Los precandidatos para la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos están proponiendo una serie de políticas económicas a las que frecuentemente se describe como de libre mercado o como socialistas. Estos rótulos suelen confundir a la opinión pública estadounidense. En particular, es muy común (y erróneo) creer que el capitalismo es sinónimo de libre mercado. Pero en realidad, incluye todos los sistemas económicos donde haya propiedad privada, desde el libre mercado hasta la socialdemocracia.

Estas variadas formas de capitalismo demandan reglas básicas para el funcionamiento de los mercados, por ejemplo la protección de la propiedad y el Estado de Derecho. En la mayor parte de las sociedades capitalistas también hay programas sociales para proteger a los más vulnerables. De modo que en las economías capitalistas, los gobiernos tienen ante sí dos elecciones fundamentales. En primer lugar, pueden fijarle al mercado reglas conducentes al bien común, o delegar esa tarea a las grandes empresas bajo el disfraz de «libre mercado». En segundo lugar, pueden diseñar programas sociales universales para reducir la desigualdad y proteger el medioambiente, o achicarlos para minimizar el gasto público en estas áreas.

Lo que decidan los gobiernos tendrá gran influencia sobre los niveles de desigualdad, la emisión de gases de efecto invernadero y el bienestar general. De modo que para evaluar adecuadamente las políticas económicas de los precandidatos demócratas, debemos comprender sus propuestas en lo relativo al modo de estructurar los mercados y a la creación o ampliación de programas sociales.

El presidente estadounidense Donald Trump desestima esas medidas calificándolas de «socialismo», y alaba en cambio el libre mercado, sin reconocer que los mercados necesitan reglas para funcionar. Pero en vez de que las fije el Estado, Trump prefiere dejar a las corporaciones multinacionales las decisiones sobre cómo operar sus propios mercados. Sin embargo, en el sector de las megatecnológicas, y en muchos otros cada vez más concentrados, la desregulación no aumenta la competencia; por el contrario, permite a las grandes empresas manipular el sistema para que las favorezca.

Tomemos por ejemplo el sector de la energía, donde Trump puso a las grandes empresas de hidrocarburos a cargo de la política climática de Estados Unidos. Hoy los directivos de las megacorporaciones deciden cuánto contaminar y a qué ritmo desarrollar la capacidad en energías renovables, mientras Estados Unidos sigue atado a su adicción a los combustibles fósiles. En la industria de la salud, las grandes farmacéuticas tienen libertad para fijar los precios de los medicamentos, y las principales aseguradoras se quedan con la cuarta parte de los ingresos del sector. El complejo militar‑industrial domina el Pentágono, los bancos de inversión controlan Wall Street, y los grandes conglomerados agrícolas tienen el poder sobre las tierras cultivables estadounidenses.

La concentración de mercado permite a unas pocas grandes multinacionales controlar industrias enteras, lo que produce precios altos y remuneraciones excesivas para los ejecutivos. Las empresas establecidas aplastan a las recién llegadas para mantener el poder de mercado, y luego usan las ganancias excedentes para facilitar la elección de legisladores favorables y cabildear por políticas que perpetúen su dominio, a menudo debilitando el poder de los movimientos democráticos populares.

Varios precandidatos presidenciales demócratas han puesto estos problemas en el candelero. Elizabeth Warren, por ejemplo, atribuye el agravamiento de la desigualdad y la crisis climática a la corrupción de las grandes empresas, a las que acusa de socavar la democracia estadounidense. Bernie Sanders llamó a una revolución política de base para la creación de una socialdemocracia en Estados Unidos.

Con diferencias de detalles, Warren y Sanders quieren que el Estado vuelva a hacerse cargo de estructurar los mercados para el bien común, lo cual incluye impuestos más altos para los ricos y las grandes empresas, y una fiscalización más estricta de las leyes ambientales y de defensa de la competencia. Ambos precandidatos también defienden la implementación de programas sociales estatales que apunten a la provisión de acceso universal a atención médica, cuidado infantil, educación superior, vivienda adecuada y empleos dignos, además de una red de seguridad social que funcione como protección en tiempos difíciles.

Otros aspirantes demócratas también han defendido algunas de estas medidas, pero los precandidatos más centristas dicen que esos programas serían demasiado caros o incluso que atentarían contra la libertad, con lo que repiten críticas habituales de la derecha. Por ejemplo, el ex vicepresidente Joe Biden dijo hace poco a donantes ricos que si llega a la presidencia, «no habrá cambios fundamentales». Pero el sistema capitalista estadounidense necesita una renovación profunda para poder hacer frente a la crisis climática y a niveles de desigualdad inaceptablemente altos. Los países europeos han demostrado que una provisión amplia de programas estatales, la prosperidad económica y la libertad son inseparables.

En tal sentido, ya hay propuestas para el futuro. El premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz dice que el capitalismo progresista puede ayudar en gran medida a reducir la usurpación de riqueza y a crear una economía más sostenible y equitativa. Y la campaña Poor People’s Moral Budget [Un presupuesto ético para los pobres] defiende la creación en Estados Unidos de programas sociales progresistas financiados mediante impuestos y redirección del gasto federal actual.

Nuestro equipo de investigación en la Universidad de California en Berkeley creó un índice de prosperidad compartida sostenible (SSPI) que apunta a evaluar la capacidad de las políticas para favorecer una vida con sentido en un mundo sostenible. El SSPI evalúa a 50 países según tres criterios amplios: estructuración de los mercados con reglas e impuestos; protección del medioambiente; y programas estatales para una población sana y educada, junto con las infraestructuras y el respeto de los derechos humanos que hacen posible el funcionamiento de la sociedad. El SSPI, que reúne datos sobre más de 50 indicadores referidos a diversas áreas de políticas, ofrece un modelo práctico para la creación de una economía centrada en la gente y respetuosa del medioambiente.

Todos los candidatos presidenciales estadounidenses deberían presentar sus plataformas económicas, para que los votantes puedan evaluar de qué manera las alternativas afectarán su calidad de vida. La gente necesita saber si tendrá acceso a atención médica, educación superior y servicios de cuidado infantil, además de un empleo seguro con salario digno y tiempo libre suficiente para una vida equilibrada con la familia, los amigos y la comunidad.

No son aspiraciones y demandas excesivas para la ciudadanía de un país rico. Estados Unidos tiene recursos para crear una economía capitalista mejor, y sabemos qué políticas pueden aumentar el bienestar actual y el de las generaciones futuras. Ahora depende del país elegir autoridades ejecutivas y legislativas capaces de crear este nuevo sistema.

Fuente: Project Syndicate - Tìtulo original: «What America Needs to Understand About Capitalism»

Traducción: Esteban Flamini