Introducción a la crisis urbana

De acuerdo con un informe reciente sobre desarrollo urbano, una proyección de la Organización de las Naciones Unidas (onu) indica que para 2030 aproximadamente 60% de la población mundial vivirá en ciudades¹. En América Latina, 80% de la población ya habita en áreas urbanas, lo que convierte esta región en la más urbanizada del planeta. Pero el rápido crecimiento de las ciudades latinoamericanas desde comienzos del siglo xx ha ido aparejado con la ausencia de una política adecuada de urbanización y planeamiento². Desde muy temprano, en las ciudades brasileñas esta carencia de soluciones adecuadas tuvo expresión visible en el surgimiento y la expansión de las favelas³ y de otras formas de asentamiento informal. La población de bajos recursos se ha visto especialmente afectada por la falta de acceso a viviendas asequibles y por el acceso desigual a bienes y servicios públicos. Según onu- Hábitat, más de 50 millones de personas viven hoy en Brasil en condiciones inadecuadas y el país enfrenta un déficit habitacional de entre seis y ocho millones de viviendas, en su mayoría concentrado en familias cuyos ingresos son inferiores a 1.000 dólares mensuales⁴.

La crisis urbana en Brasil es real y la situación política en 2017 no parece mostrar signos de mejora. Tras el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, asumió la Presidencia el vicepresidente ultraconservador Michel Temer. Además de la cuestionable legalidad de su acceso al poder, su gobierno representa un giro significativo hacia la derecha. De su mano, la política neoliberal encontró el camino de regreso a los primeros puestos de la agenda política y esto influye en la política y el desarrollo urbano. En consecuencia, al ritmo de la dinámica global de la política urbana neoliberal, la históricamente arraigada exclusión y el desplazamiento de la población de bajos ingresos de las áreas centrales y prósperas de la ciudad continúan y se refuerzan. Los primeros anuncios sobre política habitacional indican que, a pesar de la escasez de viviendas, se esperan drásticos recortes en el Proyecto Nacional de Viviendas «Minha Casa Minha Vida» [Mi casa, mi vida]⁵.

Frente a este proceso, varias organizaciones no gubernamentales (ong), movimientos sociales y demás actores de la sociedad civil se han movilizado y han expresado su preocupación. En un reciente manifiesto conjunto, advirtieron sobre las consecuencias de esa política urbana y se refirieron a situaciones similares del pasado para destacar la continuidad histórica de la política y las prácticas urbanas excluyentes en Brasil:

a partir de 2016, un conjunto de otras reformas –recorte de gastos en salud y educación, tercerización, [reforma] laboral, previsión social, mp 759– da a entender que la tragedia urbana brasileña se va a profundizar (...) podemos esperar un escenario análogo al de los años 1980: pauperización, violencia, crecimiento de las favelas, dispersión familiar, aumento del número de personas en situación de calle, aumento de la violencia contra las mujeres, niños que mendigan en los semáforos, etc.⁶

Sin embargo, a pesar de estos desafíos urbanos, desde hace ya mucho tiempo las personas afectadas han buscado y encontrado sus propias soluciones y respuestas a la política de exclusión dominante. El heterogéneo espacio urbano en constante crecimiento siempre ha sido el contexto y el marco dentro del cual se desarrolla la vida ciudadana. La negociación y la construcción cotidiana de la ciudadanía abren nuevas posibilidades y espacios para impulsar a diversos actores a la participación, la protesta y el cambio. Entre otras formas de participación igualmente importantes, los movimientos sociales urbanos se han organizado para luchar contra la exclusión y el acceso diferenciado a los beneficios urbanos de ciertos sectores de la población. La gente involucrada en estos movimientos reclama públicamente su derecho a la ciudad mediante múltiples formas de activismo y señala las pobres condiciones de vida de muchos pobladores urbanos que sufren cotidianamente la falta de acceso igualitario a viviendas asequibles y decentes, así como a bienes y servicios públicos.

