Coyuntura
NUSO Nº 245 / Mayo - Junio 2013

¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS en la construcción de un nuevo orden

Evo Morales cumplió en enero pasado siete años en el poder, lo que ya lo hizo ingresar en la acotada lista de los gobiernos más largos de una historia caracterizada por la inestabilidad política social. Pese al desgaste de la gestión, el mandatario boliviano mantiene una aprobación que ronda el 50%. ¿A qué se debe esa fortaleza política, que lo blinda por el momento contra cualquiera de sus contrincantes electorales? Este artículo, apelando a las cifras y al análisis sociopolítico, explica las fortalezas económicas, políticas y sociales del Movimiento al Socialismo (MAS) en un contexto económico inimaginable hace una década.

¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS en la construcción de un nuevo orden

El 28 de marzo pasado, durante la celebración de un nuevo aniversario de la fundación del partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera iniciaron el esfuerzo para ser reelegidos por segunda vez como presidente y vicepresidente de Bolivia en 2014. Dadas las restricciones legales que pesan sobre esta pretensión, esta se viabilizó mediante una autorización especial del Tribunal Constitucional. Pero lo cierto es que el MAS y sus dos candidatos no solo estarán presentes en las elecciones, sino que constituirán el eje en torno del que girarán todas las campañas electorales.Luego de seis años de gobierno, el oficialismo carece de la excitante aura de novedad que lo rodeaba al principio del llamado «proceso de cambio». En líneas gruesas, el cambio ya ha sucedido y cambiar ha dejado de ser la pulsión dominante del país, como lo fuera entre 2002 y 2009. El aporte principal del MAS a la innovación boliviana ya está hecho; el futuro de este partido depende ahora de su posibilidad de representar la continuidad de las leyes, las instituciones y las políticas que diseñó y aplicó durante estos años.

Esta afirmación, sin embargo, es problemática. Hoy la lucha ideológica boliviana se sigue entablando en torno de la cuestión del cambio: ¿fue una promesa cumplida y en qué medida? ¿En qué consistió realmente la transformación del país, qué signo tuvo (socialista, nacionalista, capitalista de Estado)? Tal es el motor del debate político, porque de la dilucidación de estas interrogantes depende la posición que cada partido ocupa respecto del gobierno: aliado, seguidor crítico, adversario o enemigo.

Un signo de que Bolivia pasa por una nueva etapa es que la discusión ya no se proyecta hacia el futuro, como ocurrió durante tanto tiempo, sino hacia el pasado. Puesto que su potencial revolucionario se ha disipado en gran medida, el proceso boliviano ha entrado en una «etapa retrospectiva», consagrada a hacer balance y a rentar de los «años heroicos».Lo que queda es el capital acumulado por el MAS durante y gracias a su gestión de gobierno. Este artículo describirá este patrimonio –sobre el que se erigirá la nueva campaña electoral masista– para mostrar que no es un castillo de naipes, como señala la mayor parte de la oposición. Nuestra pretensión es hacer una evaluación objetiva de lo sucedido desde un punto de vista muy preciso: la edificación de un nuevo orden. Por esta razón, medidas como la creación de empresas estatales poco sostenibles, que son decisiones discutibles para lograr el desarrollo nacional, se ponderan por su capacidad para insertar a determinados grupos poblacionales en el aparato estatal, evitar conflictos civiles, asegurar la presencia del Estado en el territorio y en los mercados, a fin de favorecer a los productores locales. Y así…

Para quienes se ubican a la izquierda y a la derecha del MAS, las transformaciones de estos años han sido más retóricas que reales, más simbólicas que materiales, más obra de la casualidad que de la voluntad, y ha habido más errores que aciertos. Las distintas oposiciones coinciden en este diagnóstico, aunque apoyándose en razones diferentes. Para la oposición de izquierda, las realizaciones del régimen no se corresponden con los sueños iniciales. Se ha recaído en el desarrollismo extractivista y en el nacionalismo populista de los años 50. El avance que se ha logrado en la lucha contra la desigualdad social es mucho menor que el que podría haberse alcanzado de otra manera. Los medios empleados habrían terminado convirtiendo el MAS en un partido «tradicional», es decir, vertical, demagógico, caudillista.

