Opinión

Caravana migrante: el síntoma de un país sin alternativa

Si algo ha quedado claro en los casi dos meses desde que la caravana de migrantes partió de Honduras es que la migración en el triángulo norte no es un lujo. Es, por el contrario, una situación forzosa que esconde realidades materiales trágicas. Las historias de la caravana nos refieren a poblaciones dejadas a su suerte por gobiernos incapaces e instrumentalizadas con fines electorales, ubicadas en el mortal filo del abandono y la desprotección.

Caravana migrante: el síntoma de un país sin alternativa

Diferentes formas de pensar en migración

El concepto de migración representa tanto un reto teórico como una disputa político-cultural. Esto se debe, al menos en parte, a la ambigüedad que existe respecto a su definición. La mayoría de las definiciones de la migración no son ideales, sino operativas: la manera en que se formulan trae subyacente lo que se pretende decir. Actualmente hay un esfuerzo considerable de sectores liberales de presentar la migración como un suceso «natural».

Esa naturalización cumple dos objetivos perversos. Por un lado, rescata las aspiraciones de una clase media que se ve a sí misma como parte de una «ciudadanía global» sin fronteras y, por otro, niega la materialidad de la migración y reduce su análisis a sus bondades. Esta narrativa invisibiliza las causas y convierte la migración en algo natural que no necesita o merece explicación, lo cual desplaza el verdadero problema. Mejor dicho: lo grave no es que a la gente se le niegue el derecho de migrar, sino que se la obligue a hacerlo.

Nuevas causas para un viejo problema

Pensar verdaderamente en la migración en Honduras obliga a traer al tablero los sucesos que marcaron su historia y la de la región centroamericana. Los datos sobre la migración hondureña son escasos, pero a grandes rasgos podemos señalar que ha estado marcada por cuatro fenómenos históricos: la economía de enclave, los conflictos armados de la década de 1980, el huracán Mitch y la sofisticación de la violencia transnacional organizada –el más reciente y dominante en la actualidad–.

Como resultado de estos fenómenos, se acumulan más de un millón de hondureños viviendo en el extranjero, 80% de los cuales viven en Estados Unidos y que, en términos porcentuales, representan más de 10% de la población hondureña. No es accidental que la diáspora hondureña que vive en Estados Unidos se refiera a sí misma como el «departamento 19» de Honduras.

Aunque puede parecer una sobreestimación y una contradicción cuando se observa que la tasa de homicidios ha descendido en los últimos años, la violencia es una causa dominante para la migración. Desde el golpe de Estado de 2009, las solicitudes de asilo de hondureños han aumentado en más de 3.800%. Este aumento es un síntoma de la impunidad estructural que atraviesa el país, donde más de 80% de los crímenes no son llevados a juicio y donde la falta de protección estatal alcanza niveles hilarantes.

La caravana de la Banana Republic

Honduras enfrenta la actual coyuntura con la peor de las combinaciones: un gobierno sometido y deslegitimado frente a una potencia cuya población votó por una agenda política que prometía dejar atrás la timidez de su poder imperial. A pesar de contar con alrededor de 30 embajadas y cerca de 60 misiones diplomáticas y consulares, el apelativo de «La Embajada» se reserva para una sola. La determinación de Estados Unidos y su gobierno en la política hondureña, tanto en su dimensión diplomático-militar como en su dimensión cultural, es pronunciada –incluso para una región con una historia de repetidas intervenciones políticas y militares–.

Esto no es nada nuevo. Honduras fue el molde de «república bananera» para otros países latinoamericanos y el centro de entrenamiento de la contrainsurgencia centroamericana en la Guerra Fría. Sin embargo, al menos para nuestra generación, esta realidad pasó de ser aparente a ser evidente después del golpe de Estado de 2009. Desde entonces, la dependencia política y económica del gobierno respecto de Estados Unidos ha despuntado.

