En sus mil y una vidas Dora María Téllez, siempre audaz e irreverente, ha sido comandante guerrillera, ministra de Salud, diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), disidente del FSLN y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), historiadora, feminista y luchadora social, perseguida política del régimen de Daniel Ortega y presa política en confinamiento solitario durante 606 días.

En 1978 fue la «Comandante Dos» del asalto guerrillero del FSLN al Palacio Nacional y después la jefa político-militar del Frente Occidental Rigoberto López Pérez, que liberó la ciudad de León durante el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, en julio de 1979. Durante el gobierno revolucionario de los años 80, la estudiante de Medicina que dejó la universidad para sumarse a la lucha armada -«porque no tuvimos otro remedio para cambiar la condición que tenía Nicaragua», dice- fue primero representante ante el Consejo de Estado y después ministra de Salud.

En la transición política que se inició en 1990, tras la derrota electoral del Frente Sandinista y la victoria de Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora, fue electa diputada por el FSLN, y en 1994 lideró, con el ex-vicepresidente y escritor Sergio Ramírez, la campaña por democratizar el FSLN que derivó en la escisión y creación del MRS.

Tras el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, Téllez hizo una huelga de hambre en pleno centro de Managua para protestar por la cancelación arbitraria de la personería jurídica del MRS, y formó parte activa de la oposición democrática a la nueva dictadura familiar de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que entró en crisis con el estallido de la rebelión ciudadana de abril de 2018.

Téllez, una mujer de ideas y acción, doctora honoris causa de La Sorbonne Nouvelle en París, símbolo de la izquierda democrática en América Latina, fue desterrada a Estados Unidos el pasado nueve de febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos que fueron excarcelados por el régimen de Ortega y de inmediato despojados de su nacionalidad. Desde septiembre de este año, permanece en una estancia corta en la Universidad de Tulane en Estados Unidos, donde investiga sobre la historia de Nicaragua y escribe sus memorias. «Es un ejercicio de reflexión sobre los tiempos que me ha tocado vivir, y también sobre la realidad del país, porque uno tiene que estar viendo hacia atrás para poder ver cómo nos posicionamos ahora», dice con voz firme.

Empeñada en promover una transición democrática tras la caída de la dictadura de Ortega, asegura que no aspira a desempeñar un rol público en el futuro, pero sí tiene claro a qué se va a dedicar: «Una vez que salga de la Directiva Nacional de Unamos (Unión Democrática Renovadora, antes MRS), me quedo haciendo política, opinando, pero no tengo ninguna aspiración de cargos ni de tener una función pública. Yo creo que este es un trabajo de otra generación que tenga más tiempo para delante que para atrás, mi generación de alguna manera va de salida, y estoy en la etapa de transición entre un modelo de hacer política de un partido, y otro que tengo que perfilar».

Le pregunto en esta entrevista: ¿qué puede aprender Nicaragua de los fracasos de la revolución de 1979 y de la transición de 1990, de cara a una nueva transición democrática que sería la tercera, y quizás la última, gran oportunidad histórica de un cambio político en el país? «El primer aprendizaje es la justicia», responde. Propone crear una Comisión de la Verdad y una Fiscalía Especial de Investigación con apoyo internacional. «Al no haber justicia en una transición, al no haber un ejercicio de verdad y memoria, tendemos a estar reproduciendo los mismos modelos. Esta nueva generación de políticos tiene que hacer una profunda reflexión sobre el sistema político nicaragüense, que ha sido tradicionalmente excluyente. Toda exclusión conduce siempre a la crisis. Y si no hay justicia no vamos a poder avanzar para lograr que el país salga del atolladero», advierte.

Vos tuviste un papel protagónico en la rebelión nacional que derrocó a la dictadura de los Somoza en 1979 e inició un proceso de cambios revolucionarios en Nicaragua. Cuatro décadas después, ¿hay un legado de la revolución en las transformaciones sociales, en la vida de la gente o en las instituciones democráticas del país?

Creo que lo más perdurable de la revolución es el avance en materia de organización y participación ciudadana. Me refiero a las capacidades que los distintos sectores sociales han ido acumulando para crear condiciones para mejorar sus vidas, organizarse para demandar sus derechos, que es exactamente todo contra lo que se ha volcado el estado de terror de la dictadura. Los Ortega-Murillo se han lanzado a liquidar toda organización no gubernamental, los movimientos sociales y los medios de comunicación, que son la herencia más importante de la revolución sandinista.

