El 22 de junio de 2023, el Movimiento Semilla convocó a su acto de cierre de campaña en la ciudad de Guatemala. Lo que podía ser una tarde lluviosa se convirtió en un cálido atardecer. A las cinco de la tarde, unas 50 personas se reunieron en una esquina del parque Enrique Gómez Carrillo: diputados, candidatos, afiliados y simpatizantes del partido se preparaban para iniciar la marcha a la Plaza Central. El nerviosismo era evidente, al día siguiente se publicaría la última encuesta antes de las elecciones y las que se conocían otorgaban al partido menos de 5% de intención de voto.

Algunos minutos después, la marcha partió rumbo a la Plaza Central. Conforme avanzaba, más y más personas se iban sumando, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes que veían y sentían al Movimiento Semilla como una posibilidad de cambio, de construir un futuro mejor. El acto de cierre se realizó en la Concha Acústica del Parque Centenario, a un costado del Palacio Nacional. El espacio disponible se llenó rápidamente y las personas siguieron llegando. La Concha Acústica estaba llena a reventar y los asistentes rebosaban de entusiasmo.

Samuel Pérez, líder estudiantil de la Universidad Rafael Landívar durante las protestas de 2015, y posteriormente secretario general y diputado del Movimiento Semilla, dio uno de los discursos más emotivos de la noche:  

«Un verdadero honor para mí estar aquí, en este lugar dio su ultimo discurso Oliverio Castañeda de León [secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guatemala, asesinado por las fuerzas de seguridad a pocos metros de la Plaza Central el 20 de octubre de 1978], a quien hoy volteamos a ver con total respeto por su lucha. A él le tocó enfrentar un contexto muy parecido al que hoy vive nuestra Guatemala, de bloqueo, de represión, de límites a la libertad de expresión, y de persecución. Pero hoy sí llegó el momento de detener a quienes quieren regresarnos al pasado, esta campaña está terminando y los mismos de siempre están a punto de perder el poder porque el pueblo de Guatemala va a llegar a sacarlos a todos.(…) Al pueblo de Guatemala queremos decirle que no les vamos a fallar, porque no vamos solos, vamos junto a ustedes.(…) Nuestra lucha se resume justo en eso, en construir una patria para vivir con futuro, vivir bien y vivir felices. Llegó, ahora sí, el momento de votar diferente, y eso significa ir a las urnas y votar con esperanza y emoción, votar sin dudarlo y salir con la certeza de que hicimos lo más importante y es no dejar el país en manos de quienes siempre lo han destruido.(…) Este domingo vamos a ir a votar con valentía, sabiendo que vamos a hacer lo correcto. Vamos a dar el primer paso para construir una Guatemala en la que se pueda vivir, porque en un acto que parece irrelevante (votar) lo vamos a cambiar todo».

En su discurso, Bernardo Arévalo, candidato presidencial del Movimiento Semilla, agradeció a los militantes y afiliados del partido por el esfuerzo puesto en la campaña electoral; recordó a su padre, el ex-presidente Juan José Arévalo (1945-1951), a Edelberto Torres-Rivas, fundador de Semilla, y a su primer jefe de campaña Ronaldo Robles. Compartió algunos elementos del programa de Semilla y concluyó su discurso diciendo: «Este domingo no solo seremos la sorpresa electoral, seremos el recordatorio de que cuando un pueblo exige dignidad nada podrá detenerlo. Este domingo el pueblo de Guatemala recuperará su esperanza y su dignidad, que viva el pueblo de Guatemala, que viva Semilla». Centenares de jóvenes empezaron a corear «tío Bernie, tío Bernie», como empezaron a llamar a Bernardo Arévalo desde el inicio de la campaña, y el acto político dio lugar a una fiesta.

Al día siguiente, Prensa Libre, uno de los pocos periódicos impresos que quedan en Guatemala y un medio de referencia, publicó la última encuesta preelectoral. De acuerdo con las previsiones de ese diario, Sandra Torres ganaría las elecciones con 21% de los votos, seguida de Edmond Mulet, Zury Ríos y Manuel Conde. Arévalo aparecía en un lejano octavo lugar, con menos de 3% de la intención de votos. La suerte parecía estar echada.

Autoritarismo y elecciones

El 25 de junio se realizaron las elecciones generales en Guatemala. Ese día, poco más de nueve millones de ciudadanos empadronados fueron llamados a elegir presidente y vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Las elecciones se realizaron en el marco de una ofensiva autoritaria impulsada por una coalición de redes de corrupción formadas por funcionarios, políticos, empresarios, militares en activo y en situación de retiro, así como estructuras criminales propiamente dichas. Esta coalición ha mantenido el control del Poder Ejecutivo desde 2016 (a través de los presidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei), una mayoría legislativa formada por una decena de bloques partidarios unidos por la corrupción, una fuerte influencia sobre la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones que han prolongado ilegalmente su mandato por más de tres años, y la subordinación del Ministerio Público, que se convirtió en el instrumento para perseguir y criminalizar a opositores. 

