Opinión

¿Educar o castigar? Los dilemas de la reforma educativa mexicana

La reforma educativa del gobierno de Peña Nieto no atiende las diversas realidades sociales de los ciudadanos y tiene más aspectos punitivos que planteos referidos a la enseñanza.

¿Educar o castigar?  / Los dilemas de la reforma educativa mexicana

Desde el inicio del mandato presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, las reformas estructurales (energética, educativa, laboral, hacendaria) han sido el sello de su administración. Cada reforma hecha deja al descubierto el interés por tener menos gobierno y más administración privada en cada uno de los ámbitos mencionados. Son reformas que se describen como modernizadoras pero que expresan una política destinada a satisfacer a las empresas privadas y que, en términos generales, se expresan en contra de las condiciones laborales de los trabajadores.

El caso de la reforma educativa no es la excepción. La propuesta del gobierno carece de ideas destinadas a mejorar la calidad educativa pero manifiesta diversas políticas administrativas de carácter punitivo. Porque, la reforma educativa en México es, primordialmente, una reforma laboral. Desde 2013, cuando la misma fue aprobada, se produjo el cisma: por un lado el gobierno federal y, por otro, el principal sindicato magisterial disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuyos principales bastiones de apoyo se encuentran en las zonas más pobres del país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán donde se llevan a cabo manifestaciones constantes y bloqueos carreteros. La tensión entre uno de los pocos sindicatos independientes y el gobierno llegó a un punto máximo el 19 de junio pasado, cuando en un enfrentamiento en Nochixtlán (Oaxaca) hubo 11 civiles muertos y decenas de heridos por arma de fuego.

El gobierno se deslindó de los sucesos en primera instancia, aduciendo que los elementos de seguridad no portaban armas, lo que fue desmentido por fotografías de las agencias de noticias Associated Press (Estados Unidos) y Xinhua (China) que mostraban a policías de fuerzas especiales portando armas de grueso calibre y disparando. Solo entonces el gobierno mexicano reconoció que se habían disparado balas pero argumentó que habían sido para repeler un ataque de otro grupo. Nunca se comprobó tal acción y el gobierno mexicano se enredó en una serie de imprecisiones y contradicciones que pretendían ocultar una mentira mayor. Los once civiles muertos eran habitantes de Nochixtlán (comerciantes, empleados, un vendedor de zumos, un estudiante de secundaria, etc.) lo que indica que el descontento no pertenecía exclusivamente del sindicato magisterial, sino que representaba una inconformidad más amplia y popular en los estados del sureste mexicano. Esa noche se temía lo peor en la ciudad de Oaxaca, pero el amplio rechazo a la violencia gubernamental manifestado a lo largo y ancho del país e internacionalmente frenó la espiral represiva que se anunciaba contra la CNTE y la gente que los apoya.

Pero, ¿en qué consiste la reforma educativa? ¿Por qué la oposición tajante de la CNTE? Cómo se ha señalado, la misma no contempla propuestas para mejorar o actualizar a los docentes. Tampoco habla de las contradictorias políticas públicas del gobierno. Un ejemplo de estas incongruencias podría ser que en algunos casos se han instalado computadoras en escuelas públicas que carecen de internet y hasta de energía eléctrica, lo que expresa la ignorancia que existe por parte de los funcionarios nacionales acerca de los problemas locales. Así, el fetiche de la reforma educativa es la evaluación que, según las autoridades, permitiría mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, lo que se plantea con la evaluación es una “purificación” del mal maestro: el que no apruebe las evaluaciones nacionales (que no atienden y no entienden de problemáticas locales) será despedido.