Para la oposición de derecha, en cambio, el problema comenzó con los sueños: el estatismo sería un medio para cambiar el modelo de redistribución, para favorecer a los sectores allegados al gobierno (dificultando de paso la actividad privada), pero no para enfrentar los problemas estructurales del país. El empoderamiento de los indígenas habría sido simbólico, primero, y segundo, se ha restringido a los grupos cercanos al oficialismo, ya que los indígenas de carne y hueso siguen sin contar con oportunidades económicas, que son las que en definitiva importan. La economía marcha bien por obra del boom de los precios internacionales del petróleo y otros minerales, que ha impulsado el consumo interno de bienes importados y de aquellos que solo se pueden producir en el país («no transables»), pero Bolivia sigue obteniendo la mayor parte de sus ingresos de la exportación de dos o tres variedades de materias primas. Y el gobierno estaría despilfarrando los ingresos extraordinarios que recibe en proyectos carentes de racionalidad económica.

Estas críticas tienen un mismo defecto: señalan lo que las realizaciones gubernamentales no hacen o no llegan a ser, pero no observan con espíritu veraz lo que sí hacen y sí son. De ahí la oportunidad y la necesidad de escribir estas líneas.

Fortalezas económicas

El gobierno de Evo Morales está coincidiendo con el mejor momento económico de la historia boliviana. La existencia de una relación causal entre ambos hechos es dudosa, ya que la principal dínamo de la bonanza nacional son los elevados ingresos por exportaciones, que en una década han pasado de alrededor de 2.000 millones de dólares a estar en el orden de los 10.000 millones. Estos ingresos, a su vez, se deben a los altos precios internacionales. Sin embargo, hay que atribuir al gobierno el mérito de haber impedido que este flujo se perdiera por la fuga de capitales al haber nacionalizado la principal cadena exportadora, la del gas, y algunas minas y fundiciones claves. Además, gracias a la política de fortalecimiento de la moneda nacional y la debilidad de las finanzas internacionales, las inversiones en bolivianos son la norma, como se observa en la cifra récord de depósitos y créditos (equivalentes a 7.700 millones de dólares y 6.400 millones de dólares, respectivamente) con que la banca cerró 2012. Además, Bolivia nunca tuvo un monto igual de reservas internacionales, más de 14.000 millones, es decir, casi 60% del PIB.

Controlada así la fuga de capitales, estos permanecieron en el país y animaron un fortísimo crecimiento de la demanda, que durante algunos años explica gran parte y durante otros años explica el total del crecimiento del producto, que en promedio ha sido de 4,8% anual.

La demanda ha crecido gracias a la expansión del gasto público, que de estar en torno de los 6.000 millones de dólares en 2005 pasó a ser de más de 20.000 millones. Hoy el Estado tiene 50.000 empleados más que en 2006 (de 75.000 pasó a 125.000). La inversión pública se sextuplicó en un lustro y ahora equivale a 11% del PIB, mientras que la privada extranjera y la privada nacional son, cada una, de 4%. Esto hace una inversión total de 19% del PIB, que es superior a la que normalmente ha recibido Bolivia (a mediados de los años 90, durante el auge de la privatización, la tasa llegó a 16%).

Otra importante causa de demanda fue el ascenso de los ingresos domésticos, que se debe al empleo casi pleno del que ahora goza la población (sobre todo gracias a la construcción, que se expande 10% por año), las asignaciones de política social y los incrementos salariales, que por lo general llegan a cubrir la tasa de inflación oficial, por encima de 5%. El salario mínimo ha crecido en 127%, un salto valioso para los sectores más vulnerables de la fuerza laboral dependiente: los albañiles y las empleadas del hogar.