En los últimos dos años, esta coalición logró conformar una mayoría favorable a sus intereses en la Corte de Constitucionalidad, neutralizar al procurador de los Derechos Humanos e, incluso, realizar un fraude electoral en la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública del país. 

Decenas de operadores de justicia (jueces, magistrados, fiscales y ex-funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala [CICIG]), periodistas y líderes y lideresas de la sociedad civil han tenido que exiliarse en Estados Unidos, México y Costa Rica, mientras que otros tantos, incluidos defensores del territorio y autoridades indígenas, están sometidos a procesos judiciales espurios. El cierre de El Periódico y la condena contra José Rubén Zamora, su presidente, así como la condena de la ex-fiscal Virginia Laparra, se convirtieron en casos ejemplificadores y advertencias para quienes fueran identificados como opositores.

Desde su inicio, el actual proceso electoral fue judicializado con decenas de denuncias y amparos, lo que posibilitó que, a través de la instrumentalización del sistema de justicia, tres candidaturas presidenciales fueran excluidas.

La primera fue la candidatura del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL): Telma Cabrera y Jordán Rodas (ex-procurador de los Derechos Humanos) no fueron inscritos porque se les señaló que su finiquito (constancia de no tener denuncias por el manejo de fondos públicos) no era válido. Telma Cabrera, lideresa indígena del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) fue candidata presidencial por el MLP en 2019, quedó en cuarto lugar con 10% de votos y ganó en tres distritos electorales mayoritariamente indígenas. Las propuestas del MLP, que incluían la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para constituir un Estado Plurinacional y la nacionalización de la electricidad, fueron vistas como una amenaza para la coalición gobernante, que le impidió participar en estas elecciones.

La segunda candidatura presidencial excluida fue la de Roberto Arzú García Granados del partido Podemos. Hijo del ex-presidente Álvaro Arzú, se trata de alguien que pertenece a las familias de la elite tradicional pero que, durante la campaña, asumió un discurso «antioligárquico» que lo hizo crecer en las encuestas. Pese a estar ya inscrita, su candidatura fue cancelada por el Tribunal Supremo Electoral aduciendo que había realizado campaña anticipada.

Finalmente, también fue excluido Carlos Pineda, un empresario exitoso del oriente del país, sin conexiones con las cámaras empresariales, que fue postulado por el partido Prosperidad Ciudadana. Antes de ser postulado por ese partido, Pineda era el precandidato del partido Cambio, «propiedad» del ex-candidato presidencial condenado en Estados Unidos por lavado de dinero Manuel Baldizón. Con un discurso antipolítica, Pineda llegó a encabezar las encuestas a principios de mayo. Sin embargo, Manuel Baldizón acusó a Prosperidad Ciudadana de no haber cumplido con procesos administrativos de la ley electoral, por lo que su partido fue cancelado y todas las candidaturas de este partido, incluida la presidencial, fueron excluidas.

Los tres candidatos excluidos coincidieron en llamar al voto nulo para las elecciones presidenciales.

Además de los elementos antes descritos, existieron y existen serias dudas sobre la imparcialidad, capacidad técnica y honestidad del Tribunal Supremo Electoral, el ente encargado de organizar las elecciones. Incluso, el jueves pasado el New York Times publicó un artículo que informaba sobre denuncias de que los magistrados habían recibido sobornos, presuntamente desde la Presidencia.

Resultados inesperados

Desde 2016, Guatemala es gobernada por una suerte de dictadura corporativa mafiosa, el llamado «pacto de corruptos», en la que redes políticas y económicas ilícitas (como las definió la CICIG) se coordinan en el control del Estado y compiten entre sí por posiciones de poder. La coordinación se establece por una compleja red de interdependencia que hace que Poder Ejecutivo, Congreso, altas cortes y Fiscalía se garanticen impunidad, la continuidad de la corrupción y de sus negocios, y la criminalización de quienes consideren sus adversarios.

Con las elecciones, estas redes compiten para alcanzar la mayor cantidad de posiciones en alcaldías, diputaciones, e incluso la Presidencia y aumentar sus cuotas de poder. En esta ocasión, la estrategia empleada consistió en pulverizar el sistema de partidos políticos: se inscribieron 30, de los cuales, mas de 24 respondían a los intereses de estas redes.

