La Plataforma de Desarrollo de las Américas (más conocida como plada) es un documento político programático de la Confederación Sindical de las Américas (csa). Propone una estrategia de desarrollo desde y para los pueblos como alternativa frente a la actual crisis múltiple que experimentan las sociedades capitalistas en América Latina. Su contenido intenta prefigurar senderos de transición hacia un modelo sustentable, contemplando las condiciones políticas, económicas, sociales y ambientales realmente existentes en los países.

La plada retoma y actualiza reivindicaciones de los movimientos políticos y sociales emergentes en la crisis del neoliberalismo y los primeros años del siglo xxi: democracia participativa, rechazo al libre comercio impuesto por las corporaciones transnacionales, democratización de los procesos de integración regional, respeto a la plurinacionalidad, repudio a militarización de los territorios y la criminalización de las luchas sociales, soberanía alimentaria y reforma agraria, derecho al agua y a la energía, protección social universal, ciudadanía regional y democratización de la comunicación son algunos de los tópicos abordados. Esta plataforma delinea un pliego extenso que desborda ampliamente los márgenes de las demandas tradicionales de la clase trabajadora urbana y las organizaciones sindicales.

En abril de 2016, durante el iii Congreso de la csa realizado en San Pablo, Rafael Freire, dirigente de la Central Única de los Trabajadores (cut) de Brasil y actual secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la csa, reflexionaba sobre dos elementos importantes de esta plataforma que buscan concretar «la opción por un sindicalismo sociopolítico, democrático y clasista» que combine «pluralidad ideológica con unidad programática». En primer lugar –argumentaba–, presenta a las trabajadoras y los trabajadores una concepción cuyo punto de partida es el convencimiento que el desarrollo no es homologable al crecimiento de las economías, no es viable bajo el mismo patrón adoptado por los países del Norte y no es posible sin democracia ni en el marco del capitalismo financiero hegemónico. En segundo lugar, permite la construcción de alianzas con otros movimientos y organizaciones sociales (sindicales, campesinas, feministas, indígenas, afrodescendientes) para la acumulación de fuerzas populares en torno de un conjunto de ideas comunes, compartidas. El objetivo: programar la resistencia contra el ataque de las corporaciones transnacionales, por la democracia y la integración de los pueblos.

Un documento de carácter polifónico

Se advierte un importante esfuerzo tendiente a interpelar e incidir sobre los discursos normativos de la Organización de las Naciones Unidas (onu), particularmente en la Organización Internacional del Trabajo (oit) –único espacio tripartito donde el trabajo organizado goza de reconocimiento institucional e interviene en la toma de decisiones, junto a representantes empresarios y gubernamentales–¹. Esta intencionalidad queda en evidencia en la adopción del concepto de «trabajo decente» y en una permanente apelación a los Convenios de la oit –acompañados por el reclamo de su ratificación y cumplimiento en contextos nacionales–. Además, la plada coincide en varias propuestas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la onu y recupera textualmente la definición de desarrollo sustentable de la Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo establecida por la onu en 1983, como un «desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades». No obstante, hay que señalar que el documento amplía la perspectiva de la onu al incorporar de forma prioritaria una dimensión política que pone en primer plano la reproducción de las asimetrías entre el Norte y el Sur, y la vulnerabilidad e inestabilidad de los proyectos políticos de base popular, permanentemente bajo amenaza de injerencia por parte del capital concentrado y las grandes potencias.

El escenario de desestabilización política y golpes de Estado que experimentaron los gobiernos nacional-populares y progresistas en Sudamérica atraviesa por dentro el programa sindical. Este reconoce afinidades y recoge los lineamientos gruesos compartidos de las políticas regionales: aliento a una integración regional alternativa, encarnada especialmente en los esquemas planteados por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), centralidad del empleo e impulso del mercado interno como motor del crecimiento, políticas redistributivas basadas en programas sociales de transferencia directa o indirecta de ingresos a los asalariados y reformas que tienden a la universalización de la seguridad social, con una apuesta fuerte por el desarrollo de su pilar no contributivo. También fija posiciones acerca del fenómeno de la corrupción, la judicialización de la política y la ofensiva mediática, que a menudo provocan la erosión y desestabilización de los gobiernos democráticos.

