Tras imponer una impopular reforma de las pensiones sin el voto del Parlamento, Emmanuel Macron está en serios problemas. Los gobiernos dan pasos en falso de vez en cuando y se meten en líos. Pero esta vez el presidente francés se ha colocado él mismo en muy mala situación. La nación está profundamente herida, y las heridas no cicatrizarán fácilmente.

¿Por qué el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años debería ser un drama nacional cuando, en la mayoría de los países europeos, la gente se jubila a una edad más avanzada? Según el punto de vista angloestadounidense, los franceses deberían «adaptarse a las realidades de nuestra economía global». Pero los franceses a veces aciertan, y probablemente tengan razón al oponerse a la reforma de las pensiones de Macron.

La reforma

Varios economistas han demostrado que el sistema con una edad jubilatoria a los 62 años sigue siendo viable. Algunos en Francia se hacen otra pregunta: ¿por qué un gobierno fijaría la edad de jubilación en 64 años cuando muchos trabajadores franceses se ven obligados a renunciar antes de los 60? De hecho, Francia tiene una de las tasas de inactividad más altas entre los mayores de 55 años.

La idea de la jubilación como una auténtica «tercera edad» está profundamente arraigada en todas las clases sociales y generaciones, independientemente de las inclinaciones políticas de la gente. La opinión generalizada en Francia es que, para que la jubilación sea una verdadera «tercera edad», los trabajadores deben jubilarse cuando aún gozan de buena salud para disfrutar al menos de una década de actividades significativas. Las encuestas han demostrado que la jubilación tiende a mejorar la salud, disminuir la depresión y reducir el consumo de atención sanitaria.

Sin embargo, el aumento de la edad jubilatoria no explica totalmente la ira de los trabajadores franceses. La reforma se considera profundamente injusta: afectará en mayor medida a las mujeres y a los trabajadores precarizados que han empezado a trabajar a una edad temprana, así como a los trabajadores de ingresos medios-bajos. Es cierto que los cambios formaban parte del programa de Macron para su reelección a un segundo mandato, pero la propuesta no ha conseguido la mayoría en la Asamblea Nacional, y mucho menos entre el público en general. [N del E.: Hay que recordar también que Macron ganó gracias al «voto barrera» contra la extrema derecha]. Por tanto, hay algo más. La gestión autoritaria de los debates dentro y fuera del Parlamento por parte del gobierno se ha percibido como un ataque al núcleo de la representación política en Francia: la soberanía popular.

La «negación de la democracia»

Desde la Revolución Francesa, la «voluntad general», principio central de la soberanía popular, es ejercida por los representantes de la nación. Es precisamente esta soberanía nacional la que el gobierno, bajo las instrucciones de Macron, ha ignorado deliberadamente e incluso pisoteado. En primer lugar, se trata de un fracaso personal de Macron. El presidente intentó por primera vez revisar el sistema de pensiones de Francia en 2019. Se encontró con una oposición generalizada. Puede que hoy haya forzado la aprobación de la ley, pero su poder político está muy mermado y su imagen de «modernizador liberal» está por los suelos.

En segundo lugar, el método que ha llevado a la aprobación de la reforma es controvertido. Los sindicatos, todos unidos contra la reforma, fueron ostensiblemente ignorados por el gobierno. Élisabeth Borne, la primera ministra, evitó negociar con ellos cuando las protestas empezaron a cobrar fuerza. Los debates parlamentarios se redujeron al mínimo gracias a diversas disposiciones constitucionales. No se asignaron más de cincuenta días para debatir un expediente complejo en la cámara baja. En consecuencia, se pasaron por alto las miles de enmiendas a la ley presentadas por los grupos de la oposición.

Al final, el partido de Macron -que no tiene mayoría absoluta en la Cámara- no pudo aprobar la ley. Los Republicanos, ampliamente favorables a la reforma, se negaron a rescatar al gobierno minoritario de Macron. En medio de escenas de enojo en la Asamblea Nacional, el primer ministro invocó el artículo 49.3 de la Constitución.

Recurrir a este artículo es para cualquier gobierno un signo de debilidad. El artículo 3 es la disposición más antiparlamentaria que se pueda imaginar: permite al gobierno imponer la aprobación de un proyecto de ley sin someterlo a votación. La oposición puede oponerse a la maniobra votando una moción de censura en virtud de la cláusula 2 del artículo 49. Pero el artículo 49.3 traslada todo el poder al Ejecutivo, que ya no está subordinado al voto del Parlamento para aprobar leyes. El uso de ese artículo ha enfurecido a la opinión pública porque el gobierno carecía de mayoría en la cámara para aprobar la ley y, dada la sensibilidad del asunto, los expertos constitucionales consideraron que la vía elegida constituyó una forma de «negación de la democracia».

