El escenario actual presenta una profunda división. Por un lado, se observa la convergencia entre un proceso de derechización política, una preocupante ceguera ambiental y un peligroso deslizamiento ideológico de amplios sectores subalternos, seducidos por el discurso neofascista, que denuncian los resultados excluyentes de la globalización neoliberal. Por otro lado, el deterioro ambiental y el incremento exponencial de las catástrofes climáticas tienen su correlato en el aumento de las acciones de protesta y en la emergencia de nuevas organizaciones y colectivos, no pocos de ellos coordinados a escala global, que denuncian la guerra contra la naturaleza y exigen a las potencias mundiales y los decisores políticos cambios drásticos en la política climática.

¿Qué alcance tienen estas movilizaciones globales en un contexto planetario crecientemente autoritario y frente a un horizonte cada vez más colapsista? ¿Cuáles son los reclamos y las consignas más importantes de estos nuevos movimientos ciudadanos? ¿Estamos asistiendo a la cristalización de una red de movimientos y acciones que ilustran la potencial emergencia de una «sociedad en movimiento»? ¿Qué nuevos protagonismos conlleva la demanda de justicia climática?

En este artículo presentaré desde una perspectiva histórica la conformación del espacio de la justicia climática. Mi tesis es que en la actualidad existe un campo amplio y heteróclito de acción atravesado por la problemática de la justicia climática, que ha sido revitalizado por un protagonismo juvenil más radicalizado, al calor de los negacionismos y los desastres ecológicos. Ese campo incluye:

- organizaciones de base (movimientos socioambientales locales y culturales, ong ambientalistas, organizaciones de pueblos originarios, entre otros);

- redes de organizaciones y movimientos sociales que nacen como instancias de coordinación para la realización de acciones de protesta puntuales y específicas, simultáneas en diferentes partes del mundo y que interpelan a las elites políticas y económicas –sea en la Organización Mundial del Comercio (omc), las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cop), el Foro de Davos o, recientemente, las marchas globales por el clima–;

- protestas de jóvenes bajo la forma de «huelgas climáticas», tales como las que promueven Fridays for Future (Viernes por el Futuro), Extinction Rebellion (Rebelión contra la Extinción), Jóvenes por el Clima, hasta aquellas movilizaciones espontáneas o acciones de desobediencia civil que exigen cambios en las políticas climáticas y/o denuncian la inacción de los respectivos gobiernos ante determinados crímenes ambientales (incendios en la Amazonía y en Australia, etc.).

Partimos de la base de que es necesario tomar como unidad de análisis las acciones colectivas de protesta y no solo las organizaciones. Como sostiene el economista ecológico Joan Martínez Alier: «Para que haya un movimiento, no hace falta una organización. Es erróneo buscar la presencia del movimiento global de justicia ambiental en los cambiantes nombres de las organizaciones más que en las acciones locales, con sus formas diversas, y en sus expresiones culturales»¹.

Las raíces de los movimientos

Durante mucho tiempo, en Occidente, la historia de las luchas y de las formas de resistencia colectiva estuvo asociada a las estructuras organizativas de la clase obrera, considerada como el actor privilegiado del cambio histórico. La acción organizada de esta clase era conceptualizada en términos de «movimiento social», en la medida en que esta aparecía como el actor central y, potencialmente, como la expresión privilegiada de una nueva alternativa societal, diferente del modelo capitalista vigente. Sin embargo, a partir de 1960, la multiplicación de las esferas de conflicto, los cambios en las clases populares y la consiguiente pérdida de centralidad del conflicto industrial pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas. Para dar cuenta de ello, se instituyó la categoría –a la vez empírica y teórica– de «nuevos movimientos sociales», a fin de caracterizar la acción de los diferentes movimientos que expresaban una nueva politización de la sociedad, mediante la puesta en público de temáticas y conflictos que tradicionalmente se habían considerado propios del ámbito privado o que aparecían naturalizados, asociados al desarrollo industrial.

