Opinión
enero 2018

Lula, ¿más vivo que nunca?

Los juicios en tiempo récord contra Lula da Silva tienen, sin duda, el objetivo adicional de impedir su participación en las elecciones, que según las encuestas hoy ganaría. Su rival mejor ubicado es el excéntrico ultraderechista Jair Bolsonaro, abierto defensor del «gatillo fácil» policial y de la última dictadura militar.

<p>Lula, ¿más vivo que nunca?</p>

Una decisión judicial que tendrá lugar a fines de este mes será clave en una de las elecciones más importantes del año en América Latina. Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), será juzgado en segunda instancia por un tribunal que puede ratificar su condena a 9 años y medio de prisión o dejarlo libre para disputar la elección presidencial de octubre.

Favorito con más del 30% de las intenciones de voto en la mayoría de las encuestas, Lula aguarda el veredicto del Tribunal Regional de la 4a Región (TRF4), en Porto Alegre, más conocido como el Tribunal de la Operación Lava Jato, para confirmar si será o no candidato, un desenlace que es también esperado por todos los partidos que aún no definieron sus candidaturas a las espera de las jugadas de un ajedrez que solo se diseñará cuando se sepa cuál será el rol del ex presidente en la disputa.

Con la audiencia marcada en el calendario, la ciudad de Porto Alegre se prepara para lo que promete ser un evento de grandes proporciones para el tamaño de la ciudad, que espera decenas de millares de manifestantes, militantes del PT y activistas de los principales movimientos sociales de Brasil, al mismo tiempo que debe recibir grupos contrarios, en un encuentro que promete altas tensiones.

Lula fue condenado en julio por corrupción pasiva y lavado de dinero por el juez Sergio Moro, cabeza de las investigaciones de la Lava Jato en la primera instancia. Según Moro, Lula habría recibido de la constructora OAS, coimas equivalentes a unos 750.000 dólares, la mitad en un triplex de 215m2 en Guarujá, un balneario de clase media ubicado a una hora de San Pablo, y el pago de su reforma, todo a cambio de contratos en refinerías de Petrobras.

El 24 de enero a partir de las 8:30 de la mañana, tres jueces analizarán la sentencia de Moro y decidirán si ratifican o no su veredicto. En un comunicado, el TRF4 informó que Lula solo sería detenido después de agotar todos los recursos en la segunda instancia, lo que puede demorarse meses, y extenderse incluso a la víspera de la elección. La ejecución de la condena, que podría llevarlo a la cárcel, lo volvería inelegible a cargos públicos por siete años.

La rapidez del proceso contra el líder de la izquierda brasileña, desarrollado en un plazo fuera de lo común, ha sido destacada por los principales medios de comunicación locales y cuestionada por los abogados del ex-presidente y por los dirigentes del PT, que ven en esa velocidad un nuevo indicio de que el juicio tendría matices políticos y su objetivo sería sacar a Lula del juego electoral. El vigor del político y el poco empuje de casi todos sus posibles contendientes, además de la impopularidad del actual presidente Michel Temer, con apenas un 6% de aprobación, fortalecen esa tesis entre sus defensores y simpatizantes.

Según cálculos de Folha de São Paulo, solo dos juicios por corrupción se tramitaron en menos de 150 días, en 2017, mientras que el de Lula está llegando a la segunda instancia, en solo 154. El plazo entre la condena en la primera fase y la segunda, de 42 días, también es considerado un récord en la causa Lava Jato, en la que el promedio de los procesos ha sido de un año. Para especialistas en derecho, sin embargo, la confirmación de la condena del ex presidente no significa la impugnación inmediata de su candidatura, lo que puede ocurrir solo a mediados de agosto, cuando los partidos registrarán oficialmente sus representantes en el tribunal superior electoral.

Cuestionamientos al proceso

Las elecciones de octubre son consideradas las más importantes desde la recuperación de la democracia, por los niveles de antagonismo que se han creado en favor y contra de Lula, la principal figura política del país en tres décadas. Amado por los sectores más pobres y menos favorecidos, especialmente del norte del país, y con un fuerte rechazo en los centros urbanos más desarrollados y en el sur, Lula sigue siendo el fiel de la balanza.

El primer obrero metalúrgico y sindicalista que llegó a la presidencia y gobernó entre 2003 y 2011 lideró el país en una trayectoria ascendente de la economía, beneficiada por el aumento de la demanda internacional de materias primas, especialmente de China, y es recordado por haber destinado una parte de esa bonanza a programas sociales que redujeron las agudas diferencias sociales brasileñas, como el Bolsa Família y los cupos universitarias para negros, indígenas y pobres.