¿Se trata de la inflación real? La población se queja del alza de los precios de los alimentos y el transporte, que sin duda es superior a lo que muestran las cifras del gobierno. Sin embargo, este malestar se contrarresta con el aumento de personas ocupadas en cada familia y con las políticas de control de los precios de los productos (harina, pollo, azúcar, arroz, pan y leche), que hasta ahora han sido relativamente exitosas. El gobierno ha destinado 395 millones de dólares a estabilizar los precios mayoristas de la harina, el azúcar, el arroz, el maíz amarillo duro y el trigo. Los «bonos» que el gobierno da a los ancianos, a las mujeres embarazadas y a algunos grupos de estudiantes benefician a 33% de la población, es decir, 3,3 millones de personas, con montos que van de 28 dólares a 340 dólares por persona/año. Hasta ahora el gobierno del MAS ha destinado, solo para la «Renta Dignidad» (que se entrega de forma universal a los mayores de 60 años), 1.200 millones de dólares, beneficiando a 900.000 personas.

El aumento del mercado interno ha ofrecido nuevas oportunidades a los emprendedores populares, que son muchísimos en un país con una economía formal muy pequeña. Muchos de ellos se dedican al contrabando que, pese a los esfuerzos de unas aduanas burocráticas pero hasta donde se sabe honestas, aumenta junto con el volumen de la economía. Un estudio estima que la mercadería que pasa ilegalmente las fronteras equivale a un quinto de las importaciones legales. Si esto se aplica a las importaciones de 2012, la cifra llegaría a 1.850 millones de dólares, 7,4% del PIB. En torno de este negocio, y del comercio de drogas (del que no se habla en el estudio mencionado), se ha establecido una gran cantidad de empleos.

Otras subvenciones que ofrece el gobierno a la población son:

- el congelamiento de las tarifas de electricidad, que además son especialmente baratas para los consumidores más pobres (Tarifa Dignidad). La subvención benefició a 890.000 personas y costó más de 8,5 millones de dólares de ingresos a las compañías eléctricas. Estas medidas mantuvieron las tarifas bolivianas como las más bajas de Latinoamérica, lo que ya eran antes de la llegada del actual gobierno;- la aplicación de la Tarifa Dignidad en el servicio de agua potable;- el congelamiento de los precios de los combustibles, a un costo de casi 1.000 millones de dólares anuales, es decir, 100 dólares per cápita. Esta política ayuda a controlar el nivel de tarifas del transporte, muy importantes para la población más pobre, que gasta entre 80% y 90% de sus ingresos en este rubro y en la compra de alimentos. A fines de 2011, en lo que muchos consideran fue su peor error, el gobierno intentó suspender la subvención a los carburantes y la reacción popular fue tan contundente que tuvo que retroceder rápidamente. Desde ese momento funciona un complejo sistema de controles para evitar que el subsidio estimule el contrabando de gasolinas a través de las fronteras y termine desangrando las arcas del Estado;- el control del nivel de las tarifas aeronáuticas y de telecomunicaciones por medio de la presencia en estos mercados de compañías estatales con capacidad de decisión (Boliviana de Aviación y Entel) que se han fijado, entre otras cosas, esta tarea;- la eliminación del costo de los documentos que solicitan los ciudadanos a distintas instancias estatales y privadas, como los certificados de nacimiento, los títulos de bachillerato, los registros profesionales, etc.;- un crédito de 100 millones de dólares a los sindicatos de transporte para la importación de 2.000 buses chinos;- la contratación directa de 130.000 mujeres desempleadas (ex-beneficiarias del Plan Nacional de Empleo de Emergencia, PLANE) para la realización de trabajos por cuenta del Estado, como la reforestación de los bosques amazónicos. Estas medidas y procesos han logrado bajar la pobreza extrema urbana de 24% a 14%, y la pobreza extrema rural de 63% a 43%. Al mismo tiempo, Bolivia se beneficia por el fenómeno de engrosamiento de la clase media latinoamericana (los que perciben ingresos de más de 10 dólares por día); en los últimos años, esta ha recibido 50 millones de miembros nuevos.

