La ciudad nació para proteger a sus habitantes, integrarlos, garantizar mínimos estándares de seguridad y bienestar. Eso hoy ha cambiado, y la sensación es que es necesario protegerse de la ciudad. Acosados por el miedo, los habitantes de las grandes urbes confunden el temor a los actos delictivos concretos con el rechazo estigmatizante a grandes colectivos urbanos: jóvenes, inmigrantes, pobres. Las autoridades públicas a menudo potencian estos miedos con propuestas represivas que solo agravan el problema. El artículo argumenta que otra seguridad es posible, pero que para ello es necesario asumir que el espacio público es por definición un espacio conflictivo, nunca homogéneo, y ejercer la tolerancia democrática reconociendo los derechos y valores de los diferentes.

Rafael Correa ha obtenido tres triunfos electorales arrolladores. El último ocurrió el 30 de septiembre de 2007, cuando las listas oficialistas consiguieron más de 60% de los votos en las elecciones de asambleístas para la nueva Constitución. El temor que genera el gobierno en los sectores empresariales, si bien no es una prueba concluyente de que algo significativamente nuevo esté ocurriendo, sí demuestra un cambio en la composición social del poder y en sus prioridades. El artículo indaga la profundidad del programa posneoliberal llevado adelante por Correa y sostiene que, aunque se han generado algunos cambios importantes, sobre todo como resultado de la decisión de darle al Estado un rol más fuerte en la economía, en otros ámbitos, como las políticas sociales, la continuidad prevalece peligrosamente sobre el cambio.

Las elecciones presidenciales de Guatemala estuvieron marcadas por una intensa campaña negativa en contra de Álvaro Colom, quien se impuso pese a ella y a las propuestas de mano dura de su rival principal. Pero lo central, más allá de los resultados, es que el proceso electoral demostró que el país se encuentra en un momento de transición: el escaso entusiasmo despertado por las elecciones confirma que no han surgido nuevos líderes que reemplacen a los viejos patriarcas. Esto, sin embargo, no significa el final definitivo de la cultura patrimonialista y caudillista que prevalece desde el inicio de la historia nacional. El éxito del nuevo gobierno dependerá de su capacidad para superar la división geográfica, dialogar con la oposición y consensuar políticas en el Congreso.

Tras una historia marcada por golpes y dictaduras, América Latina ha logrado una subordinación bastante efectiva de los militares al poder civil. Esto ha sido posible en buena medida por el creciente rechazo regional a los gobiernos autoritarios, pero no implica que las Fuerzas Armadas se hayan retirado definitivamente a los cuarteles: en los últimos años, los crecientes problemas de seguridad pública y desarrollo han hecho que cada vez más gobiernos recurran a los militares para la lucha contra el narcotráfico, el control de la delincuencia o la asistencia en programas sociales. Lo sorprendente es que, a pesar de ello, la subordinación de los militares al poder civil no se encuentra en peligro, al menos en el corto plazo.

La política de defensa de Chile está condicionada tanto por factores externos, fundamentalmente del ámbito vecinal, como por condicionantes internos. Uno de ellos es la fluctuante relación que mantiene el país con sus vecinos del norte, Bolivia y Perú, con los cuales no ha podido avanzar por un camino de cooperación y construcción de confianza similar al transitado con Argentina. En el escenario interno, los principales desafíos pasan por la necesidad de modernizar las estructuras de gestión, modificar el sistema de adquisición de armamentos y generar una nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa que permita una adecuada gestión civil de la defensa. Aunque en los últimos años se dieron pasos importantes, aún queda mucho camino por recorrer.

Argentina es el país latinoamericano que más ha avanzado en el control civil de las Fuerzas Armadas. Es el primero que sometió a la justicia a los responsables de la dictadura y uno de los pocos en que se prohíbe claramente la intervención militar en la seguridad interna. El diseño creado en los primeros años de la transición a la democracia apuntaba a juridizar la relación cívico-militar, de modo de separar claramente lo correcto de lo ilegal y marcar un quiebre con la tradición golpista. Este camino, sin embargo, estuvo marcado por avances y retrocesos, levantamientos militares y la búsqueda, por parte de las Fuerzas Armadas, de nuevos espacios de autonomía. Aunque el gobierno de Néstor Kirchner ha reinstalado una agenda de derechos humanos e implementado algunas medidas importantes, la institucionalización del nuevo rol de los militares está lejos de haberse consolidado.

