Introducción

Existe hoy un imaginario potente según el cual la transición energética consiste en reemplazar las industrias del carbón, el petróleo o el gas por las nacientes industrias de las plantas y células solares, las turbinas eólicas, el etanol, las baterías de litio o el hidrógeno, mientras las sociedades se sostienen bajo instituciones, modos de organización y producción más o menos semejantes a los vigentes. Sencillamente, se trataría de sustituir los negocios y la clase trabajadora del pasado por los del futuro. 

Esta visión de las cosas pasa por alto los impactos que la crisis socioecológica ya está ocasionando en las condiciones de vida y de trabajo de la población. Pero también ignora el conjunto de actividades de producción y reproducción social esenciales para la supervivencia dentro de los límites biofísicos que impone el nuevo clima. Por último, esconde la evidencia de aquellas industrias verdes que se encadenan necesariamente con viejas actividades extractivas. Y, lógicamente, invisibiliza a todos estos sectores del trabajo. 

Las olas de calor, los incendios forestales, las sequías, los ciclones o las inundaciones están ocasionando destrucción y transformación de medios de producción y de vida, de modos de subsistencia y de empleos; el deterioro de ingresos y condiciones de trabajo, de la salud y la seguridad laboral. Afectan e impactan especialmente a los sectores del mercado de trabajo más desprotegidos, precarios y feminizados, como los de la salud, educación, cuidados, defensa civil, bomberos y brigadistas, de la electricidad, el agua, las telecomunicaciones o el transporte, la construcción, la agricultura o la venta callejera. En paralelo, las reconversiones productivas involucran y afectan directamente a importantes sectores del mercado de trabajo, en la industria de los hidrocarburos, la automotriz, la extracción minera o la infraestructura¹.

Actualmente, dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, y hay quienes afirman que nos acercamos no solo al peak oil sino inclusive al peak all (cúspide y agotamiento generalizado de los recursos). La extracción convencional de fósiles no aumenta desde 2005 y los nuevos yacimientos no convencionales o de dificultades técnicas extremas, como el fracking aplicado sobre Vaca Muerta en la Patagonia norte argentina o el presal del litoral marítimo de Brasil, conllevan mayores riesgos ambientales y costos de extracción.

El ocaso de la sociedad fósil estimula al capital concentrado a volcarse hacia las nuevas oportunidades de negocios que ofrece el capitalismo verde. Esto significa una transición en clave corporativa que implica la transferencia de capital hacia el nuevo paradigma energético como espacio renovado de obtención de rentas. China, Estados Unidos y Europa diseñan sus propios programas y planes de transición. América Latina y África se consolidan como proveedores de los minerales y materias primas de la era posfósil. El intercambio desigual entre Norte y Sur persiste y se profundiza en un escenario de colapso ecológico y energético, donde responsabilidades e impactos se distribuyen de forma asimétrica. Las potencias del centro global garantizan su transición transfiriendo los costos sociales y ambientales al Sur². 

En otras palabras, si bien las condiciones de vida y trabajo se ven afectadas directamente por las múltiples crisis y transiciones que derivan del cambio climático y ambiental global, la vía hegemónica de la transición en curso impone (con obstinación) un paradigma tecnocorporativo que se reduce a la sustitución de la matriz energética fósil por una renovable, con el único fin de disminuir las emisiones de gases y controlar el calentamiento global. Esta concepción parcial y descontextualizada sesga la evaluación de los riesgos e impactos sobre los mercados de trabajo, y está en la base de un abordaje limitado según el cual las políticas deberían priorizar cómo conseguir que la destrucción y reconversión de empleos en el sector de la energía, provocadas por las medidas de desfosilización, sean compensadas mediante la creación de nuevos empleos verdes. Entre tanto, se movilizan «ayudas» para las «poblaciones vulnerables» afectadas por los fenómenos climáticos extremos. La gran mayoría de la clase trabajadora queda como convidada de piedra. Y la transición, con las extremidades amputadas. 

