La represión del gobierno de Daniel Ortega contra estudiantes y población civil desarmada que sigue protestando ha dejado, hasta el 25 de junio, 285 asesinatos, más de 1,500 heridos y aproximadamente 156 desaparecidos… Después del 24 de abril, fecha en que el gobierno aceptó las bases del Diálogo Nacional, sus fuerzas represivas perpetraron 225 asesinatos más. Este dato ilustra que para Ortega el diálogo es tan solo una estratagema para ganar tiempo. Además de las multitudinarias marchas en Managua y otros departamentos del país, los pobladores fueron levantando tranques y barricadas en carreteras y calles de las ciudades. Los primeros en atrincherarse fueron los habitantes del combativo barrio indígena de Monimbó en Masaya. Buscaban también contener la ola de quemas y saqueos promovidos por el régimen. Los campesinos, dirigidos por la líder campesina Francisca Ramírez, iniciaron los tranques en Nueva Guinea que luego se extendieron en todo el país. Los tranques son un mecanismo de defensa frente a la represión, pero también un instrumento de presión ante la indecisión de los empresarios de realizar un paro nacional indefinido. En los tranques y barricadas hacen guardia mujeres, jóvenes y pobladores armados únicamente de morteros caseros, asistidos por su vecindario. La masividad de la participación ciudadana es tal que, en varias ciudades, llegaron a cercar estaciones de policía, obligando a los efectivos a abandonar los poblados.

El 30 de mayo, día tradicional de la madre nicaragüense, se realizaron marchas simultáneas en las ciudades. Más de 300.000 nicaragüenses desfilaron en Managua encabezados por el movimiento Madres de Abril que agrupa a familiares de las víctimas de las masacres. Casi al finalizar, francotiradores y policías dispararon contra la multitud: 20 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridos. La población respondió con más trincheras. Al comenzar el mes de junio se contabilizaban más de 160 tranques y cientos de barricadas.

El Diálogo Nacional

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) escogió a los participantes de la Mesa de Diálogo que se sentarían frente al gobierno. Se trataba de los grandes empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Iniciativa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, de una delegación de estudiantes y de integrantes de la sociedad civil (un representante del movimiento campesino, uno de la Costa Caribe, y otro del movimiento sindical autónomo). El Diálogo realizó su sesión inaugural el 16 de mayo. Desde entonces hasta la fecha, los avances son relativamente modestos porque no ha cesado la represión y el gobierno elude abordar la Ruta de la Democracia propuesta por la Conferencia Episcopal. Ese documento propone el adelanto de las elecciones para el 31 de marzo del 2019. Además, promueve reformas previas a la Ley Electoral y el cambio de las autoridades electorales. El gobierno apuesta a imponer el cronograma que venía elaborando desde 2017 con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señalado de parcializarse a favor del gobierno en elecciones pasadas. El cronograma llevaría a Ortega a terminar su espurio mandato en 2021.

El presidente descalifica a quienes exigen su salida anticipada como «golpistas», y se presenta como víctima de un complot internacional. A este discurso se han unido algunos partidos de izquierda en América Latina, incapaces de distinguir la retórica pseudorrevolucionaria de Ortega de sus prácticas neoliberales. Más aún, asumen una posición éticamente condenable al justificar en la práctica los asesinatos de casi 300 nicaragüenses.

Derechos Humanos

El 22 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe final de su visita a Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. El demoledor informe fue rechazado de plano por el gobierno de Ortega que, a su vez, obtuvo el respaldo de Venezuela. La mayoría de los demás países demandaron el cese de la represión. En el informe puede leerse lo siguiente:

«Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por: el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de detenciones ilegales arbitrarias a jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas y personas que transitaban en vías públicas en las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, llegando algunos de estos a alcanzar el umbral de tortura; la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales; y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto».

La CIDH hizo quince recomendaciones, pero el gobierno se ha negado a cumplir con todas ellas. De hecho, solo ha cumplido con la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la aceptación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua), y la invitación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lamentablemente, no es posible ser demasiado optimista sobre los resultados del trabajo de estos equipos. Mientras Ortega siga al frente del gobierno, todas las instituciones bajo su control conspirarán contra la eficacia de las investigaciones de estos organismos. En el caso del GIEI, trabajará al lado del Ministerio Público, una institución totalmente controlada por Ortega. Hasta hoy no existe ninguna apertura de caso contra los autores de los crímenes del gobierno y, por el contrario, se ha inculpado a inocentes como «chivos expiatorios» mientras crecen los expedientes contra los luchadores sociales.

La recomendación más importante de la CIDH –desmantelar los grupos parapoliciales– no solo no se ha cumplido, sino que Ortega los ha expandido desplegando un ejército irregular letal que opera en complicidad con la policía.

