El derrocamiento de Stroessner, producido entre el 2 y el 3 de febrero de 1989, significó que los paraguayos empezaran a romper el mito paralizador en que se había constituido la realidad de enfrentarse con un régimen que parecía inexpugnable. Sigue habiendo una gran asimetría entre el poder cívico-militar dominante y la oposición, incluso después de la elección presidencial del 1° de mayo de este año y la pronta asunción constitucional del general Rodríguez, pero ahora los enfrentamientos ya no son entre un semidiós y seres humanos mortales, sino entre distintas colectividades humanas organizadas. El espacio de las libertades se ha ampliado indudablemente y, mientras unos vagos anhelos de «modernidad» se expresan desde palacio, los partidos opositores presionan por una agenda de reformas institucionales, sobre el trasfondo de una problemática social emergente.

De acuerdo a la teoría de la resolución de conflictos, una negociación puede resolver las diferencias de dos maneras: o «moviendo» el conflicto de una situación de incompatibilidad a una de compatibilidad, es decir, creando una estructuración en la cual, sin resolver las diferencias de fondo, se origine una dinámica de cooperación, pese a esas diferencias; o bien, «resolviendo» o «disolviendo» esas diferencias. En el istmo centroamericano, la dinámica internacional en juego no resuelve el problema de fondo, que es la heterogeneidad de sistemas, pero sí «mueve» la relación entre los Estados de la arena del conflicto a la arena de la cooperación plural. Debe recordarse, finalmente, que el mayor o menor grado de autonomía en relación a terceros actores - en el caso, las grandes potencias - también influye en la determinación de las políticas a seguir.

La debilidad crónica de los partidos de derecha dentro del sistema político argentino - para muchos autores - no es ajena a la tradicional inestabilidad democrática del país. La falta de una opción electoral derechista capaz de erigirse realmente en alternativa de gobierno, ha hecho que los sectores latifundistas, industriales, comerciales y financieros más importantes se hayan inclinado por el apoyo a gobiernos militares afines a sus intereses, en vez de secundar a las fuerzas electorales tradicionales, radicales o peronistas. Las dos vertientes teóricas de la derecha argentina: la nacionalista y la liberal (en lo económico) no han dado paso aún a una renovación profunda del pensamiento tradicional, por lo que no es fácil detectar allí el surgimiento de un neoconservadorismo. Así, a la pregunta sobre si existe una nueva derecha argentina, es difícil darle una respuesta unívoca.

Comprender lo que pasa en Panamá no es fácil. Se trata de un proceso complejo donde confluyen variados factores económicos, políticos, sociales, internos y externos a la sociedad panameña. Así, la crisis adquiere modalidades muy propias que escapan a las interpretaciones unilaterales, y muchas veces reduccionistas, que han abundado en estos meses. La crisis se ha vuelto ingobernable para los diversos actores envueltos en ella, prolongándose y profundizándose, en lugar de resolverse o darse al menos treguas de respiro y reacomodamientos fundamentales.

El 3 de febrero de 1989 fue derribado un presidente y, con él, el mito de una presidencia. Con el dictador vitalicio cayó el vitaliciado: institución presidencial que el general Stroessner buscó implantar, con su figura, e insinuó perpetuar con la candidatura de su hijo, el coronel Stroessner. Una de las primeras medidas adoptadas por el general Rodríguez con la intención de legitimar interna e internacionalmente su mandato fue convocar a elecciones, aprovechando el prestigio ganado al derrocar al dictador y la desorganización de la oposición.

Había sólo dos hojas de votación en el cuarto secreto. Una, de color verde, era para dejar sin efecto la llamada «Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado»; la otra, amarilla, era para confirmarla. Esa ley - cuyo complicado nombre parece querer disimular su contenido - había sido aprobada por el Parlamento uruguayo el 22 de diciembre de 1986, bajo presión militar, y es en virtud de sus disposiciones que los militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (junio de 1973 a febrero de 1985) se vieron eximidos de someterse a la justicia penal ordinaria.

El fenómeno de la drogodependencia, como si de una serpiente se tratase, parece fascinar a la sociedad, dejándola tan alarmada como inerme. Esa fascinación e indefensión se puede explicar en función de tres componentes: en primer lugar, por el carácter ambiguo, ambivalente e incluso paradójico de la experiencia de la droga: cura y mata, proporciona placer y dolor, se utiliza para evadirse falsamente de la realidad y luego se intenta inútilmente evadirse de la droga, produce la expansión y, a la vez, el estrechamiento de la conciencia; es síntoma y, a la vez, causa de graves desajustes personales y sociales; descubre y oculta la realidad, es una experiencia límite de la libertad, que acaba anulándola.

Norbert Lechner FLACSO, Santiago de Chile, 1988, 189 págs. La política, más allá del contenido racional de hechos y teorías, es la expresión colectiva de «pasiones e imágenes, creencias y emociones»: el miedo, la inseguridad y el desamparo, la confianza y la desconfianza en los otros, están indisolublemente entrelazados con las construcciones que definen un quehacer público sólo aparentemente alejado de la experiencia inmediata de los hombres. A explorar esta dimensión subjetiva de lo político, ante la nueva perspectiva democrática que hoy se abre para América Latina, está destinado este lúcido libro de Norbert Lechner, quien es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Chile.