Para enfatizar su capacidad de actuar y de desafiar las políticas urbanas desde abajo, este artículo se enfocará –a partir del ejemplo de Río de Janeiro– en los movimientos por la vivienda y su lucha para obtener un lugar habitable digno mediante la ocupación de edificios en torre en el centro de la ciudad. Mediante el ejemplo de una ocupación y sobre la base de historias orales, analizaremos las motivaciones personales de los ocupantes para involucrarse activamente en la protesta social y observaremos los efectos más amplios de su lucha en la política urbana, como así también en su desarrollo personal.

Las raíces de la crisis urbana: una historia de exclusión

Es importante remarcar que el acceso diferenciado a los beneficios de la ciudad y la exclusión de ciertos sectores de la población no son fenómenos nuevos, sino prácticas que se han desarrollado por décadas. Por ende, para comprender mejor la crisis urbana actual y sus desafíos, es necesario adoptar una perspectiva longitudinal sobre la dinámica urbana, desde el surgimiento de las metrópolis latinoamericanas hace más de un siglo.

Debido al crecimiento económico que siguió a la independencia de Brasil a fines del siglo xix, cada vez más trabajadores se trasladaron a ciudades en expansión tales como Río de Janeiro, con la esperanza de encontrar mejores empleos y condiciones de vida⁷. Junto con el crecimiento y el cambio urbano progresivo, la segregación social de la ciudad –que se había iniciado en los tiempos coloniales– se profundizó aún más. Como los lugares de trabajo –por ejemplo, las fábricas– estaban en su mayoría ubicados en el centro de la ciudad, los trabajadores que tenían limitaciones económicas para acceder al transporte se establecieron allí y habitaban en viviendas colectivas superpobladas llamadas cortiços, mientras que las clases acomodadas se establecieron sobre todo a lo largo de la costa, en el sur de la ciudad⁸. Pero los cortiços ubicados en el centro de la ciudad de Río de Janeiro se convirtieron en una fuente de preocupación cada vez mayor para las elites, a punto tal que fueron erradicados y sus habitantes fueron desplazados por el gobierno con el pretexto de combatir las calamitosas condiciones sanitarias⁹.

Estas prácticas se reforzaron con las primeras reformas urbanas públicas que tuvieron lugar durante la administración del intendente Francisco Pereira Passos (1902-1906). Las renovaciones urbanas que inició condujeron a un incremento en el valor de las tierras y los alquileres, lo que obligó a miles de personas de bajos ingresos a abandonar el centro de la ciudad. De este modo, mientras la mayoría se mudaba a los suburbios del norte y la periferia, otros se reubicaban en los morros y daban origen a una nueva forma de asentamiento popular: las favelas¹⁰. En contraposición a las de los sectores prósperos, las viviendas de las favelas eran en general construidas por sus propios ocupantes en asentamientos en constante crecimiento, sin ningún tipo de apoyo gubernamental y, por lo tanto, carentes de servicios y bienes públicos básicos¹¹.

En los años siguientes, la población urbana siguió creciendo hasta alcanzar su máximo en las décadas de 1950 y 1970¹². La gente que llegaba a la ciudad sin los medios económicos necesarios enfrentaba grandes dificultades para lograr el acceso a una vivienda, y la única opción que le quedaba era a menudo establecerse en las favelas o en otros asentamientos ilegales de la ciudad¹³. Los intentos del gobierno de resolver los problemas habitacionales a lo largo de los años fueron en buena medida simbólicos, ya que no tuvieron ningún efecto significativo en la escasez de viviendas, al tiempo que el incremento constante de los precios de las propiedades y la creciente especulación inmobiliaria exacerbaban aún más la crisis habitacional¹⁴.Solo a partir de 1979 la política urbana comenzó a cambiar, y a través de los años, se desarrollaron programas como el Favela-Bairro¹⁵, de 1994, que entre otras cosas apuntaban a la urbanización y a la integración socioespacial de las favelas, antes que al desalojo de la población de bajos ingresos¹⁶. Sin embargo, a pesar de los programas de vivienda y los cambios tras el retorno de la democracia en la década de 1980, las políticas neoliberales y la crisis económica condujeron a la caída de los salarios, el incremento de la desocupación, el crecimiento del sector informal y la falta de desarrollo en infraestructura y construcción en todos los espacios urbanos, lo que a su vez alentó la suba de los precios de los alquileres y la especulación inmobiliaria privada. En consecuencia, el déficit habitacional histórico se intensificó aún más y la cantidad de favelas y asentamientos informales volvió a crecer¹⁷. Algo que resulta alarmante, y que debería quedar muy claro, es que, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la cantidad de propiedades desocupadas en Brasil se equipara con el actual déficit de vivienda¹⁸.

