El compromiso alcanzado entre los islamistas tunecinos de Ennahda (Partido del Renacimiento) y los miembros del viejo régimen en el otoño de 2013 posibilitó adoptar una nueva Constitución a comienzos de 2014, llevar a cabo elecciones antes de fin de ese año y formar un gobierno de unidad nacional en febrero de 2015. También el acuerdo puso fin a un periodo de intensa confrontación en las calles, que había amenazado con sumir el país en el caos y la lucha civil. Sin embargo, las protestas pueden recomenzar, dado que los partidos que formaron el gobierno carecen de una visión común que pueda reconciliar la mutua hostilidad entre sus bases. También han fracasado en contener las manifestaciones por la justicia social y el desarrollo igualitario organizadas en las regiones desfavorecidas del país. Una estabilidad sustentable requerirá que los partidos políticos cesen de percibir la movilización desde abajo como una herramienta que pueden utilizar en contra de sus adversarios, o, alternativamente, como una amenaza a la seguridad que debe ser controlada. En cambio, deberían reconocer su potencial para ampliar la participación ciudadana y para funcionar como un correctivo que pueda conducir a una gobernabilidad más eficaz.

De acuerdo con las proclamas oficiales y la percepción de muchos observa-dores externos, las elecciones parlamentarias y presidenciales que tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2014 marcaron la conclusión exitosa de la transición democrática tunecina. No obstante, la estabilización aparente del orden político sobrevino luego –y en gran parte, como resultado– de una etapa prolongada y turbulenta de protestas y contraprotestas que dio forma al equilibrio de poder posrevolucionario. Entre 2011 y 2013, la política de las calles, que ocasionalmente se volvió violenta, compitió con –y finalmente dominó– el proceso institucional formal. Por un lado, estas protestas fueron un catalizador crucial que llevó a que seguidores y oponentes del régimen de Ben Ali formaran un frente de oposición unificado contra el partido islamista Ennahda, que había surgido como el actor político dominante durante las elecciones de 2011. Por el otro, las protestas impulsaron a Ennahda y a la principal fuerza opositora, Nida Tounes (Convocatoria por Túnez), a llegar a un acuerdo de coalición que suspendió la rivalidad entre ellos y le bajó el tono a la polarización política, lo que permitió el manejo del proceso de transformación de un modo despolitizado y tecnocrático.

2011-2012: movilización callejera competitiva

Luego de la caída del presidente Zine El Abidine Ben Ali en enero de 2011, los seguidores de Ennahda salieron a la calle junto con la izquierda política, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) y jóvenes de las regiones interiores del país para impedir que el partido del régimen, Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD), recuperara el poder. Sin embargo, la competencia por la legitimidad revolucionaria y el acceso a las instituciones y los recursos estatales pronto los alejó. La victoria de Ennahda en las elecciones de octubre de 2011 para la Asamblea Nacional Constituyente condujo a protestas contra el partido islamista y contra la coalición que formó con dos pequeños partidos seculares que pronto serían marginados, el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (Ettakatol) y el Congreso para la República; esta coalición es comúnmente conocida como el «gobierno de la troika».Las protestas antitroika fueron organizadas por los partidarios de la izquierda, intelectuales, sindicatos y activistas sociales civiles, pero también por simpatizantes del régimen de Ben Ali. La cobertura favorable que brindaron los medios de comunicación ligados a los socios de negocios del presidente destituido estimuló aún más esas manifestaciones; hicieron campaña contra lo que ellos llamaban «una toma total» de las instituciones del Estado por parte de Ennahda a través de la troika. Algunos de los manifestantes también se proponían desafiar la legitimidad electoral que los islamistas habían ganado en los comicios por medio de la «legitimidad popular» exhibida en las calles. Esto incluyó a algunas organizaciones de la sociedad civil –como la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET), Doustourna (Nuestra Constitución) y la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas– que intentaron usar la política de las calles para compensar la derrota electoral de los partidos de izquierda y de centro, con los que estaban históricamente conectadas.