Puesto que no se origina en una mejoría de la productividad, sino en una mejor distribución del ingreso, la nueva clase media tiene una existencia precaria y no hay que descartar que desaparezca más tarde. Sin embargo, su irrupción ha cambiado la correspondencia que solían tener clase y etnia; en otras palabras, cada vez hay más indígenas (y mestizos de fisonomía fuertemente indígena) que viven con cierta prosperidad, lo que altera la relación de fuerzas entre la antigua elite «blanca» y el resto de la población, vuelve inviable el racismo de la primera y tiende a empoderar psicológicamente a todos los indígenas, incluso a los pobres.

El gobierno ha creado un conjunto de pequeñas empresas estatales que no parecen muy sostenibles, como una planta de fabricación de cartón, procesadoras de leche y frutas, etc. Se han criticado estas iniciativas como ineficientes y, en algunos casos, corruptas. Sin embargo, estas compañías tienen la ventaja de haberse instalado en lugares apartados, lo que, aunque complota contra su eficiencia, les concede un valor simbólico: con ellas el Estado llega donde no estuvo antes y, en algunos casos, como en el de las empresas acopiadoras de oro, almendra, miel, etc., tiende a mejorar la situación de los pequeños productores. Mientras estas firmas no sean completamente ruinosas y el fisco se encuentre en condiciones de sostenerlas, respaldan la idea de que el gobierno está conquistando la soberanía económica del país.

Por primera vez en la historia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está realizando inversiones de gran importancia con dinero nacional. Los expertos son escépticos sobre lo que pasará, por ejemplo, con la construcción de una planta petroquímica en Cochabamba que costará 800 millones de dólares y aún no tiene mercado asegurado. Sin embargo, mientras el pronóstico negativo no se verifique en la realidad, esta planta, y en especial las redes de gas domiciliario que YPFB está instalando en las principales ciudades, gratifican el sentimiento económico nacionalista de la mayoría de la población (según aparece en los estudios de opinión).A ello también contribuyen otras inversiones en infraestructura. Si entre 2001 y 2005 se construyeron 887 kilómetros de carreteras, entre 2006 y 2012 esta cifra se duplicó. La inversión en carreteras durante este periodo ascendió a 2.000 millones de dólares, la más alta de la historia del país.

Fortalezas sociales

El sustrato social boliviano es un apretado tejido de organizaciones indígenas y corporativas que expresan las reivindicaciones de la población y, en parte, sustituyen a las instituciones estatales que no están presentes en el área rural y en los pequeños pueblos.

Se trata de un sistema complejo y diverso que recoge y canaliza la mayor parte de los impulsos populares de vocación pública. Controlarlo es fundamental para dirigir la movilización política del país, inclusive en el terreno electoral, y para asegurar la gobernabilidad.

Como se conoce bien, el MAS es parte de esta estructura. Incluso el ascenso de este partido y de la ideología que defiende puede verse como el retorno del corporativismo (es decir, de un tipo flexible de colectivismo) a la escena pública, luego de una década –la de 1990– en que el predominio liberal pretendió apartarlo para hacerle espacio a un modelo de sociedad contractual. Por razones históricas, el corporativismo es la forma «natural» de organización boliviana, por lo que la principal fortaleza del MAS reside en su coincidencia ideológica y organizativa con este.

Las corporaciones sirven para animar y canalizar las disputas entre grupos con intereses diferentes. Un sistema político que se apoya en ellas sufre por culpa del faccionalismo y del conflicto intrínseco. Sin embargo, las corporaciones bolivianas han encontrado en el MAS una forma perdurable y eficiente de evitar que sus disputas comprometan la unidad estratégica.