El Ejército y la Policía, que habían hecho un esfuerzo por convertirse en instituciones nacionales, han sufrido un retroceso dramático al grado de llegar casi al punto en que estaba la propia Guardia Nacional sometida a una familia (los Somoza) en el poder. Y el resto de las instituciones han sufrido un alineamiento, una deformación.

Yo veo esto muy duramente reflejado en el Ministerio de Salud. Una institución (sanitaria) que rechaza atender personas por su orientación política es verdaderamente criminal. Cuando el Ministerio de Salud, a través de sus unidades, cerró las puertas para atender a gente, chavalos y chavalas que protestaban y salieron golpeadas o lesionadas por la represión del régimen Ortega-Murillo en 2018 y 2019, fue completamente criminal. Es una evidencia del grave impacto que ha tenido esta dictadura en las instituciones nicaragüenses, que han dejado de cumplir el papel esencial para el cual fueron creadas. El sistema de salud como cobertura universal, concebido y desarrollado durante la revolución, simplemente fue convertido en un instrumento más de los intereses políticos y represivos de los Ortega-Murillo.

Entonces, lo esencial que ha quedado en el ámbito subjetivo, en las capacidades de la población, de los jóvenes, de los sectores sociales, que se expresaron también en la lucha contra el proyecto canalero, eso es contra lo que se han lanzado los Ortega-Murillo. Han tratado de liquidar el propio legado de la Revolución sandinista.

La derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 generó una autocrítica sobre el modelo de poder y el vanguardismo del FSLN en los años 80. Y de ahí surgió una izquierda democrática dentro del sandinismo. ¿Cuáles son los alcances de esa autocrítica y que resultado tiene en la práctica política?

El Frente Sandinista nunca se planteó una crítica a profundidad del sistema político de la dictadura somocista. Si se la hubiera planteado no se hubiera reproducido el modelo en la Constitución de 1987, en el propio diseño del sistema político, con modificaciones de forma bastante leves. Esencialmente se trataba de un modelo centralizador que concentraba poderes extremos en la Presidencia de la República, de arriba abajo. Era un modelo de naturaleza autoritaria. Y posteriormente, luego del pacto de 1998 [entre Daniel Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán, para rebajar el piso electoral que permitía ganar la presidencia, y que benefició a Ortega], llegó un momento en que Daniel Ortega asumió el modelo político del caudillo populista y autoritario, que devino en una dictadura represiva y de terror, ya frente a la oposición de una gran parte del pueblo nicaragüense.

Quienes sí desarrollamos una crítica bastante profunda, somos los que inicialmente fuimos disidentes en el Frente Sandinista y posteriormente nos salimos a crear el MRS, ahora Unamos. Y tocamos dos temas: el desarrollo democrático de la sociedad y el compromiso democrático dentro del partido. Pero en Nicaragua este sigue siendo un debate que hay que sostener más ampliamente.

¿Por qué todas las ideologías en Nicaragua han producido dictaduras? Los conservadores, el general Tomás Martínez; los liberales, [José Santos] Zelaya o los Somoza; el sandinismo con Daniel Ortega. Todas las corrientes políticas en Nicaragua han engendrado dictaduras. Y esto ya nos coloca frente al tema que el doctor [Emilio] Álvarez Montalván decía de la cultura política: los nicaragüenses tenemos un problema esencial que tiene que ver con la necesidad de encontrar el hombre fuerte, de depositar en el hombre fuerte la solución de los problemas que tenemos y el arbitraje de la conflictividad en la sociedad.

Eso ha hecho que no tengamos hábitos democráticos, no logramos entender que las crisis, los debates, son parte de la democracia, que la solución de la conflictividad de la sociedad tiene que tener procesos de resolución institucional. Y lo que queremos es ver una figura fuerte que resuelva inmediatamente y arbitre esos problemas. Eso deriva, a final de cuentas, en una dictadura. Pero tenemos un problema estructural que no sólo tiene que ver con la revolución sandinista, sino con todo el siglo XX nicaragüense.

Con el regreso al poder de Ortega en 2007, su régimen se presentó como la segunda etapa de la Revolución sandinista, aunque fue cuestionado desde el inicio como un régimen autoritario o corporativista. Algunos analistas argumentan que la nueva dictadura de Ortega tiene su origen, sus raíces, en el autoritarismo de la Revolución sandinista en los años 80. ¿Cuál es tu opinión?