Más en general, la sociedad civil veía las protestas callejeras como un camino para operar contra el monopolio de los partidos políticos sobre el proceso de transición posdictadura. Entre las movilizaciones exitosas se encuentra la sentada frente a la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 2011 (conocida como la «protesta del Bardo», por el barrio en que sesionaba el cónclave), que logró mayor trasparencia en los procedimientos de la Asamblea; también las manifestaciones de agosto de 2012 que ayudaron a hacer naufragar una cláusula impulsada por Ennahda por la cual el rol de las mujeres se definía como «complementario», en lugar de igual, al de los hombres. En estas instancias, las protestas sirvieron para influir en el proceso político formal.

El partido islamista respondió rápidamente de manera similar. Mientras que en forma oficial negaba cualquier participación directa, animaba abiertamente a sus simpatizantes a organizar contramanifestaciones. En consecuencia, los participantes de la protesta del Bardo enfrentaron a una multitud heterogénea de adeptos a Ennahda y fanáticos del fútbol, quienes negaron a los «perdedores» de las elecciones el derecho a intervenir en la transición. Durante el verano de 2012, la juventud de Ennahda condujo una campaña bajo el eslogan «Ekbess» («¡Manténganse firmes!»), que instaba a los líderes a romper con los miembros de la vieja guardia y a proveer compensación a las víctimas de Ben Ali del entorno islamista. Estas acciones callejeras en favor de la «legitimidad electoral» contrarrestaban la «legitimidad popular» que proclamaban los opositores a la troika, al mostrar que Ennahda también podía movilizar un apoyo masivo.

Entre las fuerzas impulsoras de estas contraprotestas también se encontraban los salafistas¹ y lo que se conoce como Ligas para la Protección de la Revolución (LPR). Los primeros representan un grupo heterogéneo integrado sobre todo por jóvenes, a menudo tunecinos con carencias económicas cuya motivación fundamental para unirse a las manifestaciones era dar apoyo a una agenda revanchista que apuntaba a poner fin a la dominación cultural y social que la elite prerrevolucionaria había ejercido en nombre del secularismo. La participación en un movimiento mayor, ostensiblemente orientado hacia los valores islámicos, también se adaptaba al rechazo salafista de la política partidaria por considerarla no islámica, y los protegía de la represión policial, al menos hasta cierto punto. A su vez, los líderes de Ennahda sacaban ventaja de sus actividades, al marcarles a los líderes del régimen anterior que solo ellos tenían la capacidad de controlar a estas «masas rebeldes».

En aquel momento, tanto Ennahda como los salafistas compartían la idea de que la revolución había puesto fin a la era de la exclusión autoritaria de los islamistas y que conduciría a la islamización de la Constitución, así como de las universidades, entre otras instituciones. Desde mediados de 2011 hasta mediados de 2012, rechazaron la autoridad de los líderes de izquierda elegidos en los sindicatos de maestros y los centros de estudiantes, organizaron sentadas por el derecho de las mujeres estudiantes a concurrir a los exámenes universitarios llevando el velo integral, y presionaron para el establecimiento de mezquitas en los campus. También lograron reemplazar en muchas mezquitas a los imanes designados por el Estado por predicadores conocidos por sus inclinaciones más radicales, e interrumpieron eventos mediáticos y culturales que juzgaban como claramente «provocativos» hacia el islam, como por ejemplo una muestra de arte realizada en el Palacio Abdellia, en el barrio burgués de La Marsa, en junio de 2012; asimismo, proclamaron la reapropiación de «enclaves seculares».

A diferencia de los salafistas, las LPR mantenían una coordinación cercana con Ennahda. Concurrían a las manifestaciones organizadas por los jóvenes del partido y viceversa, y algunos activistas eran miembros de ambas agrupaciones. Originalmente establecidas como comités de vecinos para abordar el vacío de seguridad posrevolucionario, y cercanas a los sectores de la UGTT local, las LPR se reagruparon como aliados políticos de Ennahda luego de que este partido asumiera el poder y se involucraron cada vez más en actividades violentas. Muchos esperaban que la nueva fuerza dominante premiara a quienes organizaban protestas en su nombre, una vez que llegara el momento de redistribuir el botín económico e institucional. En varias oportunidades, las LPR amenazaron a los principales medios de comunicación que criticaban a Ennahda por haber hecho supuestos nombramientos tendenciosos, intimidaron a los intelectuales antiislamistas, a los partidos de izquierda y, más tarde, al emergente partido opositor Nida Tounes. Con frecuencia interrumpieron reuniones y protestas contra el gobierno, a veces con consecuencias violentas, como en el caso de las confrontaciones que llevaron a la muerte del representante regional de Nida en Tataouine, Lutfi Nagued, el 18 de octubre de 2012.

