Opinión

Guatemala: el nuevo enemigo de Jimmy Morales

Jimmy Morales aseguraba que su principal enemigo era la corrupción. Sin embargo, el actual enemigo del presidente guatemalteco es la Contraloría de Cuentas. El organismo vigila sus pasos y lo obliga a devolver dinero a las arcas estatales. Mientras hace gestos al Ejército y a sectores de la extrema derecha, Morales es visto con recelo por buena parte de la población que lo acusa de perseguir a sus detractores por las redes sociales.

Guatemala: el nuevo enemigo de Jimmy Morales

El presidente Jimmy Morales suma una nueva confrontación a su cuestionada gestión al frente del gobierno guatemalteco. Esta vez se trata de la Contraloría General de Cuentas (CGC), encargada de la fiscalización del gasto público, a la cual señala de «detener el desarrollo del país». Su cuestionamiento obedece a las recientes resoluciones de la CGC que ha corregido los «errores» e illícitos cometidos por el Ejecutivo en el desembolso de fondos destinados a bonos personales, proyectos sobrevalorados o malos procedimientos en adjudicación de proyectos.

Primero, en septiembre de 2017, la Contraloría ordenó a Morales devolver 350.000 quetzales al erario. El dinero pertenecía a un bono ilegal que le había otorgado el Ejército durante nueve meses por ostentar el cargo de Comandante General de las Fuerzas Armadas. El pago consistía en un bono de 50.000 quetzales mensuales, (agregado a los 150.000 quetzales que devenga como Presidente de la República (uno de los más altos de América Latina). Morales declaró que el dinero había sido utilizado para pagar la defensa de su hijo y hermano, acusados penalmente en un caso de defraudación.

El segundo roce ocurrió en enero de 2018, cuando un medio de comunicación reveló que la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de Presidencia (SAAS) gastó 307.000 quetzales en compras y servicios para el presidente. Las facturas incluían licores, comida, ropa, artículos deportivos, arreglos florales, anteojos de marca y pastillas de menta. El gobernante no tuvo más opción que devolver de su bolsillo la mayoría de los fondos usados en la adquisición de lujos particulares costeados por el Estado.

En mayo del mismo año, la CGC informó que el vocero presidencial, Heinz Hiemann, cobraba doble sueldo por ser vocero y el enlace entre los medios de comunicación, tareas que corresponden al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito. Hiemann fue destituido a mediados de junio por ofrecer declaraciones «no oficiales» en las que el Gobierno de Guatemala aceptaba las medidas migratorias de Estados Unidos que permitieron la separación de familias de connacionales en la frontera, una medida polémica que debió ser revertida por el presidente Donald Trump. Pero esto no es todo. En junio, la Contraloría denunció al Secretario Brito, por negarse a devolver los 655.000 quetzales pagados a Hiemann.

El 31 de julio, de manera directa, Morales criticó a la Contraloría cuando la entidad detuvo un desembolso de 30 millones de quetzales (de un total de 172 millones) destinados a la empresa V&T, S.A para la construcción de viviendas para las familias sobrevivientes de la erupción del Volcán de Fuego ocurrida el 3 de junio pasado.

«Señores de la Contraloría, dejen trabajar. Nunca nos hemos negado a dar ningún tipo de información», declaró en una actividad gubernamental, como queja por la fiscalización de sus decisiones.

La Contraloría refirió que la detención del desembolso se debe a que todavía estaban realizando la auditoría al Ministerio de Finanzas Públicas, quien trasladaría los fondos. El Contralor General, Carlos Mencos, ha señalado la incapacidad del Ejecutivo para ejecutar los procesos en ley para la adjudicación de obras.

Morales se ha caracterizado por enfrentarse a los sectores que adversan o cuestionan su gobierno. El conflicto que ha marcado su gestión es el sostenido con Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad que junto al Ministerio Público (MP), acusa al hermano e hijo del gobernante de haber defraudado al Estado. Además, Velásquez abrió una investigación que salpica a Morales por financiamiento electoral ilícito. Ese financiamiento le habría permitido llegar al poder.

Solo no, con el Ejército sí

Los intentos del presidente por conservar su imagen de «ni corrupto, ni ladrón» (eslogan de su campaña electoral en 2015), lo han llevado a aliarse con personajes de la extrema derecha que insisten en defender su gobierno esgrimiendo el argumento de la «soberanía nacional».