América Latina es una zona de paz: no sufre amenazas externas y el riesgo de que estallen conflictos entre países es mínimo. Pero enfrenta importantes amenazas internas relacionadas con el narcotráfico, el crimen transnacional y la persistencia de los problemas de desarrollo, las denominadas «nuevas amenazas», en el marco de Estados débiles, que muchas veces no ejercen un control efectivo sobre la totalidad del territorio nacional. Esto hace necesario establecer una diferenciación clara entre las funciones militares y las policiales, para evitar la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas, cerrar posibles espacios de autonomía institucional y asegurar su subordinación al poder civil.

Nacidas al calor de la revolución de 1910, las Fuerzas Armadas de México se diferencian de las de otros países de la región por su composición popular y su tradicional subordinación al poder político. Eso, al menos, es lo que sostiene el mito. Si se mira con más atención, se descubre que los militares mexicanos han expandido sus funciones a la lucha contra el narcotráfico y otras cuestiones de seguridad interna, lo cual los expone a la corrupción y les impide desarrollar adecuadamente su misión fundamental de defensa nacional. A esto se suman una serie de problemas de gestión, la burocracia derivada de un pésimo diseño institucional y el desmanejo presupuestario, que demuestran que las Fuerzas Armadas en realidad se encuentran bastante lejos del mito que supieron construir.

Tradicionalmente influidas por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas latinoamericanas han jugado un rol político crucial. Hoy han vuelto a los cuarteles, y el hecho de que acepten sin mayores traumas subordinarse a gobiernos de izquierda demuestra que han alcanzado cierto grado de profesionalidad. Pero esto no significa que no haya problemas pendientes, como la injerencia de los militares en asuntos de seguridad interna en algunos países, y tampoco implica que los gobiernos de izquierda tengan una línea de acción común. Así lo demuestran las diferentes políticas militares de Venezuela, Bolivia y Argentina, así como las dificultades para avanzar en la creación de unas Fuerzas Armadas Sudamericanas.

En América Latina, la incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas es una respuesta a la necesidad de ganar legitimidad social. Pero esto no significa que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones respecto de los hombres, especialmente en instituciones que, como las militares, están marcadas por una tradición sexista, verticalista y autoritaria. El caso de República Dominicana demuestra que las pocas mujeres que logran ascender en la carrera militar no ocupan, pese a contar con el rango adecuado, posiciones de mando y dirección. Así, la feminización militar parece más una estrategia orientada a demostrar voluntad de cambio que un intento genuino por dejar atrás las diferencias de género y avanzar en procesos reales de modernización y democratización.

En Brasil, como resultado de una transición pactada, la democracia electoral convive con enclaves autoritarios fuertemente enquistados en el aparato estatal. Esta situación, lejos de resolverse, se ha profundizado en los últimos años debido al incremento de la violencia urbana y la creciente militarización de las operaciones destinadas a garantizar la seguridad pública. La confusa situación institucional de la Policía Militar y el rol cada vez más importante del Ejército demuestran que, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en Brasil las funciones de defensa nacional se entremezclan peligrosamente con la de mantenimiento del orden interno. El resultado es un híbrido institucional que impide la construcción de una democracia plena.

Desde que asumió el gobierno, Hugo Chávez inició un proceso de transformación de Venezuela dentro del cual los militares ocupan un lugar fundamental. Para garantizar su control sobre las Fuerzas Armadas, Chávez incorporó a militares al gobierno, promovió a oficiales leales y buscó la construcción de una serie de valores compartidos, basados en los ideales socialistas y el antiimperialismo, además de asignarles nuevos roles internos. La convergencia entre la política militar del gobierno y sus políticas de seguridad y defensa le ha permitido ganar cierta autoridad sobre las Fuerzas Armadas y mantener el control civil, pero no ha logrado establecer una dominación más amplia, en parte por la falta de manejo político. El sistema político venezolano se encuentra en un periodo de transición que, hasta que no se complete, impedirá la construcción de una relación cívico-militar verdaderamente estable.

La transición de Guatemala a la democracia generó cambios profundos en las instituciones militares. Los Acuerdos de Paz firmados en 1997, que pusieron fin a décadas de enfrentamiento interno, incluyeron un capítulo sobre las reformas de las Fuerzas Armadas. Se produjeron algunos avances, sobre todo en el desmantelamiento del aparato contrainsurgente y la reducción del gasto militar. Sin embargo, la resistencia de sectores del Ejército y la incapacidad de los gobiernos democráticos impidieron una transformación más profunda. La crisis de seguridad ciudadana ha retrasado el avance del proceso de reconversión militar, pero el problema es de mayor alcance: mientras las instituciones democráticas sigan siendo débiles, no será posible implementar una reforma coherente y sostenida, pensada como una política de Estado, para garantizar la subordinación efectiva de los militares al poder civil.