También cooperaron con los imanes salafistas para organizar manifestaciones en contra de las huelgas generales iniciadas por la UGTT. Las protestas también apuntaban a limitar las actividades de los grupos de la sociedad civil que las LPR consideraban competidores por la legitimidad revolucionaria, como la Asociación Nacional para la Defensa de los Mártires y los Heridos de la Revolución Tunecina.

Ennahda usó el poder recién adquirido para contrarrestar la presión en las calles. A comienzos de 2012, el ministro del Interior Ali Laarayedh endureció la política frente a las protestas públicas. Invocando el estado de emergencia, insistió en que las manifestaciones necesitaban una autorización explícita, aunque la ley aplicable solo requería de notificación previa. Asimismo, los conflictos ocurridos durante las manifestaciones previas de los salafistas sirvieron de pretexto para cerrar la muy simbólica avenida Habib Bourguiba a cualquier protesta. En consecuencia, el Día de los Mártires, 9 de abril de 2012, se produjeron cruces violentos entre los manifestantes antitroika y la policía (supuestamente apoyada por las LPR). Sadok Chourou, miembro de la Asamblea Constituyente por Ennahda, llegó al punto de describir a los manifestantes como enemigos de Dios cuyos brazos y manos debían ser cortados. Chourou también sugirió una provisión constitucional que les diera a las LPR un estatus especial de encargados del cumplimiento de los «objetivos de la revolución». Aunque esta propuesta fracasó, las Ligas adquirieron un estatus oficial de asociación en junio de 2012, que aprovecharon a partir de entonces para organizar las acciones progubernamentales autorizadas por el Ministerio del Interior.

2012-2013: el aumento de la confrontación y el surgimiento de Nida Tounes

Para 2012, numerosas huelgas en empresas públicas y protestas en todo el país habían dañado la confianza de los inversores y la industria del turismo². Esto erosionó el apoyo que los empresarios conectados al viejo régimen y los donantes internacionales habían dado inicialmente a Ennahda a cambio de la conformidad del partido con sus agendas económicas liberales. Durante el verano y el otoño, las dificultades económicas, así como los retrasos en la redacción de la Constitución, multiplicaron las protestas en contra de la troika.

Los simpatizantes del viejo régimen aprovecharon entonces la situación para cambiar el equilibrio de poder. En julio de 2012, el veterano político Beji Caid Essebsi, que había ocupado puestos de alto rango tanto bajo el gobierno de Ben Ali como bajo el de Habib Bourguiba (cuyo gobierno se extendió entre 1959 y 1987), creó un nuevo partido, Nida Tounes. La nueva formación atrajo rápidamente a un conjunto heterogéneo de seguidores y aliados, unidos por el temor a la hegemonía creciente de Ennahda. También congregó a muchos de los que habían sido marginados por el proyecto revolucionario o por el gobierno de Ennahda, como miembros de la RCD, activistas de izquierda y laicos, así como miembros de la UGTT y la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y el Artesanado (UTICA), agrupación nacional de empleadores. Gracias a las deserciones de miembros de otros partidos, la nueva fuerza llegó a obtener 11 bancas en la Asamblea Nacional Constituyente; Nida Tounes también formó una amplia coalición con los partidos de centro bajo el nombre de Unión por Túnez. La alianza de izquierda Frente Popular, por su parte, declinó al principio la invitación para formar una coalición antiislamista más amplia.

