Opinión

¿Hacia un cambio en la política de seguridad en Brasil? Apuntes sobre la intervención federal en Río de Janeiro

Solo un mes antes del asesinato de la concejala Marielle Franco, el gobierno de Temer había virado su política de seguridad en Río de Janeiro optando por la intervención federal del estado. La intervención se tradujo en un aumento de las políticas represivas. Además, evidenció problemas políticos y jurídicos que aún no se han resuelto.

¿Hacia un cambio en la política de seguridad en Brasil? / Apuntes sobre la intervención federal en Río de Janeiro

Después del Carnaval, una sorpresa. El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó la intervención federal de los distintos órganos de seguridad pública en el estado de Río de Janeiro, desde el 16 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2018. El objetivo es «poner fin a la grave situación que compromete el orden público». Sin una justificación expresa sobre la base de hechos recientes tales como tiroteos, robos violentos o asaltos en cadena (arrastões) en las playas o las calles, la iniciativa da a entender que estos hechos son públicos y notorios, al tiempo que reconoce ampliamente la situación de colapso institucional. Por televisión, y en tono de campaña, el presidente afirmó que «nuestras cárceles dejarán de ser edificios de oficinas para bandidos y nuestras plazas ya no serán salones de fiesta del crimen organizado».

En la edición en español del New York Times, el titular era: «Brasil pone al ejército al mando de la seguridad en Río de Janeiro ante ola de violencia». Otros corresponsales extranjeros, como el de la televisión portuguesa, recalcaron que el general Walter Souza Braga Netto viene de coordinar las tareas de seguridad durante las Olimpíadas de Río en 2016. Las Fuerzas Armadas también participaron en otras operaciones, como en el cerco puesto a la mayor favela de Brasil, la Rocinha, en la zona sur de la ciudad, durante un periodo de guerra entre distintas facciones de narcotraficantes en septiembre de 2017. Lo que la prensa informa es correcto. Pasadas tres semanas de aquella intervención sorpresiva, es posible situar el proceso negociado por los políticos de Río en Brasilia.

La intervención federal apuntó a desplazar la agenda política e institucional en un año de elecciones generales (Presidencia de la República, Congreso Nacional, gobernadores y legisladores de los distintos estados) marcadas para el 7 de octubre en primera vuelta, con una eventual segunda vuelta (presidente y gobernadores) el 28 de octubre.

El 16 de febrero, el editorial del influyente periódico O Estado de S. Paulo comentó que el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas, DEM), habría estado trabajando en ese momento en la redacción del discurso con el que se anunciaría el archivamiento de la propuesta del Poder Ejecutivo para la reforma previsional. La polémica enmienda a la Constitución, prioritaria para el ajuste fiscal y financiero que el gobierno encarara tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, no contaba con los 308 votos (tres quintas partes de los diputados) necesarios para su aprobación en la Cámara. Archivando la propuesta del presidente Michel Temer (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB), el candidato a presidente Rodrigo Maia estaba dejándole el peso de esa derrota política al jefe del Ejecutivo, quien no habría sido «lo suficientemente hábil» para asegurarse el apoyo de los diputados. Por otro lado, el pequeño grupo que había implementado el decreto de intervención federal lo había hecho sin consultar a Maia, quien recibió con malestar el hecho ya consumado. Como la medida adoptada posterga hasta el 31 de diciembre la posibilidad de una reforma constitucional, generó un impasse legislativo al respecto, al menos hasta 2019.

La nueva agenda política e institucional se concentró desde entonces en decisiones legislativas y administrativas para el área de seguridad pública, todas ellas de fuerte impacto electoral y repercusión cotidiana en los medios. Si la intervención federal en Río de Janeiro no llega a generar resultados positivos durante la campaña electoral, los gobernadores actuales y los candidatos a reemplazarlos podrán atribuirles los errores y fracasos tanto a las Fuerzas Armadas como al nuevo secretario extraordinario de Seguridad Pública, Raul Jungmann (Partido Popular Socialista, PPS), y al propio presidente Temer.

La base que apoya al gobierno en el Congreso cumplió el acuerdo político aprobando el decreto de intervención federal en la forma y los procedimientos que la estipula Constitución. El quórum para aprobar el decreto legislativo –mitad más uno de los presentes en la sesión, sobre una base presencial de al menos la mitad de los diputados en funciones– fue de tipo normal, a diferencia de lo que exige una reforma constitucional. El decreto de intervención original no puede ser alterado por los parlamentarios, quienes votan una sola vez por la aprobación o el rechazo de la medida.