Eso no es todo. En simultáneo al impulso de la transición energética corporativa, se observan tendencias contradictorias. Por un lado, en las condiciones actuales, las energías renovables no pueden abastecer los niveles de consumo energético provistos por los hidrocarburos. Por el otro, el consumo de carbón, la mayor fuente de emisiones del sector energético a escala global, alcanzó un nuevo máximo histórico en 2022, con 8.300 millones de toneladas³. Y aún hoy la agricultura y la pesca insustentables y los combustibles fósiles captan de los gobiernos, vía subsidios explícitos e implícitos, más de siete billones de dólares anuales, que representan alrededor de 8% del pib mundial⁴. 

En el siglo xxi, el capital tropieza con barreras ecológicas que ya no pueden ser fácilmente superadas vía expansión geográfica o superexplotación del trabajo. El crecimiento del centro del sistema-mundo a tasas insustentables genera contradicciones que ponen en riesgo toda la biosfera, en una fractura metabólica entre humanidad y tierra y dentro de la propia naturaleza. También genera imperialismo ecológico, extracción y exportación desde las periferias hacia el centro, un flujo vertical de valor económico, energía y materia que socava las condiciones socioecológicas⁵. Las consecuencias son incalculables.

Entonces, la matriz energética (estructura de producción y consumo, en tanto oferta y demanda) es apenas una dimensión del sistema energético, que comprende además las políticas públicas, los conflictos sectoriales, las alianzas geopolíticas, las estrategias empresariales, los desarrollos tecnológicos, etc. Así, un cambio de la matriz energética es sin duda necesario, pero no alcanza, en la medida en que no venga acompañado de una transformación del sistema energético que revierta sus rasgos concentrados, mercantiles, excluyentes, desiguales e insustentables en un sentido integral⁶. Y, agregamos, que localice el punto crítico en la doble fractura metabólica que provoca el modelo de desarrollo vigente, vía apropiación de la naturaleza y del trabajo humano, en sus dimensiones económica, política, social y ambiental; en los sistemas energéticos, alimentarios o del transporte. 

Mientras en los organismos internacionales se elaboran proyecciones estadísticas para cuantificar la magnitud de la destrucción de puestos de trabajo de la industria fósil frente a los nuevos empleos verdes⁷, la irrupción de una conflictividad ecológico-distributiva⁸ delinea un mapa de los trabajos cuyas condiciones ya se encuentran bajo impactos rotundos de una crisis sistémica y multidimensional. Asimismo, visibiliza colectivos laborales dinámicos y emergentes. Por caso, los de Argentina.

Trabajos esenciales en la primera línea

En diciembre de 2021, al comenzar la temporada de incendios, delegados de brigadistas forestales de la Patagonia se concentraron en la ciudad de Bariloche para reclamar la renovación del equipamiento, ropa para incendios, herramientas para fuegos de interfase y rescates de montaña. En enero de 2022, el gobierno nacional declaró la emergencia ígnea (que continúa vigente). Cabe destacar que, en el verano de 2022, la combinación de calor extremo con sequedad de los suelos provocó largos periodos de incendios forestales y un aumento del número de áreas críticas afectadas, que en Argentina y Paraguay superaron en más de 250% el promedio de 2001-2021⁹. 

Un mes después, solo en la provincia de Corrientes, los incendios arrasaron 900.000 hectáreas, alrededor de 10% del territorio provincial. Durante el último año, la conflictividad laboral en el ámbito de las brigadas forestales fue en ascenso e incluyó la realización de dos paros nacionales, en noviembre de 2022 y enero de 2023, por falta de personal, salarios por debajo de la línea de pobreza y precariedad, además de exigir una jubilación anticipada, acorde con la magnitud de la exposición a riesgos asociados con esta profesión. 

Se dirá que las demandas que movilizan estos sectores son estrictamente distributivas. Sin embargo, son al mismo tiempo ecológicas, en la medida en que se sitúan en la primera línea de exposición a los fenómenos climáticos extremos y la respuesta a sus reclamos repercute directamente en el proceso de trabajo. Más brigadistas y mejor equipamiento multiplican las probabilidades de éxito en los rescates y en el combate contra el fuego. No se busca aquí señalar alguna novedad en las demandas típicas de la conflictividad laboral, sino insertarlas en la perspectiva de los conflictos ecológico-distributivos, en los que las demandas colectivas constituyen nociones de justicia que entrelazan lo social y lo ambiental.