Al mismo tiempo, Ennahda comenzó a perder la competencia en las calles. El asesinato del líder del Frente Popular Choukri Belaid, el 6 de febrero de 2013, fue un punto de inflexión crucial. Como Ennahda había culpado anteriormente a Belaid por las protestas regionales y de los trabajadores que desafiaban al gobierno, ahora el partido era acusado de tener parte de la responsabilidad política por el crimen. Las protestas y las huelgas generales impulsadas por la UGTT para demandar la renuncia del gobierno de la troika convocaron entre 40.000 personas (de acuerdo con el Ministerio del Interior) y 100.000 personas (de acuerdo con los manifestantes). Los partidarios de Ennahda respondieron con marchas en apoyo a la «legitimidad» (del gobierno en funciones), por la «unidad» y «contra la violencia». Sin embargo, con toda claridad la mayoría gobernante se vio obligada a ponerse a la defensiva. El 25 de julio de 2013, el asesinato de Mohamed Brahmi, otra figura destacada del Frente Popular, llevó finalmente a este último a unir fuerzas con Unidad por Túnez y formar el Frente de Salvación Nacional (FSN). Todos los partidos políticos importantes que estaban fuera de la troika cerraron entonces filas, y como la mayoría de ellos retiró sus representantes de la Asamblea, el proceso constitucional quedó al borde del colapso. Con el apoyo de los miembros del FSN, la UGTT y la UTICA, el Frente Popular lanzó la campaña Rahil (partida), que involucraba la realización de sentadas masivas y manifestaciones en todo el país para reclamar la disolución de la Asamblea Constituyente. Congregando a cerca de 150.000 personas en la ciudad de Túnez el 6 de agosto de 2013, el FSN proclamó que representaba un «consenso nacional» que podría invalidar la legitimidad electoral del gobierno controlado por Ennahda.

Entre los participantes había activistas que habían tomado parte en la revolución y en la defensa de sus objetivos desde el comienzo, pero también había tunecinos de clase media que salían a la calle por primera vez, atraídos por el discurso de Essebsi en favor de la vuelta al orden. En lugar de enfatizar los valores seculares, como lo había hecho Nida Tounes, el FSN recalcaba la importancia de la identidad islámica tunecina tradicional con el objeto de subrayar el consenso nacional que alegaba representar, de acercarse a los votantes de Ennahda decepcionados, de disputar el lugar de único representante de los valores religiosos al partido islamista, y de denunciar las supuestas lealtades de este hacia el extranjero, en particular hacia Qatar. Entre las actividades de protesta estaban la celebración de Iftar colectivos (comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes islámico del Ramadán, que coincidía con las protestas durante las noches) y la invitación a imanes a pronunciar discursos. Con esto, los participantes enfatizaban la necesidad de reencarrilar la transición, lo que implicaba terminar con el control de Ennahda sobre ella.El punto muerto al que se llegó en el aspecto político, la movilización masiva del Frente de Salvación Nacional y la presión de la comunidad internacional, que temía otro «escenario egipcio» (una lucha sangrienta entre los islamistas y los miembros del régimen anterior), llevaron finalmente a Ennahda y a sus oponentes a sellar un compromiso. En lugar de continuar la confrontación en las calles, acordaron una fórmula para compartir el gobierno que suspendería la competencia por el poder y, de ese modo, daría lugar a negociaciones para una nueva Constitución y a los preparativos para las elecciones presidenciales.

2013-2014: un consenso frágil y el fin de la política en las calles

Las diferencias en la amplia coalición contra Ennahda no tardaron en surgir. Mientras que Nida Tounes usó el Rahil como una plataforma para compensar su falta de legitimidad electoral y revolucionaria, los partidos de izquierda vieron en las protestas una oportunidad para reconectarse con las bases. Al mismo tiempo, si bien el Frente Popular propiciaba la creación de un «Consejo de Salvación Nacional» que debía sustituir a las instituciones existentes, Nida aprovechó la presión de las protestas para rehabilitar a miembros del régimen anterior. A pesar de que las protestas siguieron en las regiones interiores, la UGTT y el FSN concluyeron sus manifestaciones en diciembre de 2013, luego de que Ennahda aceptara unirse a la iniciativa del llamado «Cuarteto» (la UGTT, la UTICA, el Colegio de Abogados y la Liga Tunecina de Derechos Humanos) para llevar adelante un diálogo nacional con Nida Tounes, y en concordancia con el acuerdo subsiguiente de formar un gobierno provisional integrado por tecnócratas, que gobernaría hasta las elecciones de 2014.

