Tras unas reñidas elecciones, Alianza País volvió a ganar la presidencia de Ecuador y la mayoría legislativa. El nuevo mandatario, Lenín Moreno, asumirá su cargo en un contexto político complejo y una coyuntura económica poco favorable. El desafío será pasar de un discurso electoral conciliador a una gestión incluyente, que restablezca las relaciones con la sociedad civil y enfrente un proceso de restitución de fuerzas de oposición. En una suerte de cambio con continuidad, Moreno deberá constituir un mandato autónomo frente a la potencial ausencia de Rafael Correa, al tiempo de sortear las dificultades que plantea la recesión económica.

La reciente convocatoria de Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente es una arriesgada respuesta gubernamental a la última escalada de la crisis política, económica y social, en un contexto de agotamiento de un modelo rentista y una gestión caótica del Estado. Los sectores populares se encuentran debilitados organizativamente y el apoyo al gobierno está en sus niveles más bajos, mientras fracciones tanto del oficialismo como de la oposición apuestan a una salida violenta que agravaría más la crisis, lo que genera un incierto escenario político, con la posibilidad real de un enfrentamiento civil.

El presidente indio Narendra Modi salió en las páginas de la prensa internacional por su decisión de sacar de circulación los billetes de 500 y 1.000 rupias «para combatir la corrupción», lo que generó pánico en la población. No obstante, el mandatario mantiene elevados índices de apoyo popular: su alianza entre nacionalismo hindú y neoliberalismo le ha dado frutos. Paralelamente, los hindúes radicales están a la ofensiva y se sienten animados para intimidar y discriminar abiertamente a las minorías religiosas, especialmente a musulmanes y cristianos.

En tiempos de redes sociales, los mensajes se acomodan a los gustos de cada usuario. Las nuevas formas de comunicación filtradas por algoritmos generan un desafío a la política. ¿Los candidatos deberían decirle a cada uno lo que quiere escuchar? La experiencia de la última campaña presidencial en Estados Unidos muestra el potencial de dirigir mensajes específicos a los votantes para acceder al poder, aunque queda abierta la pregunta sobre sus limitaciones a la hora de gobernar. En América Latina estos procesos están menos desarrollados, pero allá vamos.

Social bots, filtros burbuja y mentiras que se viralizan: la derecha ha interpretado mucho mejor que sus oponentes políticos cómo es el funcionamiento de las redes sociales. Las manipulaciones de la popularidad de diferentes temas o las alteraciones de las preferencias del público, originadas inicialmente en la esfera virtual, repercuten luego en la política.

Noticias falsas, ataques políticos, a veces automatizados: de pronto, las redes sociales empiezan a considerarse peligrosas. En la «primavera árabe» era otro el cantar, pero hoy las fake news y, más en general, las redes sociales comienzan a ser consideradas una amenaza para las propias democracias liberales. La correlación entre redes sociales y formación de opinión pública democrática es hoy menos clara, aunque los diferentes usos de las redes dependen también de la realidad «física», de la vida que también transcurre offline.

Internet tiene cada vez más importancia, mientras que las formas de compromiso político se transforman: la militancia tal como la conocíamos está en retirada y en muchos casos los compromisos son menos durables y a menudo virtuales. En este contexto, si bien los partidos han ido adaptando sus estructuras a las nuevas realidades (incluyendo el microtargeting en las campañas), en la mayor parte de los casos, las acciones son reactivas. Los partidos tradicionales tienden más a seguir modas que a imponer tendencias.

Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que pueden reproducirse en las redes sociales. Cuando hoy, en varios idiomas, se habla de fake news, se da cuenta de ese fenómeno. La pérdida de centralidad de la fuente y la posibilidad de «viralización» –otro término de época– disminuyen a menudo el interés por la veracidad de la noticia y las capacidades críticas de lectura para identificar lo falso. En la medida en que grandes proporciones de la población se informan en las redes, estas cuestiones tienen consecuencias políticas muy directas, como se vio en varios sucesos recientes.