Como consecuencia del mismo fenómeno climático, en el comienzo del ciclo escolar de marzo de 2023 se multiplicaron los reclamos de gremios docentes por la ola de calor. En la provincia de Mendoza, con temperaturas máximas que llegaron a 38 °c, el sindicato docente reclamó la suspensión de las clases y que se garantizaran condiciones de salud y aprendizaje en las escuelas. Aulas superpobladas, sin refrigeración ni ventilación adecuada, produjeron numerosos episodios de descompensación entre el personal docente y el alumnado. Además, en las escuelas hay serios problemas de provisión de agua potable¹⁰. 

Al mismo tiempo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con alerta rojo persistente por altas temperaturas, representantes sindicales de base, como delegados y seccionales de la docencia, reclamaron que se suspendieran las clases en numerosas localidades. Tan solo en la localidad de La Matanza, 50 escuelas redujeron el horario escolar o suspendieron las clases por deficiencias en la infraestructura, ventilación, refrigeración y suministro de agua potable. Docentes y familias marcharon al Consejo Escolar local para exigir a las autoridades que garantizaran las condiciones dentro de las aulas¹¹. 

La suspensión de la actividad escolar repercute directamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora, en detrimento del acceso a la educación por parte de la ciudadanía y de los arreglos familiares y comunitarios que organizan los cuidados de las personas dependientes. A su vez, afecta especialmente a los segmentos más frágiles del mercado de trabajo, por ejemplo impactando en los ingresos de hogares con jefas asalariadas sin registro o de la economía popular. 

Al mismo tiempo, los efectos de los eventos climáticos extremos golpean con mayor fuerza en infraestructuras escolares deterioradas con alta demanda y presionan sobre la intensidad y las condiciones del trabajo docente, en particular cuando se desarrolla en barrios populares emplazados en aglomerados urbanos densos, donde la escuela hace las veces de refugio para las infancias, y organiza y acompaña los esfuerzos de las familias frente a una experiencia de empobrecimiento que perfora una y otra vez los pisos de lo admisible. Allí, las temperaturas alcanzan registros más altos, las condiciones habitacionales son decididamente más precarias y el deterioro estructural del sistema de distribución eléctrica suele ocasionar apagones y corte del suministro de agua potable por periodos prolongados. En este ámbito, las demandas suelen movilizar a toda la comunidad educativa y la lucha territorial comunitaria se entrelaza con la lucha gremial. Y aunque se ponga en primer plano el lenguaje de los derechos sociales y las apelaciones al factor climático no ocupen el primer lugar, no puede eludirse el hecho de que estamos hablando de conflictos distributivos enraizados en el despliegue de la crisis socioecológica. No caben dudas de que en un clima extremo se dislocan el sostenimiento de la vida, la organización de los cuidados, los medios de subsistencia y las instituciones de la reproducción social. La docencia se revela como otro de los trabajos esenciales, pero también como territorio laboral feminizado y con salarios insuficientes. Lo distributivo y lo ecológico se entremezclan y refuerzan. 

No son trabajos nuevos, ni verdes, ni del futuro. Son oficios antiguos amenazados por nuevas condiciones de supervivencia que, por cierto, se viven como sobrecogedoras. Trabajos con baja huella de carbono, que se insertan en un metabolismo social para la subsistencia, junto a los sectores de la salud, los cuidados y los sistemas de protección social, entre otros.

El trabajo en los eslabones extractivistas

Cuando se dirige la atención hacia los trabajos involucrados directamente en la transición energética global, pronto se los identifica como insertos en cadenas globales de producción en plena reconfiguración. La transición de la industria automotriz y autopartista hacia la movilidad eléctrica es uno de los casos más emblemáticos. En América Latina, esto se vincula directamente con la disputa geopolítica por el control de las reservas de litio, cobre, manganeso y otros minerales. Se trata de materias primas que forman la canasta de insumos de la pujante industria de las baterías de litio, traccionada principalmente por la fabricación de automóviles eléctricos, que también está detrás de la expansión actual de la minería litífera en Argentina.