En este marco fueron comprendidos los nacientes movimientos ecologistas o ambientales que, junto con los movimientos feministas, pacifistas y estudiantiles, ilustraban la emergencia de nuevas coordenadas culturales y políticas. Los movimientos ecologistas y pacifistas apuntaban sus críticas al productivismo, que alcanzaba tanto al capitalismo como al socialismo de tipo soviético, al tiempo que aparecían unificados detrás del cuestionamiento al uso de la energía nuclear.

Así, los años 70 señalaron el ingreso de la cuestión ambiental en la agenda global. Surgieron entonces instituciones internacionales y nuevas plataformas de intervención –como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)–, diferentes organizaciones de tipo ecologista, los primeros partidos verdes (con el partido alemán como modelo) y numerosas ong con tendencias y orígenes ideológicos muy contrastantes, desde los más conservadores hasta los más radicales.

En los años 80 asistimos a una inflexión, asociada a la emergencia del movimiento de justicia ambiental, nacido en Estados Unidos y vinculado a las luchas de las comunidades afroamericanas, cuyos barrios eran los más afectados por las actividades más contaminantes, como los vertederos de residuos tóxicos y la instalación de ciertas industrias. Se trata de un enfoque integral que, desde el origen, pone el acento en la desigualdad de los costos ambientales, la falta de participación y de democracia y el racismo ambiental, así como en la injusticia de género y la deuda ecológica².

Por su parte, en la misma época nacen las movilizaciones socioambientales de los países del Sur. Martínez Alier³, quien estudió los nuevos conflictos ambientales en los cinco continentes, bautizó a estos movimientos como «ecología popular» o «ecología de los pobres». Con esto se refería a una corriente que crecía en importancia y colocaba el énfasis en los conflictos ambientales, que en diversos niveles (local, nacional, global) son causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social. La desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos ambientales, perjudica sobre todo a las poblaciones pobres y que presentan mayor vulnerabilidad. Asimismo, Martínez Alier afirmaba que en muchos conflictos ambientales los pobres se alinean junto a la preservación de los recursos naturales no por convicción ecologista, sino con el fin de preservar su forma de vida.

Por otro lado, en 1999, asomaron a la escena pública global los movimientos antiglobalización, tras la batalla de Seattle, cuando lograron interrumpir la reunión de la omc. De la mano de una narrativa que cuestiona la globalización neoliberal y responsabiliza al capitalismo por la degradación social y ambiental, los movimientos y organizaciones ambientales se propusieron interpelar a las instituciones internacionales que regulan el capitalismo en el mundo.

Así, el movimiento por la justicia climática es el heredero natural de estas tres corrientes mayores. Nació de la mano de las ong más pequeñas, que buscaban reapropiarse críticamente de este concepto, recuperando su dimensión más confrontativa e integral. Solo en 2009, tras el fracaso de la cop de Copenhague, la apelación a la justicia climática iba a encontrar una traducción en términos de movimiento global de carácter más radical, con eje en la crítica al capitalismo y con la transición energética como horizonte.

El concepto de «justicia climática» fue introducido en 1999 por el grupo Corporate Watch (activos miembros del movimiento de justicia ambiental), con sede en San Francisco, y proponía abordar las causas del calentamiento global, pedir cuentas a las corporaciones responsables de las emisiones (las empresas petroleras) y plantear la necesidad de la transición energética. Aunque los principios fueron establecidos en Bali (International Climate Justice Network, 2002), la nueva agenda ambiental fue presentada en sociedad en varias reuniones, una de ellas en la sede de Chevron Oil en San Francisco.

En tanto concepto totalizador, este apunta a retomar la visión integral de la justicia ambiental, nacida en los barrios afroamericanos en eeuu donde se denunciaba el racismo ambiental, así como la dimensión social más presente en la llamada ecología de los pobres, asociada a las resistencias territoriales de los países del Sur global. Desde esta perspectiva, la justicia climática «exige que las políticas públicas estén basadas en el respeto mutuo y en la justicia para todos los pueblos», además de «una valorización de las diversas perspectivas culturales»⁴. Aunque hay interpretaciones diversas, plantea no solo una política de equidad sino también una de reconocimiento y participación política de los sectores afectados.