Entre las candidaturas con mayores apoyos de estas redes estaba la de Manuel Conde, del partido Vamos (actualmente en el gobierno), que contó con recursos públicos ilimitados y usó el aparato de gobierno para impulsarlo. De hecho, en las últimas semanas el presidente Giammattei se dedicó a entregar el bono para adultos mayores en diversas localidades del país, en contravención de la ley electoral. Pero otra de las candidaturas clave para la coalición era la de Zury Ríos, apoyada por la coalición Valor-Unionista. Hija del general genocida Efraín Ríos Montt, la candidata encabezó una coalición ultraconservadora en la que participaban redes de corrupción, militares en situación de retiro, grupos neopentecostales y sectores empresariales y contaba con el apoyo de la tristemente célebre Fundación contra el Terrorismo, entidad que ha participado activamente en la criminalización de opositores.

Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también expresa una alianza de redes de corrupción de constructores y proveedores del Estado, pastores protestantes, funcionarios y ex-funcionarios públicos que buscan hacerse con la Presidencia. Alguna vez presentada como socialdemócrata, Torres dijo que iba a defender el modelo de encarcelaciones masivas del salvadoreño Nayib Bukele.

Finalmente, estaba el candidato considerado «menos malo», Edmond Mulet, del partido Cabal, que contó con apoyo de grupos empresariales, ex-funcionarios de distintos gobiernos y grupos de poder regional. Tras pronunciarse por la libertad de expresión por el cierre de El Periódico, fue acusado de obstrucción de la justicia. Días después emitió un video en el que se comprometía a «no traer de vuelta a la CICIG», con lo que garantizaba la impunidad para la coalición mafiosa.

Las encuestas y los analistas consideraban un hecho que Torres pasaría a segunda vuelta (por tercera vez), y que fácilmente sería derrotada por Mulet, Ríos o incluso Conde, en caso de que este pasara a segunda vuelta.

Sin embargo, el domingo 25 de marzo, los guatemaltecos «le jugaron la vuelta a la imposición». A través del voto, manifestaron su rechazo a un sistema que había excluido a tres candidatos presidenciales y abrieron la puerta a una posibilidad de cambio. 17% de votantes, la mayoría de quienes votaron, anularon su voto, a lo que se sumó 7% de votos en blanco. Uno de cada cuatro votantes rechazó las opciones presidenciales. 40% directamente se abstuvo.

Los candidatos favoritos tampoco lograron el respaldo esperado. Torres, que fue la candidata más votada, apenas alcanzó 15% de los votos, y con 750.000 votos quedó lejos del millón de votos duros que consideraba tener. Zury Ríos quedó en sexta posición, con menos de 7%. Y Mulet terminó en quinta posición.

La gran sorpresa de las elecciones fue el Movimiento Semilla. Su candidato Bernardo Arévalo logró entre 20% y 30% de los votos en la zona metropolitana de Guatemala, y un apoyo suficiente en el resto de departamentos y municipios del país para alcanzar el 12% de los votos y pasar a la segunda vuelta electoral.

El Movimiento Semilla fue fundado por un grupo de intelectuales liderado por Edelberto Torres-Rivas, Juan Alberto Fuentes Knight y Bernardo Arévalo. De ser un grupo interesado en influir en el debate público, con las protestas anticorrupción de 2015 se convirtió en un referente político al que se incorporaron decenas de jóvenes universitarios que buscaban cómo canalizar su energía y fuerza política. Semilla se convirtió en un partido político que, ubicado en el campo progresista, participó por primera vez en las elecciones de 2019. Su precandidata presidencial, la ex-fiscal general Thelma Aldana, no logró inscribirse, y Semilla compitió solamente por diputaciones en las que logró cinco por la zona metropolitana de Guatemala y dos por lista nacional. Con 7 de 160 diputados, Arévalo se convirtió en su primer jefe de bloque y realizó una acción legislativa basada en la fiscalización y en la denuncia de la corrupción.

En las elecciones del pasado domingo 25 de junio, esta fuerza consiguió triplicar el número de diputados, aunque sigue lejos de lograr una mayoría. La próxima legislatura estará formada por 17 bloques legislativos, ninguno mayoritario, lo que hará difícil la gobernabilidad para quien resulte ganador del balotaje.

La segunda vuelta se realizará el domingo 20 de agosto. En estas elecciones los guatemaltecos tendrán la posibilidad de derrotar a las redes de corrupción e iniciar una ruta para reconstruir el Estado de derecho y restablecer la institucionalidad democrática.

El camino para el Movimiento Semilla y para su candidato Arévalo no es fácil. Deberán enfrentar a las elites políticas, empresariales y criminales que ven a Semilla como una amenaza al statu quo y que pone en riesgo un modelo de acumulación basado en la corrupción, la depredación del ambiente y la violación de los derechos laborales. Para poder crecer, Semilla deberá conectar más con la población rural, los pueblos indígenas y las organizaciones de sociedad civil. 

La historia reciente de Guatemala ha sido la de las oportunidades perdidas: la democratización en 1985, la firma de la paz en 1996 y la primavera ciudadana de 2015. Muchos esperan que esta oportunidad no se pierda, y que en Guatemala se avance en el rescate de la democracia y la construcción de la justicia social.