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De las privatizaciones a la recuperación del Estado

El proceso de privatización en Bolivia, envuelto en un ropaje de demagogia y falsas promesas, estuvo marcado por la falta de transparencia y los defectos de aplicación. El artículo sostiene que los errores más groseros podrían haberse evitado de haber existido un tribunal técnico, independiente y jerarquizado, capaz de identificar y corregir las principales deficiencias. Este poder, que no debería de ningún modo anular las decisiones políticas democráticamente adoptadas, podría funcionar hoy como un moderador responsable de las políticas de reestatización y recuperación del rol del Estado implementadas por el gobierno.

De las privatizaciones a la recuperación del Estado

La privatización como opción de política pública

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En este artículo plantearé que la asonada privatizadora boliviana, iniciada a fines de los 80, trajo muchos problemas que podrían haberse evitado si el sistema político hubiera contado con algún mecanismo que hubiese permitido aplicar las políticas públicas de privatización sin que ellas se degradaran en sus procedimientos y en sus resultados.

Para comenzar, es cierto que la ola de privatizaciones vino muchas veces empaquetada como inducción foránea. Pero en varias ocasiones, más allá de estos estímulos externos, también se justificó –no sin razón– por una serie de desperfectos del empresarialismo estatal que tarde o temprano, más allá de las presiones del exterior, tenían que encararse. Justamente, cuando se la aplica como una herramienta para resolver los problemas derivados de la producción estatal directa de bienes y servicios, la privatización se revela como una política pública simple y llana, tan alternativa como cualquier otra. En el caso boliviano, la privatización en su versión capitalizadora, implementada entre 1993 y 1997, se presentó además como una propuesta explícita de campaña electoral. Fue, entonces, una política pública legitimada por una votación mayoritaria. Hasta aquí, las cosas bien. Sin embargo, una vez iniciado el proceso, comenzaron los problemas por dos causas distintas: la instrumentación de la privatización como demagogia pública y su implementación sin un sistema estatal independiente y técnico de contrapesos que la modulara o corrigiera, aunque esto de ningún modo implicara quitarle al gobierno la chance de aplicar su promesa electoral. Quiero tocar primero el aspecto de la demagogia para retomar después la idea de la privatización como opción de política pública.

La privatización como demagogia pública

Un primer daño derivó de la hemorragia de argumentos triviales, a veces groseros, casi siempre artificiosos, con los que los políticos de turno –y, lo que es peor, los académicos del momento– justificaron las privatizaciones. La lista de lugares comunes puede llegar a la centena de ejemplos. Algunas muestras clásicas del caso boliviano sonaron más o menos así: «Ahora que las instituciones de cooperación han decidido restringir sus créditos para el ‘Estado productor’, debemos privatizar YPFB porque no tiene más recursos para la inversión». Otra justificación, más conmovedora, decía: «Debemos capitalizar YPFB, pues liberando recursos estatales destinados a la producción cabe la posibilidad de redireccionarlos hacia el gasto social». Las argumentaciones lindaban con la hipocresía: «es ‘el Estado’ (¿?) el incompetente para lidiar con los mercados y la eficiencia en la provisión».

Mi convicción, a esta altura, es que estas arremetidas demagógicas son simplemente inherentes a esa suerte de irrenunciable estolidez que caracteriza a la clase política y a los entornos de expertos que encubren de tecnicismos sus decisiones. En ese momento se imaginó que era posible atacar a los operadores de la privatización desde el debate público, conminándolos a la sinceridad en torno de las medidas que estaban aplicando. Mi conclusión retrospectiva es que se debe renunciar a que muestren sus programas de gobierno con objetividad y franqueza.

Ciertamente, desmantelar intelectualmente esas premisas es algo loable y, sin dudas, una obligación moral de la reflexión social crítica. Pero es infructuoso, por más que se tenga la esperanza de conmover a quienes, por definición, no pueden obrar con la transparencia a la que uno aspira (o por lo menos no de forma automática). Por otro lado, los efectos y argumentos del debate técnico o crítico no suelen ser decisivos para reencauzar decisiones políticas agregadas. Esto no es otra cosa que la confirmación de una desconocida regla básica de la gestión pública alternativa: «No exprimirás de algo lo que no te va a dar». O, aplicado a nuestro tema: no le pidas a la privatización desarrollo económico, pero tampoco le pidas al político sinceridad en sus exposiciones.

Estamos ante aspectos sustantivos, relativos a cuestiones más complejas y generales, como aquellas categorías de lo democrático, la función estatal y la naturaleza de los políticos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los servidores públicos se «deben al bien común», que la democracia debería alimentar a las sociedades con dirigentes y elites técnicamente preclaras o bien intencionadas? Sin embargo, los políticos pueden, pero no deben –y, en realidad, es raro que lo hagan–, corresponder las ilusiones de contar con gobernantes reclutados de un arcano paraje donde reinan la verdad o la ciencia. Y entonces, como no sería realista exigirle al metabolismo democrático que produzca seres francos, es mejor coexistir con ellos sin pedirles más de lo posible: solo un mínimo tolerable de prebendas, una aceptable ejecución de política pública, cierto decoro.

Pero el Estado, afortunadamente, no está solo compuesto por esta utilísima dimensión político-democrática, sino también por otra que, si tenemos suerte, desplegará una variedad de reglas y conductas que son diametralmente distintas, pero complementarias. Si la privatización contuvo un núcleo evidente de política pública, pero fue imposible desarrollarla sin un ropaje demagógico, y si a esto sumamos la dificultad para extraerle al político de turno una exposición sincera de los hechos privatizadores, entonces cabe preguntarse cuáles son las opciones para contrapesar procesos de este tipo y evitar su degradación técnica, moral y social.

La fatalidad de una privatización sin guardianes

En primer lugar, hay que descartar la peregrina idea de una suerte de control social o de que sea el pueblo el que asuma la tarea de evitar la degradación de procesos como el de la privatización. Al contrario, se debe reclamar un sistema lo más alejado posible del imperio del parecer popular y de la clase política gobernante. Paradojas de la vida: hay que alejarse del pueblo para protegerlo de una privatización potencialmente rapaz. Un rápido repaso del caso boliviano permite verificar esta hipótesis. En los 90, cuando se efectuaron las privatizaciones por vía de la capitalización, la empresa estatal de petróleos fue colocada en el centro de un paquete de medidas tendientes a aflojar las normas de atracción de capitales hacia el sector hidrocarburífero. Muchos años después, creció el rumor de que las negociaciones con los capitalistas fueron desventajosas. Los aplicadores de la política de privatización arguyeron que se tildaba de entreguismo lo que en realidad era una inteligente técnica de atracción de capital. Tal vez nunca se sepa qué pasó realmente y quién tuvo la razón. Pero hay que recordar un dato. En momentos en que las elites políticas tradicionales comenzaban a entrar en su fase de desmoronamiento final, una pequeña nota de prensa publicada en un diario de circulación nacional señalaba que, una década después del comienzo de la gran ola capitalizadora, en vísperas de las renegociaciones para mejorar los contratos petroleros, se descubrió que en pleno proceso capitalizador un subsecretario de Estado había informado a su superior que se estaban declarando pozos petroleros viejos (o sea, donde el vilipendiado Estado empresario había invertido recursos) como si fueran nuevos. Las pérdidas para el Estado, debido al alivio impositivo que suponía lidiar con pozos nuevos, serían cuantiosas a medida que pasaran los años. Esa comunicación interna de un funcionario de menor rango nunca conmovió a nadie y solo reapareció diez años después, cuando un par de cientos de millones de dólares ya habían sido cedidos al capital transnacional.