La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) representa un esfuerzo de integración política superior en América Latina y el Caribe, que surgió impulsado por el liderazgo de las dos potencias regionales, México y Brasil. Ante las dificultades para articular la diversidad, emerge una voluntad política renovada en torno de la integración y, en especial, de un nuevo regionalismo. Los trabajos que desarrollen Chile durante este año, Cuba en 2013 y Costa Rica en 2014 serán determinantes para el éxito de esta nueva y pujante iniciativa de integración política latinoamericana y caribeña.

En julio de 2011, tras una apretada victoria en las urnas contra Keiko Fujimori, Ollanta Humala juró la Presidencia del Perú sobre la Constitución de 1979, rechazando la vigente desde 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Humala prometió articular un alto crecimiento económico con políticas de inclusión social y conciliar el desarrollo con el respeto a la naturaleza, en medio de crecientes conflictos socioambientales. Pese a los buenos resultados de los primeros meses, en las encuestas se registra una tendencia descendente en la aprobación a la gestión presidencial, y parte de la izquierda que apoyó a Humala durante la campaña se ha alejado y ha denunciado el giro conservador del gobierno hacia un régimen que privilegia orden e inversiones.

Juan Carlos Blumberg en Argentina y Javier Sicilia en México han liderado movimientos construidos luego de la muerte de sus hijos. En ese sentido, lograron universalizar el dolor personal a partir de la configuración de amplios movimientos de protesta. Sin embargo, mientras Blumberg expresaba una serie de temores de las clases medias frente a la inseguridad creciente y un reclamo de mano dura, Sicilia se opone a la militarización de la guerra contra el narcotráfico e intenta dignificar a las víctimas consideradas en el discurso oficial como «bajas colaterales». Con todo, en ambos casos se trata de una interpelación de la sociedad civil a Estados atravesados por la corrupción y por diversos tipos de inseguridad.

Si bien el intercambio de favores por votos es una antigua pero efectiva forma de conseguir apoyo electoral, la distribución de bienes en aras de fomentar la participación en actos políticos podría resultar sorprendente. ¿Por qué habría que pagar por una asistencia que no se traduce necesariamente en votos? El artículo postula que los líderes políticos utilizan las convocatorias a actos partidarios para disciplinar a sus representantes y a la vez enviar señales claras del nivel de apoyo político del que goza el partido. De este modo, el uso del clientelismo sirve para disuadir de la creación de una oposición política organizada y contribuye a consolidar el poder de las maquinarias políticas locales.

El presupuesto participativo (PP) es un proceso mediante el cual los ciudadanos intervienen en una serie de reuniones programadas cada año con las autoridades gubernamentales y pueden contribuir de manera voluntaria y regular en la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto público. Este artículo describe algunos experimentos en este campo desarrollados en América Latina y revela diferencias considerables entre países. El autor argumenta que el pp representa una innovación prometedora para el desarrollo urbano, pero sus resultados en la región son disímiles porque un PP eficaz y sostenible suele requerir una combinación de factores que no es común en América Latina.

La semántica de lo público, entendida como aquella que combina los significados de lo común, lo visible y lo abierto, parece pertenecer a una familia diferente de aquella de lo «nacional-popular». Más que en matrices ideológicas, es posible pensar en discursos que tuvieron su génesis en momentos históricos concretos, pero que se extendieron mucho más allá de ellos, con una influencia decisiva en las prácticas colectivas. Aunque a menudo una semántica ha servido para cuestionar la otra, en este artículo se intenta mostrar que en algunas experiencias democráticas latinoamericanas contemporáneas se abre un campo de experimentación en el que ambas podrían llegar a ampliar su alcance político.

Al reconocerse como Estados plurinacionales, Ecuador y Bolivia están replanteando las formas de construcción de ciudadanía y democracia vigentes desde el siglo XIX, con el objetivo de dar cuenta de la diversidad de sus sociedades. Las posibilidades de reconstruir las configuraciones estatales están asentadas en el reconocimiento de dos nuevos sujetos: nacionalidades en Ecuador, naciones y pueblos indígena-originario-campesinos en Bolivia. No obstante, las figuras del autogobierno chocan a menudo con el objetivo de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa de construir Estados activos y fuertes. Por eso, el tránsito a la democratización está lleno de obstáculos y de caminos paradójicos.