En términos organizacionales, los movimientos por la justicia climática comparten el ethos propio de los movimientos alterglobalización: la acción directa y lo público, la vocación nómada por el cruce social y la multipertenencia, las redes de solidaridad y los grupos de afinidad aparecen así como piedras de toque en el proceso siempre fluido y constante de construcción de la identidad.

El escenario de las cop

En la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, se firmaron instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (cmnucc) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb). Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a una Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Dos años después, en 1994, la cmnucc entró en vigor y en 1995 se celebró la Primera Conferencia de las Partes (cop). La cop nacería así como el órgano supremo de la Convención y la asociación de todos los países que son firmantes de ella («las partes»), cuyo objetivo es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a fin de impedir riesgos en el sistema climático. En las reuniones anuales participarían expertos en medio ambiente, ministros, jefes de Estado y ong.

Desde 1995 hasta 2019 se realizaron 25 cop. Tal como afirmara Antonio Brailovsksy, uno de los ecologistas pioneros en Argentina, poco antes de que arrancara la última cop, en Madrid,

El solo hecho de que haya una reunión número 25 para discutir los problemas del clima quiere decir que se han reunido 24 veces y han fracasado en llegar a un acuerdo que funcione. Siempre prometen algo y luego no lo cumplen. De modo que tenemos 24 ejemplos de fracaso de cumbres del clima en las que dijeron un montón de cosas y no cumplieron ninguna. Por lo tanto, no veo razones para pensar que esta vez sea diferente.⁵

Una de las más esperanzadoras fue la cop3, realizada en Japón, en la cual, tras intensas negociaciones, se firmó el Protocolo de Kioto. Este instrumento, junto con el Protocolo de Montreal (de 1987, sobre protección de la capa de ozono), se constituyó en uno de los dos documentos más importantes de la humanidad hasta ese momento para regular las actividades antropogénicas. Así, se establecieron objetivos vinculantes para 37 países industrializados, que debían reducir entre 2008 –su entrada en vigor– y 2012 –su cumplimiento– 5% de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto del nivel de 1990⁶.

El Protocolo de Kioto se convirtió en legalmente vinculante para 30 países industrializados, algunos de los cuales fueron de hecho reduciendo sus emisiones respecto de 1990. Por su parte, los llamados países en desarrollo, como China, la India y Brasil, aceptaron asumir sus responsabilidades pero sin incluir objetivos de reducción de emisiones. Rusia ratificó el protocolo en 2005, por lo cual la cop de Montreal fue la primera en la que el pacto entró en vigor. Pero sin el compromiso de eeuu, país responsable de un tercio de las emisiones mundiales y que se retiró en 2001, durante la era de George W. Bush, y con el aumento de las emisiones por parte de países emergentes como la India y China, el protocolo perdería mucha de su eficacia ambiental. Asimismo, este se vio minado por la introducción de mecanismos y vías que hicieron posible que los países industrializados pudieran apuntarse reducciones que no se realizan en su territorio, los llamados «mecanismos de flexibilidad», como el comercio de emisiones (la compra directa de cuotas de dióxido de carbono), y otros que significan inversiones en terceros países para que estos emitan menos, como el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta.

Mientras tanto, la participación de la sociedad civil en las cop, visible en un arco amplio de movimientos ecologistas y ong ambientalistas de proyección internacional, se hacía cada vez mayor (en el caso latinoamericano se conformaron las Cumbres de los Pueblos). En 2005, asistieron a la cop11 de Montreal unos 10.000 participantes. En 2007, marcado por la acción global y en tanto «movimiento de movimientos», un ecologismo cada vez más activo fue confluyendo en la conformación de Climate Justice Now (Justicia Climática Ahora), que reunió a las principales organizaciones⁷.