Este consenso, en efecto, marginaba la agenda del Frente Popular y de las agrupaciones de la sociedad civil de izquierda, que habían sido las más involucradas en organizar las protestas. La UGTT ganó reconocimiento nacional e internacional por su rol mediador, pero terminó en una posición incómoda cuando el gobierno que había ayudado a instalar impulsó políticas que afectaban a los miembros de la unión sindical en forma negativa, como la reducción de los niveles de empleo público.

Al final, tanto el gobierno tecnocrático de 2014 como el de unidad nacional de 2015 intentaron poner fin a la movilización callejera y los enfrentamientos. Este hecho ejerció presión adicional sobre la alianza, así como sobre las respectivas bases. Por el lado de Nida, algunos de los disidentes que habían llevado adelante las protestas en contra de Ennahda resultaron elegidos para el Parlamento en los comicios de 2014, y así han proseguido con su oposición a cualquier cooperación con los islamistas en el marco de las instituciones políticas. Por otro lado, los activistas de izquierda y de la sociedad civil que intentaron seguir con las manifestaciones fueron tratados con dureza por los servicios de seguridad.

También Ennahda trabajó para sacar a sus simpatizantes de las calles. Los salafistas fueron las primeras víctimas de este giro. Estrictamente hablando, una primera ruptura había ocurrido ya en marzo de 2012, cuando Ennahda aceptó quitar de la Constitución cualquier referencia directa a la sharia (derecho islámico). Entre 2011 y comienzos de 2012, el partido todavía consideraba a los salafistas como una reserva flexible de manifestantes que podía movilizar a su antojo. Su posición comenzó a cambiar cuando los salafistas se negaron a convertirse en un partido político legal y, en cambio, intensificaron sus protestas independientes. A fines de febrero de 2013, cuatro salafistas fueron aprehendidos por el asesinato de Belaid, y el costo político de estar asociado a estos grupos se volvió insostenible. En mayo de 2013, cuando Ennahda ya había iniciado negociaciones con la oposición, el ministro del Interior Larayedh se negó a autorizar la realización de un congreso salafista en Kairuán –continuación de una actividad que él mismo había autorizado el año anterior–, lo que causó violentos disturbios en barrios populares de la ciudad de Túnez. Durante 2013 y 2014, las huelgas de hambre y las manifestaciones de los salafistas contra el acoso policial –con el pretexto de cargos de terrorismo– fueron a menudo dispersadas con violencia.

Los compromisos de Ennahda con Nida también despertaron la resistencia de las LPR. Durante 2013, las Ligas se movilizaron para presionar a Ennahda para que insistiera en una cláusula constitucional que excluiría a los ex-miembros de RCD –el viejo partido de Ben Ali– de la función pública. El partido sufrió una profunda división a causa de este tema, hasta que su líder, Rashid al Ghannouchi, abandonó finalmente la propuesta en agosto de 2013. Los integrantes de las LPR se sintieron igualmente contrariados cuando el partido accedió a entrar en un diálogo nacional con Nida Tounes en octubre de 2013, ya que la plataforma del Cuarteto planteaba como una de las condiciones la disolución de las LPR. Al mismo tiempo, elementos de las LPR, por un lado, y ex-miembros de las milicias del RCD que se hacían pasar por simpatizantes de Nida, por otro, han permanecido activos y trataron de perturbar las campañas electorales de los bandos opuestos en el otoño de 2014.

Protestas contra la marginalización política y económica

Aunque las movilizaciones rivales a favor y en contra de Ennahda monopolizaron casi toda la atención, jóvenes desempleados, trabajadores afiliados a secciones locales de la UGTT y activistas de la sociedad civil en las regiones marginales del país continuaron manifestando por la justicia social luego de la caída de Ben Ali. Sin embargo, progresivamente se los estigmatizó como una amenaza para la consolidación de la política posrevolucionaria y la economía. Los líderes islamistas, así como el gobierno tecnocrático, condenaron cualquier acción de los trabajadores por considerarla orquestada por sus adversarios políticos, aludiendo primero a la izquierda y a los antiguos miembros de la RCD, y luego, en las postrimerías de 2013, a actores proislamistas.