La plada busca concebir un remedio de amplio espectro contra la crisis múltiple del capitalismo global: financiera, de los sistemas de protección social, del trabajo y los cuidados, migratoria, climática, energética y alimentaria. Pero también contra la violencia, el crimen organizado y la injerencia de las corporaciones en la vida política de las naciones latinoamericanas. Se trata de una especie de guion para la transformación social, compuesto de análisis de situación y reivindicaciones con diversos niveles de profundidad y matices que lo tensionan y que por momentos invitan a dudar de su coherencia global.

Ahora bien, para evaluar su relevancia y comprender los desniveles y hiatos que pueden advertirse en la lectura de la plataforma, es preciso atender al menos a dos cuestiones. En primer lugar, quiénes son sus impulsores y cuál es su peso como actor sociopolítico. En segundo lugar, cómo fue construido este recetario hemisférico y cuáles son sus sustratos de legitimidad. Ambos aspectos permiten considerar tanto los contenidos como el alcance que encierra la propuesta sindical como instrumento político en la encrucijada que atraviesa América Latina hoy.

Las mutaciones recientes en el movimiento sindical regional

La configuración actual del movimiento sindical regional muestra importantes contrastes si se la compara con la vigente en el último cuarto del siglo xx. En el presente, la mayoría de las centrales sindicales nacionales del continente se encuentran nucleadas en la csa. Esta confederación está integrada por 53 centrales nacionales de 23 países, con una representación de alrededor de 50 millones de trabajadoras y trabajadores. Incluye organizaciones de los países de América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur. En paralelo, existe un grupo de importantes centrales nacionales que no están afiliadas a ninguna confederación internacional, aunque mantienen relaciones fraternales de intensidad variable a escala internacional: el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (pit-cnt) de Uruguay, la Central Obrera Boliviana (cob) y la Unión Nacional de los Trabajadores (unt) de Venezuela, de orientación bolivariana. Un tercer núcleo lo conforman la Central de Trabajadores de Cuba (ctc) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (cgtp), ambas de orientación comunista, afiliadas a la histórica Federación Sindical Mundial (fsm).Ahora bien, la csa es una organización que tiene menos de una década de existencia. Fue creada en 2008 como parte de un proceso de unificación institucional del movimiento sindical global en la Confederación Sindical Internacional (csi)². Pero, además, es el resultado de articulaciones entre distintos sectores del sindicalismo latinoamericano que se produjeron hacia fines de los años 90 y los primeros años de este siglo, dato que no puede soslayarse, ya que alerta sobre ciertos cambios de orientación que experimentó el sindicalismo regional desde entonces. En otras palabras, es cierto que la csa surgió de los acuerdos alcanzados al conformarse la Confederación Sindical Internacional (csi) en 2006, que implicaron en la región la fusión de la liberal Organización Regional Interamericana de Trabajadores (orit) con la social-cristiana Central Latinoamericana de Trabajadores (clat). Pero dos hechos imprimieron a este proceso un carácter especial y de relieve. Por un lado, el ingreso de las centrales sindicales brasileñas más importantes (Central Única de los Trabajadores, la Unión General de los Trabajadores y Força Sindical) en la nueva confederación unificada³. Por otro lado, el contexto social y político de su constitución tiene como especificidad lo que Maristella Svampa ha caracterizado como un cambio de época, marcado por la desnaturalización de la economía de mercado y la reemergencia de sujetos y conflictos sociopolíticos tributarios de la matriz nacional-popular latinoamericana⁴.

En efecto, ya desde 2005 las organizaciones sindicales regionales que confluyeron en la csa experimentaron un proceso de cambio de sus conducciones que provocó el declive del predominio del sindicalismo estadounidense en las organizaciones internacionales del continente. Paralelamente, se ampliaron y afianzaron los vínculos con otros movimientos populares, en especial con aquellos que coincidieron en la Alianza Social Continental (asc), en el marco de la campaña de oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (alca). Al mismo tiempo, se trabaron alianzas entre centrales sindicales nacionales y los nuevos gobiernos de centroizquierda y de izquierda sudamericanos.