Si bien la campaña presidencial de Donald Trump fue construida a partir de la movilización del temor hacia enemigos externos –China, México, los árabes–, los hombres y las mujeres migrantes y refugiados de países pobres y violentos han ocupado un lugar especial en su discurso ahora que es presidente. La caravana se convirtió en el arquetipo alrededor del cual se construyó una agenda discursiva de reivindicación del «ellos contra nosotros». De acuerdo con el Pew Research Center, en las recientes elecciones de medio término, la migración superó en relevancia al tema que desde 2001 había sido el articulador del nacionalismo estadounidense: el terrorismo.

La disputa por el significado de la caravana

La nueva relevancia de la migración y su instrumentalización electoral por parte del gobierno de Trump ha provocado una transfiguración en el significado del «migrante» para el gobierno de Honduras. En su discurso de toma de posesión de 2014, Juan Orlando Hernández retrató a los migrantes como «héroes anónimos» y prometió construir una red de atención para «no seguir indiferente ante semejante injusticia», en referencia al sufrimiento y los riesgos que sufren en su paso por México.

Este retrato de la migración no es gratuito. En un país con una economía estancada, altamente financiarizada y con un progresivo desmantelamiento de las capacidades productivas, las remesas representan casi una quinta parte del PIB. No es atrevido decir que, junto con el narcotráfico, las remesas son la principal fuente de circulante en el país.

De ese retrato utilitario, poco queda en los panfletos gubernamentales, asfixiados por contentar al Norte con campañas publicitarias para desincentivar la migración forzada. El gobierno mismo ha emprendido una feroz campaña destinada a señalar la caravana como una estrategia de la oposición para desprestigiar al gobierno, y al migrante y refugiado como «mal hondureño» que decide huir de su país «a pesar de las diversas oportunidades» que se ofrecen.

Esta respuesta discursiva ha sido acompañada por una respuesta institucional que favorece el retorno voluntario de hondureños e incita a su deportación. Al conseguir cualquiera de estas dos, la institucionalidad provee un espectáculo vacío y burlesco durante la recepción, para dar paso al abandono en lo que debería ser la reintegración. Basta ver la proporción del gasto estatal destinada a los centros de recepción de migrantes retornados para entender cómo se prioriza el espectáculo del retorno frente a las instituciones necesarias para una reintegración. En estos centros se gastan más de cinco millones de dólares anuales para proveer alimentación, orientación y atención médica primaria, frente al escaso presupuesto de siete millones que se destina para la Dirección Nacional de Familia e Infancia, que debería tener cobertura nacional.

La despiadada instrumentalización de la caravana y la construcción de narrativas sobre ella que la naturalizan o la antagonizan han dificultado reconocerla como lo que realmente es: una alternativa autoorganizada por los migrantes para protegerse en una ruta inhóspita y hostil. Según Médicos Sin Fronteras, más de 20.000 migrantes procedentes del triángulo norte de Centroamérica son secuestrados al año y cerca de un tercio de las mujeres sufre abuso sexual durante la ruta migratoria. La caravana se presenta como un mecanismo colectivo de protección que organiza las soledades y voluntades de los hombres y las mujeres migrantes que huyen de la miseria y violencia.

¿Cuáles son los deberes de la izquierda frente a la caravana? Diversos frentes sociales y políticos han trazado un camino claro: el de denuncia y acompañamiento. Denuncia contra los gobiernos nacionales que de este lado de la frontera hacen perdurar las condiciones que obligan a optar por la migración y luego criminalizan y estigmatizan al refugiado; y denuncia contra los gobiernos extranjeros que reciben al refugiado con fuerza letal y ejércitos. Acompañamiento a los hombres y mujeres migrantes y refugiados en el camino para contar su historia, visibilizarla y, en lo posible, protegerlos. Todo ello, sin renunciar al deber político permanente de la izquierda: el de perdurar en la lucha por un país donde migrar no sea una obligación, sino una elección.