Sin embargo, hay que destacar que la exploración y la extracción de litio en salares continentales tienen bajos requerimientos de fuerza de trabajo. Hablamos de menos de 2.000 trabajadores en todo el país, con una evolución que muestra un fuerte desacople entre el comportamiento del empleo y el boom de las exportaciones, aunque estos números son engañosos y resulta muy complejo, con la información pública disponible, reconstruir el universo minero, debido a la utilización generalizada de mecanismos de tercerización y subcontratación en el sector. Existe un amplio conjunto de actividades que se realizan en los yacimientos y que no pueden englobarse en el denominado «empleo indirecto», llevadas a cabo por colectivos laborales precarios y ocultos, que aseguran a las empresas que lideran los proyectos el control totalizante de los procesos productivos y bajos costos laborales eludiendo todo tipo de responsabilidad. 

Por una parte, se identifica al sector del personal que se desempeña en tareas operativas «específicas» de la actividad y que está bajo protección de convenios colectivos de trabajo por empresa. Pero aun en este colectivo, el mejor posicionado dentro del mundo del trabajo minero, las jornadas laborales son de 12 horas (durante los 14 días consecutivos que permanecen en el campamento), con horarios rotativos y amplio margen de maniobra de los empleadores para modificar arbitrariamente los cronogramas, alterar los descansos y comidas y mantener un control permanente y minucioso sobre la conducta de los trabajadores, que deben adaptarse a condiciones altamente flexibles y extremas. 

El convenio colectivo No 1614 de 2019, firmado por la Asociación Obrera Minera Argentina (aoma) y la empresa Minera del Altiplano, que alcanza las zonas Salar del Hombre Muerto, Salar de Pocitos y General Güemes, en las provincias de Catamarca y Salta, explicita una lista extensa del personal excluido, categorías laborales cuya naturaleza minera no está reconocida: jerárquicos, profesionales, administrativos, salud, seguridad, mensajería, transporte, maestranza, sistemas informáticos, mantenimiento de equipos, máquinas, herramientas, construcción, reparación o modificación de obras civiles, seguridad y vigilancia, preparación, distribución y servicio de comidas, servicio médico y enfermería, sistemas informáticos. Además, establece que todas las actividades excluidas pueden realizarse vía tercerización o externalización. 

Por otra parte, predomina una marcada segmentación y fragmentación de la fuerza de trabajo en los sucesivos anillos de la tercerización y subcontratación, que cristaliza en una jerarquización interna materializada en ingresos, beneficios, jornadas y medidas de protección desiguales¹². En efecto, en el Salar del Hombre Muerto se registró una sucesión de conflictos laborales por incumplimiento de condiciones laborales y despidos ilegales en 2019, 2020 y 2022, en ninguno de los cuales tuvo participación aoma.

En la localidad de Fiambalá (Catamarca), donde se sitúa el proyecto litífero Tres Quebradas, a cargo de la china Zijin, coexisten tres realidades como placas tectónicas: sistemas agroalimentarios, pequeñas explotaciones vitivinícolas y gestión comunal del agua¹³; la ciudad turística de las dunas, las termas, los volcanes y el adobe; y desde 2022, el enclave minero que se experimenta casi como un ejército de ocupación: circulación permanente de camiones, camionetas y utilitarios empresariales, ómnibus repletos de pasajeros con cascos amarillos y multitud de obreros en los cada vez más numerosos comedores improvisados en casas familiares del pueblo, ocupación plena de hoteles y hospedajes (antes destinados al turismo) y construcción de complejos habitacionales. Allí, junto a Zijin, operan directamente en el yacimiento y en la planta de procesamiento de carbonato de litio numerosas empresas: Italca Constructora, Power China, Cemaxa, Minera Zlato, Mogetta, bmi Constructora, entre otras. Los testimonios recabados dan cuenta de inserciones laborales frágiles e inestables, condiciones extremas y heterogeneidad en materia de tipo de contratación, organización de las jornadas y salarios. También se observa la ocurrencia de conflictos laborales atomizados, de corta duración y con una presencia sindical diferida o remota, vinculados con despidos y condiciones de trabajo, algo que puede rastrearse también en otras compañías mineras que operan en Catamarca y Jujuy¹⁴. 