Con la creación de la csa en 2008 se profundizó esta orientación político-ideológica, con una creciente hegemonía de las organizaciones del Cono Sur. La construcción de un nuevo arco de alianzas incluyó la articulación con movimientos campesinos, ambientalistas y feministas; la convocatoria a la «autorreforma sindical» (desburocratización y democratización de las estructuras sindicales) y la redefinición de la independencia sindical en términos de activa intervención del movimiento sindical en el terreno sociopolítico, tanto a escala nacional como supranacional, son sus lineamientos principales. Estos conceptos ponen de manifiesto un intento por abordar críticamente la acumulación de los problemas que profundizan el cuadro de debilitamiento del movimiento sindical: burocratización, inadecuación de las estructuras de cara a una clase trabajadora que ha experimentado profundas mutaciones, autoritarismo y corrupción⁵. Sin embargo, debe admitirse que estos enunciados no han hecho mella en algunas de las centrales nacionales afiliadas a la csa. No son pocos los casos de centrales nacionales que consideran la labor sindical internacional como un aspecto secundario de su accionar y la delegan en expertos o cuadros intermedios que tienen escasa incidencia en los procesos de organización y toma de decisiones, lo que da lugar a una dinámica contradictoria.

Coexisten entonces mecanismos internos de democratización, paridad de género en la conducción y construcción de alianzas multisectoriales de vocación contrahegemónica en el plano regional con ciertas tradiciones sindicales corporativas, antidemocráticas, patriarcales y excluyentes en el espacio nacional. Es que debido a su naturaleza organizativa, como entidad gremial de tercer grado, la csa nuclea organizaciones con tradiciones ideológicas y orientaciones políticas heterogéneas y hasta contrapuestas, que han desencadenado debates y tensiones internas.

Qué propone la plada

La potencia del documento elaborado radica en promover un conjunto de propuestas vertebradas desde una concepción integral (política, económica, social y medioambiental) que se inscriben en un escenario de transición y consideran las condiciones realmente existentes en la región y el carácter múltiple de la actual crisis del capitalismo global. La plada impulsa una estrategia de desarrollo alternativa que supone cambios estructurales desde una nueva lógica ligada a las trabajadoras y los trabajadores, sus organizaciones y el poder popular. Asimismo, incorpora y vehiculiza demandas y agendas de otros movimientos sociales, como así también políticas de los gobiernos progresistas de la región. El punto de partida es que la salida de la crisis global requiere una respuesta estructural, con participación de los sindicatos y movimientos populares. Las soluciones de mercado fracasaron. Los Estados deben retomar el control y el poder sobre la economía y reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Los gobiernos progresistas, democráticos y populares de América Latina significaron una recuperación del papel de los Estados frente a los mercados y abrieron un periodo político posneoliberal.

En su dimensión política, la plada se pronuncia en favor de la democracia participativa, lo que supone complementariedad entre representatividad republicana e instrumentos de consulta popular y participación directa. Con ese objeto, reclama reformas de los sistemas políticos y judiciales para impedir la injerencia de las corporaciones económicas en el funcionamiento de la democracia, democratización de la comunicación contra el latifundio mediático y participación de movimientos sindicales y sociales en los procesos de integración regional.

En el plano económico, postula una integración regional que supere el paradigma meramente comercial, con mercados e instituciones financieras comunes y coordinación monetaria, distribución del ingreso, la renta, la riqueza y los excedentes, desarrollo de infraestructuras sustentables, condicionamientos a la inversión extranjera, una nueva fiscalidad progresiva, reforma agraria integral, erradicación del monopolio transnacional en la producción y comercialización de semillas, soberanía alimentaria y planificación estatal y participativa de la economía social y solidaria.

La dimensión social de la plada sostiene que no es posible el desarrollo sustentable sin trabajo decente, libertad sindical y negociación colectiva efectivas. Resulta imprescindible garantizar una seguridad social universal y solidaria y promover modelos antipatriarcales mediante la implementación de servicios públicos y colectivos para la provisión de cuidados, como así también equiparación de las responsabilidades entre géneros. Además, no es posible la integración sin una ciudadanía regional que garantice derechos para los migrantes. La actual cuestión social requiere políticas continentales de prevención y erradicación de la violencia en todas sus formas, educación pública, gratuita, universal, laica e intercultural en todos los niveles, y un sistema de prevención y atención de la salud que garantice su universalidad y gratuidad.

El pilar medioambiental es probablemente el más novedoso, en virtud de su capacidad para conjugar reivindicaciones del movimiento sindical internacional con demandas de los pueblos y naciones originarios, movimientos sociales y organizaciones ambientalistas. Justicia ambiental, defensa y preservación de los bienes comunes, derecho al agua, soberanía y democratización energética con matriz sustentable, una transición justa, un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo con sustentabilidad ambiental presente y futura son sus ejes propositivos.

