Habitualmente, el surgimiento de facciones en los partidos venezolanos se atribuye a rivalidades personales, en parte porque las posiciones doctrinarias de las tendencias y la lealtad de sus miembros en general han sido poco definidas y de corta duración. Pese a tales ambigüedades y cambios, los asuntos concretos, en particular los relacionados con el neoliberalismo y la democratización interna, polarizaron las tendencias condicionando la conducta de los partidos.

El cuadro político argentino ha sufrido grandes cambios en los últimos años. El bipartidismo tradicional se ha debilitado, quizá hasta su disolución definitiva, configurándose un sistema con partido hegemónico y una oposición que, en el actual contexto, no alcanza a articular una estrategia positiva de acumulación política. Este carácter reactivo de la oposición ha permitido controlar las tendencias más autoritarias del gobierno, pero constituye un enigma la forma como el radicalismo (la oposición cooperativa) o el Frepaso (una oposición más confrontativa) lograrán construir frente al peronismo una alternativa real de gobierno tanto para los sectores reconvertidos como para los excluidos del sistema.

La historia del modelo político del Caribe angloparlante indica una trayectoria donde la sociedad civil se consolida mediante un proceso de organización política que se inicia con el nacionalismo de los años 40 y la independencia de los 60. El Estado terminó siendo, junto con la sociedad civil, otro garante del propio proceso democrático. La incapacidad de las organizaciones tradicionales como partidos, sindicatos e iglesias para responder a las necesidades inmediatas de la sociedad civil caribeña ha generado el desarrollo de nuevas formas de organización, gestión y participación política a nivel local, ajenas y al margen muchas veces del sistema político formal. El resultado ha sido el surgimiento de experiencias alternativas de poder y participación local que han operado, en ocasiones, en forma complementaria al sistema tradicional de poder político y, en otras, en franca divergencia y oposición. Estos grupos sociales marginados buscan promover una nueva autonomía de la sociedad civil y se perfilan como actores esenciales en el proceso de integración regional.

A cuatro años y medio de la firma de los Acuerdos de Paz, se puede afirmar que en lo sustantivo se ha cumplido con lo firmado en el Castillo de Chapultepec, lo cual implicaría decir que ha concluido la etapa de transición de la guerra a la paz y que se ha avanzado bastante en la transición de una sociedad militarizada a una desmilitarizada. Falta todavía mucho camino por recorrer en la transición del autoritarismo a la democracia.

Un cambio histórico en España ha supuesto, para alcanzar el gobierno con ciertas garantías de estabilidad y eficacia, el pacto entre la derecha española y las fuerzas del centro-derecha basadas fundamentalmente en presupuestos nacionalistas periféricos. La incapacidad de la oferta electoral, liderada por Aznar, de alcanzar una mayoría absoluta suficiente para gobernar, ha impulsado una alianza insólita que debe enfrentarse en los próximos meses al reto que supone alcanzar los criterios de convergencia de Maastricht y a continuar los esfuerzos en pro de la modernización de España.

Es sabido que para tener una buena visión de futuro se hace necesario, a veces, padecer cierta ceguera de presente; y algo de eso hay que hacer para apreciar con alguna perspectiva de mediano plazo la actual coyuntura política mexicana. Por de pronto, el improbable lector de estas líneas deberá dejar a un lado, al menos por un momento, un rosario de adeudos y malhadares que acompañan al gobierno de Ernesto Zedillo como una sombra terca. Deberá entornar los ojos y no poner atención a la todavía irresuelta negociación entre el gobierno federal y la insurgencia zapatista, que ya lleva dos años y medio desde el 1º de enero de 1994 cuando comenzó la promocionada insurrección; deberá ser paciente con la falta de esclarecimiento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priísta muerto a fines de marzo de ese mismo año; y deberá seguir esperando como el amor de su vida la condena en suspenso sobre el capturado Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari y pieza clave de una intrincada red de tráfico de influencias, crímenes políticos, corrupción y narcopoder al interior del aparato de Estado que gobernaba el otro hijo de su misma madre.

Carlos M. Vilas Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, México, 1994, 329 páginas. Pocas dudas caben de que el istmo de Centro-américa fue una de las áreas más sufridas del continente durante la Guerra Fría. Recordando la conocida fábula del guatemalteco Juan José Arévalo, podemos decir que durante esos años los tiburones realizaron macabros juegos y construyeron absurdas paranoias bajo la cuales cayeron víctimas las sardinas. En este libro de Carlos Vilas se nos exponen los procesos socioeconómicos y políticos de los pequeños países de Centroamérica durante la época señalada. De manera seria, objetiva, pormenorizada y diferenciada van sobresaliendo los distintos ingredientes que compusieron la historia particular de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, quedando en el escenario común de fondo las condicionantes de la Guerra Fría y el carácter de traspatio de los EEUU que posee el istmo.

El fenómeno de la corrupción en el Brasil está indisolublemente unido a la conformación del Estado, y al perfil de las elites como reproductoras, en su desempeño e interacción, de un modelo social y cultural perverso que ha mantenido su vigencia tanto en periodos autoritarios como democráticos. Los casos de la destitución del ex-presidente Collor y las recientes crisis bancarias, son claros ejemplos de un proceso de corrupciones múltiples que se retroalimenta inexorablemente.

¿Qué ha ocurrido en América Latina con el clientelismo partidista ante las nuevas circunstancias de los 90, caracterizadas por el desprestigio de los partidos y los programas de ajuste económico? El clientelismo perdura, pero es necesario analizar los caracteresque presenta en la situación actual. Estos rasgos están constituidos, entre otros, por la acentuación de las necesidades de protección a las cuales responde el clientelismo, el deterioro de la gerencia pública y del Estado, el surgimiento de un liderazgo partidista sui generis, el retorno a condiciones que parecían definitivamente superadas por la implantación de los partidos y, finalmente, por una amenaza cierta de restricción de la democracia.

