La descentralización administrativa en el gobierno de Reagan
Nueva Sociedad 69 / Noviembre - Diciembre 1983
Los Estados Unidos de Norteamérica viven severos problemas económicos y sociales que provocan la discusión actual sobre el papel y límites de la actividad económica desarrollada por la administración pública. Desde el arribo del presidente Reagan al timón del Estado en enero de 1981, se impulsa decididamente la descentralización administrativa. Esta se concibe por el grupo dirigente de Norteamérica como una medida encaminada a modificar sustancialmente el papel del Estado en la actividad económica, sobre la base de tesis antikeynesianas y promonetaristas. Así, las funciones de la administración pública son restringidas en el proceso mercantil. Esto implica claramente que con el gobierno de Reagan, el gran capital tiene la posibilidad histórica y política de ampliar su fuerza económica en la sociedad civil y de este modo procurar que la gestión mercantil del Estado sea limitada al tiempo que los propietarios del gran capital recuperen lo que la centralización gubernamental les ha quitado. La descentralización administrativa en cuanto proceso político y administrativo, es desarrollada por el gobierno de Reagan con un marcado carácter antiestatal. El objetivo específico es que el Estado no desempeñe acciones económicas de tal forma que pueda mantener y garantizar los valores de la economía de mercado con el concurso creciente de los capitales privados de la sociedad. Por ello, el Estado debe convertirse en un agente que contribuya con su fuerza política a estimular con menos atribuciones económicas el proceso mercantil. Esta tesis desde luego es discutible, ya que la formación y expansión del capital no está asegurada automáticamente con la participación exclusiva del capital privado. Por lo cual las premisas de la descentralización administrativa formuladas y ejecutadas con el gobierno de Reagan, resultan ser endebles y ahistóricas, ya que los desajustes estructurales de la sociedad civil norteamericana son atribuidas única y exclusivamente al Estado y no al capital.