La derrota de la centroizquierda chilena y la vuelta al poder de Sebastián Piñera reponen la necesidad de un debate profundo acerca de la coalición que marcó la transición democrática en el país. El programa reformista de Michelle Bachelet –cambio constitucional, reforma impositiva y reforma educativa– perdió impulso en su implementación, y la Nueva Mayoría, heredera de la Concertación, presentó un candidato débil e improvisado, mientras emergía una nueva izquierda que la desafiaba. La experiencia chilena muestra, en todo caso, problemas de los progresismos a escala global, en un contexto latinoamericano incierto y marcado por reemergencias conservadoras.

Los rankings universitarios se crearon principalmente para intervenir en los flujos internacionales de estudiantes, pero se convirtieron progresivamente en una fuente directa para reforzar el prestigio de un pequeño grupo de universidades, de sus principales revistas y editoriales oligopólicas. Su aplicación tiende a volver cada vez más periférica a la ciencia desarrollada en los espacios alejados del circuito mainstream o de corriente principal. Por eso es necesario crear nuevas herramientas de mediciónde la producción científica de la periferia que contemplen las interacciones de sus universidades en sus distintas direcciones, y no solo con los circuitos dominantes.

El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, deCaracas, y el prólogo de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.

Muchos de los fundamentos de la crisis que vive Venezuela, así como la evolución de la Revolución Bolivariana bajo el gobierno de Nicolás Maduro, estaban inscriptos ya de algún modo en la era Chávez. Bajo esta perspectiva, es posible leer las derivas políticas de estos últimos años –protestas, contraofensivas oficiales, retrocesos económicos– desde una mirada tanto intra- como parainstitucional, y dejar así de lado los análisis simplistas de ciertas izquierdas y también de derechas continentales.

El «sistema comunal» no estuvo inscripto desde el principio en el proyecto bolivariano de democracia participativa y protagónica. Sus inicios deben buscarse en el segundo gobierno de Hugo Chávez y, tal como se desprende de los reproches de este a ministros y funcionarios, las comunas y los consejos comunales no lograron cuajar como una nueva institucionalidad. Enredadas en la maraña de instituciones creadas por el chavismo y sin autonomía política, estas formas se superpusieron a tradiciones de asociatividad popular ya existentes y no lograron crear capacidades institucionales para las responsabilidades que se les asignaron.

Venezuela fue sacudida en 2017 por un nuevo ciclo de protestas ciudadanas que duró cuatro meses y dejó un amplio saldo de personas fallecidas, heridos y presos políticos. Al final, este movimiento se agotó sin una clara resolución de la crisis política y económica que padece el país. Hoy se observa un incremento del autoritarismo, de la militarización y de la crisis, pero al mismo tiempo se percibe un creciente descrédito opositor. Tanto la Asamblea Nacional como la Asamblea Nacional Constituyente son instituciones desprestigiadas. Y todo apunta a una convivencia cada vez más precaria, con una población cada vez más vulnerable y sin salidas a la vista.

Venezuela está inmersa en la más severa crisis económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la historia moderna, con sombrías perspectivas de recuperación económica en el corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para diseñar e implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y la disfuncionalidad de instituciones que mantienen la economía en un estado de caos.

Desde sus comienzos, el proyecto bolivariano incorporó en sus discursos una interpelación directa a las mujeres más pobres, reconoció su situación de exclusión y explicitó el compromiso de sacarlas de la pobreza. Sin embargo, las formas de promover la participación de las mujeres están asociadas a una visión que las limita al rol de madres y cuidadoras. A partir de entonces, el Estado chavista ha venido consolidando una suerte de ideología maternalista que exalta ese papel, sin contemplar las condiciones en que se desenvuelve la maternidad ni la existencia de otras mujeres no madres, no cuidadoras, que merecen también la atención de la política de género del Estado venezolano.

El sindicalismo venezolano atravesó con dificultades el proyecto impulsado por Hugo Chávez desde 1999. La antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) levantó banderas políticas en favor de la democracia que la acercaron a sectores patronales antichavistas y la alejaron de los asuntos laborales, mientras que la central aupada desde el oficialismo renunció a la independencia y la libertad sindical. Pese a los intentos actuales de articular ambos bloques, ante un Estado autoritario, el sindicalismo venezolano se muestra, hasta el momento, incapaz de superar sus propias deficiencias y de jugar un rol relevante en medio de la profunda crisis que vive el país.

El creciente papel de los militares en la economía y política venezolanas ha ido a contracorriente de los objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas y la constitución de una suerte de «socialismo militar».

La constitución del Arco Minero del Orinoco busca una suerte de «diversificación del extractivismo», ante la imposibilidad de diversificación de la matriz productiva venezolana. Pero, al mismo tiempo, el aparato legal para constituir esta megaárea de explotación minera es violatorio de diversas partes de la Constitución y se corre el riesgo de que se genere una peligrosa vinculación entre intereses asociados a la minería ilegal y actores estatales, en un contexto de porosidad del Estado respecto de los intereses delictivos y de constitución de una suerte de «rentismo lumpenizado».

Más que una transformación socialista (o desarrollista), la economía venezolana vivió una masiva transferencia de renta hacia el capital importador y hacia una casta burocrático-militar que vive a costa de las arcas públicas mediante la sobrevaluación del bolívar y las importaciones fraudulentas para captar divisas a precios preferenciales. El proceso bolivariano ha sido más bien una variante del rentismo petrolero que ya se había registrado durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Antes que a las revoluciones socialistas clásicas, el proyecto bolivariano se parece a un nacional-populismo militarista.

Venezuela experimenta hoy la crisis más importante de su historia contemporánea, que se observa en una economía contraída y disfuncional, un esfuerzo estratégicamente deliberado del gobierno para consolidar el autoritarismo y una sociedad empobrecida, con oportunidades y condiciones de vida cada vez más precarias y psicosocialmente afectada por 19 años de intensa polarización. La pregunta que se plantea a partir de esta situación es si Venezuela está a punto de iniciar una transición hacia la democracia y una progresiva apertura de su economía o si, por el contrario, está por enfrentar una profundización del autoritarismo (o el arribo de un neototalitarismo) y una mayor estatización económica.

Una definición historicista permite comprender el carácter inclusivo del populismo latinoamericano en clave comparada y los límites que le genera la necesidad de sostener una legitimidad electoral mayoritaria para reclamarse como representante del pueblo. Esta definición pone el acento en el impacto de la construcción del concepto de soberanía popular, en la histórica debilidad de los Estados latinoamericanos y en el efecto de los ciclos político-económicos que producen reacciones frente a procesos de exclusión, para explicar el carácter inclusivo tanto de las experiencias populistas clásicas de las décadas de 1930 y 1940 como de las del nuevo milenio.