La realidad muestra lo difícil que puede resultar la formación de funcionarios y ciudadanos incorruptibles en el actual contexto económico y político. No obstante, es posible fomentar la competencia, modificar los incentivos e introducir mejoras en los sistemas de rendición de cuentas. En síntesis, enmendar las estructuras y relaciones que generan la corrupción. Este artículo ofrece una perspectiva para la acción ciudadana y la política pública.

Con el auge de la corrupción como intercambio social, los costos impuestos a la colectividad son morales (malestar, apatía), políticos (cuestionamiento de la democracia y avance del populismo o la extrema derecha), económicos (despilfarro de los fondos públicos y desarrollo de rentas parasitarias) y sociales (desigualdad en el tratamiento de los actores). La corrupción se convierte en un problema real a partir del momento en que abandona el terreno de la transacción puntual y no organizada de actores puramente oportunistas, para pasar a los mecanismos regulares y organizados de actores desculpabilizados.

El inusitado auge de la corrupción en Colombia durante los últimos años, se explica en alguna medida por ser una sociedad en transición, fuertemente impactada por los acelerados procesos de modernización económica y social. La precariedad del Estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coluden para configurar el complejo paisaje actual. La sociedad colombiana no ha logrado construir claras fronteras entre lo público y lo privado, ni desarrollar una ética de lo público. Desde sus orígenes el Estado fue \"privatizado\", al ser colocado al servicio de los intereses particulares de una elite.

La corrupción protege el narcolavado, el cual alimenta la corrupción en un círculo vicioso financiero que conduce a una criminalización creciente de la economía. El narcolavado no es, como lo supone la opinión pública en general, propiedad exclusiva de los paraísos fiscales tropicales, sino que más bien es negocio de las naciones desarrolladas y de Europa. Las políticas instrumentadas por la mayoría de los grandes países todavía siguen siendo esencialmente formales. A veces tienen legislaciones muy restrictivas, otras inexistentes, y otras veces se enfrentan al obstáculo de la corrupción. Los tratados internacionales suelen ser contradictorios y se aplican en pocas oportunidades. El lavado del dinero producto de la criminalidad en general y de la droga en particular sigue, de esta manera, prácticamente sin reprimirse.

Se presenta aquí un caso de corrupción para aludir a un fenómeno de corrupción más complejo. Se trata del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR), una entidad pública argentina en liquidación, cuya función principal era actuar de reasegurador de las compañías privadas de seguros. El INdeR es un ejemplo de organización con serias irregularidades. Lo importante para comprender el problema no es la existencia de casos individuales sino el modelo de organización en el cual se desarrolla un sistema de corrupción. En este contexto, de corrupción sistémica, existe un nivel de equilibrio tal que la persecución de un caso individual no sólo resulta insuficiente para resolver el problema sino que en buena medida puede ser una estrategia para ocultarlo.

Un enorme cambio ha significado pasar de más de un siglo de corrupción endémica en Hong Kong al periodo de 1970 y 1980, de rara corrupción oficial, hasta llegar a 1990, con su regreso como práctica usual. Fundamentalmente, esta experiencia anticorrupción es un ejemplo de audaz intervención gubernamental que alcanzó muy pronto un éxito notable, sirviendo de ejemplo acerca de qué tipos de políticas deben emplearse en contra de la corrupción endémica. Sin embargo, la experiencia también ilustra las limitaciones de este esfuerzo, en un contexto económico y político que no está bajo el control de quienes diseñan las políticas en Hong Kong. Ultimamente, la experiencia contra la corrupción se ha transformado en un esfuerzo por combatir las consecuencias negativas de la relación política y económica con la República Popular China.

El sistema italiano fue caracterizado como un gobierno de partidos capaces de controlar los grupos de presión y la sociedad civil. El poder partidario estaba presente tanto en la sociedad como en las instituciones. La corrupción política, como intercambio oculto, de hecho resta poder a los lugares visibles. Las arenas donde se toman las decisiones se desplazan de la política visible a la invisible, donde sin embargo los partidos no son forzosamente los actores predominantes. Los partidos se fraccionan, pero no en corrientes ideológicas tradicionales; más bien se crean estructuras ocultas, en las que los jefes acumulan poder gracias a la inversión de recursos obtenidos mediante ilícitos. Debilitados por la difusión de la corrupción política, los partidos se vuelven corresponsables, detrás de bastidores, del criptogobierno en cuyo seno se toman las decisiones pertinentes para la cosa pública.

Quizá un Estado más pequeño implique una gestión más honesta, pero ello no es inevitable. Las acciones de funcionarios y particulares corruptos serán un problema incluso con una administración reducida, a menos que se las limite con cambios institucionales y reformas legislativas. En caso contrario seguirán existiendo los incentivos para dividir y privatizar los beneficios o para crear otros nuevos. Si los recortes presupuestarios producen escasez sin cambio alguno en las leyes pertinentes, una gestión gubernamental en plan de austeridad puede incluso generar más oportunidades de corrupción que una menos restringida. La combinación de funcionarios públicos mal remunerados y escasez de beneficios públicos puede aumentar la oferta y la demanda de sobornos. Por otra parte, el proceso de reducir el Estado rematando empresas públicas crea sus propias oportunidades de corrupción, aun si el resultado final es una disminución de las tendencias cotidianas.