Estas parecen ser características comunes al conjunto de las actividades extractivas. De acuerdo con la investigación de Graciela Landriscini¹⁵, las nuevas modalidades de operación en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta (en la Cuenca Neuquina) implican menos perforaciones pero más productivas, mayor número de fracturas en menor tiempo y actividad continua. Esto supone para los trabajadores del sector mayor intensidad del trabajo y aumento de la exposición a riesgos psicofísicos, verificable en un aumento de los accidentes de trabajo. Ahora bien, la combinación de subcontratación en cadena y la flexibilización laboral son aspectos centrales para la estrategia de reducción de costos y aumento de la productividad: múltiples contratos a pequeñas y medianas empresas para perforación y terminación de pozos, mantenimiento y control de instalaciones y equipos, e innumerables tareas periféricas se combinan con un convenio colectivo petrolero que desde 2017 autoriza la contratación temporal y discontinua, brechas salariales entre rubros y categorías, flexibilización extrema de la jornada de trabajo extendida a 12 horas, alta rotación y multifuncionalidad. Sin duda, el sector petrolero juega un papel importante en la economía de la provincia de Neuquén, y Vaca Muerta actuó durante los últimos 10 años como polo de atracción de mano de obra. Sin embargo, en la localidad de Añelo, cabecera del departamento donde se ubica Vaca Muerta, tan solo 15% de la fuerza de trabajo se desempeña directamente en el petróleo, contra 40% que se inserta en el empleo público¹⁶.

En suma, la capacidad del sector extractivo para generar empleos con derechos, salarios y condiciones dignas es limitada tanto cuantitativa como cualitativamente. Es el hilo más delgado de la promesa desarrollista.

De la transición energética justa a la transición socioecológica popular

Es un lugar común señalar que el movimiento ambientalista y las organizaciones sindicales tienen una relación antagónica, en la medida en que el primero cuestiona un conjunto de actividades productivas de las cuales dependen para su subsistencia los sectores del trabajo representados por los segundos. Distintos esfuerzos se desplegaron para contrarrestar esta tendencia. El más difundido ha sido la promoción de una transición laboral justa, principalmente desde el movimiento sindical internacional. Pero la adopción de estos lineamientos estratégicos por parte de organizaciones sindicales latinoamericanas nacionales, o más aún, en la acción gremial que se desarrolla en los lugares de trabajo y territorios, ha sido hasta el momento realmente limitada. 

En buena medida, esto es resultado de un proceso de más larga data, vinculado con el deterioro de la capacidad de representación de las organizaciones de trabajadores en el siglo xxi, habida cuenta de las transformaciones en los regímenes de trabajo desde los años 70 del siglo pasado. Y alcanza una magnitud mayor en el contexto regional. Las bajísimas tasas de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva en el continente son un indicador de esto, junto con otro hecho incontestable: más de la mitad de la fuerza laboral del continente está compuesta por trabajadoras y trabajadores sin derechos, sin estabilidad en el empleo ni en los ingresos, ya se trate de asalariados y asalariadas sin registro, por cuenta propia o de la «economía popular». Se trata de una tendencia estructural que se profundiza y mina las bases y estructuras de representación del sindicalismo construidas en el siglo pasado. Desde mediados de 2020, la recuperación de los efectos económicos de la crisis sanitaria fue traccionada por el denominado «empleo informal»; en particular, la recuperación fue liderada por el sector no asalariado, cuentapropista. Entre 2020 y 2022 este sector explicó 76% de los nuevos empleos en Argentina, 83% en Bolivia, 67% en México, 82% en Ecuador, 75% en Perú y 68% en Paraguay, para dar algunos ejemplos¹⁷. De manera que no es posible concebir una programática para una transición desde el Sur global que no incluya al conjunto de la clase trabajadora: asalariada o de la «economía popular», formalizada, sindicalizada o sin derechos, urbana, rural, campesina, indígena o migrante.

Pero hay otros motivos de peso que explican la escasa resonancia del enfoque de la transición justa en el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la región. En primera instancia, el enfoque de la transición justa que se ha consolidado se vincula con las demandas y orientaciones de los sindicatos del Norte, donde los procesos de descarbonización afectan principalmente a los trabajadores de la energía y a las comunidades que dependen de estas actividades. En esos contextos, sindicatos más fortalecidos, mayor alcance de la negociación colectiva y niveles sensiblemente más bajos de informalidad laboral facilitan la implementación de políticas de transición justa en ámbitos de negociación tripartitos. Este modelo de políticas de transición laboral justa, que ha dado algunos resultados en los países centrales, no puede importarse sin más a las periferias, donde los institutos colectivos del trabajo y los sindicatos son estructuralmente débiles, y donde las conquistas sociolaborales suelen ser el resultado de la acción de coaliciones sociopolíticas amplias, intersectoriales, ligadas a procesos de movilización de masas que eventualmente logran insertar sus demandas en las políticas públicas y medidas gubernamentales. 