Un pequeño grupo centrista de la oposición presentó una moción de censura multipartidaria que fue votada por todos los grupos parlamentarios, excepto el de Macron y la mayoría de los diputados del partido Los Republicanos. Algunos diputados republicanos rompieron filas y votaron con los demás partidos de la oposición, por lo que la moción no alcanzó la mayoría necesaria de 287 votos por escaso margen: al final, solo faltaron nueve votos para censurar al gobierno y hacer caer a la primera ministra. El poder de Emmanuel Macron pende ahora de un hilo.

La perspectiva de una victoria de la extrema derecha

¿Qué pasará ahora? Macron se ha visto gravemente debilitado por este episodio. La popularidad de Macron está en su punto más bajo desde las protestas de los «chalecos amarillos». Por lo tanto, la convocatoria a nuevas elecciones se ve poco probable. Es posible que Élisabeth Borne sea sustituida como primera ministra para dar un nuevo impulso a Macron. Sindicalistas y representantes de diversas ONG han instado al presidente a hacer un «gesto de apaciguamiento» retirando el polémico proyecto de ley. De lo contrario, temen que la violencia, que se ha visto en las protestas contra la reforma, se extienda.

Las huelgas y manifestaciones contra el proyecto de ley no muestran signos de debilitamiento. Las protestas callejeras espontáneas han provocado violencia y destrucción en varios centros urbanos. La policía francesa -cuya brutalidad institucionalizada está bien documentada- detuvo a un total de 169 personas en todo el país el fin de semana siguiente a la adopción de la ley mediante el artículo 49.3. La principal refinería de petróleo ha cerrado y los recolectores de basura de París están en huelga. La capital francesa parece Londres durante el Invierno del Descontento de 1979.

¿Se está gestando un nuevo movimiento de «chalecos amarillos»? Los dos movimientos son de naturaleza diferente. Los «chalecos amarillos» se originaron en varios segmentos de la población: clase trabajadora y clase media baja, de izquierdas pero también conservadores e inclinados a la extrema derecha, antivacunas y creyentes en teorías conspirativas. Era un movimiento antipartidos y antisindical que rechazaba la representación política. El movimiento contra la ley de pensiones es más convencionalmente de izquierda, ya que reagrupa en gran medida a trabajadores sindicalizados que cuentan con el apoyo de la población.

Si los sindicatos y los manifestantes hubieran derrotado el proyecto de ley de Macron, esto podría haber impulsado a una izquierda en franco declive. Sin embargo, la aprobación de la ley puede aumentar aún más la ira y el resentimiento popular. Estos sentimientos tienden a alimentar la violencia y el individualismo. Un reciente sondeo de opinión mostraba que, en caso de elecciones anticipadas, solo el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN) obtendría beneficios electorales. El partido de Macron, pero también la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES), que expresa a una izquierda que se ha unido (suma 145 diputados), podrían perder votos. Muchos franceses pensarán que se los ha ignorado y que se les ha mentido. Esto es exactamente lo que exacerba un discurso antielite, que siempre acaba fortaleciendo a la extrema derecha populista.

El distanciamiento del presidente Macron y su gestión autoritaria de la situación, así como la tecnocracia quebradiza de la primera ministra Borne, han dejado a Francia al borde del abismo. Esta vez es Macron, y no los «chalecos amarillos», quien muestra desprecio por la representación política. En efecto, a lo largo de los debates sobre la reforma de las pensiones, ha descalificado abiertamente a los sindicatos, a los manifestantes y a los diputados de la oposición. Marine Le Pen, una opositora muy discreta al proyecto de ley, parece contenta de echar leña al fuego señalando que los franceses «han sido estafados» por la reforma de Macron.

Las probables consecuencias son preocupantes. Macron fue elegido en 2017 y reelegido en 2022 presentándose como un «baluarte» contra el fascismo. Desde la primera elección de Macron, el partido de Le Pen ha avanzado viento en popa. El presidente en funciones no ha hecho nada por reavivar una democracia enferma ni por disipar la aversión de las elites francesas al pluralismo y al dinamismo de la sociedad civil. Durante el mandato de Macron, los partidos políticos mayoritarios han experimentado un rápido declive y la extrema derecha ha progresado peligrosamente. Es sorprendente el número de colegas académicos, periodistas y políticos franceses que ahora declaran estar resignados a una victoria de Le Pen en 2027.

Nota: La versión original de este artículo se publicó en inglés, en EUROPP Blog, London School of Economics, el 23/3/2023. Se puede leer la versión original del artículo aquí. Traducción: Mariano Schuster.