Una mirada rápida a los artículos académicos y libros recientes acerca del cambio en el sistema de partidos en América Latina –especialmente la producción norteamericana– llevaría a la conclusión de que los partidos ya no son mecanismos efectivos de representación política y de que los sistemas de partidos, en algún momento sólidos, están en ruinas. Este artículo plantea divergencias con esa conclusión alarmista y destaca la necesidad de un análisis más matizado de la evolución de los sistemas de partidos. Por un lado, estos no están colapsando en toda la región. Por el otro, algunos aspectos de la evolución del sistema de partidos en América Latina contribuyeron a la consolidación de democracias frágiles.

En tiempos de crisis, la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia regresa como interrogante. La financiarización de la economía, la desregulación económica y la capacidad de presión de las grandes empresas son factores que limitan la capacidad de gestión del Estado. Igualmente, la cartelización de los partidos políticos, la saturación audiovisual, el imaginario hegemónico consumista y la asunción por parte de las clases medias del «capitalismo popular» debilitaron el compromiso de posguerra con los valores socialdemócratas. Esto lleva a una mirada nostálgica sobre la «democracia» perdida. Pero detrás de la «posdemocracia» se esconde un proceso de mayor calado: la centralidad de la «pospolítica», que neutraliza el elemento central de la democracia: el conflicto.

La solidez económica relativa de América Latina frente a la crisis económica mundial convive no solamente con la desigualdad estructural, sino con Poderes ejecutivos ocupados por mujeres que accedieron a ellos por la vía electoral. El artículo explora el impacto de los mandatos de Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla y Dilma Rousseff en la democratización de sus sociedades a través del análisis de sus políticas de igualdad de género. De esa manera, intenta contribuir al desafío de que los debates y las reflexiones sobre la calidad de la democracia sean sensibles al género y a las políticas en pos de la igualdad.

La evolución de los regímenes políticos y el desarrollo de procesos democratizadores constituyen temas relevantes para las ciencias sociales latinoamericanas. En el caso de Nicaragua, ambos fenómenos se encuentran ligados, desde las primeras décadas del siglo XX, a la dependencia de potencias foráneas como Estados Unidos, la consolidación de una economía agroexportadora y la precaria construcción de un aparato político-administrativo. Este texto indaga sobre los nexos entre las dinámicas del régimen político y el estado de la democracia en la Nicaragua contemporánea, atendiendo especialmente a lo acaecido bajo el último gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (2006-2011) y a continuidad tras la reelección de Daniel Ortega para el periodo 2012-2017.

A partir de la lectura del libro más reciente de Edelberto Torres-Rivas, es posible recorrer los conflictos y las guerras civiles que vivieron Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Los legados coloniales y la persistencia del Estado oligárquico fueron moldeando a los actores políticos y sociales que se enfrentaron en un contexto internacional definido por la Guerra Fría, en conflictos cuyo desenlace no dio lugar a grandes transformaciones revolucionarias. No puede negarse que las sociedades centroamericanas tienen enormes desafíos por delante; sin embargo, si se las compara con las del periodo estudiado por Torres-Rivas, se comprobará que no solo han cambiado, sino que están –a pesar de las dificultades– en mejores condiciones para hacerse menos injustas.

En marzo de 1968, Pierre Viansson-Ponté escribía un artículo que se haría célebre: «Cuando Francia se aburre», donde trataba con ironía un conglomerado de elementos que estallarían poco después en el Mayo francés. Allí señalaba algo de notable actualidad: «el verdadero objetivo de la política no puede restringirse a administrar el bien común ‘lo menos mal posible’». Pero incluso ese mínimo de la política hoy parece violentado por una sucesión de decisiones conservadoras en las que austeridad es la palabra de orden, al tiempo que la creatividad para enfrentar la crisis parece ausente también en las visiones progresistas.

En los últimos años, América Latina se ha posicionado de manera novedosa en el escenario global. Las luchas sociales, la emergencia de gobiernos nacionalistas y de izquierda y el distanciamiento de la región respecto de Estados Unidos han atraído la atención de varias potencias rivales de Washington. Esas mutaciones geopolíticas han impactado también en el escenario comunicacional globalizado de habla hispana: en 2004 comenzó la programación en español del canal CCTV, la señal multimedia del poderoso conglomerado estatal chino, a la que hoy se suman la señal en español de la televisión rusa rt –que contrató como entrevistador a Julian Assange, el polémico director de WikiLeaks– y, desde 2011, la televisora Hispansat, adscrita al Servicio Exterior de la Radio y la Televisión Iraní.