienes públicos que los nicaragüenses bautizaron como «la piñata»:

Hubo el robo de las propiedades del Estado que hicieron los dirigentes para adjudicarlas al Frente Sandinista, y el robo de las propiedades del Estado que los dirigentes hicieron para adjudicárselas a ellos mismos, y posteriormente el robo de las propiedades del Frente Sandinista que los dirigentes también se adjudicaron. Así fue como la mayoría de los miembros de la Dirección Nacional (aunque no todos) y otras autoridades del partido o altos funcionarios del gobierno y líderes sindicales se quedaron con cuentas bancarias, casas, vehículos, empresas comerciales, supermercados, haciendas cafetaleras y ganaderas, ingenios de azúcar, fincas bananeras, restaurantes, televisión, radios, empresas comercializadoras de carne, y de banano, y empresas financieras y bancarias.

La desestabilización del sistema de propiedad provocado por la piñata creó una situación de inestabilidad que hasta el día de hoy entorpece la normalización económica del país. Con el regreso al poder del FSLN en 2007, esa inestabilidad se ha acentuado. En mayo de 2007, el programa de televisión Esta Semana, que conduce el ex-director de Barricada (el periódico oficial del FSLN durante los 80), Carlos Fernando Chamorro, reveló la existencia de un grupo de abogados sandinistas que, aprovechando el control del sistema judicial que ejerce su partido, trafican con la inestabilidad de la propiedad desde la Secretaría del FSLN. En ese mismo lugar despacha el presidente Daniel Ortega, quien no quiso ocupar la sede oficial del gobierno y cuya residencia está ubicada a la par de esas mismas oficinas.

Pero no fue solo el sandinismo el que contribuyó a crear el Estado-mara. Las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos de la llamada «transición democrática» a partir de 1990 también ayudaron a la construcción de este tipo de Estado, en la medida en que debilitaron la capacidad de regulación social del poder público mediante la reducción de sus funciones sociales e incluso la erosión de su capacidad de penetración territorial. Además, aumentaron su dependencia externa y, por lo tanto, su autonomía en relación con una sociedad que –a pesar de vivir formalmente bajo un sistema democrático– carece de la capacidad para domesticar la acción estatal.

La fortaleza institucional y la legitimidad del Estado nicaragüense quedaron nuevamente afectadas en 1997, cuando se celebró un pacto entre el FSLN y el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Mediante ese acuerdo, las dos fuerzas mayoritarias se repartieron los cargos en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de la República y la Superintendencia de Bancos.

El pacto incluyó un sistema de protección personal para los líderes de ambos partidos. Ortega aprovechó esa protección en 1998, cuando, amparado en su inmunidad parlamentaria y con el apoyo de las bancadas sandinista y liberal en la Asamblea Legislativa, evadió las consecuencias legales de las acusaciones de violación y abuso sexual en su contra realizadas por su hija adoptiva, Zoilamérica Narváez.

Además, el pacto entre sandinistas y liberales desmovilizó a las organizaciones populares que se crearon en los años 80 y, por lo tanto, dificultó el control democrático del Estado. Esto generó condiciones favorables para la corrupción, que durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) adquirió proporciones epidémicas.

Finalmente, el Estado sufrió el debilitamiento de su condición laica. Durante el gobierno de Barrios de Chamorro, la Iglesia condicionó la política educativa y las políticas públicas de salud reproductiva. Más tarde, durante la presidencia de Alemán, la Iglesia contribuyó a legitimar el pacto con el sandinismo y a encubrir la corrupción que prosperó al calor de este. El rol de la Iglesia como legitimadora del acuerdo facilitó el acercamiento entre esa institución y el sandinismo, al que se había opuesto fuertemente en los 80. El acercamiento entre el FSLN y la Iglesia, a su vez, contribuyó a la victoria de Ortega en las elecciones de 2007.

El debilitamiento del carácter laico del Estado se manifestó dramáticamente en octubre de 2006, cuando, por insistencia de la Iglesia, la Asamblea Nacional, con apoyo de los legisladores sandinistas y liberales, reformó el Código Penal para criminalizar el aborto terapéutico (el tipo de aborto que se justifica por razones médicas, por ejemplo porque corre peligro la vida de la madre o para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad fatal). En esa ocasión, Rosario Murillo, esposa de Ortega y jefa de campaña del FSLN, declaró: «Somos enfáticos: no al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas; sí a la fe; sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino».

En síntesis: el debilitamiento político-institucional de Nicaragua que se inicia con el fracaso del experimento revolucionario de los 80 generó las condiciones que hicieron posible la materialización del Estado-mara, cuyas principales características se analizan a continuación.

La identidad negativa de las maras y del Estado-mara

Las maras no tienen una identidad positiva; es decir, no se definen y distinguen por un pensamiento o por una visión particular del mundo y de la sociedad. Las maras se diferencian entre sí por el poder que logran acumular, por los espacios territoriales que controlan y por su estética. Pero, sobre todo, la identidad de una mara se construye a partir de su oposición a otras maras y su antagonismo con el resto de la sociedad.