En segundo lugar, y esto es particularmente importante para el caso de Argentina, las vías de la transición no pueden eludir la centralidad que asume el sector primario exportador en el modelo de desarrollo en materia de constitución de elites e intereses de clase, desintegración territorial federal, sistema de transporte y logística hipertrofiado, extensión de la deforestación y de usos insustentables del suelo, extractivismo minero energético y pérdida de soberanía sobre puertos y vías navegables. Aquí los sindicatos tienen un largo camino de articulación intersectorial, movilización y negociación por recorrer, capaz de conjugar una estrategia de organización gremial con la disputa política por una transición socioecológica popular. 

En 2020, un arco amplio de organizaciones que incluyó a las de la «economía popular», los sindicatos de la construcción, ferrocarriles, camioneros, metalmecánicos y del transporte naval hicieron público un documento programático titulado «Plan de Desarrollo Humano Integral. Propuestas para la Argentina post pandemia. Tierra, Techo y Trabajo». Si bien el impulso menguó en los meses siguientes y finalmente no se logró implementar el programa, el documento sentó las bases para la discusión del modelo productivo desde una concepción ampliada de la clase trabajadora y de sus demandas, en la medida en que conectó al sindicalismo tradicional, representante del trabajo registrado y cubierto por convenios colectivos de trabajo, con el «otro movimiento obrero»¹⁸, encarnado colectivamente por las organizaciones sociales y de la denominada «economía popular». 

Aun con limitaciones y aspectos por profundizar, los ejes del plan constituyen lineamientos generales que alimentan el enfoque de una transición ecológica popular: generación de empleo, construcción e integración urbana, transporte multimodal, repoblamiento federal, ahorro y reactivación productiva para la transición ecológica. Construyen además un lenguaje de valoración que asocia desarrollo sustentable con trabajo digno: tierra, techo y trabajo, repoblar la patria, integrar ciudades, conectar el territorio, reactivar la producción y cuidar la casa común.

Más recientemente, la Mesa Agroalimentaria Argentina (que integran organizaciones de la agricultura familiar, el cooperativismo y el movimiento agroecológico) visibilizó en el debate político nacional las problemáticas del trabajo rural, campesino y cooperativo frente a los impactos de la sequía y los efectos en la producción de alimentos para el mercado interno. En julio de 2023, llevaron a cabo una caravana agraria al Congreso nacional para impulsar 10 puntos del «Programa agrario para el alimento». Proponen la creación de una empresa pública que planifique la producción y comercialización de alimentos para el mercado interno, cuyos objetivos de carácter federal son el abastecimiento frutihortícola y el aumento de la producción de carnes, más un paquete de leyes de acceso a la tierra y de arrendamiento rural, impulso a la agroecología, protección de territorios campesino-indígenas, financiamiento cooperativo, segmentación impositiva y creación de mercados de cercanía.

Junto con estas iniciativas programáticas intersindicales e intersectoriales y en paralelo a ellas, se registran avances concretos territoriales, que conjugan organización popular, implementación de políticas públicas y la emergencia de nuevas dirigencias de los sectores del trabajo por fuera de las estructuras históricas del sindicalismo. Entre estas, podemos destacar aquellas vinculadas con la integración de barrios populares y el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos, donde se destacan figuras como Fernanda Miño, dirigente del movimiento villero, María Castillo, cartonera en la función pública que impulsa el programa Argentina Recicla, o Natalia Zaracho, diputada nacional y conductora de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, las tres integradas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (utep). 

En definitiva, tal vez (solo) es posible vislumbrar una estrategia de transición ecológica popular en la conjunción de economía y feminismos populares, gremialismo rural, cooperativismo y sindicalismo histórico, es decir, en una definición amplia de la clase trabajadora y sus composiciones organizativas realmente existentes.

Nota: la autora agradece a Jonatan Núñez por su lectura atenta y sus aportes al borrador de este artículo.