Las mujeres siempre deben pagar un costo más alto que los varones para expresarse. Por eso, aunque el antifeminismo precede a las redes sociales, con la llegada de internet emergieron nuevos repertorios de reacción contra las feministas. La violencia online se materializa mediante diversas formas de acoso, hostigamiento y abuso. El clima ideológico propiciado por la «derecha alternativa» –racista, xenófoba y machista– alimenta buena parte de esta deriva. No obstante, muchas feministas alzan la voz, no se dejan amedrentar y buscan formas de resistir y de consolidar los avances logrados.

Hay una fuerte tentación de llevar la comunicación política al terreno electoral. Y, cuando ello sucede, la comunicación gubernamental, menos estridente, es la gran perjudicada. Ya sea porque es la única que siempre está presente –nunca descansa–, ya sea porque se ve inundada de electoralización, se confunde, se estresa. Lo mismo sucede cuando se habla de redes sociales asociadas a los efectos electorales. Los líderes políticos no dialogan: prometen o arengan. El gobernauta está naciendo, pero está lejos de ser una realidad.

Junto con el desarrollo de internet, asistimos a una fragmentación comunicacional que viene operando como una contrafuerza frente a las dinámicas de la centralización y homogeneización de los medios masivos de comunicación.El concepto tradicional de «gran público» también ha sido erosionado. Si bien la autosegregación de públicos a partir de parámetros de diferenciación y exclusión social siempre existió, se intensifica con las nuevas plataformas digitales. Así, asistimos a formas de cinismo social y desconfianza en las instituciones tradicionales, a la difusión de gran cantidad de noticias falsas y a la construcción de públicos-burbuja, que a menudo obstaculizan la conversación ciudadana.

En los últimos años, la defensa del ciberespacio se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Kremlin. En 2013, el Ejército ruso lanzó una operación destinada a reclutar a especialistas en seguridad de la información, tal como lo revelaron el diario digital Meduza y The New York Times.

El referéndum realizado en Colombia en 2016 para ratificar los acuerdos de paz no solo tuvo un resultado sorpresivo –contra todo pronóstico, se impuso el «No»–, sino que abrió un debate sobre el impacto de algunos argumentos eficaces pero que llegaron a ser inverosímiles, como los riesgos de que se implantarael «castrochavismo» en Colombia. En cualquier caso, los partidarios del rechazo fueron más hábiles para utilizar las redes sociales y merece atención el tipo de discursos que se utilizaron, las fibras que tocó la campaña encabezada por el ex-presidente Álvaro Uribe y la forma en que se conectó con cuestiones coyunturales de la política colombiana.

Hoy las redes sociales son fuente de información pero también de circulación de una serie de conceptos construidos en la academia. Términos como «empoderamiento», «lugar de enunciación» y «privilegio» forman parte de debates cotidianos y multitudinarios en Facebook. No se trata solo de una simple vulgarización del debate académico ni de una simplificación con atraso del debate estadounidense de la década de 1990, sino de un proceso vivo de apropiación y resignificación, en el cual el origen y la definición de los conceptos se perdieron y estos fueron modificándose y adaptándose a las condiciones de la lucha política.

Las críticas al uso masivo de servicios digitales fuertemente centralizados y de sus bases de datos gigantescas suelen despertar una respuesta unívoca: no tengo nada que ocultar. A punto tal que esta frase se convirtió en un ya viejo y conocido desafío argumental, según el cual solamente quienes realizan actividades ilícitas podrían tener alguna objeción respecto a que se guarde un registro de todas sus actividades digitales. Esta frase también implica la aceptación tácita de los nuevos modelos de negocio de los servicios web y la negación de la relevancia de los problemas políticos involucrados. Por eso vale la pena detenernos en los contraargumentos y en las estrategias que conllevan.

La actual crisis de la democracia no se limita a la «crisis de representación». Las elecciones tienen hoy menor capacidad de representación por razones institucionales y sociológicas y existe malestar y desasosiego ciudadano. El «pueblo» ya no es aprehendido como una masa homogénea sino más bien como una sucesión de historias singulares. Y para dar cuenta de ello, resulta urgente ampliar la democracia de autorización a una democracia de ejercicio, lo cual requiere de una democracia narrativa, con ciudadanos iguales en dignidad y reconocimiento. De lo contrario, el déficit de representación seguirá provocando oscilaciones entre la pasividad y el miedo, que a menudo favorecen a los llamados populismos de derecha.