Las respuestas a la crisis: los movimientos por la vivienda urbana y sus luchas

Así como el acceso diferenciado y la exclusión de ciertos sectores de la población de los beneficios de la ciudad no son un fenómeno nuevo, tampoco lo es la resistencia. Ya desde el comienzo de la urbanización a fines del siglo xix ha habido resistencia frente al carácter excluyente de la política urbana, tanto en Brasil como en otros países¹⁹. Actualmente, esta resistencia toma principalmente la forma de movimientos sociales urbanos que buscan hacer cumplir sus derechos y mejorar la situación de la población de bajos recursos. Desde la década de 1950 y, en particular, la de 1970, se desarrollaron en las favelas y en toda la ciudad en el nivel local movimientos de base –como asociaciones cívicas y organizaciones vecinales– para organizarse en torno de los servicios y bienes básicos y para presionar por la legalización y en contra de la expulsión²⁰. En la década de 1980, mediante la progresiva vinculación entre estas organizaciones, surgieron grandes movimientos urbanos organizados a escala nacional²¹. Después de la transición a la democracia, al igual que otros actores de la sociedad civil, estos movimientos se involucraron con entusiasmo en el debate por la nueva Constitución e intentaron integrar sus reclamos de reforma urbana. Una de sus victorias más importantes fue la incorporación legal de una sección sobre política urbana, compuesta por los artículos 182 y 183, que entre otras cosas ancló por primera vez en la Constitución la función social de la ciudad²². Pero, a pesar de estos logros, su lucha continuó, y cuando en la década de 1990 las condiciones de vida se deterioraron aún más como resultado de las reformas neoliberales, estos movimientos se expandieron y radicalizaron su forma de protesta. Además de la ya utilizada estrategia de ocupar áreas urbanas desocupadas y reclamarlas como propias, de manifestarse y de tomar acciones legales, comenzaron a ocupar edificios vacíos como una manera concreta de reclamar por la función social de la vivienda²³. Su protesta y su organización tuvieron efectos más amplios, y en 2000 el derecho a la vivienda fue por fin incluido en el artículo 6 de la Constitución de 1988. Además, en 2001 se aprobó la ley 10257 –el Estatuto de la Ciudad–, que reglamenta los artículos constitucionales 182 y 183 sobre política urbana²⁴. Esto fue un paso importante para los movimientos por la vivienda ya que, entre otras cosas, el Estatuto de la Ciudad debería contrarrestar la especulación inmobiliaria y la existencia de edificios desocupados a través de la expropiación de construcciones que han permanecido en desuso luego de cinco años o mediante impuestos progresivos sobre la propiedad²⁵.

Podemos entonces decir que, desde los comienzos del desarrollo urbano, las luchas ciudadanas desde las bases confrontaron la política de exclusión dominante y lograron la inclusión formal del derecho a la vivienda. Sin embargo, desafortunadamente hasta el presente, rara vez se ha respetado este derecho en forma sistemática y los gobiernos son todavía incapaces de hacerlo cumplir y aplicarlo en la práctica²⁶. En consecuencia, los movimientos por la vivienda continúan su lucha para lograr una reforma urbana mediante la ocupación de edificios en torre vacíos en áreas centrales de la ciudad. Un caso es el de la Ocupación Manoel Congo, en el centro de Río de Janeiro²⁷.

