El artículo analiza las condiciones, que a manera de bloqueos, impiden en Colombia la consolidación de una ciudadanía democrática y un Estado moderno. La desigualdad, la corrupción, el clientelismo, el rebusque y la violencia, rasgos potenciados por el desarrollo del narcotráfico, son fenómenos que movilizan las formas perversas de inclusión social y obstaculizan la consolidación de la democracia. Por otra parte, ante los nuevos desafíos de lo público, relacionado con las nuevas tecnologías y los cambios culturales, la sociedad colombiana se enfrenta con condiciones que emanan tanto de sus formas históricamente excluyentes como de los retos que le impone la globalización contemporánea.

En Colombia, desde hace décadas prima la carencia de mecanismos sociales y legales de tramitación y concertación de contradicciones y pugnacidades que permitan la resolución de conflictos, y que los contendores puedan convertirse en competidores. La ausencia de estas mediaciones es una de las claves que nos permite comprender por qué en este país se presenta tal cúmulo de dificultades de tramitación de conflictos y por qué a la vez éstos tienden a rebasar sus ámbitos específicos y a expresarse de maneras cruentas y fuera de control.

La Policía es una de esas instituciones con las que una sociedad debe convivir mediante relaciones complejas, contradictorias, incómodas. Desarrollada históricamente para proteger a las clases poseedoras de los peligros ocasionados por las «clases peligrosas» y a la sociedad en su conjunto de la criminalidad, la institución posee una tendencia bastante generalizada a desarrollar formas variadas de delincuencia y corrupción. Su papel de «Estado en las calles» la hace especialmente vulnerable a un sin fin de tentaciones. Su relación directa con el criminal y el delincuente, los habitualmente malos salarios de los agentes, la escasa valoración social que la ciudadanía le concede, y el hecho de circular armada y con un poder frecuentemente incuestionado en medio de la gente del común, son fuentes casi insalvables de desviación de sus funciones legales.

El concepto de informalidad, restringido habitualmente a lo económico, tiene también una expresión más amplia en la política, fenómeno que es particularmente importante en Colombia. La informalidad se refleja en el desarrollo de determinadas acciones colectivas paralelas a los parámetros institucionales. Los movimientos populares colombianos, protagonistas de esa ubicua informalidad, tienen que confrontar la violencia tanto en las relaciones de los ciudadanos con el Estado, como en las esferas de lo público y lo privado . Para superar esta situación , deben impulsar el afianzamiento de un espacio no violento de confrontaciones políticas, de modo que las relaciones Estado-ciudadanos no involucren la coacción y propicien la acción estatal en beneficio de las comunidades, buscando que los problemas públicos y privados tengan esferas comunes, civilizadas y pacificas, de expresión y solución.