Articulaciones

Para la csa, la plada es un instrumento de articulación política hacia adentro y hacia afuera. Su relevancia debe ser considerada en tres planos: el organizativo, el político-institucional y la capacidad para cimentar alianzas con otros movimientos del campo popular, tanto nacionales como internacionales. En el plano organizativo, significó un enorme esfuerzo de sistematización y consenso sobre las temáticas más diversas en el seno de un conjunto de centrales sindicales nacionales muy heterogéneo por su tradición, magnitud y representatividad, pero fundamentalmente por la diversidad de realidades laborales y políticas existente en el continente. Su elaboración implicó, en cierto modo, un ejercicio de democracia sindical. Cada uno de sus ejes fue debatido y formulado en el marco de distintas reuniones orgánicas de carácter plenario, que contaron con una amplia participación de las entidades nacionales, fraternas y aliadas, con paridad de género y representación de la juventud. El resultado fue fruto de los consensos alcanzados en esas instancias. El mecanismo de construcción de la plataforma ha sido sin duda fuente de su legitimidad en el interior del movimiento sindical regional. En el plano político-institucional regional, esta plataforma dinamizó el arco de alianzas y logró reconocimiento político considerable. Los sindicalistas la llevaron bajo el brazo a la oit, a la cop 20 de Lima y al Foro de Participación Ciudadana de Unasur en 2014 y a la Cumbre de Celac en 2015, entre otros espacios. En 2014 se lanzó públicamente en Chile (en un evento organizado por la Central Única de Trabajadores –cut– de ese país, con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet) y posteriormente en Uruguay, en la sede del pit-cnt (organización fraterna de la csa, vale aclarar) junto a José «Pepe» Mujica.

Ahora bien, la plataforma no fue un instrumento gestado de una sola vez. Es el resultado de la acumulación de otras iniciativas previas, reactualizadas y rediscutidas a partir del análisis de la nueva coyuntura regional que se abrió con la crisis financiera internacional en 2008. Probablemente el antecedente más importante de la plada sea la Plataforma Laboral de las Américas (pla) «Trabajo digno para el desarrollo sustentable», un documento consensuado por el sindicalismo regional y presentado por una delegación en la recordada iv Cumbre de Presidentes de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005, que selló el fracaso de Estados Unidos en su intento por imponer un área de libre comercio bajo su égida en todo el continente. La inflexión de la pla es doble: gestó el núcleo organizativo que dio vida luego a la estructura formal de la csa y condensó las líneas gruesas de las reivindicaciones sociolaborales que caracterizaron la etapa posneoliberal.

Es cierto, en definitiva, que la campaña contra el alca y el impulso de la Alianza Social Continental (asc) dinamizaron la coordinación del movimiento sindical en la región y catalizaron en su interior un reacomodamiento, que supuso un desplazamiento de la hegemonía interna desde el sindicalismo estadounidense hacia el sindicalismo del Cono Sur, con una nueva orientación político-ideológica. Pero no debe perderse de vista que el movimiento sindical regional no fue protagonista del ciclo de resistencias populares contra el neoliberalismo en América Latina. Y esto se debe probablemente a que lo singular de este ciclo fue que emergió inscripto en un campo de fuerzas que puso de manifiesto el resultado de las transformaciones estructurales regresivas implantadas en los años previos. Se trató de experiencias de coordinación hemisférica en las cuales confluyeron el movimiento sindical, de mujeres, estudiantes, partidos políticos y ambientalistas; las organizaciones campesinas tuvieron un papel decisivo, en particular a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (cloc) y su articulación internacional, Vía Campesina⁶.

Los años que siguieron a la derrota del alca se caracterizaron por una disminución de la intensidad de la actividad reivindicativa regional y la institucionalización y el virtual vaciamiento de la asc. Como han señalado referentes de cloc, Amigos de la Tierra y Marcha Mundial de las Mujeres⁷, la insuficiencia del esquema planteado en los Foros Sociales para avanzar en coordinaciones de mayor profundidad volcó a estos actores hacia la actividad reivindicativa sectorial con una mayor presencia en el ámbito nacional. Una realidad política caracterizada por la disminución de la conflictividad social contribuyó a este enfriamiento de los vínculos que habían animado la construcción de un espacio continental contra la mundialización neoliberal en la década pasada.