El éxito del MAS en este sentido se debe a la dimensión histórica y política de lo que ha logrado hasta ahora, a la solidaridad étnica que amalgama sus filas, a la necesidad práctica que tiene de alinearse en contra del «enemigo», etc. Sin embargo, la razón más profunda de este éxito es la lealtad general hacia Evo Morales, uno de los caudillos más eficientes de la historia política boliviana, llena de caudillos de talla.

El MAS representa la unidad del corporativismo y, al mismo tiempo, de la izquierda boliviana, detrás de un ideario y de un dirigente. De este modo, aunque el conflicto entre sus facciones sea constante, hasta ahora no ha sobrepasado el marco que constituye el movimiento. Además, desde el poder se hace una activa «gestión de la unidad», usando varias vías:

a) La condena de la discrepancia, que puede llegar a la expulsión y el aislamiento de los disidentes, para evitar que actúen de forma independiente. A principios de este año, el vicepresidente García Linera desautorizó a los miembros del MAS que expresan críticas contra la línea del partido, en particular a la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, con el siguiente argumento: los masistas –dijo– no son librepensadores, sino revolucionarios, y por tanto deben militar bajo las reglas del «centralismo democrático». Y si no les gusta, marcharse. Por supuesto, el MAS, en tanto organización de organizaciones sociales, está lejos de aplicar el «centralismo democrático»… excepto contra los disidentes. Por eso en el acto de conmemoración del aniversario del MAS al que se hace referencia al comienzo de este artículo, Evo Morales dijo: «Debemos recuperar a algunos compañeros que se alejaron. Debemos unir». b) Al mismo tiempo, el gobierno da un tratamiento diferente a los movimientos sociales que lo enfrentan si los considera aliados o adversarios. En el primer caso, encuadra el conflicto como «tensiones creativas dentro de la revolución» y procura desmontar las protestas de forma anticipada y recurriendo a las relaciones con los dirigentes, la popularidad de sus líderes entre los potenciales movilizados, etc. También hace diversas concesiones, siempre y cuando las considere aceptables. Cuando no logra prevenir el conflicto por esta vía, el sector movilizado puede pasar, en la percepción gubernamental, de aliado a adversario. El tratamiento hacia el adversario es distinto de lo que se acaba de describir: a este se lo escarnece públicamente, se sospecha si sus intenciones son puramente reivindicativas o políticas y se trata de no hacerle concesiones más que cuando es imprescindible. En muchos casos se apela a sectores aliados para enfrentar (y disuadir) a los adversarios.

c) Nada más llegar al poder, el MAS instituyó el programa «Bolivia cambia, Evo cumple», que hasta ahora ha gastado 480 millones de dólares (la mayor parte, financiados por Venezuela) en 3.900 pequeños proyectos de rápida ejecución, resultado visible (construcción) y, por tanto, fuerte impacto político, en municipios rurales escogidos con una diversidad de criterios: en unos casos, porque un alcalde o una organización social hacen una solicitud y logran persuadir al presidente de ella, en otros porque se buscan simpatías electorales en una zona adversa, y en fin, porque la repartija de obras sirve para construir el equilibrio político que, justamente, se necesita para garantizar la unidad. Este programa es un instrumento directo de la «campaña permanente» en la que se encuentra Morales, visitando a diario los puntos más alejados del país para inaugurar canchas de fútbol con césped sintético, aulas, sedes sindicales, mercados, etc., establecer contacto con los dirigentes locales del MAS y dirigirse a la audiencia que todavía no ha sido convencida. El programa está claramente orientado al mantenimiento y la reproducción del poder. Mejora la imagen del presidente, beneficia a los aliados, permite atraer a los antiguos oponentes y cooptarlos y atrae «clientelas» encandiladas por la posibilidad de obtener un retorno tangible a cambio de su compromiso político. Al menos 20 millones de dólares de este programa se usaron en la construcción de infraestructura y en la compra de activos para los sindicatos, centrales indígenas y otras organizaciones corporativas. Y aunque en algunos casos los proyectos no fueron concluidos o presentaron irregularidades económicas y técnicas, esto no necesariamente afectará la reputación del presidente, ya que la responsabilidad final se encontraba en manos de los dirigentes locales, que efectivamente recibieron el dinero de las obras.