Estas protestas locales revelan el potencial para un conflicto que ha creado la interpretación de los objetivos de la revolución que impulsa la elite. Los medios tradicionales tunecinos, los actores externos y los responsables de políticas nacionales comparten el punto de vista de que el éxito de la transformación radica en la adopción de una constitución y la organización de elecciones pluralistas. Las negociaciones en el ámbito de la elite tienen como objeto dominar el sistema de gobierno posrevolucionario rebelde, reafirmar el control central y cumplir con las condiciones ligadas a la ayuda internacional, como la privatización de los recursos naturales. Por el contrario, los manifestantes de las regiones interiores de Túnez creen que la revolución debe apuntar a poner fin a la exclusión política y económica y a descentralizar el poder. Mediante sus movilizaciones, siguen criticando el favoritismo y la violencia policial y demandando justicia redistributiva. La presión para excluir a aquellos a quienes se percibe como simpatizantes corruptos del viejo régimen también ha motivado numerosas protestas en las regiones. Durante la revuelta de 2010-2011, las protestas lideradas por la juventud revolucionaria y sus familias expulsaron de las ciudades a gobernadores de la RCD, oficiales de policía e incluso gerentes de empresas públicas.

En respuesta a la violencia estatal que se registró durante la revolución (alrededor de 1.500 detenidos, 700 heridos y 300 muertos), los familiares de las víctimas y quienes los apoyaban formaron asociaciones que llevaron a cabo manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre, primero por la liberación de los detenidos, luego por la compensación y el cuidado médico para las víctimas y por el enjuiciamiento de los responsables. Más tarde se les unieron ex-presos políticos y miembros de la UGET y de la Unión de Graduados Desempleados (UDC, por sus siglas en francés) –muchos de los cuales habían sido proscriptos de los empleos por razones políticas durante el régimen de Ben Ali y ahora reclamaban rehabilitación y reintegración profesional–.

Sin embargo, estos manifestantes enfrentaron grandes obstáculos que les impidieron conseguir un apoyo más amplio. Aunque las protestas a favor y en contra de la troika podían contar con el apoyo de actores políticos poderosos y de los medios de comunicación, los grupos sin afiliación tenían pocos aliados. Luego de llevar adelante la revolución y derribar los dos primeros gabinetes posteriores a Ben Ali, los grupos que se manifestaron en la capital fueron rápidamente reprimidos por el gobierno interino de Essebsi, instalado en marzo de 2011, y el resto de la oposición los instó a retornar a sus regiones.

Es más, muchas de estas protestas en favor del cumplimiento de los objetivos de la revolución han seguido siendo técnicamente ilegales. Una ley de amnistía, aprobada finalmente por la Asamblea Constituyente el 2 de junio de 2014, perdona tan solo los actos ilegales cometidos durante las protestas acaecidas en el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2010 y el 28 de febrero de 2011. Esto dejó expuestos al enjuiciamiento a los iniciadores de todas las protestas que tuvieron lugar durante el resto del periodo de transición y les dio a las autoridades impulso para intimidar a cualquiera que se negara a cumplir con los acuerdos posteriores a 2013 para poner fin a la política en las calles. En 2014, los líderes de las protestas en regiones como Kaserina y Sidi Buzid fueron procesados de forma selectiva con presuntos cargos de formación de grupos violentos, difamación de ex-miembros de la RCD, sentadas no autorizadas y violencia contra las estaciones de policía. Los jóvenes activistas por los derechos humanos y activistas comunitarios, blogueros y raperos también se han quejado por el acoso policial y se han manifestado contra la continuidad de la tortura, sospechando que existe una campaña concertada para acallarlos como antesala para el retorno a un régimen represivo.