Según el CONADEP, menos de 10.000 «desaparecidos». De acuerdo a algunos organismos de derechos humanos, más de 30.000. Junto a ellos, los exilados, los mutilados, los silenciados, los emigrados por razones económicas, estimados en varios cientos de miles más. Total, un saldo pavoroso para Argentina. Un saldo que da cuenta, solamente en cifras, y sin considerar los costos y los sufrimientos humanos, de la historia de una generación: la que asomó a la vida política argentina a principios de la década del 70 y que pagó, con frecuencia con su exterminación física e intelectual, los errores de una utopía, desdibujada y confusa, pero nacida de su propio sacrificio.

El pago de la deuda social es «un compromiso impostergable y una inversión altamente rentable y necesaria» para los países de la región, sostuvieron los ministros de Finanzas y Planificación que asistieron a la VI Conferencia Regional de Responsables de la Planificación del Empleo en América Latina y el Caribe y a la Primera Conferencia sobre la Deuda Social. La reunión fue organizada por el gobierno de Guatemala y el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) - organismo dependiente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -, en Ciudad de Guatemala, entre el 5 y el 8 de diciembre de 1988. Los cerca de 150 asistentes a la Conferencia, entre ellos 16 ministros de gobiernos de la región, analizaron el problema de la pobreza e inequidad distributiva y las formas como enfrentarla. Al concluir la reunión, los ministros de Planificación y Finanzas dieron a conocer el «Acta de Guatemala sobre Deuda Social». Uno de los textos base de la Conferencia de Guatemala fue el extenso documento titulado Deuda social: ¿qué es, cuánto es, cómo se paga?, elaborado por expertos de PREALC/OIT...

El Partido Revolucionario Febrerista del Paraguay entiende que el «golpe militar del 3 de febrero no alteró sino que restauró la alianza entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. Expulsó a la burocracia corrupta y otorgó un espacio protagónico al sector agroexportador y comercial financiero, sin dar voz y participación a los campesinos, obreros, empleados y otros sectores sociales que conforman las grandes mayorías del país. El golpe militar instauró un proceso de apertura restringida en beneficio de la nueva alianza del poder. Por eso es una transición conservadora, que nace dentro del sistema, y teme iniciar un proceso de participación popular con plena libertad». A partir de esta definición expuesta en el programa electoral partidario, reflexiono sobre las «perspectivas para una transición democrática».

En el transcurso de las últimas décadas, el binomio coca-cocaína ha introducido una contradicción dentro de la economía política del capital, mediante su realización de un alto valor de intercambio. Este fenómeno de acumulación ha llevado a la política norteamericana a diseñar el paradigma de la «guerra contra las drogas», cuyo objetivo es erradicar el cultivo de la coca. Se trata de una estrategia que amenaza el tejido cultural de los usuarios y productores tradicionales de este recurso andino. Es una política basada en fundamentos irracionales y de tergiversación conceptual, que asocia falsamente la coca con la cocaína, como un fenómeno estricto de causa-efecto. No considera otros aspectos colaterales y contradictorios de la producción y consumo diferenciado de ambas sustancias, cuyo origen histórico es sociocultural.

El creciente consumo de drogas, un problema predominantemente norteamericano, desencadena todo tipo de contradicciones entre EE.UU. y América Latina, sobre la que se pretende descargar la responsabilidad de combatirlo. A su vez, al interior de nuestros países se originan crecientes tensiones entre las clases dominantes «legales» y la narcoburguesía, a la par que conflictos - muchas veces dramáticos - en que se ven envueltos pequeños campesinos cultivadores de coca o marihuana y desempleados que aportan la mano de obra. Mientras exista la demanda de drogas ilegales en los países de alto desarrollo, resultará muy difícil contener la oferta. La producción y comercialización de las sustancias psicoactivas continuará siendo un eje de la acumulación capitalista y una fuente más de la reproducción ampliada de ese sistema a escala internacional. Los enfoques moralistas deben ser sustituidos por un acuerdo político mundial sobre las drogas, en el que se contemplen los intereses legítimos de los países «consumidores» y también los de los países potencialmente «proveedores».

La «guerra contra las drogas» no es sino un capítulo más de la historia general de la estupidez humana. Así como reclamamos la libertad de pensamiento, para elegir nuestras lecturas o la película que deseamos ver, es decir, así como tenemos derecho a meter en nuestras mentes lo que queramos, también tenemos el derecho a elegir nuestros alimentos u otras sustancias que queramos meter en nuestros cuerpos. Los controles contemporáneos contra la droga, en lugar de estar basados en consideraciones objetivas (técnicas, científicas), más bien se parecen a las prohibiciones rituales, que descansan en consideraciones religiosas, políticas o sociales. Cualquiera que reflexione al respecto debe comprender que nuestras drogas culturalmente aceptadas - en particular, el alcohol, el tabaco y los remedios que alteran la mente - constituyen una amenaza mayor y causan mucho más daño demostrable que las drogas prohibidas.