A final de cuentas tiene que ver con eso, con el somocismo y con la historia política nicaragüense. Con el hecho de que la cultura política demanda, tolera y después rechaza los regímenes autoritarios. Por ejemplo, si analizamos el arreglo del régimen de Ortega con el sector empresarial [en 2009], el modelo corporativista de consenso que tenía el sector empresarial, vemos un sector fuerte de la sociedad nicaragüense que está diciendo «me resulta muy bien que alguien decida qué hacer con un sindicato, que alguien lo ponga en orden, que lo arbitre, y que yo no tenga conflictos sindicales, que alguien lo resuelva por mí». Creo que eso es un reflejo de esa cultura política.

Evidentemente, el régimen de Daniel Ortega tiene que ver con el devenir de la Revolución, no hay ninguna duda. Es el mismo Daniel Ortega empeorado por una ambición de poder desmedida, por una necesidad de construir un imperio económico a partir de su posicionamiento en el gobierno, la construcción de un poder personal, autoritario, que se ha convertido en un poder familiar, de naturaleza dictatorial. Pero ahí estamos otra vez los nicaragüenses con nuestra cultura política. Ese es nuestro gran y principal problema

 ¿Cómo valorás los cien días de la insurrección cívica que estalló en 2018? ¿Por qué este movimiento masivo, con tanto respaldo nacional, que tuvo en jaque a la dictadura, no logró desalojar del poder a Ortega y Murillo?

La gran virtud de este movimiento fue su amplitud, su masividad, su capacidad de ser autoconvocado. Y ese fue exactamente su gran problema, la razón de sus limitaciones.

No era un movimiento que tenía una articulación y una sola dirección, sino un movimiento múltiple en que no estaban todos en el mismo cauce. Tenía mucho de levantamiento espontáneo. A la hora del primer diálogo (nacional), la construcción del sujeto de diálogo fue a partir de ciertos sujetos sociales y de tratar de agrupar a los jóvenes. Pero el posicionamiento frente al régimen en ese momento del diálogo no fue totalmente único.

Pero no es por eso que no logró un cambio en el país. No lo logró porque la represión fue feroz. Con un movimiento como el que hubo en Nicaragua, cualquier otro gobierno del mundo renuncia, o simplemente convoca a una nueva elección para resolver la crisis política. Daniel Ortega y Rosario Murillo escogieron el peor de los caminos: responder con sangre y fuego, con francotiradores, con represión, con crímenes, con cárcel, masivamente. Y el instrumento único que tenía ese movimiento de abril era salir a la calle, y la protesta cívica no se puede enfrentar a las armas en esas condiciones.

Entonces, no sé si fue un fracaso del movimiento de abril o en realidad es el fracaso de la dictadura Ortega-Murillo, su incapacidad de resolver una crisis política profunda de otra manera que no fuera mediante la represión. Después de cinco años y medio la crisis sigue creciendo, los Ortega-Murillo están aislados nacional e internacionalmente, no tienen sostén y, además, están siendo abandonados por su gente.

Después de la matanza de 2018 y la imposición del Estado policial, en 2021 la dictadura liquidó las elecciones del 7 de noviembre, apresó a todos los precandidatos y a decenas de líderes políticos y cívicos. A vos te impuso 606 días en la cárcel de El Chipote. ¿Que te dejó la cárcel?

Cada preso y cada presa tiene un saldo distinto de la cárcel. El confinamiento solitario es todavía más complejo porque te obliga a una introspección permanente, pero eso también ayuda. A mí la cárcel me dio paz con un montón de asuntos que resolví, conflictos que tenía en temas que no había revisado de mi vida. Reflexionar sobre Nicaragua. Yo siento que salí de la cárcel en paz y sin odio.

Pero también, a nivel colectivo, la experiencia de la cárcel nos dio a quienes estábamos en El Chipote una conexión personal, humana, que va a tener un resultado muy importante en una oposición que pueda presentar una propuesta a Nicaragua, que sea integradora, unificadora de las fuerzas, de las energías, para buscar una transición a la democracia. Y eso me parece que es el capital más importante que hemos podido sacar de la cárcel, esa conexión personal que te deja una convivencia larga y en condiciones extremas, donde podes conocer a la persona en su peor momento, el de mayor indefensión, de mayor fragilidad. Eso abona a que los esfuerzos unitarios de la oposición puedan encontrar caminos más sólidos para crear la hoja de ruta de transición a la democracia que necesita Nicaragua.