Pese a las expectativas, la cop15, que se llevó a cabo en Copenhague en 2009, desembocó en un gran fracaso. Se aprobó un texto elaborado por unos pocos países (eeuu, China y otros emergentes), el cual, además de su total falta de transparencia, se convirtió en una mera declaración de intenciones, pues a diferencia del Protocolo de Kioto carecía de los compromisos de reducción de emisiones necesarios para evitar el calentamiento global, aun si promovía la creación de un fondo verde. Asimismo, las tensiones vividas dentro y fuera de la cumbre pusieron de manifiesto el cambio de fuerzas en términos geopolíticos: el rol de China, principal país emisor de gases de efecto invernadero junto con eeuu, era toda una señal de cuánto habían cambiado los tiempos entre 1997 (año de la firma del Protocolo de Kioto) y 2009⁸.

Copenhague significó el cierre de un ciclo para no pocos movimientos sociales y ong que fueron excluidos de la cumbre y encabezarían una enorme movilización que sitió la capital nórdica. Como afirmó el fundador de Ecologistas en Acción, Ramón Fernández Durán, el broche de oro fue la represión policial a la movilización, pues mostró que «el ojo público ciudadano ya no era bienvenido en un encuentro vacío de contenido y secuestrado por los poderosos»⁹. En consecuencia, hubo un distanciamiento de los grupos más críticos, que concluyeron que no era posible enfrentar el cambio climático sin cuestionar el capitalismo global. De ahí en más, el movimiento adoptaría la consigna «Cambiar el sistema, no el clima».

Por otra parte, como respuesta al fracaso de Copenhague, los países del llamado «eje bolivariano», liderado por Bolivia, llamaron a una contracumbre de carácter rupturista en Tiquipaya, a 30 kilómetros de Cochabamba, que tomaría el nombre de Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Esta cumbre se realizó en 2010 y reunió a más de 30.000 personas de 140 países. La ambiciosa iniciativa¹⁰ denunció la responsabilidad del capitalismo en el deterioro del ambiente y la deuda ecológica, a la vez que buscó colocar en agenda los derechos de la naturaleza y el «vivir bien». Sin embargo, la iniciativa del gobierno boliviano tuvo patas cortas. Un año después, la propuesta no fue contemplada en la cop de Cancún; los movimientos sociales que cuestionaban la cumbre fueron mantenidos lejos del recinto oficial y Bolivia quedó en soledad a la hora de las votaciones. Asimismo, el Fondo Verde, orientado a mitigar los impactos del cambio climático, quedó bajo la supervisión del Banco Mundial.

Como corolario, la promesa ecologista de Evo Morales y la narrativa de respeto de los derechos de la Madre Tierra se iban a ver desmentidas en su propio territorio, ante el avance de proyectos de carácter extractivo y la expansión de la frontera agropecuaria. La retórica oficialista se reveló falsa e inconsistente, sobre todo luego del conflicto por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis), en 2011, que enfrentó al gobierno boliviano con varias comunidades indígenas y puso al descubierto el doble discurso oficial, que dio paso a una abierta política extractivista, sumamente descalificatoria y criminalizadora en relación con los ambientalismos críticos de ese país¹¹.

Los movimientos por la justicia ambiental y climática se fueron organizando en torno de acciones y redes de protesta, lo cual fue diseñando, como sostiene Martínez Alier, una nueva cartografía de territorios en resistencia, que –siguiendo a Naomi Klein–, denominaría «Blockadia»¹². El mapa releva las acciones colectivas y estrategias diversas de confrontación contra la expansión territorial del capital, que incluyen desde movilizaciones y bloqueo de rutas y calles hasta la ocupación de territorios y otras formas de resistencia civil. En América Latina son sobre todo las luchas contra el neoextractivismo las que liderarán los movimientos por la justicia ambiental, en sus diversas modalidades: lucha contra la expansión de las fronteras hidrocarburífera, minera y agropecuaria, biocombustibles, megarrepresas y también pasivos ambientales y expansión de zonas de sacrificio. En América del Norte, serán las acciones de protesta contra los conductos que transportan el gas del fracking y atraviesan territorios indígenas (por ejemplo, contra el Dakota Access Pipeline). En Europa, hay que incluir la lucha contra las minas de carbón (como en Alemania) y contra el fracking (Francia, Bulgaria, Inglaterra), así como las diferentes acciones de bloqueo contra el transporte de combustibles fósiles. En los últimos tiempos, tomarán protagonismo las marchas globales por el clima.