Durante la sesión, la diputada ponente Laura Carneiro (PMDB) afirmó el mérito jurídico y político de la intervención. El texto fue aprobado por 340 votos a favor y 72 en contra (más una abstención) el día 20 de febrero, y contó a su vez, desde el día anterior, con el aval –estipulado por ley– del Consejo de la República y el Consejo Nacional de Defensa. Que tal aval existía fue lo que interpretó Celso de Mello, miembro del Supremo Tribunal Federal, en respuesta al planteo del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que pedía la suspensión de la votación alegando irregularidades formales.

La ponente, sin embargo, exigió que la intervención se implementara por medio de recursos federales. Esto plantea un enorme problema operativo al estado de Río de Janeiro, que destina 96% de su presupuesto de 2018 en materia de seguridad (8.000 millones de reales) al pago de sueldos, y utiliza el 2,7% y el 1,3% restantes para financiación de deuda e inversión, respectivamente. En su discurso, destacó que los diez meses previstos para la intervención federal requieren «el ínfimo valor» de 180 millones de reales en logística y otros 87 millones para inversiones concretas. Solamente la inversión en vehículos para las policías militar y civil se estima en no menos de 77 millones de reales. En 2017, apenas 0,14% del presupuesto se destinó a inversiones, debido a la importante contracción en los ingresos públicos por la recesión económica y al incremento en el gasto por la contratación de 10.000 agentes de la Policía Militar para actuar en las Unidades de Pacificación Policial (UPP). Aun así, Río de Janeiro ocupa el sexto lugar dentro de Brasil en la lista de estados que más gastan en seguridad pública por habitante.

En el Senado Federal, Eduardo Lopes (Partido Republicano Brasileño, PRB), del partido del intendente de la ciudad de Río, Marcello Crivella (obispo licenciado de la Iglesia Universal del Reino de Dios), apoyó el decreto de intervención, el cual fue aprobado en esa cámara por 55 votos a favor, 13 en contra y una sola abstención (el total es de 81 senadores). Desde el punto de vista jurídico constitucional, la iniciativa de intervención federal adoptada por el Poder Ejecutivo (decreto Nº 9288) y aprobada por el Legislativo (decreto Nº 10 de 2018), completó con éxito su trámite institucional.

La intervención federal tiene una naturaleza constitucional de medida excepcional (puesto que implica una restricción de la autonomía del estado federado) y temporaria (vigente hasta el 31 de diciembre, en víspera de la asunción de los representantes que han de ser elegidos en octubre). No es un «estado de excepción» en la medida en que todos los derechos siguen estando asegurados. La Cámara de Diputados creó un Observatorio Legislativo para las actividades de intervención (OLERJ). Otros observatorios se están estableciendo en la Asamblea Legislativa del Estado de Río, la Cámara de Concejales (Vereadores) del Municipio de Río, la Orden de Abogados de Brasil en Río y hasta el Tribunal de Cuentas de la Unión, que se propone seguir de cerca los gastos efectuados por el gobierno federal durante la intervención.

Al 12 de marzo se habían producido cambios en los puestos jerárquicos de las policías militar y civil, con la entrada de profesionales de perfil técnico capacitados para desarrollar las áreas de inteligencia e implementar el plan de acciones previsto. Otra iniciativa importante está en marcha respecto de la prisión temporal y preventiva, el 13 de marzo, del ex-secretario de Administración Penitenciaria, el coronel (PM) Cesar Rubens, y del delegado civil Marcelo Santos, director del Departamento General de Policía Especializada de Río. Esta operación inédita contra la corrupción en el sistema penitenciario, realizada con la colaboración del Ministerio Público Federal y el Estado de Río, es un desprendimiento de la llamada «Operación Calcuta» (Operação Calicute), que derivó en una condena a más de cien años del ex-gobernador Sérgio Cabral (2007-2014).

El Ejército, por su parte, realiza inspecciones en los cuarteles de la Policía Militar a partir del 14 de marzo, momento en el que se cumplió un mes de la intervención. Ese día fue, además, trágico. Durante esa jornada, Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, fue asesinada en su automóvil. El hecho desató una oleada de críticas y manifestaciones en las que se mezclaron el dolor, la rabia y la impotencia.

Ahora, los tiroteos continúan. Los relevamientos de la aplicación Fogo Cruzado indican que en zona de las 38 Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas se registraron 3.014 tiroteos entre julio de 2016 y febrero de 2018. Se trata, nada menos, que de un promedio de 150 enfrentamientos armados por mes. La situación es extrema. Y nadie sabe cuando se terminará.

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