¿Cómo valorás el momento en que se encuentra hoy el movimiento pro democracia en Nicaragua? Han transcurrido cinco años y medio de resistencia cívica, y siete meses desde la excarcelación de los 222 presos políticos. Prácticamente todo el liderazgo de la oposición está en el exilio. ¿Puede convertirse en una alternativa de poder?

Yo creo que sí. Tiene condiciones. Avanza lentamente, y en cierta manera prefiero que avance lentamente,. Casi todos los esfuerzos rápidos de coaliciones políticas han terminado frustrados porque no se toca fondo en lo que queremos hacer conjuntamente. Como dice Violeta Granera [socióloga, ex-candidata a la vicepresidencia], este no es un tiempo electoral, es un tiempo de ir avanzando en la unidad opositora e ir creando estos mojones, acuerdos, consensos que requiere la unidad para poder presentar esta propuesta opositora unificada al país y abrir esa ruta a la democracia. Sostener el esfuerzo interno de resistencia y también un esfuerzo externo de aislamiento del régimen Ortega-Murillo.

No es fácil, sobre todo sostener el esfuerzo interno, porque hay un estado de terror dentro de Nicaragua. Pero los Ortega no han logrado restablecer su hegemonía en el país y todos los días tienen una erosión de sus propias filas. Este es uno de los fenómenos más importantes que evidencia que no hay una situación estática, sino que es una dictadura que sigue en deterioro. Nosotros quisiéramos una resolución más rápida, pero no hay otro camino que el que hemos transitado.

La dictadura ha perdido muchísimo apoyo político en los últimos cinco años. La deserciones, el malestar interno es cada vez más visible. Pero, aunque se cuestiona que este régimen no es sostenible a largo plazo, se mantiene en el poder bajo un Estado policial y un sistema cada vez más totalitario. ¿Cómo ves el final de la dictadura Ortega-Murillo?

Ellos mismos están viendo su final. Esa es la razón por la cual actúan con desesperación. La política de tierra arrasada que los Ortega-Murillo están desarrollando en Nicaragua solo se explica por su necesidad de liquidar cualquier brote, cualquier espíritu de oposición, porque saben que tienen un final cercano y van a tener que abrir un proceso de transición a la democracia. Va a tener que haber una elección medianamente transparente y para ese momento quieren tener liquidado cualquier ánimo opositor en el país. Yo no veo la política de tierra arrasada como un bandazo, la veo como una política deliberada cuyo origen es que saben que su situación tiene término corto y necesitan buscarse una salida.

El gran problema es que la salida satisfactoria para el régimen Ortega-Murillo no es fácil. Han acumulado tal nivel de crímenes, de injusticia, de represión, de corrupción, que cualquier salida tiene que pasar por una justicia mínima, y ellos no quieren ninguna justicia. Pero van a tener que llegar a ese punto. ¿Cómo llegar a ese punto? Es la gran discusión. Pero las cosas así son en política.

Pero ¿es posible una transición con Ortega y Murillo? Eso fue lo que se intentó en 2018 y fracasó, y se intentó en 2019 y en 2021 y fracasó. ¿Ortega y Murillo pueden ser parte de una transición democrática?

La oposición intentó esa transición en 2018, 2019 y 2021. Pero los Ortega no. Ellos no estaban dispuestos a intentar esa transición democrática. Mi punto es que ellos van a buscar esa transición, no tienen remedio. Ahora, si no es por esa vía, ¿cuál es la otra? No veo otra. Yo no creo que haya ningún golpe militar. Los militares en Nicaragua tradicionalmente no han hecho nada más que apoyar a los regímenes de facto. No hay que esperar ninguna rebelión militar, ni creo que sería deseable. No sé por qué lloró tanto el general [Julio César] Avilés en el aniversario del Ejército diciendo que «no iban a dar un golpe de Estado». Muy raro, quiere decir que algo se ha estado ventilando dentro del Ejército. Pero esa no es una vía. Una lucha armada no la veo viable. Tampoco es de corto plazo. No lo fue la lucha armada contra la dictadura de los Somoza. Así que eventualmente los nicaragüenses vamos a tener que buscar una salida en un proceso electoral medianamente limpio. Y ahí está el dilema. ¿Cómo llegamos a ese punto?. Necesitamos un apoyo sólido de la comunidad internacional y mantener la resistencia interna, que es lo que finalmente tiene en proceso de erosión continuo al régimen Ortega-Murillo.