Tomar parte en el cambio urbano: la participación y sus efectos

La ocupación de un edificio es un proceso a largo plazo que requiere una meticulosa organización preliminar y planificación. Además de elegir con cuidado un edificio desocupado –preferiblemente público–, el movimiento responsable organiza reuniones regulares preparatorias con los participantes para que haya más probabilidades de éxito. En el caso de la Ocupación Manoel Congo, estos preparativos habían sido iniciados por el Movimiento Nacional de Lucha por la Morada (mnlm) un año antes de la ocupación del edificio elegido, el 28 de octubre de 2007. El mnlm, fundado en 1990, está hoy activo en 15 estados de Brasil²⁸. Su principal objetivo es impulsar la reforma urbana en todos los niveles políticos y legales y, en especial, establecer una política de vivienda de interés social, tal como se garantiza en la Constitución. También entiende que estos temas se relacionan con otras necesidades, como el cuidado de la salud y la educación, que por lo tanto incorpora en sus reclamos²⁹.

Nuestra idea es luchar por la reforma urbana. (...) La ocupación es una forma de denunciar los vacíos urbanos que existen en Río de Janeiro. Es para denunciar la especulación inmobiliaria. Es por políticas públicas. Porque la reforma urbana no está desvinculada de las políticas públicas, que son la salud, la educación, el transporte, la alimentación saludable, etc. Todo eso está involucrado. Solo que nosotros entendemos que esa lucha es la lucha por una ciudad en la que se pueda convivir.³⁰

Así, se invitó a gente que necesitaba vivienda a debatir sobre la organización necesaria y los desafíos futuros en el contexto de la ocupación, al mismo tiempo que se la informaba sobre los antecedentes políticos de una ocupación y la estructura interna del movimiento. En esa etapa también se discutieron y organizaron las normas y las tareas obligatorias, que entraron en funcionamiento tan pronto como la gente ingresó en el edificio. Mientras que las reglas incluían la prohibición de las peleas y del consumo de drogas dentro de la vivienda ocupada, las tareas se organizaban bajo la forma de comisiones, por ejemplo a cargo de la limpieza y el mantenimiento del edificio y el control de la entrada principal (portería). Los habitantes también estaban obligados a participar en las reuniones regulares de la ocupación, en las que tomaban decisiones como parte de un colectivo (coletivo). El incumplimiento de las tareas y las reglas era rigurosamente penalizado y podía incluso llevar a los coordinadores del movimiento a decidir la expulsión de la vivienda ocupada. Con el tiempo, algunas de estas tareas y la frecuencia de su cumplimiento fueron cambiando y a veces incluso se interrumpieron. No obstante, la organización interna y la influencia del movimiento responsable en la Ocupación Manoel Congo –en contraste con otras ocupaciones– han permanecido muy fuertes hasta el presente.

Los que participaban en la ocupación, y por ende en la construcción y el ejercicio de la ciudadanía desde las bases, eran en su mayoría personas que habían vivido antes en áreas de bajos recursos, como los suburbios de la Bajada Fluminense³¹ y las favelas de la ciudad. En su caso, vivir en estas áreas no solo significaba estar obligados a lidiar cotidianamente con una infraestructura insuficiente, sino también enfrentar la desagradable presencia del narcotráfico, la milícia (grupos paramilitares) y la policía, además del riesgo de verse involucrados en altos niveles de violencia o afectados por ella. Muchos de los participantes no tenían un lugar propio para vivir y tenían que hacerlo con sus familiares, una situación que con frecuencia derivaba en problemas y conflictos. Otros habían tenido que vivir en las calles del centro de la ciudad. Así, la mayoría de los ocupantes había estado en una situación económica difícil y cubrían los gastos de su vida diaria con mucho esfuerzo. En particular, percibían la necesidad de pagar un alquiler como una pesada carga. Muchos de los entrevistados también enfrentaban problemas para encontrar empleo y la mayoría de ellos había trabajado (y aún lo hacía) en el sector informal. Por estas razones, instalarse en una vivienda ocupada mejoraba la calidad de sus vidas en forma significativa, como lo describía una habitante del Manoel Congo en 2011: Estoy contenta de estar aquí, y de saber que esa lucha fue mía y de todos los que viven aquí, las 42 familias. Cada uno luchó para tener su espacio, estoy feliz por estar en el centro de la ciudad. Tenemos ómnibus hacia todas partes. Tenemos subterráneo, clubes, cines, teatro, servicio fácil, porque uno va y vuelve a pie. Escuela, volví a estudiar. Desde que estoy acá. Fui a hacer un curso de derechos humanos. Quiero decir, fue muy bueno para mí. ¡Fue muy bueno para mí! Para mi hijo, que lo dejé en la escuela, hoy mi hijo sabe leer, sabe escribir.³²

De las entrevistas a los habitantes de la vivienda ocupada también surgía que algunos de ellos habían participado en el pasado en acciones ciudadanas, tales como movilizaciones sociales, ocupaciones de tierras o trabajos comunitarios, antes de ingresar en el Manoel Congo. Estas personas –con frecuencia, mujeres– ya contaban con muchos años de participación en el activismo político y podían usar su experiencia y sus conocimientos para la organización de la ocupación.