No obstante, el reencuentro tuvo lugar en la Cumbre Río + 20 de 2012, donde movimientos sociales afines acercaron posiciones y comenzaron una nueva etapa de articulación. Para el movimiento sindical, esos fueron años de consolidación de la unidad y de afianzamiento organizativo. De modo que los acuerdos alcanzados en Río + 20 ocurrieron en el mismo momento en que la csa emprendió la construcción de su plataforma de desarrollo. Así, la plada operó en el interior de este espacio como dinamizador del debate y otorgó al movimiento sindical regional un protagonismo no conocido con anterioridad. En ese contexto, se abandonó el esquema de la asc y se dio inicio a un nuevo proceso de articulación multisectorial regional. Cabe destacar que en la nueva coyuntura las organizaciones sindicales cuentan con activos que no pueden subestimarse: una estructura orgánica consolidada, presencia en la mayoría de los países de la región, representación institucional de la clase trabajadora, capacidad de acción reivindicativa y movilización e interlocución directa con los gobiernos. A esto se suman recursos organizativos genuinos derivados del sistema de cotizaciones que facilitan la coordinación de reuniones, acciones y campañas internacionales.

En definitiva, evaluada desde su capacidad para trabar alianzas con otras expresiones del campo popular, la construcción de la plada contó con amplia participación de las centrales nacionales afiliadas, los sindicatos globales y movimientos sociales afines: cloc, Amigos de la Tierra, Marcha Mundial de las Mujeres. Esta articulación se replicó en la Cumbre de los Pueblos de Lima de 2014. La csa integró el grupo de enlace junto con cloc-Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y Caribe, Grupo Carta de Belém, Jubileo Sur, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que impulsaron la cumbre y protagonizaron una multitudinaria movilización. Cambiemos el sistema, no el clima: crisis civilizatoria, el calentamiento global y el cambio climático, la agricultura y la soberanía alimentaria fueron los ejes temáticos.

En 2014 este grupo de organizaciones –a las que se sumaron el Encuentro Sindical Nuestra América (esna), la Articulación de Movimientos Sociales hacia el alba y el pit-cnt de Uruguay– impulsó cambios en el Foro de Participación Ciudadana de la Unasur, con el propósito de abrir y democratizar el espacio a movimientos sociales, pero la aceleración de acontecimientos que marcó la coyuntura regional desplazó la iniciativa, que continúa en debate⁸.

A fines de 2015, la mayoría de estas organizaciones se reunieron en La Habana con el objetivo de iniciar un proceso de articulación de cara a la ofensiva de las grandes corporaciones sobre la soberanía de los pueblos, que actualmente está tomando forma a través de una nueva generación de grandes acuerdos de libre comercio (el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica –tpp, por sus siglas en inglés–, el Acuerdo en Comercio de Servicios –tisa, por sus siglas en inglés– y la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión –ttip, por sus siglas en inglés–) y ataques judiciales y mediáticos sobre gobiernos democráticos. El nuevo espacio de articulación regional avanza en su consolidación. En 2016 se realizaron dos nuevos encuentros en Montevideo (abril) y San Pablo (mayo), con el objetivo de planificar acciones durante este año que incluyen una jornada de lucha continental por la democracia y contra el neoliberalismo el 4 noviembre de 2016 y la convocatoria a un Gran Encuentro de los Pueblos. Se han declarado en estado de movilización permanente, por la defensa de la integración regional (Unasur y Celac), la autodeterminación y soberanía de los pueblos y contra el libre comercio y las transnacionales.

En suma, la plada puede ser definida por su inscripción en una lógica institucional y diplomática, como instrumento de incidencia y cabildeo en organismos regionales e internacionales. Ciertamente, corre el riesgo de petrificarse y de perder su potencia al retraducirse en el lenguaje del diálogo social global⁹. Pero también penetró un espacio diferente, de articulación con movimientos sociales, lo que marca un doble camino que amplifica su potencial de cara a la compleja coyuntura hemisférica que se abrió con la derrota de Evo Morales en el referéndum de Bolivia, el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina y el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil. Esta doble inscripción –institucional-diplomática y «movimientista»-popular– caracteriza, no está de más señalarlo, una dinámica y orientación específica de la csa. Ambos elementos dotan a este actor sociopolítico y a su herramienta de atributos que merecen hoy mucha atención.