Además, Morales enfoca sus esfuerzos en hacer ver a la población que no está solo. Recientemente, el presidente visitó el departamento de Santa Rosa junto a su vicepresidente, Jafeth Cabrera, señalado de nepotismo. Cabrera llevaba uniforme militar pese a que no tiene experiencia ni ostenta ningún rango dentro de las Fuerzas Armadas.

La vestimenta parece enviar un mensaje claro: el presidente sigue estando respaldado por militares. De hecho, los fundadores y financistas del partido que representa, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), son militares retirados. Uno de ellos es Edgar Justino Ovalle, quien fuera diputado por FCN en 2016 y 2017. Ahora se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de un caso de crímenes de lesa humanidad.

Ante este panorama, el mandatario es señalado de usar call centers en redes sociales con el fin de hacer comentarios positivos sobre su gestión y atacar a sus detractores. Prueba de ello es una reciente investigación periodística que denuncia al Ejecutivo por supuestas persecusiones a políticos, empresarios, periodistas, activistas y diplomáticos, con ayuda de un sistema de vigilancia y espionaje que intercepta redes sociales, teléfonos y cuentas de correo personales. Este sistema fue supuestamente adquirido en el anterior gobierno del Partido Patriota por 90 millones de quetzales (u$s 12.023 millones).

En el último año, Morales se ha dado a la tarea de depurar el gabinete de gobierno sumando aliados frente a su lucha contra la CICIG que, sin resultado alguno, ha presentado varias solicitudes de antejuicio en su contra. Algunos de sus aliados son: Sandra Jovel, canciller guatemalteca, quien ha pedido en varias ocasiones a la ONU la expulsión del comisionado Velásquez; Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, quien mantiene los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico pero ha desmantelado las unidades de investigación criminal con el despido de mandos policiales, y la nueva fiscal general del MP, Consuelo Porras (quien ya ha dejado ver su beneplácito con el Gobierno).

Enemigos en común

El presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar (hijo del fallecido alcalde capitalino, Álvaro Arzú, aliado número uno contra la CICIG) y Morales, tienen enemigos en común. Uno de ellos es el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, a quien buscan destituir. Recientemente han sindicado como enemiga a la organización indígena Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), a quien responsabilizan de la conflictividad social que vive el país debido a las movilizaciones que convocan para pedir la renuncia del gobernante. Por su parte, Codeca responsabiliza a Morales por la muerte de al menos seis de sus dirigentes durante 2018.

Mientras tanto, el Congreso ocupa su tiempo, mayoritariamente, en fiscalizar el gasto público y reactivar el permiso de transfuguismo antes de las próximas elecciones. De momento, Convergencia ( un partido de izquierda que cuenta con tres diputados) es el único que aborda temas de acceso a derechos humanos y hace propuestas sobre los grupos minoritarios.

¿Abusador?

Morales no solo debe enfrentar la vergüenza familiar por la acusación contra su hijo y hermano, sino que también debe hacer frente a un escándalo personal. El julio, el ex canciller Edgar Gutiérrez reveló que existen varias mujeres jóvenes que han sido acosadas sexualmente por el actual mandatario.

El caso no se ha aclarado ni resuelto, principalmente por la anonimidad de una de las víctimas que ya fue al Ministerio Público a dar su declaración.

Nuevos y viejos dinosaurios

A menos de un año de las elecciones, ya se visualizan aspirantes a la Presidencia. La más comentada es la ex fiscal general, Thelma Aldana, a quien le sigue el alcalde del departamento de Villa Nueva, Edwin Escobar. Pero también están presentes algunos dinosaurios de la política como Alejandro Giammattei, Sandra Torres (ex primera dama de Álvaro Colom y perdedora de los comicios pasados) y Zury Ríos (hija del coronel fallecido y acusado de genocidio, Efraín Ríos Montt), entre otros.

En tanto se definen nuevos liderazgos, a Morales le quedan 17 meses en la oficina. En el tiempo que le queda, parece que seguirá gobernando como hasta ahora: culpando a los demás por las cosas que no le han salido bien. Culpar a los padres de familia por abandonar a sus hijos en hogares del Estado, cuando 56 jóvenes y niñas murieron el pasado 8 de marzo de 2017 en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción por negligencia. Culpar a la Contraloría General de la Nación por «impedir el desarrollo del país». Culpar al Comité de Desarrollo Campesino por la falta de inversión en el país. Culpar a todos parece la norma. Hacerse cargo no le resulta fácil.

Pie de página