Los desencuentros entre Chile y Bolivia a raíz del reclamo marítimo de este último país se explican en buena medida por las diferentes estrategias internacionales desplegadas históricamente. Chile se consolidó como una economía insular, aislada de sus vecinos, mientras que Bolivia estuvo condicionada por su falta de cohesión social y geográfica, lo cual dificultó las posibilidades de desarrollar una política internacional estable. El artículo sostiene que, pese a las diferencias del pasado, la región en disputa revela una importante interacción comercial y demográfica entre ambos países que podría constituir la base para una solución creativa al problema.

El éxito de los intentos reeleccionistas, el avance político de las mujeres y la cuestionada capacidad de los organismos electorales en algunos países son algunos rasgos importantes del intenso proceso de elecciones que vivió América Latina en los últimos 14 meses. En un contexto macroeconómico estable y en el marco de un crecimiento razonable, hay motivos para ser optimistas. Pero, aunque la situación ha mejorado y el riesgo de una nueva ola autoritaria parece lejano, es necesario consolidar instituciones legítimas y eficaces y promover la cultura democrática, únicos diques de contención frente a la antipolítica, los liderazgos mesiánicos y los riesgos del neopopulismo.

El aumento de la demanda internacional de materias primas generada por el irresistible ascenso de China modificó los términos de intercambio y benefició claramente a América Latina. Sin embargo, pese a lo que sostienen las miradas más optimistas, el comercio entre el gigante asiático y nuestra región está lejos de constituir un ejemplo de cooperación Sur-Sur. Por el contrario, reproduce el típico esquema Norte-Sur desarrollado por Gran Bretaña durante el siglo XIX y consolida la dependencia y la primarización de las economías latinoamericanas. Los ejemplos de Argentina, Brasil y Chile demuestran que las políticas económicas de cada país pueden alterar esta situación o profundizarla.

Después de 16 años, Daniel Ortega vuelve al poder. Su victoria en las elecciones nicaragüenses del 5 de noviembre fue consecuencia de la reforma constitucional sellada en un pacto de impunidad con el ex-presidente Arnoldo Alemán, que generó una división del tradicional partido liberal y cambió el sistema electoral para adaptarlo a las necesidades del sandinismo. Así, Ortega triunfó frente a una oposición dividida, con un porcentaje inferior al que había obtenido en elecciones anteriores, y luego de emitir todo tipo de señales de moderación. Si el sandinismo siempre fue más una denominación que una ideología, ¿por qué no un sandinismo de derecha?

El proceso de privatización en Bolivia, envuelto en un ropaje de demagogia y falsas promesas, estuvo marcado por la falta de transparencia y los defectos de aplicación. El artículo sostiene que los errores más groseros podrían haberse evitado de haber existido un tribunal técnico, independiente y jerarquizado, capaz de identificar y corregir las principales deficiencias. Este poder, que no debería de ningún modo anular las decisiones políticas democráticamente adoptadas, podría funcionar hoy como un moderador responsable de las políticas de reestatización y recuperación del rol del Estado implementadas por el gobierno.

Las reformas neoliberales implementadas en América Latina permitieron controlar la inflación y generaron balances fiscales más equilibrados y un auge de las exportaciones. Sin embargo, también produjeron una alta volatilidad financiera, fuertes altibajos macroeconómicos y un cuadro social regresivo. Las privatizaciones, uno de los ejes del programa de reformas, contribuyeron al proceso de concentración del poder económico. Es necesario, por lo tanto, introducir «reformas a las reformas» para consolidar los logros y superar las principales falencias, de modo de avanzar hacia el objetivo final: el crecimiento con equidad.

El análisis del proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina revela que éste fue producto de decisiones orientadas por la ideología neoliberal y no el resultado de la búsqueda de una solución efectiva a la crisis del sector. Esta estrategia, además, ha ignorado la evidencia histórica que demuestra que la universalización de estos servicios en Europa y Estados Unidos fue consecuencia de una acción decisiva del Estado. Pero aunque el enfoque privatizador ha fracasado, las transformaciones institucionales y políticas que se pusieron en marcha continuarán afectando la capacidad de los gobiernos de la región para superar la crisis de estos servicios esenciales.

Las privatizaciones ponen a los gobiernos progresistas ante un dilema. En Brasil, la gestión del Partido de los Trabajadores no ha intentado ninguna alteración de la estructura de propiedad de las empresas privatizadas e incluso ha avanzado en nuevas modalidades de «asociación público-privada». En Argentina, donde las privatizaciones fueron más radicales, el gobierno de Néstor Kirchner reestatizó empresas de correo, aeropuertos y agua y creó una nueva compañía pública en el sector de la energía. En Uruguay, la gestión del Frente Amplio tuvo que responder a una opinión pública que se manifestó masivamente en contra de las privatizaciones. Estas medidas, aunque adoptadas en el marco de programas macroeconómicos ortodoxos, generan dudas acerca del futuro de la inversión pública y privada y de las capacidad para sostener el crecimiento económico.

En el artículo, tres especialistas del Banco Mundial analizan la participación del sector privado en infraestructura y concluyen que, en términos generales, los resultados fueron positivos. Mejoraron la productividad, la calidad y la cobertura del servicio. Sin embargo, la percepción social es negativa, lo que se explica por las falencias en la implementación de las privatizaciones, que incluyen falta de transparencia, carencia de programas sociales para los afectados y frecuentes renegociaciones. Los autores argumentan que América Latina, que invierte poco en infraestructura, necesita la participación del sector privado y para lograrla es imperioso revisar los errores del pasado y diseñar procesos más equitativos, transparentes y participativos.

Los resultados del proceso de privatizaciones en Perú son ambivalentes. La ampliación de la cobertura de los servicios públicos, la modernización tecnológica y los altos niveles de inversión en el sector minero son algunos de los rasgos más positivos. Sin embargo, implementadas a un ritmo veloz, las privatizaciones estuvieron marcadas por irregularidades, en muchos casos generaron aumentos de precios y tarifas y en otros, no se encuentran debidamente fiscalizadas por los organismos de control. Quince años después de iniciado el proceso, la sensación que prevalece en la sociedad es negativa.

La mala administración de las empresas estatales y los déficits en la provisión de servicios impulsaron a la mayoría de los países latinoamericanos a emprender procesos de privatizaciones, cuyo alcance en términos geográficos y sectoriales fue muy desigual. El artículo sostiene que la participación del sector privado mejoró los incentivos e hizo más eficientes a las empresas, y que sus efectos sociales fueron, en términos generales, positivos. Sin embargo, la percepción corriente es adversa. Fortalecer los mecanismos de regulación ayudaría a extender más los beneficios de las privatizaciones y a cambiar la percepción negativa.