Con la multiplicación de los ataques terroristas en las regiones marginales o sus cercanías en 2013 y 2014, la opinión pública y los partidos políticos coincidieron cada vez más en la necesidad de cerrar filas y reforzar la seguridad. Esto le hizo el juego al lobby del sindicato de la policía tunecina para lograr la rehabilitación de agentes que, supuestamente, «solo cumplían con la ley» cuando reprimían y mataban a jóvenes revolucionarios. De hecho, varios agentes de seguridad de alto rango que habían sido sentenciados por estar involucrados en casos de abuso durante el régimen vieron sus sentencias reducidas de 20 a tres años en abril de 2014. Dado que ese era precisamente el tiempo que ya habían cumplido, la reducción de penas les permitió salir en libertad. Las subsiguientes huelgas de hambre y manifestaciones de los familiares de las víctimas y de activistas por los derechos humanos no lograron efectos y tuvieron muy poca repercusión en los medios.

La marginalización económica ha alimentado aún más las protestas en las regiones. La UDC y grupos locales independientes que defienden los derechos de los desempleados y los trabajadores precarios han seguido reclamando una revolución en defensa de los pobres. Sus manifestaciones apuntan en particular a las políticas económicas y de desarrollo impulsadas por los representantes nacionales a los que consideran negligentes, corruptos e inclinados a beneficiar en mayor medida a las regiones urbanas y costeras más desarrolladas. Luego de la partida de Ben Ali, se organizaron muchas sentadas contra los gobernadores locales y aquellos designados por Ennahda. Se incendiaron locales del partido en varias ciudades en 2012 y 2013, porque los manifestantes acusaron a sus representantes de parcialidad en la distribución de puestos de trabajo en el sector público. Los manifestantes de las regiones se unieron a las marchas pacíficas en contra de la troika en el verano de 2013, pero siguieron criticando la persistencia de redes de clientelismo bajo el gobierno tecnocrático que siguió. También han rechazado los sucesivos llamados del gobierno a una «tregua social» y han continuado movilizándose contra la austeridad y las políticas impositivas. Las protestas terminan a menudo con el saqueo de oficinas fiscales y bancos.

Las huelgas salvajes que obligan al cierre temporario de empresas y oficinas públicas, así como de empresas privadas, han continuado. Los huelguistas y los participantes en las sentadas denuncian principalmente las malas condiciones de trabajo, el desempleo de la juventud y el favoritismo en la contratación pública. Bloquean caminos, inician huelgas de hambre e incluso montan intentos de suicidio frente a las sedes de las empresas públicas para presionar por un mejor desarrollo y servicios para sus regiones, como hospitales públicos, suministro de agua y gas, etc.La competencia entre grupos locales rivales por los recursos informales e ilegales –como el contrabando de armas, mercadería y combustible con Argelia y Libia– también se ha endurecido. En abril de 2014, y de nuevo en febrero de 2015, los intentos de incrementar el control del Estado en las fronteras de Túnez dispararon la violencia en el sur: en 2014, la oficina de la UGTT en Ben Gardane fue incendiada cuando la organización se negó a apoyar una protesta. Como se espera que el gobierno de unidad formado en febrero de 2015 adopte nuevas políticas de austeridad, es probable que haya más protestas por razones socioeconómicas.

El consenso entre los antiguos partidos de oposición, los representantes del viejo régimen y los sindicatos para declarar el fin de la revolución les ha permitido categorizar las protestas que se mantienen en la región como amenazas a la seguridad. Los propios manifestantes han perdido la confianza en los representantes nacionales y no tienen ninguna participación en las negociaciones por el poder en la capital. De ese modo, las manifestaciones que reclaman por la dignidad y la justicia social se ven lentamente eclipsadas por grupos amorfos de manifestantes que incluyen a contrabandistas y delincuentes juveniles que piden su parte del botín. Estos pueden resultar mucho más difíciles de controlar que los activistas que presionan por lo que consideran como los verdaderos objetivos de la revolución.

Seguramente las protestas en las calles van a continuar, porque las bases del electorado islamista todavía se sienten excluidas de la política general. Y tampoco hay canales eficaces para conectar las demandas de las regiones interiores y de las organizaciones de la sociedad civil con los procesos de decisión centrales.