Rosario Murillo comparte el poder con Daniel Ortega y está en la línea de sucesión constitucional. ¿Puede Ortega establecer una sucesión dinástica y heredarle el poder en 2026 para prolongar la dictadura?

El tiempo para eso ya pasó. Tal vez Rosario Murillo está aspirando a ser heredera de un Daniel Ortega difunto, porque Ortega tiene 77 años y tiene una enfermedad crónica que ha manejado bastante bien porque está sobrecuidado. Pero yo no apostaría jamás a que Daniel Ortega deje de ser candidato a la presidencia alguna vez, o quiera dejar de ser presidente y sentarse en su casa a ver televisión mientras Rosario Murillo asume. La única manera en que Rosario Murillo puede llegar a la presidencia es con un Daniel Ortega difunto. Y su otra manera es la que ocupa ahora: de co-presidenta, para repartirse el poder en la medida en que ellos van [manejando] su propia tensión. Porque hay una tensión sobre el control del poder también, sobre todo en algunos ámbitos el sistema judicial, la Policía, etc. Mientras Daniel Ortega esté vivo, yo no veo a Rosario siendo presidenta de Nicaragua, francamente. Ni veo tampoco a los hijos. 

Nicaragua ha tenido grandes oportunidades históricas, como el triunfo de la Revolución sandinista en 1979 y la transición que se inició en 1990, que no echaron raíces para producir cambios duraderos. ¿Qué lecciones se pueden aprender de los fracasos de la revolución y de la transición en una nueva transición democrática, después de la rebelión de abril 2018, para que la tercera sea la vencida?

El primer aprendizaje es la justicia. Nosotros siempre que hacemos una transición, cualquiera que sea, se pasa la página. Y al no haber justicia, al no haber un ejercicio de verdad y memoria, tendemos a reproducir los mismos modelos. Esta nueva generación de políticos tiene que hacer una profunda reflexión sobre el sistema político nicaragüense, que ha sido tradicionalmente excluyente. Toda exclusión conduce siempre a la crisis.

Ese es un aprendizaje. Durante la época de la revolución, la época de la dictadura de los Somoza, en el 98 con el pacto entre liberales y el Frente Sandinista, el modelo político excluyente nos ha llevado a pactos y a dictadura. Nicaragua requiere de un modelo político que pueda ser incluyente, donde puedan representarse las voces de la sociedad y la institucionalidad política, de manera que los aspectos críticos pueden ser dirimidos en esa institucionalidad política, no como ahora, que todas las crisis van por fuera y las instituciones son inútiles para resolver esas crisis.

El pacto del año 1998 terminó de liquidar cualquier posibilidad de inclusión del sistema político. Entre 1990 y 1996 había una Asamblea Nacional con una gran capacidad deliberativa que representaba a todas las posiciones del ámbito político del país. Claro que había un gran debate con el Ejecutivo, pero era sano. En 1998 se puso una tapa a la inclusión política y ese modelo de exclusión ha tenido un gran problema, ya no digamos el modelo de exclusión social. Ese es un tema que no está resuelto en Nicaragua. El campesinado sigue estando en la calle, marginal, no han tenido cambios sensibles a lo largo de los últimos 40 años. Ese es un asunto que debería de preocuparnos profundamente. 

¿Cómo se logra la justicia sin impunidad, que es lo que demanda la gente? Siempre se ha postergado bajo el argumento de que se quiere evitar abrir las heridas del somocismo, de la revolución, de la transición. ¿Cómo se puede hacer justicia cuando no hay un sistema de justicia en el país?

El tema de la verdad es una parte de la justicia. Hay que trabajar una Comisión Nacional, a la cual puedan recurrir quienes quieran poner sobre la mesa algo que les duele, que les interesa, de violación de sus derechos humanos. Un ejemplo: todavía no conocemos los nombres de las personas a las que mataron en la masacre del 22 de enero de 1967. Todas la placas están sin nombres. Yo quisiera saber quiénes son esas personas. Porque tienen familia, tienen hijos, y tienen derecho a estar ahí representados como víctimas. Hay muchas heridas a lo largo de la historia del país, para que alguien quiera decir: quiero una investigación sobre esto, o pongo una denuncia sobre esto.