Sin duda, el gobierno boliviano no pertenece «a los movimientos sociales», como dice la propaganda oficial, pues las principales decisiones son tomadas por el presidente, el gabinete y una pequeña dirección política en la que no participan más de dos o tres de los fundadores del partido, y hay pocos indígenas. Sin embargo, el proceso ha logrado empoderar a los movimientos sociales, que tienen representantes en los tres órganos (poderes) del Estado, poseen derecho de veto sobre algunas políticas y ciertas designaciones, proveen servicios estatales (como la capacitación sobre derechos, el trámite de documentos, etc.) en las áreas rurales, y han acorralado a las antiguas elites en la disputa por la tierra, que los indígenas y los campesinos están comenzando a ganar (tal es el caso del Chaco, por ejemplo).

La intervención del gobierno en este desenlace ha sido considerable. Si entre 1996 y 2005 se saneó la propiedad y se titularon 9,3 millones de hectáreas, lo que benefició a 174.000 personas, desde 2005 hasta ahora se ha hecho lo mismo con 55 millones de hectáreas, en beneficio de 982.000 personas. Solo los títulos agrarios entregados en 2012 cuadriplican todos los títulos que se otorgaron en el periodo 1996-2005.

Un mecanismo fundamental de este empoderamiento es la vigencia de una ley contra el racismo, que ha «desnaturalizado» la discriminación, confinándola al ámbito privado.

Fortalezas políticas

Durante la última década se ha producido en Bolivia lo que en términos marxistas cabría denominar «revolución política», es decir, una sustitución de las elites políticas que fue bastante completa. Grupos de distinta extracción étnica, clasista y político-ideológica reemplazaron a los estamentos políticos dominantes en el pasado. Fue una sustitución pacífica, pero que al apuntar a la eliminación y no a la coexistencia de los adversarios se desarrolló con métodos tanto políticos como judiciales. Los miembros de la antigua elite política perdieron el derecho de trabajar en el área pública, en una suerte de «destierro» simbólico. A los empresarios se les pidió «no meterse en política». Algunos dirigentes tuvieron que exiliarse preventivamente, otros terminaron en la cárcel. Todo esto, por supuesto, ha contribuido a la transformación del MAS en una suerte de «partido de Estado» (fuera del cual la supervivencia política es muy difícil), aunque carezca de la densidad institucional que han tenido este tipo de partidos en otras experiencias revolucionarias y aunque la oposición logre mantener gobiernos locales.

Además de contar con el candidato más potente, con una aprobación superior a 50% (que se basa en tres cosas: entrega de obras, carreteras y efectivo, preocupación por los más pobres y transformación socioeconómica del país), el oficialismo se beneficia de las nuevas reglas de organización política y electoral, como la tuición estrecha del Tribunal Electoral o la posibilidad de reelección, que en el último medio siglo estuvo prohibida porque –en un país sin accountability– el gobierno tiende a convertirse en un actor electoral imbatible, lo que ya ocurrió en las elecciones de 2009. O como la suspensión del financiamiento estatal a los partidos, que termina poniendo en la lid a un competidor que acude a la ayuda del Estado y, enfrente, a otros que apenas deben «sacar de sus bolsillos» los fondos necesarios para hacer su campaña electoral. Sin embargo, el propósito de este artículo ha sido mostrar que la fuerza del MAS no proviene solo de estas ventajas políticas, aunque este partido ya las haya aprovechado en el pasado y seguramente lo vuelva a hacer en 2014.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 245, Mayo - Junio 2013, ISSN: 0251-3552


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