Las marchas globales por el clima

En eeuu, el catalizador del movimiento por la justicia climática fue, una vez más, la denuncia del racismo ambiental, que tuvo su vuelta de tuerca en 2005, cuando el huracán Katrina arrasó con las comunidades más pobres de origen afroestadounidense de Nueva Orleans y dejó al descubierto las tremendas inequidades existentes nada menos que en el país más rico del planeta. En 2012, el paso por Nueva York de otro huracán, el Sandy, produjo 285 muertos y 75.000 millones de dólares en daños y también fue generando un cambio cultural. Los apagones afectaron a más de dos millones de personas. Mientras las oficinas centrales de Goldman Sachs en Manhattan estaban iluminadas y Wall Street pudo amortiguar los peores efectos utilizando generadores propios, los pobres y menos poderosos quedaron atrapados en el sistema de desigualdad, sin amparo alguno del Estado¹³.

Dos años después, el 21 de septiembre de 2014, Nueva York recibió la Marcha de los Pueblos, en la cual unas 400.000 personas se manifestaron exigiendo políticas activas contra el cambio climático. Entre las consignas podía leerse «No hay planeta b», «Los bosques no están a la venta», «No al fracking», «No se puede detener el cambio climático si no se detiene la maquinaria de guerra de eeuu»¹⁴. En otras 166 ciudades del mundo también se llevaron a cabo actos y movilizaciones contra el cambio climático. La marcha, de carácter más expresivo y festivo que confrontacional¹⁵, se realizó antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, en busca de llegar a un acuerdo para la cop21, con la expectativas puestas en la cop de París, que se realizaría un año después, en 2015.

En 2015 se firmó el Acuerdo de París, en el marco de la cop21. Pese a los aplausos, este acuerdo presenta enormes falencias y debilidades. Pronto se detectó en el documento final que no aparecían palabras claves como «combustibles fósiles», «petróleo» y «carbón», al tiempo que la deuda climática del Norte hacia el Sur brillaba por su ausencia. Se suprimieron también las referencias a los derechos humanos y de las poblaciones indígenas, que fueron trasladadas al preámbulo. Además, todavía debía pasar un tiempo para que este acuerdo entrara en vigor: solo en 2020, y la primera revisión de resultados está prevista para 2023. Incluso, podría decirse que respecto de acuerdos anteriores implicó un retroceso, dado que el cumplimiento de lo pactado y la forma de implementación –reducción de emisiones de dióxido de carbono, a fin de que el aumento de la temperatura media no sobrepase los 2 ºC– son voluntarios y dependen de cada país. Tampoco hubo planteamientos concretos tendientes a combatir los subsidios que alientan el uso de los combustibles o para dejar en el subsuelo 80% de todas las reservas conocidas de esos combustibles, como recomienda incluso la Agencia Internacional de la Energía, entidad que no se caracteriza por ser ecologista. No se cuestiona el crecimiento económico y mucho menos se pone en entredicho el sistema del comercio mundial. Sectores altamente contaminantes, como la aviación civil y el transporte marítimo, que acumulan cerca de 10% de las emisiones mundiales, quedaron exentos de todo compromiso, entre otros tópicos¹⁶.

La no obligatoriedad del acuerdo y las manifiestas omisiones dejaron un gusto amargo en los miles y miles de activistas climáticos que se trasladaron desde Bourget hasta París para manifestarse en distintos puntos de una ciudad vallada en sus puntos estratégicos. Grupos de la sociedad civil entregaron tulipanes rojos para representar las líneas rojas que, supuestamente, no deben cruzarse, y buscaban realizar un mitin bajo el Arco de Triunfo. La apelación a la justicia climática fue la consigna común. Naomi Klein fue la estrella indiscutible en París, no solo por sus críticas al capitalismo neoliberal como responsable del calentamiento del planeta sino también por su propuesta de multiplicar las resistencias y ocupaciones organizando «Blockadia» para transformar la sociedad¹⁷.