Y lo otro es la investigación penal, que en las condiciones del sistema judicial nicaragüense prácticamente es imposible. Nicaragua necesitaría una Fiscalía Especial de Investigación con participación de expertos internacionales, a los cuales la Ley dé una autoridad para remitir los casos a una judicatura específica, después de una reforma al sistema judicial, porque al grado que han llegado la cosa es simplemente impensable que haya justicia con el sistema que hay en Nicaragua, con fiscales que son un pelotón de fusilamiento político de la dictadura Ortega-Murillo.

El gran dilema es verdad, justicia y memoria, y reparación. Porque esas víctimas requieren una compensación de parte del Estado, que es parte de lo que debe abonar para que no se repita. Puede ser a un daño físico, moral, psicológico, económico, pero el Estado tiene que demandar a quienes causaron el daño para que paguen con su capital, con su dinero, que paguen de alguna manera. Es fácil que el Estado se vuelva un mecanismo de compensación a las víctimas, pero no es sencillo que los victimarios paguen al Estado lo que el Estado compensa a las víctimas. Ese es el punto que para mí puede impedir que haya repetición. De lo contrario, si el Estado asume total responsabilidad como Estado, no va a haber cambio en Nicaragua.

Yo creo que ese es uno de los grandes aspectos en los cuales la oposición tiene que tener un acuerdo claro, diáfano, y una propuesta. Hasta ahora hay distintas voces y no hay una propuesta unificada en materia de justicia. Y si no hay justicia no vamos a poder avanzar para lograr que el país salga del atolladero.

La justicia es un pilar insalvable en esta nueva transición, pero, ¿hay otras experiencias y fracasos que nos han dejado lecciones?

El gran aprendizaje de estas transiciones es que no hemos logrado construir un modelo democrático estable, que mejore, que crezca, que se desarrolle. Segundo, no hemos logrado construir un modelo incluyente en términos sociales, y eso es un gran problema que impide que Nicaragua pueda desarrollar todo su potencial. Yo no creo que haya un debate sobre la economía de mercado, pero otra cosa es cuando va mezclada para montar intereses mafiosos. Lo que hay es el debate de siempre: ¿cuánto debe pesar el Estado y cuánto debe pesar el mercado en materia de salud, en materia de educación?, ¿hasta dónde debe llegar la regulación estatal en materia financiera?

Y en eso yo siento que Nicaragua necesita un sistema de salud público y no un sistema de salud cobrado, porque hay una población demasiado pobre para pagar. Que la educación primaria tiene que ser ser gratuita y obligatoria. Son temas que básicamente han estado resueltos durante un tiempo más o menos largo, aunque a veces han tenido sus bandazos. Pero no hay gran discusión sobre ese asunto. Ese no es un punto de conflicto dentro de la oposición.

 ¿Tiene algún futuro el Frente Sandinista en una transición democrática?

Pese a que me parece que el Frente Sandinista ha operado como organización delictiva, gravemente, yo creo que excluirlo de los procesos políticos futuros solamente abona a dejar permanente un nivel de conflictividad innecesario. Yo dejaría que siga participando en el proceso político en las mismas condiciones que el resto de los partidos políticos, sin tener los dados cargados como los tiene ahora, despojado de toda la parafernalia de poder de la que se ha auxiliado para hacer su gestión política. Si eso se hace, entonces el propio Frente Sandinista va a ver la posibilidad de liberarse de la carga de los Ortega-Murillo, que ha terminado parasitando de tal manera el Frente Sandinista. Ya es casi indistinguible el orteguismo del partido Frente Sandinista. Habría que ver si es posible que eso en algún momento cese. Depende de los Ortega-Murillo porque, al paso que van, dejarán al Frente Sandinista completamente liquidado. Si va por el 13% o 14% de respaldo, el riesgo es que se quede en una condición totalmente marginal.

Los expertos en derechos humanos, primero el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes] asociado a la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], y ahora los expertos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas], han señalado la evidencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. El último informe de la ONU señala directamente al presidente, a la vicepresidenta, y a la cadena de mando de la cúpula de poder como responsables de crímenes de lesa humanidad. ¿Eso es parte de la transición democrática?

Tiene que haber justicia. No puede haber una solución sin justicia. La investigación de crímenes de lesa humanidad hay que hacerla. Hay que investigar con toda claridad y deslindar claramente esa responsabilidad. Tiene que haber justicia en Nicaragua, porque de lo contrario no hemos aprendido nada. No vamos a resolver esta crisis en sus límites más importantes.

Nota: La versión original de esta entrevista se publicó en «Democracia bajo fuego», especial 25 años de El Faro, el 9/10/2023 y está disponible aquí.