La Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha permanecido 13 años en este país del Caribe (desde 2004), invocando el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, tras el segundo golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide que, a su vez, se convirtió en el derrocamiento número 33 de la historia haitiana. Ha sido una misión altamente controversial, entre otras cosas, por ser la única de su naturaleza, desplegada en América Latina y el Caribe. Es calificada tanto como una ocupación que atenta contra la soberanía del país, como una apuesta y un apoyo de la comunidad internacional para estabilizar Haití¹..Más allá de los argumentos esgrimidos por los defensores de una y otra posición, resulta evidente que esta fuerza de paz se lleva consigo un amplio historial de denuncias por uso excesivo de la fuerza, violaciones², hijos abandonados y una epidemia de cólera, introducida en el país en 2010 por soldados de la MINUSTAH³, que se ha cobrado la vida de más de 9.000 haitianos⁴.

El legado de la Misión se encuentra ensombrecido por tales circunstancias, así como por su larga permanencia en contraste con los pequeños progresos realizados en términos de fortalecimiento del Estado de derecho y del funcionamiento de la democracia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, señala que la MINUSTAH ha cumplido su misión tras haber garantizado la elección en las urnas de tres presidentes y la reducción de la violencia comunitaria. Si bien esto ha ocurrido, la inestabilidad política y la inseguridad se continúan alimentando de un Estado de derecho frágil que no ha podido poner fin a la impunidad, al tiempo que la transparencia y la confianza en el funcionamiento del sistema democrático haitiano continúan estando en entredicho.

Por ejemplo, revisando las dos últimas elecciones, encontramos que estuvieron marcadas por una serie de acontecimientos que mermaron su legitimidad. En el caso del presidente Michel Martelly (2011-2016), por las denuncias sobre su elección como resultado de las presiones de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y en el de Jovenel Moïse (2017-2022), por unas cuestionadas elecciones marcadas por múltiples irregularidades, que llevaron a la implantación de un gobierno transitorio durante 12 meses. Asimismo, el porcentaje total de votantes en las últimas elecciones no superó el 26%, cifra que representa la tasa de participación más baja para las elecciones nacionales en el hemisferio occidental desde 1945 y que pone de relieve la crisis de confianza y la apatía de los haitianos frente a las instituciones democráticas. Este no es un fenómeno novedoso en Haití, pero justamente su permanencia y profundización llevan a cuestionar los resultados de una intervención internacional de tan larga duración.

Así pues, mientras la ONU afirma que existe evidencia suficiente para considerar que en Haití «el componente militar ya no es necesario», en diversas latitudes las crisis de seguridad y humanitarias se han multiplicado y la ONU tiene una bolsa de recursos limitada. La MINUSTAH cuesta 346 millones de dólares al año, por lo que no resulta extraño que se quiera reducir su tamaño. Los líderes haitianos, por su parte, dicen estar listos para hacer el trabajo por sí mismos, pero observando con atención, la salida de la MINUSTAH reaviva una vieja polémica sobre la pertinencia/necesidad/sostenibilidad de tener un ejército propio en Haití. Las antiguas fuerzas armadas fueron disueltas en 1991 por cuanto se consideró que habían desvirtuado su misión al adquirir un poder social y político que sus líderes estaban utilizando en beneficio propio; así, se habían convertido en una fuente de inestabilidad política antes que de seguridad, para el país y la región⁵. Ello llevó a comisionar en la Policía Nacional de Haití (PNH) las funciones del mantenimiento del orden y la seguridad, con la ayuda de las sucesivas misiones de paz de la ONU que se han establecido en Haití desde 1993⁶. Sin embargo, esto no ha evitado nuevos levantamientos y rupturas del orden constitucional. La de mayor magnitud en los últimos tiempos, que dio lugar al establecimiento de la MINUSTAH en el año 2004, fue liderada por el ex-comisario de policía Guy Philippe, cuyo objetivo fue derrocar el segundo mandato presidencial de Aristide⁷.

Por tanto, aunque las fuerzas de paz de la ONU ya habían abandonado el país en el año 2000, la falta de profesionalización de la PNH, aunada a las tensiones políticas, fruto de una institucionalidad frágil y de la ausencia de un pacto de elites, desencadenó nuevas crisis políticas que devinieron en una ruptura del orden civil. El gobierno haitiano y la MINUSTAH han desarrollado planes específicos para fortalecer la capacidad de la PNH que, a la fecha, cuenta con 14.000 efectivos –se espera que sean 15.000 en noviembre de 2017. Las preguntas que aún no tienen una respuesta que goce de suficiente consenso son: ¿la PNH podrá actuar como una fuerza del orden, que manifieste la eficiencia y la fortaleza requeridas por las circunstancias? Los factores que han desencadenado las crisis anteriores ¿han sido superados? El orden político e institucional ¿dejará de estar permanentemente al borde del colapso? ¿Volverán las misiones de la ONU en Haití a incorporar un componente militar? Por ahora, lo que está claro es que la misión internacional que reemplazará a la MINUSTAH mantendrá el apoyo a la PNH, ya que conservará 11 unidades de policía, desplegadas en cinco departamentos, con el fin de preservar los avances logrados en los últimos años en el campo de la seguridad. La idea original es que ese contingente policial desaparezca en los próximos dos años, pero esa decisión estará sujeta a evaluaciones sobre el fortalecimiento y evolución de la PNH.

Así las cosas, el fin de la MINUSTAH no significa el fin de la intervención de la ONU ni de su influencia en Haití, pues a partir de ahora operará a través de una misión civil que conserva un componente policial y, como tal, mantendrá un importante poder de intervención en las decisiones de la política interna haitiana⁸. La Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) comenzará a operar a partir del 16 de octubre de 2017, con el mandato de apoyar los esfuerzos del gobierno haitiano para fortalecer el Estado de derecho, la PNH y los derechos humanos, tal como lo establece la Resolución 2350, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con las declaraciones de la representante especial del secretario general de la ONU en Haití, se trata de una estrategia que busca pasar de la estabilización hacia el fortalecimiento institucional y el desarrollo de este país del Caribe.

Teniendo en consideración que la inestabilidad política y la inseguridad en Haití se caracterizan por su carácter estructural con expresiones coyunturales, la MINUJUSTH pondrá a prueba la nueva estrategia de intervención diseñada por la ONU para Haití, en un país que continua siendo golpeado permanentemente por crisis alimentarias, altos índices de pobreza, deficiencias en el sistema de salud, las secuelas del sismo de 2010 –que aún mantienen a 56.000 personas viviendo en campamentos (OIM, 2016), la epidemia de cólera, el déficit de infraestructura de agua y saneamiento⁹, el hacinamiento carcelario y la impunidad. Así, lo que veamos en los próximos años en Haití será el correlato de cómo esta nueva arquitectura internacional de la MINUJUSTH se articula e interactúa con las políticas internas, las comunidades, los cooperantes y el gobierno local para afrontar los retos de la sociedad haitiana.