El papel de Estados Unidos

El gobierno estadounidense sostenía hasta hace muy poco tiempo una relación cercana con el gobierno de Ortega. El mandatario nicaragüense le otorgaba «paz y estabilidad». Sin embargo, la relación ha cambiado. Washington ha comenzado a expresar «preocupación» por lo que está ocurriendo y, sobre todo, por los resultados de la crisis. Por ello empujan una salida «suave» que no debilite su situación en la región. No les preocupan ni los derechos humanos y civiles ni la corrupción. Su apuesta está centrada en sus propios intereses. El 9 de junio, Caleb McCarry, experto en temas de transición que trabajó para el gobierno de George W. Bush, visitó Nicaragua como enviado del poderoso presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker. Asimismo, antes de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, el embajador Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante ese organismo, realizó una visita de 24 horas a Nicaragua y se entrevistó con la CEN, integrantes del Diálogo y con Daniel Ortega. Se ha filtrado que EEUU intenta presionar a Ortega con el adelanto de las elecciones a cambio de inmunidad (es decir impunidad) para su familia.

La represión se recrudece y se extiende

Desde el 11 de junio, el gobierno incrementó la represión a través de lo que se ha llamado «operación limpieza». Se trata de una verdadera oleada ofensiva con grupos combinados de policías, fuerzas antimotines y civiles fuertemente armados y encapuchados. Estos grupos, además de disparar indiscriminadamente y destruir las barricadas, realizan allanamientos de domicilios y capturas de muchachos y muchachas basadas en listas proporcionadas por los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), grupos partidarios que forman parte de las estructuras oficiales desarrolladas por el gobierno.

El 16 de junio estas fuerzas combinadas incendiaron una vivienda con la familia entera adentro quedando carbonizados 4 adultos y dos niños, una de dos años y otro de tres meses. Los sobrevivientes denunciaron que el incendio fue provocado por estos grupos ligados al gobierno, porque el dueño del inmueble, donde además había una fábrica de colchones, no permitió que un francotirador se apostara en el tercer piso de la vivienda. Imágenes de policías y sicarios progubernamentales quedaron registradas en videos de una cámara de seguridad de un negocio vecino. Asimismo, a punta de balas han desmontando una parte de los tranques y las barricadas, provocando numerosos muertos y heridos. En las ciudades impera de facto la suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda. Los grupos de encapuchados se ubican a cualquier hora y en cualquier lugar practicando registros, detenciones y sembrando el terror en los ciudadanos.

Correlación de fuerzas y lucha popular

Las elecciones de noviembre de 2016 fueron claramente fraudulentas y la abstención fue superior a 60 %. La ilegitimidad del gobierno se confirmó en una encuesta de la consultora CID Gallup realizada entre el 5 y 15 de mayo, que indica que 63 % de la población opina que Ortega debe dejar el poder, y 67% opina lo mismo de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La población está decidida a expulsar a la pareja del poder y paga altos costos en vidas y sacrificio. El impacto de la crisis sobre la economía es demoledor. Numerosos negocios han cerrado y se han perdido más de 200.000 empleos.

En medio del incremento represivo, diversas organizaciones cívicas lanzaron la propuesta de la desobediencia civil, en particular la de los grandes contribuyentes. Sin embargo, el empresariado duda. El 14 de junio, las cámaras empresariales realizaron, por fin, un paro nacional de 24 horas que resultó todo un éxito. La gente presiona por un paro indefinido combinado con la desobediencia civil y la lucha de calles para forzar a la pareja a dimitir. La explosión popular frente a la represión encontró al pueblo de Nicaragua desarticulado y desorganizado. El tejido social ha sido pulverizado por las políticas neoliberales y por la persecución abierta o solapada del orteguismo. Los partidos políticos están debilitados y desacreditados. Por lo tanto, reconstruir el tejido social es un desafío.

La delegación participante del Diálogo se ha agrupado como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pero también se ha venido construyendo la Articulación de Movimientos Sociales que aglutina a estudiantes autoconvocados, expresiones territoriales del Movimiento 19 de Abril, población movilizada en tranques y barricadas, movimientos de mujeres y feministas, movimientos campesinos, organizaciones de Derechos Humanos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, ambientalistas, movimientos defensores de la diversidad sexual y medios de comunicación, entre otros. La Articulación ha planteado que toda ruta hacia la democratización deber partir de la salida inmediata de la pareja presidencial del poder y la instalación de un gobierno de transición que diseñe los pasos para elegir cuanto antes una Asamblea Constituyente y un nuevo gobierno.

La suerte está echada. Como dice la consigna repetida hasta el hartazgo: «Ortega perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo». Sin embargo, todavía falta recorrer un camino para que el pueblo, hoy martirizado, vea resolver esta contienda a su favor.