De igual manera, el Estado-mara no se define por operar sobre la base de una visión de nación ni como expresión de un consenso social; tampoco es el representante o promotor de un proyecto hegemónico determinado. El Estado-mara nicaragüense, para referirnos al caso que nos ocupa, no funciona a partir de una visión neoliberal, pero tampoco es antineoliberal. Se define como de izquierda, pero apoya tratados neoliberales de libre comercio y posiciones religiosas ultraconservadoras.

Se trata de un Estado construido sobre la base del vacío identitario del FSLN, vacío que tiene sus raíces en el pragmatismo adoptado por ese partido desde que perdió el poder en 1990. Ricardo Coronel Kautz, uno de los principales propagandistas del FSLN, justificó ese comportamiento de la siguiente forma:

La política no es más que el juego de la demagogia, la manipulación, el manoseo, el engaño, la venta de ilusiones, la trampa, el jueguito, la compra y venta de voluntades, el chantaje, el cinismo, las coimas, los pactos prebendarios, el nepotismo, la llamada corrupción, el abuso de la palabra y tráfico de influencias, la media mentira y media verdad, y todo lo demás. [El FSLN] ha tenido que aprender ese juego.

Bertrand Russell acostumbraba decir que el pragmatismo no es una filosofía sino una manera de vivir sin una filosofía. Como las pandillas, el Estado-mara es pragmático para evitar los condicionamientos y los límites que impone cualquier filosofía o cualquier sistema de principios. Así pues, el Estado-mara no construye su identidad positivamente, sino en función de sus enemigos. «La lucha contra los enemigos –señala Lewis E. Coser en su clásico estudio sobre las funciones del conflicto social– neutraliza el conflicto interno [del grupo]; sirve como un mecanismo de socialización, reafirma la identidad del grupo y define sus fronteras con el mundo exterior».

La importancia de los enemigos en el sostenimiento de la identidad de las maras y del Estado-mara explica la importancia de los «traídos»; es decir, las cuentas pendientes y las enemistades profundas que la mara conserva indefinidamente en su memoria. Los traídos son, como ha señalado José Luis Rocha en uno de sus estudios sobre las maras centroamericanas, el «combustible» de las pandillas, la clave que les permite afirmar el sentido de identidad entre sus miembros. «Las venganzas pendientes –dice Rocha– los amarran».

Los «traídos» del Estado-mara son muchos. Uno de ellos es el que Rosario Murillo, la poderosa esposa de Ortega, mantiene con Ernesto Cardenal, que data de los tiempos en que el poeta era ministro de Cultura del primer gobierno sandinista. Después de casi un cuarto de siglo, ese «traído» continúa vigente. En agosto de 2008, el gobierno impulsó la reapertura de una causa por injurias y calumnias iniciada contra Cardenal en 2005 por un empresario alemán. José Ramón Rojas Méndez, el abogado acusador, fue el mismo que defendió a Ortega en la demanda por abuso y violación sexual presentada por su hijastra.

Cardenal fue condenado, sus cuentas bancarias fueron intervenidas y estuvo a punto de perder su libertad. La reacción internacional y las declaraciones de apoyo de figuras como Ignacio Ramonet, Pedro Casaldáliga, Mario Benedetti, José Saramago y Eduardo Galeano, e incluso de organizaciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, lograron detener al gobierno, aunque la amenaza legal contra la libertad de Cardenal continúa latente. La carta de Eduardo Galeano ofrece una muestra del apoyo recibido por el poeta: «Toda mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame Gobierno». José Saramago, por su parte, se refirió a Cardenal como una «víctima de la mala conciencia de un Daniel Ortega indigno de su propio pasado».

Con frecuencia, las organizaciones crean definiciones abstractas y, sobre todo, flexibles en cuanto a la selección de sus enemigos. Esto les permite aplicar esas definiciones a personas y grupos concretos de acuerdo con su conveniencia. El enemigo abstracto del Estado-mara nicaragüense es la «oligarquía», un concepto redefinido permanentemente y despojado de su verdadero sentido. En Nicaragua, todo el que se opone al Estado-mara es tildado de oligarca.

La lealtad familiar

La lealtad familiar es un principio de convivencia imprescindible en las maras y en el Estado-mara. En estas organizaciones, cualquier muestra de deslealtad hacia el grupo es castigada con firmeza, y cualquier signo de independencia es considerado como una señal de peligro. Violar la ley nunca es tan grave como desobedecer las órdenes del jefe.

Un ejemplo de lo anterior lo ofrecen los ataques lanzados por el Estado contra el alcalde sandinista de Managua, Dionisio Marenco, después de que este criticara la decisión del presidente y de su esposa de destruir –sin consultar a nadie– una fuente construida en la Plaza de la República de Managua por el gobierno liberal de Arnoldo Alemán. Esa fuente era percibida por el Estado-mara como un graffiti pintado por una mara enemiga en el territorio que ahora controla.

La mara es, pues, una organización voraz, que demanda la adhesión absoluta e incondicional de sus miembros. A cambio de esa lealtad, la mara protege a sus integrantes en situaciones de peligro. De esta forma, las consecuencias de los actos delictivos de los pandilleros se disuelven en el grupo.

