Desde 2014, Bolivia es el único país que permite expresamente el trabajo infantil a partir de los diez años, lo cual viola los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (oit). El debate que precedió la reforma del Código Niña, Niño y Adolescente muestra numerosas complejidades y matices, tanto con respecto a los actores movilizados como a sus posiciones políticas e ideológicas. Si bien todavía su implementación es débil, el código se enmarca en un discurso de derechos que trata de ir más allá de las lógicas internacionales y de encontrar una armonización con las prácticas y realidades locales.