En 2017, el Acuerdo de París fue ratificado por 171 países de los 195 participantes; sin embargo, y pese a la gravedad de la crisis climática, continúa siendo una declaración de buenas intenciones, pues no establece compromisos concretos o verificables. Con este acuerdo se abren aún más las puertas para impulsar falsas soluciones en el marco de la «economía verde», que se sustenta en la continua e incluso ampliada mercantilización de la naturaleza. Con el fin de lograr un equilibrio de las emisiones antropogénicas, los países podrán compensar sus emisiones mediante mecanismos de mercado que involucren bosques u océanos; o alentar la geoingeniería, los métodos de captura y almacenaje de carbono, entre otros. Para financiar todos estos esfuerzos, se establece un fondo de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, al que buscan «postularse» no pocos países periféricos.

Como era de prever, la cop25, realizada en diciembre de 2019, concluyó en un nuevo fracaso. Recordemos que esta se llevó a cabo en Madrid, y no en la sede originalmente prevista, la ciudad de Santiago de Chile, debido a las protestas sociales que sacuden a ese país. La cumbre fue peor de lo esperado: no arribó a ningún consenso y tuvo que aplazarse de nuevo el desarrollo del artículo del Acuerdo de París referido a los mercados de dióxido de carbono.

La potencia de la juventud

En 1988, la portada de la revista Times mostraba un globo terráqueo ligado con varias vueltas de cordel y un rojizo atardecer como fondo, bajo el sugestivo título «Planeta del año: la Tierra en peligro de extinción». Treinta y un años después, en diciembre de 2019, la tapa de la revista muestra a la joven sueca Greta Thunberg, designada como «el personaje del año», con el subtítulo «El poder de la juventud».

Ciertamente, aunque en términos de resultados nada cambió de París a Madrid, en términos de activismo climático hubo una inflexión, vinculada a la irrupción de la juventud, que asumió el protagonismo del movimiento por la justicia climática. Más aún: si en 2015, en París, la gran estrella de la contracumbre fue Klein, quien acababa de publicar su libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima¹⁸, en Madrid, en diciembre de 2019, la figura insoslayable fue Thunberg, de apenas 16 años, quien dos años atrás inició una verdadera cruzada para combatir el cambio climático.

En agosto de 2018, luego de varias olas de calor e incendios forestales que convirtieron el apacible verano sueco en un verdadero infierno, una adolescente de ese país, de aspecto frágil, lanzó la primera «huelga estudiantil por el clima». Con apenas 14 años y afectada por el síndrome de Asperger, Thunberg dejó de ir a la escuela los días viernes para plantarse frente al Parlamento sueco y denunciar los riesgos de la inacción de las elites políticas y económicas frente al acelerado cambio climático. Su perseverancia, su obstinación y la impactante crudeza de sus declaraciones la harían célebre en muy poco tiempo. El dramático llamado a la acción dio la vuelta el mundo y encontró un eco favorable en miles y miles de adolescentes y jóvenes, que originaron el movimiento Fridays for Future, entre muchos otros que catapultarían a la juventud a la cabeza del movimiento global por la justicia climática.

El «efecto Greta» se tradujo en el lanzamiento de las huelgas globales contra el cambio climático, cuyo impacto y masividad sorprenderían a propios y extraños. Tanto es así que, durante la segunda huelga global, el 15 de marzo de 2019, más de 1,4 millones de jóvenes se manifestaron en 125 países y 2.083 ciudades. En la tercera, el 20 de septiembre de ese mismo año, fueron cuatro millones en 163 países, sumando jóvenes de todo el mundo, entre ciudades del Norte y del Sur. Su llamado y, por extensión, la acción de los nuevos movimientos por la justicia climática pusieron en evidencia el fracaso de aquellos grandes objetivos que se había trazado la humanidad medio siglo atrás, al inaugurar el tiempo de las cumbres climáticas globales: en primer lugar, el del llamado «desarrollo sustentable» o «sostenible» como nuevo paradigma, vaciado de todo contenido transformador y sacrificado en el altar del capitalismo y el libre mercado. En segundo lugar, el quiebre del pacto intergeneracional que, desde la época de las primeras cumbres, buscaba garantizar la equidad a las futuras generaciones, el derecho a una herencia adecuada que les permitiera un nivel de vida no menor al de la generación actual.