En conclusión, las condiciones de vida y actividades pasadas de los habitantes tenían un rol importante en su decisión de participar en la toma. Debido a su situación socioeconómica, habían sufrido la exclusión de una vivienda adecuada, del transporte, del cuidado de la salud y la educación, y también de la vida cultural y pública en la ciudad. Vivir en el edificio ocupado –en pleno centro de la ciudad– les ofrecía entonces una verdadera oportunidad de mejorar sus vidas y las de sus familias. De ahí que la principal razón para la decisión de participar fuera una necesidad personal, mientras que solo algunos señalaban también una motivación política. Este era en particular el caso de los habitantes que ya se habían involucrado en acciones ciudadanas antes de entrar en el Manoel Congo. Sin embargo, no podían darse por sentados ni la conciencia política previa de los actores involucrados ni su desarrollo posterior. De hecho, al comienzo, muchos apenas sabían qué esperar de la ocupación.

No obstante, cuando se los consultó acerca de los cambios y los efectos que habían notado luego de mudarse a la vivienda ocupada, los habitantes también hacían referencia con frecuencia al desarrollo personal que habían experimentado desde la ocupación y por vivir en la vivienda ocupada. Mencionaban una nueva confianza en sí mismos ganada gracias a la participación y la experiencia exitosa de ocupar el edificio. Decían sentirse más fuertes, más confiados, capaces y esperanzados de alcanzar logros y hacer cambios en sus vidas a futuro. Esto se veía aún más impulsado por la nueva situación de vida colectiva en la ocupación, con sus nuevas reglas y condiciones de vida, que venían de la mano de un significativo desarrollo y un cambio personal en términos de aprendizaje y tolerancia de las necesidades de los demás, o de ignorar las opiniones o prejuicios de la gente que no vivía en la ocupación.

En algunos casos, la evolución personal también se relacionaba con el desarrollo de una (nueva) conciencia política. Las entrevistas sugieren que la convivencia diaria con la fuerte presencia de un movimiento social y la obligación de participar, de involucrarse en acciones y objetivos ciudadanos –como reuniones, manifestaciones y educación– tenían aparentemente el potencial de convertirse en una fuerza transformadora y de marcar la diferencia en términos del desarrollo de una conciencia política.

Conclusión

La Ocupación Manoel Congo es un ejemplo de la actual resistencia popular a la crisis urbana. El éxito de los habitantes en permanecer en el corazón de la ciudad de Río de Janeiro demuestra que cuando son influyentes y activos en todos los niveles políticos, los movimientos urbanos pueden dar forma a las políticas urbanas y ser un contrapeso «desde abajo» frente a las políticas de exclusión dominantes «desde arriba». Como hemos apuntado en este artículo, esos movimientos urbanos han dado forma a la política urbana por décadas, y el modo en que manejaron la crisis ha resultado muy exitoso, sobre todo en relación con la inclusión del derecho a la vivienda en la Constitución. Pero su continua resistencia no solo ha mostrado resultados y efectos más amplios en el nivel político. Debido a su iniciativa, personas que nunca se habían involucrado antes en la protesta política comenzaron a participar y de ese modo presionaron activamente para lograr cambios y reformas urbanas. En consecuencia, estos actores y su capacidad de acción son también una importante fuerza reguladora en el contexto de la política neoliberal vigente y sus procesos. Aunque sus intentos puedan fracasar o sus éxitos puedan parecer en algunos casos poco significativos, su lucha es de una coherencia importante, una denuncia constante de la política excluyente que demuestra así que el cambio social es posible.