Como es sabido, al gobierno de Rafael Caldera le falta poco más de año y medio para concluir, razón suficiente para trazar algunas líneas de reflexión sobre lo hecho -y lo no hecho-, así como sobre probables imágenes de futuro. Caldera inició su periodo constitucional en febrero de 1994, después de una campaña electoral accidentada y con resultados inusuales para el contexto venezolano: cuatro candidatos con una votación muy pareja (tres con algo más del 20 % cada uno y el ganador con el 31%); una protesta masiva expresada en los votos captados por un partido-movimiento hasta entonces relativamente pequeño e insignificante, la Causa R (CR); y una abstención que, sin recurrir a tecnicismos sobre el total de la población votante y la precisión del padrón electoral, no bajó del 40%, según cifras oficiales -cabe señalar que el voto en Venezuela es obligatorio.

A poco más de dos años de la vuelta de Carlos Andrés Pérez a la Presidencia, la situación social y política de Venezuela se presenta con características difíciles. A diferencia y hasta a contracorriente de lo que muchos analistas y estudiosos pensaron a comienzos de 1989, no se ha avanzado en la definición y el diseño de un nuevo modelo de desarrollo; se han profundizado los rasgos de crisis de la sociedad y de la democracia; no se ha llegado a una nueva manera de hacer política; se han afianzado viejos vicios en la relación entre Estado y sociedad civil. En breve: se corre el peligro de que las frustraciones de las grandes mayorías aumenten todavía más y conlleven niveles aún mayores de apatía y de inercia en el funcionamiento del sistema político y de conflictividad en la sociedad.

El resultado de las elecciones venezolanas del 4 de diciembre de 1988 [[1]] no deparó mayores sorpresas a los analistas políticos que habían seguido de cerca los acontecimientos del proceso electoral y de la campaña. Carlos Andrés Pérez, primer mandatario entre 1974 y 1979, ganó la presidencia con el 54.6 por ciento de los votos, con una cómoda ventaja de 12.8 por ciento sobre su más cercano contendor, Eduardo Fernández del Partido Socialcristiano COPEI, alcanzando la polarización bipartidista en la escogencia presidencial un nuevo récord de alrededor del 95 por ciento. Acción Democrática (AD) perdió, en cambio, su mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso Nacional, al obtener un 43.8 por ciento de los votos (frente al 49.97 por ciento en 1983), mientras COPEI obtuvo, con el 31.43 por ciento, tres puntos más que en las elecciones anteriores. La izquierda no socialdemócrata del Movimiento al Socialismo (MAS), fusionado desde mediados de 1988 con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aumentó su votación en tres por ciento, y casi duplicó así el numero de sus diputados (de 11 a 20), logrando superar por primera vez la mágica frontera de diez puntos y obtener una senaduría directa, más dos por cuociente electoral, como en elecciones anteriores.

Al examinar los síntomas de la situación venezolana y al compararlos con los de otras sociedades latinoamericanas, se descubren similitudes significativas: crecimiento cero o decrecimiento de la economía en los últimos siete años; una tasa de desempleo del 15 por ciento, según las estadísticas oficiales; una ingente deuda pública externa en el orden de casi 40 mil millones de dólares y una deuda privada con la banca internacional de unos 15 mil millones de dólares; un alza permanente de los precios que, pese a ser moderada, merma los ingresos de los sectores trabajadores y medios y disminuye aún más su poder adquisitivo; continua fuga de capitales y la subsiguiente falta de inversión interna; una crisis fiscal que le hace al Estado cada vez más difícil cumplir con los múltiples compromisos adquiridos sobre la marcha de casi 30 años de democracia representativa. Este síndrome, que podría ser ampliado con datos adicionales, deja entrever que se está viviendo una profunda crisis, entendida como un período prolongado de reacomodos y transformaciones del sistema social cuyo fin no es previsible y cuya salida aparece crecientemente incierta. Poco ha quedado del sueño y del proyecto de la "Gran Venezuela", impulsados en la década de los 70 a partir del espectacular aumento de la renta petrolera y aceptados, en menor o mayor medida, por la mayoría de los actores de la sociedad venezolana.

Si bien la democracia representativa como régimen político estable en Venezuela data de 1958, cuando una amplia coalición de clases y fuerzas sociales derrocó la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, tiene un antecedente importante en el "trienio". Se trata del tiempo que corre entre el 18 de octubre de 1945, fecha en que un grupo de jóvenes militares y líder del partido Acción Democrática (AD) tumba el segundo gobierno "de transición" después de la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, el de Medina Angarita, y el 24 de noviembre de 1948, día en que los militares, antes conjurados con los políticos acción-democratistas, terminen un período democrático a través del re-establecimiento de un régimen autoritario.