Las palabras de Thunberg están atravesadas por una fuerza dramática inusual, en sintonía con la gravedad de la hora. «No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes», dijó la joven frente a los líderes del Foro Económico Mundial, en Davos, en enero de 2019. Y en septiembre del mismo año, en el marco de la Cumbre de Acción Climática de la onu, lanzó:

Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven?Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? (...) Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y, sin embargo, soy de los afortunados.

En su paso por la cop25, en Madrid, la joven sueca se rodeó de activistas, sobre todo indígenas, y de científicos, estudiosos del cambio climático. A la hora de hablar ante los políticos y observadores tradicionales, cambió de estrategia y evitó la emoción y las frases de impacto para apelar a los datos científicos sobre la situación del clima. Su lema fue, más que nunca: «Escuchen a los científicos».

Al calor de la acción de esta nueva guerrera del Antropoceno, durante 2019 nacieron colectivos y organizaciones juveniles en todo el mundo que se proponen incidir sobre los decisores políticos y las políticas climáticas globales. Casos emblemáticos son Jóvenes por el Clima, Fridays for Future, Extinction Rebellion y Alianza por el Clima; colectivos y redes diseminados en diferentes países cuyo ingreso súbito a la arena política global ha tenido grandes repercusiones.

Por ejemplo, en Argentina, Jóvenes por el Clima nació con el propósito de organizar la versión local de la Marcha Mundial por el clima, en marzo de 2019. El crecimiento de esta organización, compuesta por jóvenes de entre 16 y 20 años, fue explosivo. Solo seis meses después uno de sus referentes, Bruno Rodríguez, fue seleccionado entre muchos otros e invitado a Nueva York para hablar junto a Thunberg en la Cumbre de Jóvenes por el Clima¹⁹. Hoy este colectivo afirma que su objetivo es «promover un ambientalismo popular, latinoamericanista y combativo».

Por su parte, también Extinction Rebellion presenta una trayectoria vertiginosa y fulgurante. La agrupación nació en Gran Bretaña, donde en abril de 2019 ocupó y bloqueó durante una semana cinco puntos claves de Londres para llamar la atención sobre el calentamiento global y los riesgos que esto implica²⁰. Hoy Extinction Rebellion se encuentra diseminada en diferentes países. En su muro de Facebook, la sección argentina de la organización, que también busca conectar justicia climática con luchas contra el neoextractivismo, afirma:

Estamos ante una crisis climática y ecológica sin precedentes; la primera aniquilación de especies de la historia planetaria ya está ocurriendo y la extinción humana es un riesgo real. Tenemos muy poco tiempo para actuar y evitar el colapso: en menos de 10 años debemos transformar nuestro sistema de producción y consumo por completo. La negligencia pasiva de nuestros gobiernos los convierte en cómplice criminal, por lo que es nuestro derecho y deber actuar escuchando a la ciencia y rebelarnos mediante la desobediencia civil pacífica.

Ciertamente, pese a la desconfianza inicial por parte de las organizaciones socioambientales hace tiempo instaladas, los lazos de los jóvenes con las asambleas y colectivos antiextractivistas, así como con las organizaciones indígenas, son prometedores. El diálogo intergeneracional deviene imprescindible, así como la comprensión acerca de la articulación necesaria entre la escala global y sus expresiones locales y territoriales. Más aún, en provincias como Mendoza, en Argentina, casi no hay distancia entre las potentes luchas contra la megaminería y el fracking y las nuevas organizaciones juveniles. La ampliación del campo de batalla plantea la existencia de un espacio plural donde se cruzan organizaciones con historias y acumulaciones diversas, y deja en claro que las luchas en defensa del planeta adoptan una carnadura local y territorial polifacética, pero cada vez más radical, que ya no puede ser ignorada.

Con la casa en llamas…

Sin duda, la emergencia de un joven activismo climático no solo revitalizó el campo de acción, sino que abrió nuevas expectativas en las que convergen diferentes apelaciones y versiones del Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) global, desde la mencionada Klein y Bernie Sanders hasta Jeremy Rifkin.