La preocupación cada vez mayor por regular la producción, el tráfico y el consumo de una serie de sustancias alteradoras de la conciencia, más conocidas como drogas,ha variado a lo largo de los años, no tanto por la peligrosidad de estas sustancias, sino más bien por factores de tipo económico y político. Desde la ilegalización de fumar opio hasta la preocupación por el narcotráfico, se observan variables que no tienen que ver con los aspectos farmacológicos de las drogas, sino más bien con razones de política interna o externa, cuando no de proteccionismo mercantil. Ello ha dado lugar a la distorsión del tema, confundiéndose frecuentemente causas con efectos. Se puede demostrar que en un inicio la prohibición de las drogas tuvo que ver con el racismo; más tarde con la rebelión juvenil y en la actualidad con problemas de seguridad nacional y, en ocasiones, con problemas económicos de América Latina, predominando siempre la visión de que el problema es externo a los EE.UU. y de que existen drogas buenas y drogas malas. Mientras tanto, el problema sigue sin solución y el negocio se fortalece.

A partir del contexto específico de la sociedad peruana, se abordan los lazos de interdependencia con las sociedades industriales. Temas de relevancia social como la droga, la violencia y la marginalidad sirven de telón de fondo de las reflexiones que se desarrollan, sustentadas en la Teoría Crítica del Sujeto. La moderna civilización industrial pone el afán de lucro en el centro de toda preocupación, desconectando al individuo de sus auténticas necesidades. A superindividualismo de la sociedad de consumo - y cada vez más, también de las urbes pobres latinoamericanas - se contrapone la idea del individuo inmerso en un entorno, responsable frente a sí mismo y a los demás.

Este trabajo trata de evaluar la importancia que tiene el omnipresente negocio de la droga para las economías nacionales, tanto en los países industriales como en los países en desarrollo. Pese a que la narcoeconomía no lleva una contabilidad pública, el autor demuestra que el Producto Nacional Bruto sube por las actividades narcoeconómicas en prácticamente todos los países del mundo. El volumen de la narcoeconomía, en los países industrializados, es muy alto. En los países en desarrollo, son más bajas las cifras absolutas, pero su importancia relativa, en comparación con las ramas de la economía lícita, es más alta. Las economías de Bolivia y Perú, por ejemplo, son prácticamente dependientes de la droga. Se investiga igualmente el desarrollo del empleo, del ahorro y de la inversión bajo la influencia del narcotráfico; también sus efectos inflacionarios y deflacionarios Por fin, el autor pregunta por los efectos de la narcoeconomía a largo plazo, resumiendo que la represión de la droga, en base a argumentos económicos, difícilmente puede ser justificada.

Existe un creciente consenso en torno al tema de las drogas: se lo ha asumido como un fenómeno internacional de naturaleza compleja y multifacética, que debe ser abordado desde diversas perspectivas y enfrentado con una amplia gama de instrumentos que trasciendan las dimensiones unilaterales o bilaterales. Sin embargo, la distancia entre la «percepción» de esta intrincada cuestión y la «realidad» de las iniciativas que se han adoptado para hacerle frente muestra un alto nivel de incongruencia e inconsistencia. Mientras la retórica se mueve por un lado, la práctica concreta va por otra, sobre el trasfondo de un insatisfactorio trato entre EE.UU. y América Latina al respecto.

Después de casi una década en Perú, con dos gobiernos constitucionales elegidos por claras mayorías, el segundo se apresta a realizar nuevos comicios, en medio de pérdida de popularidad; crisis económica grave; estado de emergencia continuo en importantes zonas del país, debido al avance destructivo de la guerrilla terrorista Sendero Luminoso, e indefinición de la hegemonía política interna, toda vez que quien resulte vencedor, probablemente, no gozaría de mayoría parlamentaria y municipal, como el presente régimen aprista. En ese cuadro, el narcopoder proyecta una sombra ominosa y sus imbricaciones con la subversión, más la acción de los contrabandistas y una corrupción generalizada, generan interrogantes y tensiones que es difícil predecir cómo se resolverán.

En Bolivia se desarrolla hoy uno de los programas más ambiciosos para reducir los cultivos de coca. Sin embargo, las contradicciones inherentes a la división internacional del trabajo que se observan en ese terreno, obligarían a repensar los términos en los que se concibe la llamada «doctrina de la responsabilidad compartida». Esta postula una acción concertada de las naciones para disminuir simultáneamente la oferta y la demanda de drogas a nivel mundial. Mientras se obliga a los campesinos de los Andes a terminar con sus cultivos tradicionales, poco o nada se hace en los países industrializados para apoyar financieramente ese esfuerzo, de enormes consecuencias sociales, ni por reducir el consumo.