¿Es malo ser evaluado? No si lo que se persigue es el mejoramiento de la calidad del docente y se proponen estrategias para lograr ese incremento en la calidad de la educación. Desafortunadamente, la propuesta del gobierno no parece radicar en ese objetivo, ni siquiera llega a ser correctiva, es completamente punitiva y crea un clima de inestabilidad laboral. El ingreso, la permanencia y la promoción provienen de la estandarización de la educación a nivel nacional y quien no cumpla con esos esquemas será despedido, algo difícil de aplicar en un país multicultural, con más del 50% de la población en pobreza, algo que se acentúa en lugares como Oaxaca y Chiapas. Los cambios en la evaluación también afectarían otros derechos laborales como la jubilación, las primas vacacionales y los bonos de fin de año. A los maestros que ya se han sometido a las evaluaciones y las han aprobado, se les ha condicionado la promoción a la renuncia de plazas anteriores, la antigüedad y otros derechos previos.

Los profesores egresados de las Escuelas Normales entrarían en un sistema de competencia abierta con profesionistas universitarios con grados superiores (maestría y doctorado) pero que no cuentan con las habilidades concretas que requiere un maestro de nivel secundario, en una población rural o en comunidades indígenas. En lugar de garantizar oportunidades en cada campo específico para el desarrollo del maestro normalista y del profesional universitario, el gobierno ofrece un esquema en el que ambos compitan y se enfrenten, donde la derrota significaría el desempleo y el premio para el ganador es la inestabilidad y la precariedad laboral. No se busca la mejora del maestro normalista sino su extinción, algo muy conveniente políticamente ya que muchos de los movimientos rurales y campesinos han sido encabezados por maestros normalistas que combinaban la capacidad intelectual, la militancia política y el arraigo local al provenir de sectores populares. Othón Salazar, Arturo Gámiz, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez son algunos de los personajes que desfilaron por las aulas de las Escuelas Normales y Rurales, lo que nos brinda una idea de la combatividad de ellas. No hay que olvidar tampoco que los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero en 2014 estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y que la CNTE es, seguramente, el sindicato independiente con mayor fuerza a nivel nacional.

Es cierto que hay cosas que no funcionan bien el ámbito magisterial. Hay venta de plazas, otras son heredadas y existe la corrupción en algunos líderes sindicales. Todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con estos vicios. Pero exterminar las perversiones y corrupción de algunos líderes sindicalistas no debe significar un cheque en blanco para atentar contra los derechos laborales de miles de maestros, muchos que trabajan por salarios de hambre y en condiciones materiales completamente adversas: sin luz eléctrica, sin pisos, techos o sillas en las aulas y en comunidades de difícil acceso. ¿Si el presidente de la nación, un congresista, o un ministro es corrupto por eso decimos que la democracia no funciona y debemos abolirla junto a sus logros sociales? Me parece que no. La corrupción y vicios de unos pocos no deben significar la pérdida de derechos de una mayoría.

Nadie se opone a una reforma educativa, ni siquiera la CNTE. Pero debe hacerse por consenso, entre autoridades, maestros y padres de familia y no impuesta de forma vertical. La mayoría nos oponemos a una reforma que eleva a rango de ley la desprofesionalización y aniquilamiento de la carrera magisterial y la precariedad laboral. Los excesos y vicios de líderes sindicales deberían ser castigados (igual que se deberían castigar los de los políticos, algo que nunca sucede) pero no por eso se debe atentar contra los derechos de un amplio grupo social. Por otra parte, aunque la reforma educativa (laboral) actual no contempla de manera explícita una privatización de la educación no sería de extrañar que una vez debilitado el movimiento sindical independiente se pudieran introducir medidas que privatizaran conquistas que ahora son públicas (libros de texto, cooperativas escolares, desayunos, becas) provocando tal vez no una privatización completa de los sistemas y niveles de enseñanza pero si de múltiples derechos que giran en torno a ellos. La calidad de la educación no es un problema que atañe solamente a la calidad de los docentes, sino que va intrínsecamente ligado a los altísimos niveles de pobreza que se viven en México, especialmente en las zonas rurales e indígenas. Pretender una educación de excelencia con una ciudadanía en condiciones de miseria es poner a los bueyes delante de la carreta.

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