Claro es que el nuevo campo está cruzado por innumerables acechanzas. Una de ellas es que, pese a la masividad y el corte transversal, las acciones colectivas se agoten en la dimensión cultural-expresiva o incluso, ante los fracasos de las cumbres globales, que naufraguen en una suerte de impotencia o parálisis colapsista. Algo así parece suceder cada año con las cop pues, aunque estas forman parte –como ya señalamos– de una crónica de un fracaso anunciado, todavía continúan suscitando expectativas entre las filas de numerosos activistas y organizaciones ambientales, que se desplazan en masa de un continente al otro para tratar de influir en las negociaciones globales.

Los movimientos por la justicia ambiental y climática son hijos de los movimientos ecologistas de los años 80 pero, sobre todo, en su versiones más recientes, pensados como «campo de acción», son movimientos y colectivos encabezados cada vez más por jóvenes mujeres y varones del Antropoceno, comprometidos en la lucha contra todo tipo de desigualdad, lo que incluye el rechazo a diversas formas de dominación neocolonial, racista y patriarcal, tal como lo fuera Occupy Wall Street y como continúan siéndolo las luchas contra las diferentes formas de neoextractivismo y, sobre todo, como lo son las masivas movilizaciones feministas que hoy recorren el planeta.

En su fuero interno, no pocos jóvenes apuntan a lograr la masividad y el carácter transversal que recientemente ha asumido el potente movimiento feminista a escala global. Sin embargo, pese a que a través de sus acciones los jóvenes han impulsado un fenómeno de viralización de la crisis climática como problemática mayor, todavía no se ha producido un proceso de liberación cognitiva masivo, esto es, de transformación de la conciencia, vinculada al daño moral y a las expectativas de éxito, proceso que puede activar el pasaje del movimiento social a la «sociedad en movimiento». Por el momento, en tanto «movimiento de movimientos», el campo de la justicia climática presenta formas plurales, que se traducen en diferentes niveles de involucramiento y acción, que van desde grandes y pequeñas organizaciones que desarrollan una persistente tarea militante y registran continuidad en el tiempo, hasta otras, más fluidas y transitorias, que se cristalizan en redes o alianzas fugaces, pues surgen con el objetivo de realizar una determinada acción y se disuelven luego de ella misma, o bien quedan en estado de latencia.

Mientras tanto, los tiempos se van acortando de modo indefectible. Como expresa una carta firmada por más de 11.000 científicos de todo el mundo, «la crisis climática ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría de los científicos esperaban. Es más severo de lo previsto, amenaza los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad». Los desafíos requieren audacia y severidad, pues «las reacciones en cadena climática pueden causar alteraciones significativas en los ecosistemas, las sociedades y las economías que podrían hacer que grandes áreas de la tierra se vuelvan inhabitables»²¹. Una solución urgente exige no solo la reducción drástica de gases de efecto invernadero sino también una disminución en el metabolismo social, lo cual implicaría menos consumo de materia y energía que el actual.

En suma, la radicalidad en las posiciones y demandas que se requiere para transitar la crisis socioecológica sin enormes costos humanos y no humanos es tal, que ya no basta con coloridas movilizaciones globales que desde abajo ilustran las dimensiones más expresivas de la lucha, ni tampoco con la acción de grupos de presión que, en sus recorridos por los pasillos del poder, terminan por legitimar tibias reformas que priorizan las leyes del mercado (bonos de carbono, entre otros). Se requiere de una acción más rupturista, más confrontativa con el poder global y sus expresiones locales y territoriales, si es que verdaderamente se apuesta a que las decisiones del planeta y de la humanidad no continúen secuestradas por una elite política y económica que, en nombre del capital y del progreso, destruye el tejido mismo de la vida.

Nota: las ideas expuestas en este texto forman parte del libro Una brújula en tiempos de crisis climática. Por qué debemos salir de los modelos de mal desarrollo (en coautoría con Enrique Viale), de próxima publicación por Siglo Veintiuno.