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El progresismo en un rumbo incierto: el caso de Chile

La voluntad reformista con que asumió Michelle Bachelet en marzo de 2014 se vio pronto desdibujada. Al caso de tráfico de influencias que afectó a su hijo y debilitó la institución presidencial, se suma la resistencia conservadora incluso dentro de la alianza gobernante. En ese marco, las discusiones sobre el carácter desigual y primario-exportador de la economía chilena marcan una agenda en la que resta mucho por concretar y donde el reemplazo de la heredada y varias veces reformada Constitución del pinochetismo aparece como una tarea tan postergada como imprescindible para el progresismo.

El progresismo en un rumbo incierto: el caso de Chile

Al cumplirse cerca de la mitad del segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet, en Chile despunta una cierta decepción con sus resultados, en el contexto más amplio de retroceso de los llamados «gobiernos progresistas» en América Latina. Estos gobiernos son, como es notorio, de orientaciones diversas en materia de estilos de gestión, diseños institucionales y políticas económicas y sociales. Pero pueden encontrarse importantes similitudes de trayectoria histórica, actualización de ideas y opciones de política pública en los de Brasil –con el Partido de los Trabajadores (pt) a la cabeza–, el del Frente Amplio (fa) en Uruguay y el liderado por la Concertación-Nueva Mayoría en Chile. Estos gobiernos, nacidos de las urnas y del agotamiento popular respecto de las políticas neoliberales, han debido enfrentar dos problemas fundamentales. El primero es el del manejo de economías de creciente heterogeneidad estructural (abiertas, financiarizadas, oligopolizadas y con actores empresariales privados determinantes), en las que, al introducirse esbozos de Estados de Bienestar, es necesario evitar desestabilizaciones internas y externas de los mercados que pudieran afectar las políticas sociales y a la propia democracia. El segundo es el del manejo de coaliciones de gobierno también heterogéneas, especialmente en el caso de Brasil, con partidos de centro que componen la mayoría parlamentaria, y en el de Chile, con sectores de centroderecha que son parte de la coalición que se presenta a los electores, con además ventajas institucionales para la oposición formal de derecha. Este ejercicio tiene algo de cuadratura del círculo y parece estar llegando al final de su ciclo histórico de más de una década.

En el caso de Chile, la evolución de los gobiernos de la presidenta Bachelet abona en esta dirección. Su primer gobierno de cuatro años (2006-2010) estuvo marcado por la toma de distancia respecto de los partidos de la coalición oficialista desde 1990 (la Concertación) y del estilo de gestión de Ricardo Lagos (2000-20061), en la idea de llevar a las tareas de gobierno a nuevos responsables y buscar la paridad de género en el gabinete y en cargos públicos. Bachelet se propuso revertir el desgastado apoyo popular a las fuerzas que habían conducido la transición a la democracia mediante un estilo empático, buscando inaugurar un nuevo método «ciudadano», distante de los partidos políticos y de las figuras de la política tradicional, para llevar adelante una agenda gubernamental con el sello del respeto por los derechos humanos y el desarrollo de la protección social.

La paradoja es que su opción principal para llevar adelante esa tarea fue nombrar a un ministro de Hacienda, Andrés Velasco, sin trayectoria política, que no pertenece a ningún partido pero sigue una orientación económica conservadora, en el que delegó buena parte de la gestión de gobierno. La paradoja continuó con que, a la postre, Velasco sería su competidor en las primarias presidenciales de 2014 de la coalición llamada Nueva Mayoría (que incluyó a la antigua Concertación más el Partido Comunista y que ganó el gobierno y el Parlamento) y es hoy un rudo opositor a su segundo gobierno desde la centroderecha del espectro político.

Como ministro de Hacienda, Velasco se opuso al corazón de las políticas de superación del enfoque neoliberal. Esto incluyó su negativa a llevar a cabo una reforma a la legislación laboral –empujada por un ala izquierda de la coalición de gobierno cada vez más debilitada– que hiciera posible una negociación colectiva menos desequilibrada en favor del empresariado, tal como quedó establecida por la legislación pinochetista de 1978. El ministro Velasco condicionó su permanencia en el gobierno a que la presidenta optara por no enviar proyecto alguno de reforma laboral, y esta aceptó para evitar desestabilizaciones económicas en medio de la crisis de 2008-2009, crisis que el ministro gestionó tarde y mal, lo que produjo una recesión que, en cambio, evitaron los gobiernos del entorno vecinal, supuestamente menos dotados en materia de capacidad de manejo macroeconómico.

Velasco y los sectores conservadores de la coalición de gobierno lograron además que no se hiciera nada para llevar a cabo una reforma tributaria progresiva, que en particular permitiera a Chile beneficiarse del ciclo más favorable que haya conocido en su historia reciente con los muy altos precios del cobre. No se hizo siquiera el esfuerzo de establecer un royalty minero de mayor significación o de promover una expansión de la minería de cobre estatal2. Vinculado a ello, a pesar de la emergencia del primer movimiento estudiantil de gran envergadura desde el fin de la dictadura, la rebelión de los estudiantes secundarios en 2006, una comisión de consulta numerosa y un vistoso acuerdo parlamentario, la demanda por reforzar la educación pública quedó en ajustes menores.

Aunque en la discusión programática los conservadores encabezados por Velasco también se habían opuesto a establecer un mínimo social subsidiado para adultos mayores pertenecientes a 60% de las familias de menores ingresos de la población (la «pensión básica solidaria»), que compensara parcialmente el carácter regresivo del sistema privado de pensiones, la presidenta Bachelet mantuvo esta bandera programática. Esto le valió una parte importante de su popularidad al terminar su primer gobierno y le permitió, más tarde, al terminar el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que la sucedió en el cargo, estructurar una segunda candidatura, a pesar de la derrota de su coalición en 2009, luego de que se dividiera y debilitara sin que la presidenta interviniera en esos procesos por su distancia con los partidos políticos.

El segundo gobierno de Bachelet se inauguró, en cambio, con un claro sello reformista, apoyado por 62% de los votos. Se comprometió a establecer una nueva Constitución que sustituyera a la de 1980; esta última, si bien reformada desde 1990, sigue teniendo un sello autoritario y una carencia de legitimidad que las significativas enmiendas de 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, no subsanaron. No obstante, el gobierno no avanzó en el tema cuando tenía mayor fuerza, al inaugurarse en marzo de 2014, sino que dilató la iniciativa hasta octubre de 2015, en un esquema de educación cívica, debates y envío de un proyecto de ley en 2016 que, en la práctica, pone la decisión en manos del gobierno y el Congreso que entran en funciones en 2018.

  • 1.

    Este fue el último sexenio gubernamental, luego reemplazado por cuatrienios para hacer coincidir los periodos presidenciales y los parlamentarios y evitar eventuales conflictos de poderes.

  • 2.

    El ciclo excepcional del cobre duró entre 2005 y 2013, periodo durante el cual el mineral duplicó su precio en los mercados internacionales, representó entre 10% y 34% de los ingresos fiscales, 13% del pib y cerca de 50% de las exportaciones En 2009-2013, 45% de la inversión extranjera directa se orientó al sector minero. En 2014, 39% del cobre se exportó a China. Ver Corporación Chilena del Cobre: Anuario de estadísticas del cobre y otros minerales 1995-2014, Santiago de Chile, 2015.