Del mismo modo, el Estado-mara tiende a proteger a sus miembros cuando estos enfrentan un riesgo, tal como ilustra el caso del sandinista Gerardo Miranda, ex-diputado del FSLN y representante diplomático de Nicaragua en Costa Rica. Miranda fue grabado mientras extorsionaba a un inversionista nicaragüense. Más tarde se reveló que trabajaba junto con el grupo de abogados sandinistas que, de acuerdo con las investigaciones del programa de televisión Esta Semana, trafica con el desorden del sistema de propiedad en Nicaragua desde las oficinas centrales del FSLN.

Pese a la evidencia, el Estado y el FSLN protegieron a Miranda, quien ni siquiera perdió su puesto. Al mismo tiempo, los medios informativos controlados por el gobierno desataron una campaña virulenta contra los periodistas que investigaron el caso. Ortega, por su parte, evitó pronunciarse sobre el tema alegando que para él existían «otras cosas más importantes».

La naturaleza del poder

El poder de las maras es un poder físico y concreto. No existen normas que limiten el poder ni las decisiones del jefe. En las maras, entonces, no existe «una clara distinción entre la imagen concreta del jefe y la idea abstracta del poder». Lo mismo ocurre en el Estado-mara: quien controla este tipo de Estado aspira a funcionar como un príncipe territorial, sin normas legales o políticas que lo condicionen.

Esa aspiración se expresa claramente en el discurso autoritario de Ortega. En la celebración de uno de los aniversarios de la Revolución Sandinista, para citar solo un ejemplo, Ortega amenazó a la oposición con las palabras siguientes:

Donde nos busquen nuestros enemigos, allí nos van a encontrar; donde nos busquen los vendepatria, allí nos van a encontrar; donde nos busquen los traidores, allí nos van a encontrar; donde nos busquen los financiados por la Embajada yanqui, allí nos van a encontrar, dispuestos, como decía nuestro gran poeta Rubén Darío, a levantar el acero de guerra o el olivo de la paz.

La violencia discursiva de Ortega forma parte de la cultura del Estado-mara. Hasta el procurador de Justicia, Hernán Estrada, la defiende, por ejemplo cuando declaró que los nicaragüenses deberían agradecer que el presidente no haya usado esa violencia para aplastar a sus críticos. «Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles no quedaría piedra sobre piedra sobre este país y sobre ninguna emisora y sobre ningún canal, de este país, gracias a Dios no lo ha hecho.»El dominio territorial juega un papel central. Según un estudioso de las maras, el espacio controlado por las pandillas «adquiere a sus ojos un valor especialmente importante, acompañándole muchas veces de un sentimiento de posesión o conquista del territorio». Este imperativo territorial puede verse como la manifestación de un instinto primario para obtener la seguridad que se deriva del control espacial.

Ese mismo instinto se percibe en el funcionamiento premoderno o a-moderno del Estado-mara. En efecto, el Estado y la sociedad moderna implicaron la superación de la visión territorial del Estado. Más concretamente, la consolidación de una perspectiva política de lo territorial. El Estado-mara es a-moderno o premoderno porque no administra su base territorial como un espacio político dentro del cual se busca una forma de integración social que responda a un consenso democrático. Antes bien, lo percibe instintivamente como un espacio que debe controlar para sobrevivir. Lo percibe, en otras palabras, de la misma manera que las maras perciben su «turf», su «hood» o su «barrio».

En Nicaragua, cada vez que las fuerzas políticas de oposición intentan organizar demostraciones de protesta, los voceros oficialistas declaran que el sandinismo «no se dejará quitar el control de las calles». La defensa de la calle refleja en el discurso del FSLN una visión que no reconoce la existencia de espacios públicos ni el derecho ciudadano a protestar en el marco que establece la ley. El control de la calle revela el sentimiento de un derecho de posesión y control de todo aquello –bienes y personas– que existe dentro de un espacio territorial que se considera conquistado.

Conclusión

El Estado-mara es producto de la incapacidad de las elites políticas nicaragüenses de verse reflejadas como un todo en el espejo de la historia. Esa incapacidad se expresa hoy en la intolerancia y el autoritarismo del FSLN, que manipula a un importante sector de la sociedad nicaragüense –ofreciéndole pan a cambio de libertad– como un instrumento para aplastar cualquier forma de oposición. Se expresa, también, en el fracaso de la oposición –especialmente de la de izquierda– para articular un discurso que reconozca sin ambigüedades la pobreza y la marginalidad en que viven la mayoría de los nicaragüenses.

Así, a inicios del siglo XXI las elites actúan de la misma forma en que actuaron en el siglo XIX y en el XX. Insisten en seguir siendo, como el personaje de Gabriel García Márquez, «inferiores a su propia suerte».

El FSLN busca consolidar una Nicaragua enmarañada. La izquierda, por su parte, aspira a la construcción de una mueca de socialdemocracia de Primer Mundo en el segundo país más pobre de América Latina. En la confrontación entre el gobierno y la oposición no hay ganador posible. El triunfo de cualquiera de ellos será la continuación del fracaso de todos.