Lula, que dejó el poder con más de 80% de popularidad tras ocho años de gobierno y eligió como candidata a sucederlo a Dilma Rousseff gozaba de una popularidad no solo nacional, sino también internacional. Pero la destitución de Rousseff en un cuestionado proceso de impeachment orquestado por su vice y actual presidente, Michel Temer, y la agilidad del proceso en su contra basado principalmente en delaciones de detenidos a cambio de reducciones de condena, han llevado a cuestionamientos del proceso, no solo por parte de sus abogados, sino también de aliados políticos de dentro y fuera del país.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, ha llevado el proceso a foros internacionales con el argumento de que su cliente sería el blanco de una persecución política, apoyado en la tesis de que Rousseff también fue víctima de un golpe parlamentario. Uno de los mejores juristas de Brasil, Zanin cuestiona la falta de pruebas concretas, como documentos que comprueben que el triplex, que está a nombre de la constructora, sea efectivamente suyo. El defensor también discute la acusación en base a declaraciones de detenidos por corrupción y el hecho de que Lula supiera o haya sido cómplice de actos de ministros y ejecutivos de su gobierno que se encuentran presos, como su ex ministro de economía Antonio Palocci. De hecho, la serie de escándalos que se revelaron durante su gobierno, con la participación de ejecutivos de constructoras y de la petrolera Petrobras, lo vincularon a él y a los principales dirigentes del PT al peor escándalo de corrupción sudamericana, pese a que las pruebas demuestran que el esquema, que se propagó por Latinoamérica, comenzó antes de su llegada al Planalto y contó con la participación de políticos de casi todos los partidos.

Fuera de los tribunales, intelectuales y correligionarios crearon el manifiesto «Elección sin Lula es fraude», lanzado el 19 de diciembre y que en menos de un mes superó las 150.000 firmas. «Se trata de un puro acto de persecución al líder político más popular del país», denuncia la carta firmada por intelectuales como el compositor brasileño Chico Buarque, el historiador inglés Peter Burke, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa, la escritora española y viuda del Nobel José Saramago, Pilar del Río, el lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el teólogo Leonardo Boff y el cineasta Oliver Stone. El documento tiene además las firmas de cuatro expresidentes sudamericanos: la argentina Cristina Kirchner, el uruguayo José Mujica, el ecuatoriano Rafael Correa y el colombiano Ernesto Samper.

La elección con Lula

Para los opositores al ex presidente y para algunos juristas, la agilidad del juicio es imprescindible por la importancia del caso. Lula encabeza prácticamente todos los sondeos con entre el 34% y el 37% de las intenciones, con buena distancia del candidato de extrema derecha, el diputado Jair Bolsonaro, que fluctúa entre un 17% y un 19% y crece de forma alarmante.

Ex capitán del ejército, Bolsonario ha crecido como el fermento en medio a la crisis de corrupción brasileña, que ha golpeado a todos los partidos. El descrédito en la política y el fuerte aumento del rechazo a Lula, con un 48% de electores que dicen que nunca votarían por él, han sacado del closet a los electores de este parlamentario que saltó a los medios por declaraciones machistas, homofóbicas y racistas como: «los negros ya no sirven ni para procrear»; «Pinochet debería haber matado a más gente»; «prefiero que mi hijo muera en un accidente a que aparezca con un tipo de bigote»; las mujeres deben ganar menos «porque se embarazan y pasan seis meses de vacaciones»; «los policías que no matan no son policías».

Con ese escenario, Lula, que antes de este proceso no pensaba en volver a ser presidente, se ha aferrado a la disputa con uñas y dientes, al punto que el PT no admite la posibilidad de un «plan B». Los dirigentes del partido que gobernó el país durante 13 años apuestan todas sus fichas en el ex metalúrgico para volver al poder y deben usar todos los recursos legales para evitar su impugnación arrastrando el juicio lo más posible.

Si los abogados de Lula consiguen seguir apelando hasta la elección y si el ex presidente logra quedar como el más votado, el proceso puede suspenderse y pasar a ser juzgado solo después del fin de su mandato. Pero si Lula cae antes de la elección, y el PT no tiene un Plan B, el riesgo es grande. Pero es un riesgo que los petistas prefieren correr, conociendo la fuerza de su viejo líder, que a los 72 años parece más vivo que nunca.



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